El documento histórico más importante de las últimas décadas declaró que Colombia sería un Estado Social de Derecho. La Constitución Política de 1991, documento que consagra todos los derechos y deberes de los colombianos muestra una carta política de corte humanista y social, pero basada en un modelo económico neoliberal. La verdadera realidad Constitucional, es que no hay un verdadero Estado Social de Derecho, hay un enorme abismo tan grande como el cañón de Chicamocha, entre los postulados que la conforman y la realidad que hoy vive nuestro país. Una cosa es la actual Constitución y otra muy diferente es la realidad nacional que pisotea todos nuestros derechos en ella consagrados; vamos a tomar como ejemplo algunos de los derechos que el actual Estado colombiano no ha podido garantizar a sus ciudadanos en 20 años.
El derecho principal de todo ser humano es el derecho a la vida, teniendo en cuenta que dentro de los fines esenciales que debe cumplir el Estado, aparece la protección efectiva de los derechos humanos y la creación de condiciones mínimas de convivencia entre nosotros los colombianos. El Estado no garantiza el derecho a la salud, pues para obligarlo a que realice una operación a un paciente, primero hay que incoar infinidad de derechos de petición, tutelas e incidentes de desacato a las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S); es decir, la única operación que se practica en el país después de estos engorrosos y acostumbrados trámites, es la necropsia. El derecho a la educación menos, pues es cada vez menor el número de colombianos que tienen acceso a la educación primaria, secundaria y ni hablar de la universitaria, la cual es un lucrativo negocio que está en manos de las instituciones privadas y no del Estado.
El Estado no garantiza el derecho a tener un salario mínimo legal justo, pues nos enseñaron magistralmente a sobrevivir, no sé cómo, mensualmente con $589.500 y cuando se insinúan anualmente reajustes salariales a favor de los trabajadores, se indignan los grupos económicos.
Artículos de nuestra Constitución Política, como el Art. 15, consagraron el derecho a la intimidad de las personas y el respeto por parte del Estado a su intimidad personal y familiar; y si vemos, esto sólo es una fantasía exegética, pues los organismos de vigilancia y de seguridad del Estado cada vez más se ven envueltos en escándalos de infiltraciones e interceptaciones ilegales a políticos de la oposición, líderes sindicales, periodistas y hasta magistrados de las altas cortes colombianas, cuando paralelamente este Estado social de Derecho prevé y anuncia a cuatro vientos que la correspondencia y demás medios de comunicación privada son inviolables y que sólo pueden ser interceptados o registrados en casos muy particulares y mediante una orden judicial que debe ser emitida por un juez de la República, sin mencionar el articulo 20 donde quedó plasmado que el Estado garantizaría a todas las personas de este colorido y folclórico país, su libertad de difundir sus pensamientos fueran los que fueran, opiniones y la de recibir informaciones y noticias veraces e imparciales, donde ellos mismos pueden fundar medios masivos de comunicación donde estos serían libres y con responsabilidad social, sin censura al mejor estilo de Tomás Moro y su utópico país.
Es contradictorio y paradójico lo arriba mencionado, si tenemos en cuenta episodios como el de la periodista, politóloga e investigadora Claudia López, quien fue destituida del diario de mayor circulación del país, el Tiempo, al dar y expresar sus opiniones sobre la manera sesgada como este medio cubrió el escándalo de Agro Ingreso Seguro, dejando en evidencia sus intereses comerciales en la adjudicación del tercer canal de nuestra novelesca, aburrida y cada vez más “social” televisión y los intereses políticos del diario respecto a su socio en campaña, el por esos días candidato y hoy presidente, Juan Manuel Santos.
La misma periodista que en su columna denunció los vínculos del ex presidente Samper con el narcotráfico y los dineros que financiaron su campaña política, fue llevada hasta juicio por los delitos de injuria y calumnia, donde afortunadamente salió absuelta y prevaleció el derecho de libertad de opinión sobre el de la honra del ex mandatario.
Asombrosamente, hoy después de veinte años de vigencia de nuestra Carta Magna, seguimos inmersos aún dentro de la cultura formalista de la Constitución de 1886, que desconocía los derechos sociales. En conclusión, Colombia no es, ni nunca hemos sido un Estado social de Derecho, no hay democracia participativa en Colombia, no son autónomos nuestros entes territoriales y deja mucho qué pensar cuando se dice que fuimos fundados en el respeto de la dignidad humana, el trabajo, en la solidaridad de las personas y mucho menos en la prevalencia del interés general.
