12.23.2013

Fraternal saludo de agradecimiento por el apoyo a la labor realizada

Sólo quienes hemos emprendido esta titánica tarea de posicionar las comunicaciones en el género escrito en Guadalajara de Buga, el centro y norte del Valle del Cauca, sabemos lo mucho que significan estos 11 años de trayectoria.
Desde aquí, y en primer plano damos gracias al Dios de los Cielos por guiarnos y protegernos con su manto sagrado, como también a todas aquellas personas que generosamente nos dieron un respaldo para continuar con nuestra  empresa, Semanario El periódico de Nuestra Región.
Ha sido un trabajo innovador que se ha realizado durante estos años en la industria de la comunicación en Colombia. Un permanente esfuerzo y trabajo en equipo nos ha permitido consolidarnos como una empresa seria y confiable que se destaca en un campo tan competitivo como es el de la comunicación.
Anhelamos éxitos en lo que continúa, este es el impulso para que la curva siga creciente y el Semanario El Periódico de Nuestra Región, se siga posicionando con un trabajo serio y riguroso.
El año 2013 estuvo marcado por un aumento muy significativo tanto en el número de proyectos en ejecución en el Semanario, como en los nuevos canales de información con el apoyo de la Internet que soportan el medio impreso, se adelantaron sin ahorrar esfuerzos un plan de cambios que nos permite, después de su ejecución en un alto porcentaje, confirmar que somos el medio escrito Líder en el centro y norte del Valle del Cauca en diversos temas de interés general.
Hoy día es cada vez más importante y lo demandan los lectores, que como medio de comunicación mantengamos una línea de conexión desde el Editorial hasta el área comercial de carácter ético, responsable y dinámico que asegure a todos y cada uno de los protagonistas una calidad integral de lo que se está editando y ofertando.
Por lo anterior, no podemos dejar de resaltar la importancia de las diferentes agremiaciones, del sector privado, microempresarial, en parte del gobierno municipal y del comercio en general, que de la mano, de una u otra manera permiten superar los escollos en un país donde la crisis económica ha permeado todas las esferas.
El reconocimiento en igual manera a los columnistas, cuerpo de periodistas, redactores, editores, reporteros gráficos, diagramadores y diseñadores, departamento de comercialización y en especial a los miles de lectores que cada sábado esperan ansiosamente el ejemplar para enterarse del acontecer de la ciudad, la región, y en el campo mundial de manera sintetizada.
Finalmente, es de nuestro agrado publicar noticias que puedan despertar interés y podamos comentar entre todos, además es un Periódico en donde la población interesada de Buga, el centro y norte del Valle del Cauca, a más de los cientos y miles de Ciber- lectores en el resto de Colombia y el mundo,  pueden conocer  lo que está sucediendo en nuestra región a nivel político, arte y cultural, social, deportivo, tecnológico, ambiental,  entretenimiento, servicios sociales, clasificados, judiciales, etc. y se puede opinar sobre los diversos temas de la vida regional, de igual manera comentarios, noticias, sugerencias y diversos temas.
Mil y mil gracias. Feliz Navidad.

12.16.2013

La Navidad y sus orígenes

La Navidad (latín: Nativitas “nacimiento”), es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la Pascua de resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad que conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la Iglesia ortodoxa rumana. En cambio, se festeja el 7 de enero en otras iglesias ortodoxas que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano para pasar al calendario conocido como gregoriano, nombre derivado de su reformador, el Papa Gregorio XIII.
Los angloparlantes utilizan el término Christmas, cuyo significado es “misa (mass) de Cristo”. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weihnachten, que significa “noche de bendición”. Las fiestas de la Navidad se proponen, como su nombre indica, celebrar la Natividad (es decir, el nacimiento) de Jesús de Nazaret.
Existen varias teorías sobre cómo se llegó a celebrar la Navidad el 25 de diciembre, que surgen desde diversos modos de indagar, según algunos datos conocidos, en qué fecha habría nacido Jesús.
Durante la Reforma protestante, la celebración del nacimiento de Cristo fue prohibida por algunas iglesias protestantes, llamándola “Trampas de los papistas” y hasta “Garras de la bestia”, debido a su relación con el catolicismo y el paganismo antiguo. Después de la victoria parlamentaria contra el Rey Carlos I durante la Guerra civil inglesa en 1647, los gobernantes puritanos ingleses prohibieron la celebración de la Navidad. El pueblo se rebeló realizando varios motines hasta tomar ciudades importantes como Canterbury, donde decoraban las puertas con eslóganes que hablaban de la santidad de la fiesta. La Restauración de 1660 puso fin a la prohibición, pero muchos de los miembros del clero reformista, no conformes, rechazaban las celebraciones navideñas, utilizando argumentos puritanos.
En la época colonial de los Estados Unidos, los puritanos de Nueva Inglaterra rechazaron la Navidad, y su celebración fue declarada ilegal en Boston de 1659 a 1681. Al mismo tiempo, los cristianos residentes de Virginia y Nueva York siguieron las celebraciones libremente. La Navidad cayó en desgracia en los Estados Unidos después de la Revolución, porque se consideraba una costumbre inglesa.
En la década de 1820 las tensiones sectarias en Inglaterra se habían aliviado y algunos escritores británicos comenzaron a preocuparse, pues la Navidad estaba en vías de desaparición. Dado que imaginaban la Navidad como un tiempo de celebración sincero, hicieron esfuerzos para revivir la fiesta. El libro de Charles Dickens “Un cuento de Navidad”, publicado en 1843, desempeñó un importante papel en la reinvención de la fiesta de Navidad, haciendo hincapié en la familia, la buena voluntad, la compasión y la celebración familiar.
En la actualidad, algunas iglesias Bautistas independientes, algunas congregaciones paraprotestantes de carácter radical, así como la secta de los Testigos de Jehová (fundada por Charles Taze Russell) no celebran la Navidad, porque la consideran una festividad pagana y su celebración no aparece prescrita en la Biblia. Además, rechazan que el 25 de diciembre sea la verdadera fecha del nacimiento de Cristo.
Cabe mencionar que los Testigos de Jehová en sus inicios sí celebraban la Navidad, no de un modo religioso como tal, pero sí a manera de socializar entre sus miembros dicha fecha. El cambio de actitud hacia dicha festividad se debió al parecer a las nuevas enseñanzas distintivas de su nuevo líder religioso, el juez Joseph Franklin Rutherford.

12.09.2013

La clase trabajadora en Colombia, en un trance por el salario mínimo

Recientemente el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, instó a los negociadores para que estudien un incremento generoso del salario mínimo para el 2014, pero no dijo de cuánto.
Lo anterior, según anotó, se basa en que el empresariado se benefició este año del desmonte de los parafiscales y el alivio en algunas cargas laborales.
Al respecto, el representante Ángel Custodio Cabrera recordó hace poco que el aumento del mínimo debe ir en la misma dirección del crecimiento y el buen momento que atraviesa la economía del país, por lo que le apostó a un incremento del 5% para el 2014. El presidente de la CUT, Luis Alejandro Pedraza, también es partidario de que con base en el alivio en los parafiscales y el mejor desempeño económico, el incremento salarial debe ser más generoso para el 2014. Lo cierto es que el PIB podría aumentar entre 4 % y 4,5 %, mejor a lo esperado.
Aunque no hay apuestas coincidentes entre los analistas más consultados, ninguna se ajusta a lo anhelado por los trabajadores, pues el presidente de la CUT aseveró que el aumento debería ser del 11 por ciento, ya que esa cifra permitiría recuperar el poder adquisitivo que ha perdido el salario mínimo en la última década.
El Gobierno no se ha pronunciado sobre cuánto estaría dispuesto a incrementar el salario mínimo, el cual devengan alrededor de cuatro millones de trabajadores en Colombia. Sin embargo, en una charla reciente el ministro del Trabajo, Rafael Pardo, recalcó que “una remuneración muy alta provoca que haya más trabajo informal”. Recordó que la inflación más la productividad, son claves. “No puede haber un salario mínimo que sea inferior al costo de vida”, subrayó.
El salario mínimo en el país es definido con base en el índice de Precios al Consumidor (IPC), la meta de inflación para el siguiente año, el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) y la productividad.
Las propuestas oscilan entre un incremento de 3 %, 3,9 % y hasta el 11 %, con el que sueñan las centrales obreras. Estos porcentajes equivalen a alzas entre $17.685 y $64.845. Por ejemplo, el centro de investigación económico y social Fedesarrollo ha manifestado que es tiempo de que Colombia evalúe la posibilidad de establecer un salario mínimo regional, pues “elevaría las posibilidades de empleo formal a los trabajadores de las regiones con menor productividad”. Fedesarrollo propone un aumento del 3% ($17.685), al considerar que este es el incremento que más se ajusta con los objetivos de empleo, crecimiento económico y reducción de la pobreza.
Otro de los factores que no le cuadran al presidente de la CUT es la facultad que tiene el Ejecutivo para fijar el salario mínimo por medio de decreto, lo que sucede con mayor frecuencia, pues de las últimas catorce negociaciones, en diez el Gobierno ha utilizado dicho mecanismo, luego de no lograrse una concertación entre las partes.

12.02.2013

Crónica de una muerte anunciada de las ESE de nivel I en el país

Si se lee textualmente el título del proyecto de ley por medio del cual se redefine el Sistema General de Seguridad Social en Salud, se encontrarán unas verdades nunca antes evidenciadas por los congresistas en las normas. Busquemos en el diccionario de la Real Academia Española la palabra redefinir: “Volver a definir algo cuyas características han cambiado” y no tiene sinónimo. Entonces los padres de la patria están demostrando su propio interés  en el Sistema de salud cuando  usan en el título de la norma  la palabra “redefine”  evidenciando que sólo le están cambiando el nombre a los actores del sistema, por ejemplo: Entidades Promotoras de Salud se redefinen por Gestores de Servicios de Salud; Fosyga se redefine como Salud MIA; POS (Plan Obligatorio de Salud) se redefine como Plan de Beneficios de Salud MIPLAN; etc. etc. Entonces que reforma a la salud podemos esperar los colombianos si sólo se están cambiando los nombres de los actores del sistema, y lo de fondo: la corrupción, los servicios ineficaces e inefectivos, la complicada normatividad, la mediocridad en la oportunidad, la vulnerabilidad de los derechos del usuario y los principios de la norma, sólo se tratan con un brevísimo repaso gramatical.
Resulta si muy interesante repensar el artículo 32 del concitado proyecto de ley, en él se prohíbe la integración vertical de los Gestores de Salud con la Instituciones Prestadoras de Salud salvo la atención primaria; pues bien, este artículo se conecta con el artículo 23 que define los prestadores de salud primarios como los agentes a través de los cuales los usuarios acceden en primera instancia al sistema, en la ley actual el nivel I, pues bien, este amañado articulo le entrega el nivel I, llamado en el proyecto de ley “atención primaria”, a los Gestores del Servicio de Salud (antiguas EPS); todos sabemos que esa atención primaria es la que hoy ejecutan los Hospitales Públicos de Nivel I en el País y con éste  “salvo la atención primaria” las Gestoras incorporarán a sus afiliados a sus estructuras de Prestación de Servicios de Salud  en atención primaria dejando sin población a atender a las ESE(s) de Nivel I. En otras palabras, este servicio público en manos del Estado y ejecutado por la Empresas Sociales del Estado, las ESE(s), pasará a ser ejecutado por las Gestoras de Servicios de Salud, que son empresas privadas de la salud, palabras más palabras menos,  el servicio público de la salud pasa a manos de privados.
Este es el inicio de la privatización total de la salud, sabia razón por la cual los Constitucionalistas de 1991 no consideraron la salud como un derecho fundamental, ya que al ser un derecho social el Estado sólo tiene la obligación de dirigir, coordinar y controlar la prestación del servicio, tal cual lo dice el artículo 2 de la precitada reforma; la ejecución del servicio podrá efectuarla el privado o el público, en este caso se le está entregando la atención primaria en bandeja al privado.
Como conclusión, los Gestores del Servicio de la Salud,  o sea las actuales EPS, montan con la integración Vertical sus IPS y ellos mismos le prestan los servicios de salud a sus afiliados en el actual nivel I, atención primaria en el proyecto de ley; sucederá entonces que las actuales ESE(s) se quedarán sin población a atender y obviamente, en poco tiempo, serán inviables y el pobre difunto público morirá lentamente en la Unidad de Cuidados Intensivos de los Gestores de Salud. Esta es la crónica  de una muerte anunciada de las ESE(s) de  Nivel I en el País.

11.25.2013

Restitución de tierras en Colombia, en medio de vacíos y el temor de sus propietarios

Casi ya terminando el mandato, el gobierno aún no se decide. No sabe si quiere apostarle al espíritu transformador del campo en línea de lo que parece se discute en la Habana, o a seguir abriendo paso al voraz apetito de unos pocos en la línea del proyecto de reforma a los baldíos. Mientras tanto, paso a paso los defensores de la restitución y del campesinado han ido uno a uno saliendo del gobierno para abrirle pista a una nueva escuadra que más bien parece tener la intención de consolidar un Chicoral 2.0.
Son ya más de 200 sentencias que cubren algo más de 12.000 hectáreas, repite el gobierno. Un número de casos resueltos que con creces supera los resultados de otros mecanismos similares como, por ejemplo, los magros resultados de la Ley de Justicia y Paz. Pero una cifra que no dice mucho si se compara el esfuerzo que implicó restituir jurídicamente esas tierras frente a la facilidad con la que los “abogados sofisticados” ayudan a otros a acapararlas por medio de otras leyes y mañas legales. Los informes de Arias y Robledo hablan de que con una sola operación, Cargill se habría hecho a 26,000 hectáreas y Riopaila a otras 42,000.
Ahí es donde está el verdadero entuerto de la restitución. Sin una transformación en el estado actual de la política sobre tenencia y uso de la tierra, la restitución terminará sirviendo para acortarle el camino a los acumuladores. Ya no tendrán que acudir a las maromas de los avezados “juristas”. Simplemente será esperar a que el Estado haga todo el esfuerzo y a que dos años después las familias restituidas se estrellen con la pobreza del campo y salgan a vender su tierra por tres pesos.
El paro agrario es la constatación de que la economía campesina está ahogada por el modelo actual. Y prueba de que con los mínimos auxilios complementarios a la restitución nadie se convierte en el próspero Juan Valdez del que hablaba Santos en sus discursos. Son subsidios a la pobreza que sólo alcanzan para entretener el hambre por un par de días.
Hace unos años un paramilitar confesó la estrategia de acumulación de ese entonces: Unos iban matando, otros iban comprando y otros iban legalizando. Pueda ser que no lleguemos a una versión moderna del asunto: unos iban aclarando linderos, otros iban reconstruyendo registros, otros iban presentando demandas…. pero al final, los mismos de siempre terminaban comprando y disfrutando.
Mientras la reforma integral se iba empantanando, se le apostó a la restitución de las tierras. Pocos preguntaron por qué la restitución terminó siendo tan poco controversial si el tema de tierras había sido siempre tan espinoso. Pero algunos desde entonces ya presagiaban: la restitución en un contexto de inequidad como el que existe en Colombia puede terminar siendo un buen negocio para aclarar derechos confusos y para facilitar futuros traspasos de tierras.

11.18.2013

Renovación de licencias de conducción, deberá ser gratuita?

De las licencias de conducción que deberían ser cambiadas, sólo alrededor de 500.000 han logrado tramitarse y no es difícil imaginar el dolor de cabeza para los conductores del país que no han logrado el nuevo documento y que deben sortear largas filas, tarifas abusivas en exámenes y el asedio de los tramitadores.
Al anuncio de que el Ministerio de Transporte solicitó a los organismos locales de Tránsito alargar hasta enero próximo el plazo para el recambio que vencía a mediados de octubre, se suma ahora una petición que lograría aliviar al menos el bolsillo de los usuarios: la de si es legal o no que se cobre por la nueva licencia.
Según la representante a la Cámara por del partido Mira, Gloria Stella Díaz, la propia ley apoyaría la idea de que aquellos cerca de cuatro millones que tienen pase de servicio público vencido y operan vehículos particulares, no deberían pagar por el cambio, que cuesta entre 60.000 y 94.000 pesos dependiendo de cada región.
Para apoyar su tesis, se parapeta en los parágrafos 1 y 2  del artículo 17 de la Ley 769 del 2002, que habla de “sustitución”, lo que no obligaría al pago de la licencia a este grupo de conductores. “El Gobierno, el Ministerio de Transporte juega con las palabras, el Gobierno habla de renovación y yo hablo de sustitución como está en la ley”, argumenta la congresista.
Añade que, durante años, los conductores que presentaron a la Policía la licencia para operar vehículos de servicio público nunca fueron multados por conducir carros particulares, lo que también hablaría en contra de la renovación.  
Ahora se espera que los jueces decidan sobre quién tiene la razón. En las últimas semanas se han presentado en el territorio nacional 51 acciones de cumplimiento para detener el cobro de la recategorización de las licencias. Una de ellas hace trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde ya fue aceptada.
Se calcula que los colombianos pagarían unos 500.000 millones de pesos por el cambio de una licencia que, según la congresista del Mira, debería ser gratuita. Ella afirma que el Ministerio de Transporte le hace el juego al negocio de los centros de reconocimiento, que recientemente elevaron (algunos hasta duplicaron) el precio de los exámenes que practican.
Pero otra cosa piensan en el Ministerio de Transporte. El viceministro, Nicolás Estupiñán, aseguró que el decreto 019 del 2012 estableció que hay una vigencia para las licencias en la renovación.
“El decreto no menciona que los conductores que estén utilizando su licencia pública para manejar particulares tengan que verse incorporados dentro de esta vigencia (...). La licencia pública vencida no puede ser utilizada como un registro valido para la sustitución”.
“Hay que renovar aquellas licencias que estén vencidas, para luego hacer un proceso de sustitución bien hecho”, aseguró Estupiñán.
Frente a las acciones de cumplimiento el viceministro dijo que dos de estas ya fallaron a favor del Ministerio de Transporte. Es decir, que se debe cobrar la licencia.
El Ministerio de Transporte les recomendó a los organismos de Tránsito, evaluar los resultados del proceso en el cambio de las licencias de conducción para extenderlo hasta el próximo 31 de enero. El plazo era 15 de octubre.
Durante estos casi tres meses se han expedido 506 mil licencias de conducción, cifra que duplica el promedio normal en el mismo periodo anterior.

11.12.2013

Medio ambiente, ciudadanía, economía y tenencia, ganarían si se firma la paz en Colombia

Las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno colombiano con las Farc en Cuba, han generado múltiples análisis y reacciones. No sin razón, la gran mayoría de las discusiones ha girado en torno a los costos jurídicos y políticos que tendrá que pagar el país en el corto plazo.
Otra parte muy importante de las discusiones se ha enfocado en la necesidad de que las Farc reconozcan que han sido unos de los principales victimarios en la historia reciente del país, que han estado directamente vinculadas en actividades de narcotráfico y que, en este proceso, han despojado a muchas familias de sus tierras.
Con este reconocimiento debería venir un proceso de reparación a las víctimas, que incluya la restitución de las tierras despojadas a muchos campesinos y un compromiso firme de abandonar las armas y el narcotráfico.
Si Colombia llegara a obtener la paz, en los primeros 10 años se recuperarían más de 2 millones de hectáreas de bosques, así lo afirmó Daniel Quintero, del colectivo piensa verde.
Afirma en igual manera que la minería ilegal y el narcotráfico que son las principales actividades de la guerrilla se acabarían y regresaría a manos de Colombia dos millones de hectáreas de bosques.
Dichas actividades ilícitas han acabado con más de seis millones de hectáreas de bosques, por lo que se hace necesario pactar con las Farc un cese al daño del medio ambiente.
En tal sentido indicó que si se lograra la paz en Colombia, en 10 años se recuperarían más de 2 millones de hectáreas de bosques, un área similar a la del departamento de Córdoba.
El experto en temas de conflicto armado y bienestar ambiental, propuso que los guerrilleros desmovilizados campesinos sean contratados por el Estado como guardabosques con condiciones salariales a cuidar esas tierras que ya conocen.
Colombia es el séptimo país del mundo en biodiversidad y no podemos perder ese patrimonio por cuenta de las actividades ilegales de los grupos armados, ese punto debe ser fundamental en la mesa de diálogos en Cuba.
Por más que los analistas no logren ponerse de acuerdo en si el mejor camino para las negociaciones entre el Gobierno y las Farc es suspender, cancelar o seguir adelante con los diálogos mientras avanzan las elecciones del 2014, de lo que nadie duda es que el proceso de paz será el hilo conductor en esta campaña.
Tal como ocurrió en las presidenciales del 2002, cuando el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez interpretó la desesperanza de los colombianos tras el desgastante proceso de paz del Caguán y se impuso con la promesa de buscar una salida militar, creen los analistas que el país enfrenta una disyuntiva similar.
Pero los costos y los compromisos no serán solo para las Farc. El Gobierno y el resto de los colombianos también tendremos que asumir unos costos y unos compromisos que deberán cumplirse si queremos una paz sostenible en el tiempo. Una forma (no la única) que resulta útil para analizar y socializar el proceso de paz es como un proyecto de inversión a largo plazo, que tiene unos costos de corto plazo, unas inversiones necesarias de mediano plazo y unos retornos de largo plazo.
Creo que muchos sectores se tranquilizarían si el Gobierno tuviera un rol pedagógico mucho más activo, no para filtrar los detalles de las discusiones en La Habana, sino para explicarle a la ciudadanía qué beneficios jurídicos y políticos se están negociando y cuáles son los límites de esta negociación.
Lo que pasa en esta partida es que en las cartas que tiene el Presidente en sus manos está el futuro del país. Nadie pretende que el Presidente nos muestre todas sus cartas, pero sí que nos delimite los riesgos que está dispuesto a tomar para ganar la partida.

11.05.2013

La nueva reforma a la salud, un tema que enferma a Colombia

La reforma a la Ley 100 de 1993 no termina de convencer a los estudiantes de especializaciones clínicas, a los internos, a los hospitales, a los médicos, enfermeros, salubristas y al sector salud en general. Así se demuestra en las marchas que se realizarán en las principales ciudades del país.
¿Qué es lo que incomoda? Desde cuando comenzaron los debates en el Congreso sobre la reforma, diferentes sectores del gremio se han expresado en contra de lo propuesto, pues aseguran que esto mantiene y fortalece el negocio que se ha creado en torno a la salud, contrario a lo que sostiene el ministro Alejandro Gaviria.
Pero el punto que más molesta al gremio es la propuesta de Gaviria sobre las especializaciones médicas. El ministro ha dicho que para acabar con esta “mafia”, término que ha utilizado para referirse a los especialistas, es necesario permitir que sean los hospitales y no las universidades las que formen a los residentes para lograr que las elecciones sean a dedo.
El capítulo con esta información fue agregado a la reforma a finales de agosto y, desde entonces, la inconformidad con el proyecto de ley ha aumentado. A esto se suma que hace dos semanas fue aprobado por el Senado y pronto será debatida por la Cámara de Representantes.
El ministro defiende la propuesta argumentando que hay muy pocos especialistas en el país y que uno de los obstáculos es la manera en la que las universidades escogen a los residentes, que son los estudiantes de especializaciones médicas.
“No hay que ser muy suspicaz para pensar que estos pocos especialistas cobran mucho por su trabajo (hasta 25 millones de pesos, sin ser de planta) y, aparte, son un eslabón en esa cadena que no deja entrar a más gente”, determinó Gaviria.
En entrevista con Semana.com, el senador Armando Benedetti aseveró que apoya al ministro y la reforma, pues considera que esta modificación está relacionada con el tema financiero.
“Es para que los médicos tengan mayores funciones públicas y para pagarles mejor. Eso no es un cartel, es una mafia con la que se busca acabar, porque las juntas de médicos deciden cuántos y cuáles son quienes entran a los programas. Vamos a democratizar el sistema y a hacer que todos tengan los mismos derechos”, aclaró Benedetti.
Sin embargo, lo que le preocupa a este gremio es que al ser las instituciones prestadoras de salud quienes tengan las especializaciones y no las universidades, se pierde la formación teórica y ética.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió a la Cámara de Representantes que discuta la reforma a la salud con todos los actores involucrados, pero que no se vayan a tomar otros siete meses para discutir la iniciativa.
“La Cámara de Representantes hará audiencias para escuchar a los insatisfechos, a los sectores que no están contentos con el tema para que lo hagan con toda la diligencia y la apertura necesaria. Escuchar a los interesados es fundamental para la reforma, pero les he pedido a los miembros de la Comisión Séptima que procedan con la mejor rapidez posible, sin afán, pero que no se vayan a tomar los siete meses que les otorgó el Senado porque el sistema necesita mejorar rápido”, dijo el mandatario.
Otra preocupación expresada es la privatización del capital que tendrá como efecto la intermediación, “porque va a fortalecer las EPS”, además de la privatización de los hospitales, que encarecerá más la salud: “El 70% de los hospitales está en riesgo medio y alto de crisis y el gobierno, en vez de tener un plan de salvamento como lo hizo con el sector financiero, pretende liquidarlos”.

10.28.2013

El “paseo de la muerte” está vigente en Colombia

Tal como lo manifestara en su debido momento la entonces Congresista Cecilia López Montaño, en un comunicado a la opinión pública,  7 años después el malestar por el tema de la salud pública en Colombia sigue siendo  cada vez peor.
Es inexplicable que la sociedad colombiana no se revele ante la crítica situación de la salud en el país, especialmente en ciertos departamentos. Son los niños las víctimas más visibles de este gran deterioro en la prestación de los servicios en este campo. Pocos gobiernos habían cerrado tantos hospitales públicos como la administración del Presidente Uribe, dejando a la población de ingresos bajos en manos de la prestación privada de los servicios de salud. En la región Caribe se ha concentrado este problema de manera tal, que el llamado “Paseo de la Muerte” se ha vuelto una constante en estos departamentos. En el Magdalena, en el Atlántico y en Bolívar, no existe una adecuada oferta pública de atención en esta delicada área, con la consecuencia esperada de muertes inexplicables de menores de edad. Sólo un gobierno que no tiene la equidad como principio fundamental, puede atreverse a cerrar hospitales públicos sin ofrecer verdaderas alternativas para quienes no tienen la posibilidad de cumplir con las demandas de quienes tienen la salud como un negocio y no como un servicio público.
Lo más grave de esta penosa realidad es que el problema no es de dinero. Hoy la salud colombiana tiene suficientes recursos para atender al grueso de la población colombiana y el principio que la rige, el seguro público, es el adecuado. El problema radica en la operación del sistema. Primero, los recursos se los roban descaradamente sin que el Estado haga nada para alejar a quienes se están adueñando de los dineros de aseguramiento que tienen las ARS. Segundo, los fondos del FOSYGA, que deberían destinarse a afiliar a los más pobres, el Gobierno los tiene invertidos en papeles del Estado, TES, para financiar su déficit fiscal. Tercero, no existe un ente que realmente controle a los aseguradores y prestadores de servicios privados. La Superintendencia de Salud es una institución débil, politizada e ineficiente, de manera que el sector privado no sabe lo que es vigilancia y control por parte del Estado colombiano. Cuarto, el Seguro Social que debió haber sido el ente regulador de la salud en Colombia, fue debilitado de manera sistemática y en este Gobierno poco o nada se ha hecho para frenar su descalabro.
Las consecuencias son evidentes: el famoso “Paseo de la Muerte” ha cobrado la vida de muchos niños, sin que la sociedad se haya revelado ante esta dolorosa realidad. La falta de sensibilidad social de las empresas privadas que dejan morir a un niño porque no se han cotizado las semanas requeridas para obtener atención médica, debería merecer todo el rechazo social y una penalización por parte del Estado. Pero no pasa nada, la sociedad colombiana no se inmuta y el Gobierno no asume su responsabilidad.
Colombia necesita recuperar la solidaridad como valor social y tener en el manejo de lo público, personas que realmente se ocupen de la vida de las personas que no tienen quien los defienda. La salud es un bien público y debe ser provista o asegurada por el Estado, dado que es una de sus primeras responsabilidades. Pero la equidad no trasnocha al Presidente de la República y esta indiferencia ha impregnado no sólo a todo el Gobierno sino a los sectores pudientes que se sienten cada vez más lejos de los pobres y de las clases medias.
El “Paseo de la Muerte” es una vergüenza nacional que se suma a la penosa realidad de que la pobreza se trata de resolver con manipulación de las cifras oficiales y no con una mayor oferta de salud, educación, seguridad social y empleo digno.

10.21.2013

El tire y afloje por el centro de reclusión para menores infractores en el Valle

Ante la negativa de los concejales de Buga y la comunidad, definitivamente la Gobernación del Valle no construirá en esa ciudad el centro de reclusión para menores infractores tal como se había proyectado.
La férrea oposición de los ediles bugueños se vio reflejada en una serie de debates que se hicieron en el cabildo municipal y porque “inundaron” la ciudad de pasacalles rechazando esa iniciativa en la cual se haría una millonaria inversión.
Mientras los alcaldes del centro del Valle definen si permiten o no la construcción del Centro de Atención Penal para Adolescentes Infractores, en uno de esos municipios, los menores deberán permanecer hasta 20 días en los sitios de paso cuando la Ley ordena un máximo de 36 horas, padeciendo problemas de salubridad y hacinamiento.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, había advertido hace varias semanas que si al terminar el mes de septiembre no se llegaba a un acuerdo, lo más probable es que el Departamento iba a perder el presupuesto asignado para adelantar esta obra, la cual pretende construir un centro de reclusión para 500 menores infractores de la ley.
El viernes 27 de septiembre los desórdenes en Valle del Lili dejaron 40 menores fugados, seis aprehendidos, seis heridos y un menor muerto días después; pocos días después se registró un motín en Cali en el Centro Transitorio por el hacinamiento en el que están los jóvenes y, para rematar, no hay dónde construir un nuevo lugar para albergar a más muchachos sancionados, tras la negativa de Buga con la obra.
Ante esto, Jhon Arley Murillo, Director regional del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, ha sido muy cuestionado en cuanto a la responsabilidad que tiene la entidad con los menores. Murillo afirma que está cansado de que se señale al ICBF cada vez que se registra alguna eventualidad de este tipo, “cuando la responsabilidad es de ICBF, Policía, Alcaldía y Gobernación”.
Otra vez hace un llamado a la Policía para que refuerce la seguridad perimetral en los centros de atención y reclusión, como Valle del Lili.
¿Qué está fallando en este aspecto?. Lo que pasa es que hay una corresponsabilidad mal manejada: todos somos responsables, pero nadie responde de igual manera. El Código de Infancia y Adolescencia dice que la Policía es la encargada de brindar seguridad a los centros donde se ejecuten las medidas y sanciones impuestas por los jueces.
Lo complicado está en que el número de policías que históricamente se designa en los centros no es suficiente, por ejemplo, hoy en Valle del Lili sólo hay cuatro agentes para custodiar 350 jóvenes y eso a pesar de que la Policía había asumido un compromiso de tener ocho policías, pero no han cumplido.
Pero la situación es cada vez más complicada por cuanto en el Valle del Lili no puede quedar un “Centro Transitorio”, porque estos lugares deben estar cerca a los juzgados por la simple razón de que los jóvenes tienen que estar disponibles y ser trasladados por la Policía a las audiencias. Surgen entonces una serie de cuestionamientos aún sin resolver.
Si los centros de reclusión están para resocializar, ¿por qué algunos menores que han estado allí o están todavía, mencionan que hay sitios conocidos como celda de castigo?.
Cada vez que la Policía hace una inspección en Valle del Lili o Buen Pastor, muestran cantidades de armas blancas y licor que estaban en manos de los jóvenes. ¿Esto qué evidencia?.
En Cali cada día, según las autoridades, detienen entre 15 y 20 menores por diferentes delitos. Como están las cosas, ¿se cree que la situación con los menores tiene una solución?.

10.15.2013

Colombia, el país de las maravillas en prebendas a congresistas y altos cargos oficiales

La “prima especial de servicios”, creada con un decreto dado a conocer el lunes por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, le costará al Estado 2.069’392.590 de pesos mensuales.
Si bien esa cifra no es un gasto nuevo, pues equivale a lo que recibían los congresistas antes de un fallo del Consejo de estado que eliminó las primas de salud y localización, el tema ha despertado cuestionamientos en diversos sectores porque se da en medio del ambiente de parálisis legislativa que ha acompañado el trámite de proyectos como el de reforma a la salud.  
El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, criticó la decisión del Gobierno y aseguró que este caso demuestra que en Colombia no existe una separación real de los poderes públicos.
“Es una relación de chantajes y sobornos que le quita independencia a los poderes e impide hacer un control político real. Cuando los congresistas ven en peligro sus salarios, apelan a la operación tortuga para quitarle dinámica a las iniciativas”, dijo Cepeda.
Por su parte, el Gobierno asegura que el decreto no obedece a una prebenda o a un chantaje para conseguir la aprobación de proyectos que son considerados prioritarios en la presente legislatura.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ha resaltado en diversos espacios desde el momento en que se conoció el fallo del Consejo de Estado, que una reducción de ese nivel en los salarios de los congresistas abre la puerta a una crisis del Estado, en tanto tendría que reducirse también la asignación de otros altos funcionarios.
“La remuneración de los miembros del Congreso es la base para fijar la remuneración de varios servidores públicos, como los Magistrados de las altas Cortes, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y otros altos cargos, y estos a su vez, determinan la remuneración de otros servidores públicos, como Magistrados de Tribunal, Jueces y Fiscales del País, así como Procuradores Judiciales, entre otros”, dice el decreto 2170 de 2013.
Los gastos del Congreso
Aspectos como el costo de las unidades de trabajo legislativo, gastos administrativos de las instalaciones del Congreso e inversiones que no se encuentran contempladas como es el caso de los celulares y las tabletas electrónicas que recibieron hace una semana los 98 senadores, también se suman al ambiente que generó la decisión de crear la nueva prima especial.
Cada paquete, conformado por un celular BlackBerry Z10 y una tableta Samsung Galaxy, tuvo un costo de un millón y medio de pesos, es decir, 147 millones de pesos. Además, el plan de datos para los dispositivos se contrató por un año por otros 195 millones.
Según Cepeda, un congresista no requiere ese tipo de auxilios: “Con el salario que percibe puede comprar la última tecnología, además se ve muy mal que eso pase en un momento en que se deja la sensación de que se está tratando de comprar la voluntad del legislativo”, dijo el representante.

Colombia, el país de las maravillas en prebendas a congresistas y altos cargos oficiales

La “prima especial de servicios”, creada con un decreto dado a conocer el lunes por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, le costará al Estado 2.069’392.590 de pesos mensuales.
Si bien esa cifra no es un gasto nuevo, pues equivale a lo que recibían los congresistas antes de un fallo del Consejo de estado que eliminó las primas de salud y localización, el tema ha despertado cuestionamientos en diversos sectores porque se da en medio del ambiente de parálisis legislativa que ha acompañado el trámite de proyectos como el de reforma a la salud.  
El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, criticó la decisión del Gobierno y aseguró que este caso demuestra que en Colombia no existe una separación real de los poderes públicos.
“Es una relación de chantajes y sobornos que le quita independencia a los poderes e impide hacer un control político real. Cuando los congresistas ven en peligro sus salarios, apelan a la operación tortuga para quitarle dinámica a las iniciativas”, dijo Cepeda.
Por su parte, el Gobierno asegura que el decreto no obedece a una prebenda o a un chantaje para conseguir la aprobación de proyectos que son considerados prioritarios en la presente legislatura.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ha resaltado en diversos espacios desde el momento en que se conoció el fallo del Consejo de Estado, que una reducción de ese nivel en los salarios de los congresistas abre la puerta a una crisis del Estado, en tanto tendría que reducirse también la asignación de otros altos funcionarios.
“La remuneración de los miembros del Congreso es la base para fijar la remuneración de varios servidores públicos, como los Magistrados de las altas Cortes, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y otros altos cargos, y estos a su vez, determinan la remuneración de otros servidores públicos, como Magistrados de Tribunal, Jueces y Fiscales del País, así como Procuradores Judiciales, entre otros”, dice el decreto 2170 de 2013.
Los gastos del Congreso
Aspectos como el costo de las unidades de trabajo legislativo, gastos administrativos de las instalaciones del Congreso e inversiones que no se encuentran contempladas como es el caso de los celulares y las tabletas electrónicas que recibieron hace una semana los 98 senadores, también se suman al ambiente que generó la decisión de crear la nueva prima especial.
Cada paquete, conformado por un celular BlackBerry Z10 y una tableta Samsung Galaxy, tuvo un costo de un millón y medio de pesos, es decir, 147 millones de pesos. Además, el plan de datos para los dispositivos se contrató por un año por otros 195 millones.
Según Cepeda, un congresista no requiere ese tipo de auxilios: “Con el salario que percibe puede comprar la última tecnología, además se ve muy mal que eso pase en un momento en que se deja la sensación de que se está tratando de comprar la voluntad del legislativo”, dijo el representante.

10.08.2013

Guadalajara de Buga y la cultura ciudadana

Jaime Alberto Ochoa Cardona
Jaimea8a@hotmail.com

Cuando una sociedad tiene las reglas claras, cuando ha aceptado que son las leyes y las normas, los valores y deberes los que garantizan la convivencia y estimulan el cumplimiento del ordenamiento social, puede decirse que existe un marco mínimo para el bienestar común. Si alguno de estos pilares flaquea, se abre paso a la anarquía, la indiferencia, el individualismo y la desconfianza en las autoridades que nos rigen.
En una ciudad como la nuestra, designada recientemente como Pueblo Patrimonio Histórico, Cultural y Turístico Nacional, debe con urgencia aplicarse un nuevo modelo de Cultura Ciudadana, que refleje justamente el Patrimonio que hoy nos hace una ciudad privilegiada, aquella que nos enseñe a ser mejores ciudadanos donde se anteponga la autorregulación y el respeto a las medidas disciplinarias y correctivas de las autoridades, cuya pedagogía se pueda replicar ante propios y visitantes como ejemplo de Ciudad – Región, cuyo crecimiento económico y social vaya unido a los principios y valores éticos y morales de sus habitantes, dentro de una sociedad convulsionada especialmente por una juventud insaciable de sensaciones que vienen desbordando la capacidad de control y educación de padres ausentes y maestros impotentes que ven con preocupación la irracional velocidad e irresponsabilidad que viene determinando la vida diaria de un vasto sector de nuestra sociedad, donde la falta de respeto por la vida misma y ajena, la drogadicción y prostitución de menores, el dinero fácil; el todo vale, la intolerancia, la apatía y la indiferencia por lo nuestro, que es de todos, por nuestro medio ambiente, por nuestro vecino, el irrespeto a la ley, donde la autoridad no escapa a este reproche en la recuperación del espacio público y adecuación de baños públicos en grave detrimento de nuestra seguridad, salubridad y calidad de vida ciudadana, son entre muchas otras, las falencias que nuestros gobernantes y la sociedad deben corregir, en aras de construir sobre lo construido, una ciudad pujante, segura, amable, con oportunidades, ordenada, limpia, tranquila, incluyente y participativa. Y es que la Cultura Ciudadana es el tejido simbólico construido por las personas que componen una comunidad donde se combinan las expresiones y costumbres, derechos y obligaciones, que promueven en grado superlativo la convivencia ciudadana y su vínculo con el entorno y los espacios públicos, donde la participación de la comunidad en su Control Social, es vital para la sinergia cultural como factor envolvente de sentido de pertenencia y empoderamiento de nuestro patrimonio cultural, como legado insigne de nuestros antepasados.
Nuestra ciudad del Milagroso, la Ciudad Señora por excelencia, deberá asumir con sus gobernantes y gobernados el desafío de cambiar para mejorar y ser ejemplo regional y nacional, como premisa fundamental de nuestros rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de una raza que hoy es símbolo de grandeza y señorío.

9.30.2013

NO tomar los colores de las camisetas como uniformes de batalla

Lo cierto del caso es que en casi todos los escenarios deportivos de Colombia se observan verdaderas batallas campales entre los seguidores de los equipos de fútbol. ¡Y ocurren dentro y fuera del estadio!.
Son espectáculos grotescos que traen consigo drásticas decisiones para la divisa local y, por supuesto, generan la vergüenza nacional por ese tipo de situaciones.
Y lo anterior sin contar que durante un determinado tiempo y espacio se presentan grescas y actos bochornosos que no sólo arremeten contra la vida de los seguidores del futbol, sino que también someten en su accionar a establecimientos públicos, vehículos del transporte público de personas, y contra todo lo que a su afanado paso encuentran.
Pudiéramos decir y sin temor a equivocaciones, que en el tema de las agresiones entre hinchas y barras seguidoras de equipos del futbol profesional colombiano, hay mucho de culpa en los dirigentes deportivos, en especial de los clubes quienes asumiendo un papel paternal, acceden al ingreso de estas barras sin costo alguno a los estadios de Colombia, les brindan una serie de prebendas para que acompañen sus equipos preferidos, a fin de demostrar grandeza y masiva asistencia de hinchas a los encuentros futboleros; en otros casos los alcaldes y gobernadores que han dejado coger tanta larga a este tema y no son capaces de asumir una posición de responsabilidad y de rechazo a estas vandálicas acciones, armándose de las herramientas entregadas por la Constitución Política de Colombia, y optan por entregarse de rodillas a quienes manejan las riendas del futbol en este país a costa de muertes de gente que ni siquiera se imaginaría que ponerse la camiseta o la gorra de su equipo preferido les costaría la muerte.
En Colombia no podemos permitir más violencia en los estadios y escenarios deportivos, bajo la complacencia de un gobierno que se muestra incapaz de direccionar lo que se le entregó para que lo administrara.
En un tiempo se pensó que las redes de la mafia colombiana a más de permear este deporte como lo hicieron con sus nubes de dinero, serían quienes conllevarían a los estragos que hoy estamos afrontando y poniendo vidas indefensas para saciar la ansiedad de quienes se creen los todopoderosos; pero no fue asi, por fortuna, esta columna de la delincuencia no permitió que a los estadios llegara esta ola de maldad y violencia, la cual, tal pareciera es aplaudida por un gobierno  que sigue demostrando su ineptitud, ahí está la prueba de lo que a gritos reclaman los colombianos: Justicia, menos impunidad.
Pero sólo bastó que el Alto Consejero presidencial para la Paz y la Convivencia anunciara que se debe replantear el futbol en Colombia, para que con un tono bastante enérgico, el Presidente de la Dimayor, Ramón Jesurun, rechazara la propuesta de Francisco José Lloreda, porque se le acaba a él y a los tribunos del futbol esa teta tan grande de la que obtienen jugosos dividendos.
En buen momento los jugadores de la Selección Colombia de Fútbol hacen un llamado de conciencia y reflexión sobre la visión y el verdadero papel del fútbol en nuestra sociedad. Los tristes acontecimientos de violencia que se han presentado en las últimas semanas en varias ciudades del país van en contravía con la función social del deporte y con el gran esfuerzo de miles de colombianos que al igual que ellos ven en esta actividad una oportunidad para disfrutar y mostrar la cara positiva de Colombia.
Con valor, sacrificio, trabajo en equipo, tolerancia, juego limpio y disciplina, día a día vemos como el fútbol puede sacar adelante los sueños de muchos y entregar la mayor sonrisa a una nación. Los campos para el deporte y todo su entorno deben ser espacios que convoquen a la familia en un entorno de alegría y sana convivencia.
Es hora de cambiar de actitud y no tomar los colores de las camisetas como uniformes de batalla. No queremos más violencia en las calles y menos en el fútbol. Vamos a hacer de este deporte una herramienta para la consolidación de la paz y la tolerancia de todos los colombianos.

9.23.2013

Los niños y jóvenes sin cadena de custodia en Colombia

Las cifras fueron reportadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y recogidas por Unicef Colombia en el Sistema de Información sobre la Niñez y la Adolescencia (Sinfonía). Esta herramienta, habilitada al público, contiene 7 millones de datos de fuentes oficiales sobre 79 indicadores relacionados con los menores de edad en Colombia.
Es la evidencia de cómo el conflicto acaba con la inocencia de las próximas generaciones, esa parte de la población que se debe proteger.
No sólo porque se trata de población civil que debe ser excluida de las confrontaciones, sino también porque los niños, las niñas y los adolescentes están aquí para soñar y ser protegidos, y no para sufrir los embates de una guerra que no les pertenece.
De acuerdo con los expertos, uno de los indicadores que ayudan a evidenciar mejor la victimización de la que han sido parte los niños colombianos es el reclutamiento.
Las cifras del ICBF indican que desde finales de 1999 a la fecha, 5.120 niños, niñas y adolescentes han dejado las filas de los grupos armados al margen de la Ley, la mayoría de forma voluntaria.
La mayor parte de esa desvinculación empezó a registrarse desde 2005, el deshonroso primer lugar se lo lleva Antioquia (183.716), seguido de Nariño (148.769), Tolima (95.995), Caquetá (95.492), Bolívar (87.857), Cauca (87.432) y Valle (81.649).
Se trata de cómo cientos de colombianos, una vez dentro del grupo ilegal, se enfrentan a más tipos de victimización. Un investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, explicó por ejemplo, la afectación que produce enfrentarse a cargas emocionales para las que los menores no están preparados.
Un menor adentro empieza su vida sexual mucho antes y es una forma de vulneración. Están sometidos a cometer y a ser testigos de atrocidades, a asesinar a veces a sus propios compañeros o a ver a sus compañeros caer en combate. Están los trabajos de guardia, vigilancia nocturna, la ranchería, son trabajos arduos y a sus cortas edades ya están obligados a hacerlos como si fueran adultos.
Lo que sí no está claro, en cifras, es cuántos niños, niñas y adolescentes, integran los grupos armados ilegales. El estimativo más moderado habla del 25 por ciento de los 8 mil integrantes, que de acuerdo con el Ministerio de Defensa, tienen las Farc y de los 2 mil, aproximados, del ELN.
No obstante, otros estimados, hablan que el 45 por ciento de los desmovilizados en el programa de reintegración fueron reclutados cuando eran menores de edad.
“En este momento hay 30 mil desmovilizados en el programa de Reintegración.
¿Cuál es el problema de fondo? Que un adolescente por huir de su casa, de su escuela y de su entorno, se une al grupo armado ilegal que esté presente en el lugar donde vive. Por huir de la violación, de la falta de oportunidades, cae en la trampa perversa que si son BACRIM no tienen los beneficios que tendrían si hubiera estado en un grupo armado ilegal.
Hay algunos tipos diferentes de seducción en las redes sociales para capturarlos y venderles la idea de que es una buena opción, les dan dinero y ropa. Van al campo y les dicen que para qué ir a la escuela si no hay trabajo. Lo cierto es que una familia afectuosa y protectora no permite que un niño sea seducido.
Los tres factores, trabajo infantil, maltrato infantil y violencia intrafamiliar se reconocen como los principales agentes de riesgo para la vinculación de menores a grupos ilegales armados o las bandas criminales que operan en su sector.

9.16.2013

Un sombrío panorama aqueja los cultivadores y al agro en Colombia

Las tendencias de importación de años anteriores siguen vigentes en 2013. Por eso, las seis empresas que dominan el mercado definen el precio interno. Sin embargo, al comparar los precios a nivel internacional y lo que tienen que pagar los campesinos en Colombia por un kilo de fertilizantes, los costos internos superan los del exterior entre el 30 y el 50%. Por ejemplo, en diciembre de 2012, un kilo de urea se conseguía fuera de las fronteras en $897. Las sociedades que lo vendieron en Colombia lo hicieron a $1.248.
La diferencia es del 40%, y el caso se repite en cualquiera de los insumos básicos. Por ejemplo, en el caso del potasio, el precio promedio internacional fue de $764, el interno llegó a los $1.223 por kilo, una diferencia del 60%. El fosfato se pagó a $681 en el exterior y en el país a $1.489. El sobrecosto alcanzó el 118%. Para los campesinos estas diferencias inciden mucho en la rentabilidad del campo, porque para abonar una hectárea de tierra ellos tienen que invertir hasta el 30% del total de los costos mínimos de producción de sus cultivos.
En el caso de la producción de arroz, algodón, papa y maíz blanco, por ejemplo, los precios de los fertilizantes representan entre el 20 y el 30% de sus costos. Por el lado del café, el cacao, la palma y la caña panelera, van desde el 15 hasta el 30%. Razones suficientes para que los campesinos le insistan al Gobierno para que ejerza un control directo sobre los precios de los fertilizantes para evitar los referidos sobrecostos. Sin embargo no es una petición nueva. Desde 2006 el Ministerio de Agricultura monitorea los precios de los agroinsumos, pero no interviene para corregir.
El reclamo de los campesinos no prospera debido a que, según un estudio sobre el mercado de agroinsumos hecho en 2007 por la firma Econometría, en el país hay suficiente competencia y oferta de fertilizantes. En consecuencia, en criterio de las autoridades no existen razones para “imponer un régimen de libertad regulada de precios”. Además, aseguran que no existen empresas dominantes con capacidad para manipular precios. Los datos de las importaciones de los últimos años parecen demostrar todo lo contrario.
En dicho estudio elaborado en 2007 para establecer “bases para una política de precios”, quedó escrito que los insumos básicos para fertilizar la tierra (urea, fosfato y potasio) equivalen al 80% del negocio de los agroinsumos en Colombia. Frente al incremento constante de los precios, el documento lo justificó afirmando que obedecía al exceso de la demanda mundial; incluso señaló en uno de sus apartes, en ocasiones el precio en Colombia se quedó corto frente a la cotización internacional.
Lo cierto es que los fertilizantes de la discordia son básicos en la agroindustria nacional, porque los suelos del país son ácidos. Es más, Colombia es uno de los países del mundo que más cantidad de fertilizantes usa por hectárea cultivada. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país se usan 499 toneladas de fertilizantes por hectárea cultivable. Los técnicos del Ministerio de Agricultura sostienen que esa cifra es exagerada y que seguramente hay mucho desperdicio de insumos por inasistencia técnica. Su recomendación es hacer un uso más eficaz para que los campesinos no gasten tanto. Controlar precios

9.09.2013

El ministerio público en defensa de la democracia en Colombia

Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, dijo que si la guerrilla de las Farc insiste en una Asamblea Nacional Constituyente en desarrollo de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana-Cuba, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, debería pararse de la mesa de conversaciones.
“El Gobierno debe ser totalmente claro, contundente y no dejar la más mínima duda. Si la condición de las Farc es la Asamblea Constituyente, el Gobierno no puede seguir dialogando y eso lo tiene claro la sociedad, eso lo tienen claro las víctimas, eso sería enviar un mensaje dramático de que la violencia sí paga”, (…) “, precisó el procurador Ordóñez.
“Nos dicen que se trata de tragarnos unos sapitos, pero los sapos están envenenados y sería catastrófico para el país”, afirmó el procurador.
“Las instituciones no las diseñan las bandas armadas, o no se diseñan con las bandas armadas porque ello sería enviar un mensaje dramático de que la violencia sí paga”, expresó el jefe del Ministerio Público.
Aunque Ordóñez reconoce que el camino que viene para la guerrilla es hacer política, insistió en que “sólo lo podrán hacer (participación política) quienes no sean responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y, ni siquiera, una Asamblea Constituyente podría superar ese obstáculo insalvable”.
Sobre el pronunciamiento de “Pablo Catatumbo”, quien se refirió a que la guerrilla dejará las armas, en un eventual acuerdo de paz pero no las va a entregar, el funcionario dijo que “la paz no puede ser armada” y por ello rechazó categóricamente la propuesta. “Si no entregan las armas ellos no pueden participar en política. No puede haber una paz armada, ni un partido político armado”, explicó.
Ordóñez reiteró su posición frente al marco jurídico para la paz, lo calificó como lo más cercano a la impunidad, donde los guerrilleros podrían beneficiarse de indultos y amnistías.
El jefe del Ministerio Público dijo, además, que no permitirá que queden impunes los crímenes cometidos por las Farc.
El procurador Alejandro Ordóñez, arremetió nuevamente contra el proceso de negociación que adelantan el Gobierno y las FARC en la Habana (Cuba), y advirtió que antes de pensar en su desmovilización, la guerrilla debe renunciar a sus actividades de narcotráfico.
Condiciono el proceso de paz a que las Farc entreguen rutas y laboratorios de producción de drogas y renuncien al narcotráfico.
El pronunciamiento de Ordóñez se conoció durante un acto de reconocimiento a su labor realizado en la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Entre tanto, durante una visita a Cali el procurador advirtió que no permitirá la impunidad en los crímenes cometidos por las Farc. Dijo que si se hace necesario acudirá a organismos internacionales para defender a las víctimas de estos grupos armados. En este sentido se mostró de acuerdo en que haya reducción de penas, pero no impunidad.

9.02.2013

Don gobierno y su asedio contra los manifestantes en Colombia

Las manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos de carreteras y otras expresiones de rebeldía protagonizadas por campesinos, productores agrarios y sectores solidarios, han sido masivas y combativas, y se han esparcido a lo largo y ancho de todo el país. El Paro Nacional Agrario es un hecho social y político de gran importancia nacional.
Sin embargo, a pesar de la diversidad y variedad de acciones, de las grandes demostraciones de valentía y sacrificio por parte de los pequeños productores de papa, leche, café, cebolla y campesinos en general (indígenas, afrodescendientes y mestizos), en numerosas regiones de Colombia, tenemos que reconocer que no ha tenido la contundencia e impacto que se esperaba.
En contraposición, sectores como los productores de papa, leche y cebolla de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, han sido fundamentales para la visibilización del Paro, por cuanto han bloqueado carreteras troncales como Tunja-Bogotá y la carretera Panamericana entre Pasto e Ipiales. En esta lucha han estado acompañados por campesinos movilizados en muchos departamentos, pero que no han logrado ser tan visibles debido a que el Gobierno ha impedido su desplazamiento y concentración en carreteras importantes.
Las marchas realizadas en solidaridad con el Paro por los trabajadores, maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y otros sectores populares de las ciudades, han sido también masivas en muchas capitales de departamento y muestran una reactivación del movimiento social que rechaza las políticas neoliberales y anti-populares del gobierno.
La principal estrategia del Gobierno ha sido de tipo militar y policivo. Se militarizaron las principales vías del país y se le ha dado un tratamiento de guerra a la protesta social.
Desde antes de comenzar las jornadas de movilización agraria el Gobierno se dedicó a atemorizar a la población anunciando un “operativo contundente” a cargo del Ejército y la Policía.
Esta estrategia ha consistido, por un lado, en bloquear los desplazamientos campesinos impidiéndoles llegar a carreteras troncales. Por otro, cuando existen concentraciones masivas arremeten con fuerzas del ejército y policía (Esmad) contra la población movilizada con todo tipo de armas, perdigones, gases lacrimógenos desde tierra y aire, destruyendo sus “cambuches” y demás elementos como útiles de cocina y comida. En ese proceso detienen dirigentes y manifestantes, y empadronan ilegalmente a los protestantes con la intención de intimidarlos. Además, ha tratado de posicionar la teoría de una supuesta “responsabilidad social de las protestas”. Ahora la culpa de que se obstaculice el tráfico en una carretera no depende del Gobierno que con su incapacidad e incumplimientos obliga al pueblo a protestar, sino que está en el movimiento social. Es una teoría sesgada y peligrosa que hay que enfrentar. Los hechos demuestran la viabilidad y justeza de los bloqueos. El Gobierno lo está demostrando cuando sólo llama a negociar a quienes han cerrado carreteras con contundencia y fuerza. Otra estrategia ha sido negociar por separado con algunos sectores sociales comprometidos para desvincularlos del Paro. Por ejemplo, con promesas y dádivas logró dividir al gremio de los camioneros, aislando a la Asociación Colombiana de Camioneros ACC, que representa la tercera parte del potencial de carga en el país. De igual manera procedió con los indígenas del Cauca agrupados en el CRIC, prometiéndoles recursos para adquisición de tierras y otros proyectos. Así mismo consiguió la desvinculación del paro del movimiento cafetero del Huila.
Siguiendo esa línea, con la colaboración de gobernadores, alcaldes y parlamentarios santistas, el gobierno ha intentado montar mesas regionales y locales de negociación, tratando de deslegitimar las direcciones nacionales del movimiento. En esa trampa han caído algunos dirigentes que, o están desorientados o quieren conscientemente hacerle el juego al Gobierno.

8.26.2013

Se agrava la crisis del agro en Colombia… y el gobierno sin soluciones acertadas

El aumento desenfrenado de las importaciones y el manejo de la producción e inversión subordinado al Tratado de Libre Comercio (TLC), mantiene arruinados a los campesinos, mineros, camioneros, gremios productivos y hasta cafeteros en Colombia. Esta es la principal causa por la cual han decidido paralizar labores para exigir sus reivindicaciones al Gobierno nacional.
Detrás del paro existe un grupo de campesinos que están en “bancarrota” por la competencia que les han generado las importaciones y las desventajas a las que están sometidos por el mencionado acuerdo comercial.
En la actualidad el Gobierno colombiano importa carne, pollo, leche café, arroz, maíz y esta situación mantiene arruinados a los trabajadores del agro, porque no pueden sostener la competencia. Igualmente, aun cuando en las protestas participan líderes de múltiples sectores económicos, converge una oposición colectiva ante el TLC.
En Colombia existe una realidad bastante movida en la que miles de personas han salido a las calles a protestar en una jornada nacional.
Las protestas están siendo apoyadas y convocadas por sectores políticos de izquierda del país, a través de organizaciones como Marcha Patriótica, Polo Democrático y sectores liberales de izquierda, estos grupos están movilizando a la gente para hacer un llamado a la justa protesta y enfrentar las medidas represivas del Gobierno.
Con relación a las estigmatizaciones que han hecho algunos sectores en cuanto a estas movilizaciones, donde se asegura que la guerrilla colombiana está detrás de estas marchas, no cabe la menor duda y puede existir una “influencia formidable” de este grupo militar.
Sin embargo, estos sectores vinculados no están impidiendo las movilizaciones ni tampoco azuzándolas, pues esta es la imagen que el Ejército y algunos sectores del gobierno han querido dejar al respecto.
Por otro lado, en algunos sectores continúan las movilizaciones y el Ejército se ha encargado de mantener vías paralizadas, por lo que los campesinos han tenido que buscar otras vías alternas.
El Gobierno puede aportar soluciones y dialogar tal y como lo está haciendo actualmente en La Habana Cuba, de hecho en Colombia los campesinos están pidiendo subsidios para poder competir en igualdad de condiciones. El Gobierno puede hacer subsidios bajando las tasas de interés.
En las regiones se siente un gran descontento, no sólo por el problema agrario y productivo, sino por el problema de la salud pública, la escolaridad y el desempleo, existe una opinión pública que ha salido a la calle a protestar porque no consigue respuesta a estas situaciones, el proyecto de la prosperidad que propuso Juan Manuel Santos ha sido inconsecuente.
No cabe duda que como van las cosas, en poco tiempo esto empeore y puede haber un desangre muy grave, tomando como referencia los hechos registrados en el Catatumbo, donde cuatro personas resultaron asesinadas por funcionarios de la fuerza pública colombiana. De ahí que si el desenlace es sangriento la investidura de Juan Manuel Santos pudiera verse afectada y con poca reputación para una posible reelección presidencial, debido a que existe una oposición radical que ligada a paramilitar apuesta por que estos hechos sucedan.

8.20.2013

Agiotistas les llevan la delantera a las entidades bancarias… por qué?

El fenómeno de los préstamos “gota a gota” es un monstruo de mil cabezas que ha ido incursionando en los distintos estamentos de la sociedad, especialmente en las clases baja y media y con alguna proyección en la alta.
Las gentes cansadas de los engorrosos trámites ante las entidades bancarias o financieras, donde el papeleo, fiadores con propiedad, hipotecas etc., hacen que “Juan Pueblo” haya tenido que recurrir a las arbitrariedades de los matones que en representación de los patronos los prestamistas y agiotistas, se sienten dueños del mundo y de las personas, a quienes insultan y hasta golpean en sus sitios de trabajo, al tiempo que destruyen las pocas pertenencias que dichas personas tengan en su casa de habitación o negocios.
Es un calvario el que a diario deben vivir quienes recurren a la “ayuda” de estos malhechores de la peor calaña.
Por eso resulta risible el proyecto de Ley del senador Cepeda, dizque de acabar con el “gota a gota”, obligando a los bancos a prestarles a las gentes al 1.3 por ciento mensual. Pero se le olvida todas las trabas que le ponen a la gente y que no se sabe qué es peor, si aguantarse a los matones o cobradores a sueldo del sistema o a una cobradora del banco, que de manera insolente le reclama a quien se ha atrasado en los pagos porque no tiene con que hacerlo, que robe, mate, empeñe, haga más préstamos (de pronto al gota a gota) etc., para que le pague al banco que ella representa. De noche, antes de las ocho de la mañana, a la hora del almuerzo y la comida y hasta bien entrada la noche, está la “chepita” llamando a cobrar, regañar y más cobrar.
Por eso me parece ilógico el proyecto de Ley y el “gota a gota” se ha convertido en un fenómeno que es muy difícil controlar y que ante las circunstancias adversas y de necesidad de las personas, deben recurrir a él ya que no se demora tanto el trámite, el desembolso es casi que de inmediato como se necesita, no se necesita llenar papeles, pagarés, pólizas, seguro etc., como exigen las entidades de crédito, sino que todo se circunscribe al compromiso verbal y lo máximo a firmar una letra.
Los llamados prestamistas informales conocidos popularmente como “gota a gota” o “agiotistas”, están cobrando intereses en los préstamos que alcanzan hasta el 20% mensual. Un ejemplo de la vida real es la mejor prueba para corroborarlo.
Aunque la ley penal castiga con cárcel el delito de usura, por ser poco aplicada, el negocio de los prestamistas ha prosperado, puesto que pocos negocios rentan tanto como prestar dinero a tasas por encima de los permitidos por la ley, y ante tanta rentabilidad, vale la pena  asumir el riesgo de perder lo prestado o de terminar en la cárcel, último riesgo muy lejano, casi inexistente.
Lamentablemente, ante lo costoso que resulta el sistema financiero formal, mucha gente no tiene otra alternativa que recurrir a prestamistas particulares, puesto que para el caso de préstamos de bajo monto, puede resultar igual de costoso pagar a un particular el 10% que solicitar un crédito al banco, además de resultar mucho más ágil.
De hecho, el negocio con los Agiotistas no es perseguirlos o constreñirlos, lo que debe hacer el Estado y la banca es mejorar las condiciones de préstamo a la gente para que puedan acceder con facilidad a estos empréstitos, sin tanto enredo, fiadores, y la tramitomania que solicitan para que al fin del camino, nieguen los créditos, esa es la gran y enorme y tal vez inalcanzable ventaja que les llevan los llamados “gota a gota” a las entidades bancarias en Colombia. De ahí que señores Congresistas, no sigan haciendo cuentas alegres con las necesidades del pueblo, quien en últimas es quien las padece.

8.12.2013

Colombia año tras año en un conflicto entre lo agrario y lo social

En Colombia, el acceso a la tierra ha sido históricamente una gran fuente de poder político y de conflicto social, además un determinante clave en la productividad de la economía rural.
En nuestro país, la estructura agraria se caracteriza por la falta del aprovechamiento de tierras productivas, la tendencia a la reconcentración de las tierras y el riesgo ambiental a consecuencia del uso excesivo de ésta para pastoreo de ganado. Esto produce la expansión de la frontera agrícola hacia tierras frágiles, generando un grave riesgo ambiental y problemas sociales.
En un país históricamente agrario como Colombia, podemos observar que la gran mayoría de los conflictos sociales y bélicos del siglo XX y lo que va del siglo XXI están enmarcados en el terreno de lo agrario.
No sobra mencionar la Masacre de las Bananeras, los pequeños conflictos generados por la bonanza cafetera, el problema desatado por la bonanza marimbera y la actual crisis generada por el negocio de la coca, sin dejar de lado los numerosos conflictos generados ante la intención de las grandes multinacionales de apropiarse de los campos colombianos para explotar nuestra gran riqueza natural.
A raíz de esto se ha producido una gran crisis humanitaria que viven los campesinos hace más de 50 años, por un conflicto social y armado en el que la élite pretende defender su poder político y económico poniendo en riesgo derechos fundamentales, económicos, sociales, culturales y ambientales de los campesinos.
Ante esta grave crisis se ha hecho necesaria una reforma agraria que no sólo solucione el problema de la repartición de la tierra sino que brinde condiciones de vida digna a los campesinos. En la actualidad, la política de tierras en Colombia ha servido más para generar un gran conflicto administrativo y de tipo fiscal al Estado y no para solucionar los problemas de los campesinos.
En materia constitucional, la carta política actual en tres de sus artículos habla de condiciones de vida digna para los campesinos, protección del medio ambiente y buenas condiciones para la producción agrícola, todo esto enmarcado en el derecho que tenemos todos los colombianos a la igualdad.
Nuestro país ha sufrido varios periodos de violencia en los siglos XIX y XX. La mayoría se han dado por el problema de la tenencia de la tierra. Desde la mitad del siglo XX, los campesinos han sufrido de una aguda pobreza y violencia estatal. Todos estos factores han conducido a que en muchas ocasiones los campesinos tomen las armas en defensa de sus vidas, bienestar social y económico.
La tendencia hacia la concentración de la propiedad territorial, apoyada en la violencia estatal y terrateniente, ha ampliado sus límites al control de los territorios estratégicos pretendiendo así manejo de la tierra, de las aguas y otros recursos, como los mineros y áreas para futuros desarrollos viales y energéticos como megaproyectos.

8.05.2013

Buga avanzando hacia el progreso, desarrollo y calidad de vida

Con la construcción de la Ciudadela Educativa Académico de Buga, empieza a materializarse el sueño de más de 3.600 niños, niñas y jóvenes de siete municipios del centro del Valle del Cauca que, a partir del próximo año, podrán acceder a uno de los más modernos e integrales centros educativos del país.
Con una inversión de 3.290 millones de pesos arrancó la construcción de la primera fase de la ciudadela que contempla infraestructura educativa, una biblioteca municipal y una villa olímpica.
“Lo importante de este proyecto y el inicio de las obras con el asentamiento del terreno, es que hoy le estamos cumpliendo al municipio con el compromiso que adquirió el señor Presidente de la República en junio del año pasado”, resaltó la ministra de Educación, María Fernanda Campo, durante el recorrido que hizo a las obras de ampliación de la infraestructura de la institución educativa Académico de Buga.
El proyecto de construcción de esta ciudadela educativa y deportiva cuenta, además, con el apoyo del Ministerio de Cultura, Coldeportes, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Buga y la Fundación Colegio Académico.
Al presentar el proyecto la ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo que además del componente académico allí se podrán practicar más de 20 disciplinas deportivas y todo tipo de actividades culturales y lúdicas. Así mismo, entregó 375 tabletas electrónicas que beneficiarán a 4.200 niños y jóvenes de cuatro instituciones educativas del municipio.
Actualmente el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación de Buga y la Institución de Educación Superior Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA) adelantan conversaciones para lograr un acuerdo conjunto que permita la articulación de la educación media y la educación superior y que a los estudiantes del Colegio Académico les sea reconocida la formación técnica en recreación y deporte como parte de la formación profesional universitaria.
La jefe de la cartera de Educación explicó que el centro educativo contará con 13 nuevas aulas, 2 nuevas baterías sanitarias, 1 restaurante escolar y 1 taller de apoyo a las labores educativas.
Adicionalmente, a través de convenios con instituciones de educación superior, habrá formación en los niveles técnico y tecnológico en recreación, fisioterapia deportiva, licenciaturas en educación física, arbitraje y diferentes disciplinas deportivas.
La villa olímpica que se construye en la ciudadela sería el complemento para el centro de alto rendimiento que funciona en la UCEVA en el cual se desarrollan investigaciones, el objetivo principal de este convenio es articular la educación media con la superior.

4.23.2013

Debate y puja por aprobación de matrimonio homosexual en Colombia


La decisión del Congreso en Colombia de legalizar el matrimonio homosexual, de ser aprobado el proyecto de ley que lo permite, está levantando ampollas entre una mayoría de colombianos que se muestran contrarios a la nueva ley si pudieran manifestarse.
Los obispos consideran que “un tema tan importante para la estructura de la sociedad como el matrimonio y la familia que se deriva del mismo”, debe ser objeto de una discusión en profundidad “para ver cuáles son las consecuencias para la estructura fundamental de la sociedad, la familia”.
Ante la exigencia del senador Armando Benedetti Villaneda, por una posición del gobierno Santos sobre el tema, el ministro del Interior, Fernando Carrillo Flórez, dijo que “aquí hay un entorno de carácter político, pero también hay una gran cantidad de consecuencias jurídicas”.
Por eso, llamó a que el Congreso oiga al “mundo de los juristas” sobre las implicaciones que tiene el proyecto como se está planteando.
“Se debe analizar si esto se puede hacer por ley, se puede hacer por reforma constitucional y cuál es el mejor camino para la protección y garantía de los derechos de los homosexuales”, sostuvo Carrillo.
Para el Gobierno, la discusión “apenas está comenzando” y este es un debate que no debe dividir al país pues es lo fundamental.
“Ojalá la conclusión sea algo que no divida al país y que garantice los derechos de las minorías”, enfatizó el ministro.
El senador Armando Benedetti Villaneda, autor del proyecto de matrimonio igualitario, se refirió a la amenaza de los partidos Conservador y La U, de hundir la iniciativa.
Benedetti dijo que de llegar a hundirse el proyecto se probaría que el Congreso “no sirve para nada”.
“Los jueces seguirán legislando, la Corte Constitucional seguirá legislando y se dará otra prueba más de que el Congreso no sirve para nada y no representa a nadie”, sostuvo.
Por eso, en caso de hundirse el proyecto, Benedetti anunció que acudirá a la Corte pues ésta “no se va a contradecir”.
De otro lado, el senador insistió en su negativa frente a la propuesta de algunos de buscar la figura de “unión solemne” para que las parejas de homosexuales puedan formalizar su vínculo.
“Es la forma más horrible de discriminar a una población. Sería exactamente como cuando les ponían a los judíos una estrella de David para decir que eran judíos”, recalcó.
Y continuó: “Cada vez que se ponga unión solemne y no matrimonio o unión libre, siempre se va a estigmatizar a esas personas. Esa figura es fingir y engañar a unas personas que siempre han sido discriminadas”.

4.08.2013

En Colombia se debe revisar el sistema de salud para el subsidiado


 Desde el año 1948 cuando se creó la Organización Mundial de la Salud, a nivel internacional se celebra el Día de la Salud, razón por la que anualmente las entidades aprovechan la ocasión para promover la toma de conciencia sobre algún tema clave de salud.
Durante este año, los enormes problemas financieros e institucionales en el sistema de salud colombiano han evidenciado una situación crítica de dicho sistema que se ha ido fraguando desde hace décadas. La corrupción y el mal servicio prestado dentro de las EPS, la ineficiente actualización del POS (Plan Obligatorio de Salud) y la desproporción entre la cantidad de usuarios en el régimen contributivo (que han ido descendiendo) y el régimen subsidiado (que cada vez cobija a más sectores de la población), han sido las causas principales de la situación de ineficiencia, baja calidad y escasez de recursos del sistema de salud. No han sido pocos los que han afirmado que la legislación vigente en dicha materia (en especial, la ley 100 de 1993) y las políticas del Ejecutivo han sido ineficaces frente a los desafíos existentes en materia de salud en el país, ya que no han logrado coordinar al sector privado para incrementar la cobertura y la calidad en la prestación de servicios de salud y menos aún brindar un servicio equitativo para toda la población, sin descuidar la financiación del sistema.
Con la decisión del Gobierno Nacional que tomó el 1 de noviembre del 2012 de unificar de manera progresiva el POS del presente año para ambos regímenes, los retos en materia de financiación y mejora de calidad del sistema son cada vez más urgentes y demandan una reestructuración de las EPS y demás instituciones prestadoras del servicio de salud.
Sin embargo, la garantía de financiación del sistema no implica un mejoramiento en el servicio y en el cubrimiento en salud de los colombianos. El caso de Saludcoop, por ejemplo, es sólo uno de las pruebas que evidencian que “el apetito que despiertan los dineros de la salud sigue estando, en muchos casos, por encima de los principios fundamentales.

3.18.2013

El verdadero sentido de la amistad


Todos buscamos un amigo en el cual podamos confiar, una persona en la que podamos apoyarnos y contar con él en los momentos de alegría y tristeza, pero, ¿Dónde podremos encontrar a esa persona? ¿Quién realmente será el candidato para ser un verdadero amigo? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido una traición por aquellos que se decían ser nuestros amigos, los cuales nos dieron la espalda, nos fallaron y, lo más difícil, nos decepcionaron.
Déjame decirte que siempre que busques en alguna persona que no sea Dios,  estas características lamentablemente vas a ser defraudado, ya que el único ser que no cambia y que siempre está con los brazos abiertos para recibirte, no importando en qué condición estés, se llama Dios.
Vuelve ahora en amistad con Él, y tendrás paz; y por ello te vendrá bien. Job 22:21
Tal vez has sufrido la decepción de gente a tu alrededor en la cual creías; tal vez viviste experiencias amargas las cuales te llevaron a encerrarte en ti de manera que miras a todos por igual, pero, hoy quiero decirte que el amigo que estabas buscando se llama Dios y no sólo está en los Cielos sino también en tu corazón.
Cuando entablas una amistad con Dios empiezas a ser lleno de lo que estabas vacío, tu vida comienza a cambiar y nunca las cosas seguirán como antes.
Tal vez tuviste muchas amistades, pero algo si se decirte, ninguna de ellas supera la amistad con Dios ya que es la que te garantiza la paz que sobrepasa todo entendimiento y el bienestar integral que tanto has estado buscando.
Sin embargo, una amistad no se encierra en lo que puedas recibir de ella, sino en lo que tú puedas darle a él. Hoy es el día de volver en amistad con Dios, hoy es el día de volcar toda tu confianza en Él, hoy es el día de volverte amigo de Dios lo cual determina una amistad duradera, fiel y digna de confianza.
Los amigos son personas que te quieren, te ayudan, disfrutan contigo…
¿Tus amigos están ahí para contarles cualquier cosa?
Una buena fuente se conocerá en la sequía, un buen amigo en la adversidad.

3.11.2013

Colombia: ¿Somos en realidad un Estado Social de Derecho?


El documento  histórico más importante de las últimas décadas declaró que Colombia sería un Estado Social de Derecho. La Constitución Política de 1991, documento que consagra todos los derechos y deberes de los colombianos muestra una carta política de corte humanista y social, pero basada en un modelo económico neoliberal. La verdadera realidad  Constitucional, es que no hay un verdadero Estado Social de Derecho, hay un enorme abismo tan grande como el cañón de Chicamocha, entre los postulados que la conforman y la realidad que hoy vive nuestro país. Una cosa es la actual Constitución y otra muy diferente es la realidad nacional que pisotea todos nuestros derechos en ella consagrados; vamos a tomar como ejemplo algunos de los derechos que el actual Estado colombiano no ha podido garantizar a sus ciudadanos en 20 años.
El derecho principal de todo ser humano es el derecho a la vida, teniendo en cuenta que dentro de los fines esenciales que debe cumplir el Estado, aparece la protección efectiva de los derechos humanos y la creación de condiciones mínimas de convivencia entre nosotros los colombianos. El Estado no garantiza el derecho a la salud, pues para obligarlo a que realice una operación a un paciente, primero hay que incoar infinidad  de derechos de petición, tutelas e incidentes de desacato a las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S); es decir, la única operación que se practica en el país después de estos engorrosos y acostumbrados trámites, es la necropsia. El derecho a la educación menos, pues es cada vez menor el número de colombianos que tienen acceso a la educación primaria, secundaria y ni hablar de la universitaria, la cual es un lucrativo negocio que está en manos de las instituciones privadas y no del Estado.
El Estado no garantiza el derecho a tener un salario mínimo legal justo, pues nos enseñaron magistralmente a sobrevivir, no sé cómo, mensualmente con $589.500 y cuando se insinúan anualmente reajustes salariales a favor de los trabajadores, se indignan los grupos económicos.
Artículos de nuestra Constitución Política, como el Art. 15, consagraron el derecho a la intimidad de las personas y el respeto por parte del Estado a su intimidad personal y familiar; y si vemos, esto sólo es una fantasía exegética, pues los organismos de vigilancia y de seguridad del Estado cada vez más se ven envueltos en escándalos de infiltraciones e interceptaciones ilegales a políticos de la oposición, líderes sindicales, periodistas y hasta magistrados de las altas cortes colombianas, cuando paralelamente este Estado social de Derecho prevé y anuncia a cuatro vientos que la correspondencia y demás medios de comunicación privada son inviolables y que sólo pueden ser interceptados o  registrados en casos muy particulares  y mediante una orden judicial que debe ser emitida por un juez de la República, sin mencionar el articulo 20 donde quedó plasmado que el Estado garantizaría a todas las personas de este colorido y folclórico país, su libertad de difundir sus pensamientos fueran los que fueran, opiniones y la de recibir informaciones y noticias veraces e imparciales, donde ellos mismos pueden fundar medios masivos de comunicación donde estos serían libres y con responsabilidad social, sin censura al mejor estilo de Tomás Moro y su utópico país.
Es contradictorio y paradójico lo arriba mencionado, si tenemos en cuenta episodios como el de la periodista, politóloga e investigadora Claudia López, quien fue destituida del diario de mayor circulación del país, el Tiempo, al dar y expresar sus opiniones sobre la manera sesgada como este medio cubrió el escándalo de Agro Ingreso Seguro, dejando en evidencia sus intereses comerciales en la adjudicación del tercer canal de nuestra novelesca, aburrida y cada vez más “social” televisión y los intereses políticos del diario respecto a su socio en campaña, el por esos días candidato y hoy presidente, Juan Manuel Santos.
La misma periodista  que en su columna denunció los vínculos del ex presidente Samper con el narcotráfico y los dineros que financiaron su campaña política, fue llevada hasta juicio por los delitos de injuria y calumnia, donde afortunadamente salió absuelta y prevaleció el derecho de libertad de opinión sobre el de la honra del ex mandatario.
Asombrosamente, hoy después de veinte años de vigencia de nuestra Carta Magna, seguimos inmersos aún dentro de la cultura formalista de la Constitución de 1886,  que desconocía los derechos sociales. En conclusión, Colombia no es, ni nunca hemos sido un Estado social de Derecho, no hay democracia participativa en Colombia, no son autónomos nuestros entes territoriales y deja mucho qué pensar cuando se dice que fuimos fundados en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, en la solidaridad de las personas y mucho menos en la prevalencia del interés general.

3.04.2013

Colombia tiene que garantizar la sostenibilidad del sistema de salud


Desde hace 20 años, las personas que trabajan y están contratadas formalmente por un empleador, reciben aseguramiento con régimen contributivo, ya que se les descuenta parte de su salario, mientras que las que no están contratadas tienen acceso al régimen subsidiado si clasifican por el Sisben, indicó Juan Miguel Villa Lora.
Lo que ha sucedido durante estos 20 años, es que se ha puesto en riesgo la estabilidad del sistema, porque lo que acata la reforma a la salud que plantea el Ministro Gaviria,  es que actualmente las EPS, tanto del régimen contributivo como el subsidiado, están haciendo una intermediación de los recursos, que no le está conviniendo a los pacientes y a  la financiación del sistema, es decir, que en la actualidad el pago que hacen las EPS hacia los hospitales y clínicas por los tratamientos que la gente recibe, ha perjudicado al sistema. Por esta razón, se creará “Mi Salud”, una entidad pública que se encargará de la afiliación, el recaudo y la distribución de los recursos que actualmente financian los regímenes contributivo y subsidiado; lo que indica, que se elimina la intermediación financiera de las EPS y se crea un solo fondo que va hacer alrededor de 20 billones de pesos, encargado de administrar los recursos destinados al sector, pagando de forma directa a los hospitales y clínicas.
Por su parte, según Gaviria, las EPS podrán transformarse en “nuevos gestores”, y aunque ya no serán intermediarios financieros, podrán ser administradores de la atención básica y aseguradores de la atención especializada.
De acuerdo con el analista Villa Lora, “con este nuevo recurso también se elimina el Fosyga, entidad en donde se hacían los recobros por parte de las EPS, de los servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y por donde se colaban más de dos billones de pesos al año, corrupción que fue denunciada por el Gobierno”.   
Cabe resaltar, que algo que va a garantizar la sostenibilidad del sistema con relación al Plan Obligatorio de Salud, es que se definirá claramente qué está por fuera del POS y qué hará parte del mismo.
En efecto, lo más importante de la reforma es lograr reducir las barreras de acceso y garantizar una mayor calidad, oportunidad, integralidad y continuidad de los servicios de salud.
En cuanto a la financiación, todos los prestadores que integran las redes, recibirán un giro directo mensual por un valor fijo y un monto variable atado a la información presentada y al desempeño.
Se hará un pago fijo a los administradores para la prestación completa de la atención a los usuarios en la red básica y garantizar el envío de la información requerida.
Por otro lado, hay que destacar, que el problema de la salud no sólo es en Colombia, sino que otros países como  Estados Unidos, también se han visto en aprietos, pues este tema es el dolor de cabeza de muchas administraciones en la actualidad. Mientras que otros países como Inglaterra se convierten en un ejemplo a seguir para el resto de naciones.
En este contexto, según Villa Lora, “comparando a Colombia con otros países desarrollados, el tema de la Ley 100 fue un modelo copiado de las experiencias chilenas que tenían también los regímenes contributivo y subsidiado y el POS; actualmente Chile se ha transformado, mientras que Colombia apenas busca hacer un revolcón en cuanto a su esquema de salud.
“En cuanto a Inglaterra, el caso británico es muy emblemático, porque en este país el aseguramiento y la prestación del servicio de salud es gratuito y la atención no es por citas, y solamente las personas tienen que esperar 40 minutos y si tienen gastos de transporte el centro de salud te los paga”, dijo Villa Lora.
Lo contrario pasa en Colombia, en donde se tiene unos regímenes con unos paquetes diferentes de servicios, ya que una persona en el régimen subsidiado no puede tener las mismas comodidades y atenciones que si ofrece el contributivo en algunos casos.
En conclusión, Colombia tiene que tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema de salud a nivel financiero para  que los hospitales y las clínicas no quiebren y se preste un buen servicio para todos los usuarios en cualquiera de los dos regímenes que existen.

2.25.2013

Crisis cafetera, bancos cerrados a préstamos y un gobierno indolente


La caficultura, que fue producto de exportación, fuente de divisas y de financiación del presupuesto nacional, ahora es un producto más de exportación, cuya contribución no alcanza para pagar la nómina de la Federación, ni los gastos de las oficinas de promoción creadas cuando el café era el Oro verde. A nadie le importa la quiebra del sector que ayer dio su vida. 
A los cafeteros no les prestan los bancos; por esta razón, si se quiebran los cafeteros, los bancos no se afectan, y el país sin alma de las corporaciones y bancos,  puede seguir funcionando sin que les importe la suerte de unos campesinos quejosos, mendigos y quebrados, aunque siempre han sido solidarios para construir el país que hoy tenemos. 
Para el campo en crisis generalizada, no hay ley de quiebras como sí la hubo para los constructores y la banca en el año 1.999, con medidas de excepción y destinación de recursos con la creación del tres por mil, porque si la banca se quebraba, se acababa el país. Hoy no importa si se mueren de hambre 600.000 familias productoras y dos millones de empleos se pierden, así se vayan de “raspachines” de coca, como cultivo sustituto. Sin representación, porque su gremio se politizó y se convirtió en comisión de aplausos de las medidas gubernamentales; sin líderes, ni dolientes, algunos cafeteros convocan marchas que la gran prensa ahoga en sus rotativas, cámaras y micrófonos, en una política del tapen los problemas para que siga llegando la publicidad oficial. 
El paro nacional cafetero está convocado para este lunes 25 de febrero, ante lo cual se espera que sea aprovechado para crear el foro de discusión que requiere la caficultura, reuniendo a las mejores inteligencias del país y despertando el apoyo gubernamental. A los cafeteros quebrados, el 2013 les trajo revaluación acentuada, precio deprimido, y una sequía que no da tregua; para enfrentar estos males le piden al Corazón de Jesús, con rogativa, para que cese el verano y los Santos les ayuden, hoy no hay cosecha, y ya no se escucha la voz esperanzada del campesino: “Este año fue malo, pero el que viene será el desquite”. Los puntos de reunión están vacíos: en Manizales, Pensilvania, en Viterbo, en Neira, en Pitalito, en Garzón; en Fredonia, Jardín y Bolívar,  todos están sin clientela. 
El Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Genaro Muñoz, dice que apuesta su barba para tratar de reparar su ya averiada imagen en el vaticinio de cifras de producción de café, como si la barba de un dirigente fuera consuelo para la ruina de 600.000 productores; ni siquiera su cabeza, como lo propone el dirigente conservador Omar Yepes Álzate, es suficiente para enmendar el daño que le ha infringido a la caficultura nacional. Muñoz miente sin sonrojarse cuando le declara a la prensa bogotana que tiene el respaldo de 550.000 cafeteros. A otro perro con ese hueso, señor Gerente. Si algún economista quisiera hacer el ejercicio académico de diseñar el peor escenario para la caficultura colombiana en todos los tiempos, bastaría con describir su estado actual. Se ha producido una especie de alineación perversa de los astros en contra de los productores del grano, otrora símbolo nacional.
En esa, que podemos denominar perversa conspiración, se han juntado elementos como una caída cercana al 50% en el precio internacional en dólares durante el último año; la década de revaluación del peso frente al dólar, que les robó otro 30% del precio en pesos; desplome de los volúmenes de producción sin solución a la vista, calculado en casi un 40% de la capacidad productiva nacional (de 13 a 8 millones de sacos año); deterioro estructural de los suelos y aumento desbordado de los costos de producción. 
La situación se ha tornado tan dramática, que muchos productores gastaron más dinero en la sola actividad de recolectar la cosecha de fin del año 2012, que el que recibieron por la venta de su grano. Es decir, perdieron en la cosecha y adicionalmente todo lo invertido en el sostenimiento del cultivo, sin contar la nula rentabilidad del capital invertido. Sin embargo, el obstáculo mayor para la supervivencia de la industria cafetera estriba en la aceptación sumisa por parte de Juan Manuel Santos y sus antecesores del papel de enclave colonial minero – energético asignado a nuestra nación por los magnates de Wall Street y los organismos multilaterales de crédito. Éstos han diseñado e impuesto la inicua división internacional del trabajo hoy vigente. La locomotora minera atropella y pulveriza nuestra agricultura. 

1.28.2013

La triste realidad de las obras en la vía Buga - Buenaventura


El comercio exterior colombiano está concentrado en su mayoría en el modo marítimo; la zona portuaria de Buenaventura el 2011 términó moviendo un volumen de carga de 13 millones de toneladas, que representa el 39% del total del comercio por este modo.
Del volumen de carga de esta zona portuaria, alrededor del 3,2 millones de toneladas que son exportaciones provienen del centro del país, y 9,7 millones de toneladas que corresponde a importaciones, van dirigidas a estas mismas zonas, lo cual indica que por el corredor Buga-Buenaventura se mueven 13 millones de toneladas  en comercio exterior. Este volumen de carga representa diariamente alrededor de 1.400 vehículos, los cuales se mueven necesariamente por esta vía, al ser la única vía de ingreso y salida de carga a Buenaventura, convirtiéndose en el punto de encuentro de los diferentes orígenes y destino de la carga, lo cual lo convierte en el principal corredor de comercio exterior en Colombia.
El corredor Buga – Buenaventura es vital para la competitividad del país, al ser la única opción para llegar finalmente a Buenaventura, no obstante el mejoramiento de la infraestructura vial avanza a un paso muy lento; además existen tramos expuestos a restricciones constantes de movilización de carga por la vulnerabilidad de la vía ante amenazas naturales como derrumbes y deslizamientos, que empeoran con el invierno. Adicional a esto, el transporte férreo a la fecha no representa una opción competitiva para la movilización de carga a Buenaventura.
En lo que respecta a los avances de las obras de la doble calzada Buga - Buenaventura, se precisa que la primera etapa del proyecto, que consistía en la rehabilitación de 118 kilómetros  de la vía existente en los tramos Buenaventura – Media Canoa - Loboguerrero, y la construcción de 120 kilómetros de nueva calzada entre El Pailón y Loboguerrero, a la fecha no se ha concluido y está pendiente la estructuración y adjudicación de la Doble calzada Buga Mediacanoa, y la segunda Calzada Citronela – Buenaventura.
Desde el año 2011 y en lo corrido del año 2012, el tránsito por la vía Buga-Buenaventura se hizo a paso restringido o a un (1) solo carril, por la misma construcción de la doble calzada y por el mantenimiento de la calzada existente; de igual manera se presentaron problemas de derrumbes y el mal estado de la vía, lo cual significó que el recorrido en condiciones normales podría durar 4 horas, por esta situación ha tomado hasta 18 horas, con efectos negativos en los costos del transporte.
A esto se le suma el estado regular de la actual vía Alterna -Interna de Buenaventura, que perjudica la logística de operación en los accesos a los diferentes terminales.
En general, no se tiene un panorama claro de la fecha de terminación de estas obras, por lo cual la Andi ha gestionado ante el Gobierno Nacional en conjunto con las autoridades locales, se genere un “plan de choque” en el corto plazo, que permita mejorar la fluidez del trafico, mientras se tenga la solución definitiva como se definió en los acuerdos de Prosperidad realizados en Cartago y Buenaventura.
“Es lamentable el estado de la carretera Cabal Pombo, no se justifica la situación de esta vía fundamental para el comercio internacional colombiano, mientras muy poco se avanza en la terminación de la doble calzada Buga-Buenaventura”, dijo Pedro Antonio Aguilar, Presidente nacional de la ACC.
Ante un inminente paro del sector transportador de carga, la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, llamó a directivos de Invias y funcionarios del Ministerio de Transporte, a inspeccionar el estado de las vías. Además del estado de la Cabal Pombo y de las obras retazadas de la doble calzada, la ACC cuestiona el mal estado de la vía alterna interna que da acceso al Puerto de Buenaventura. “Esa vía como que no tiene dolientes, ni la Nación ni el municipio”, precisó Juan Carlos Ramírez, Coordinador local del gremio, quien también se manifestó frente al tema de inseguridad en la vía especialmente en el sector de Zaragoza, donde varios camioneros han sido atracados.