9.26.2016

Subsidios de vivienda que los colombianos no están aprovechando

La demanda no ha sido alta y aún quedan muchos de estos beneficios ofrecidos por el Gobierno.
En todas las opciones de auxilio quedan cupos, la idea es que los colombianos puedan aplicar y se beneficien para la compra de vivienda.
Uno de los subsidios es el de “Mi casa ya ahorradores”, que tiene cupo de 71.000 subsidios y entrega vivienda de hasta 48 millones de pesos. Según Portafolio, este es el programa que más adelantado está.
Otra opción es “Mi casa subsidio a la tasa” que cuenta todavía con 80 mil cupos disponibles y está diseñado para familias que quieran  adquirir vivienda nueva de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS).
“El hogar recibirá un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario de 5 puntos si la vivienda no supera los 70 SMLM ($48.261.850) y de 4 puntos si la vivienda no supera los 135 SMLM ($93.076.425)”, explica el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, este subsidio a la tasa también puede ser utilizado para la adquisición de viviendas nuevas urbanas con precio mayor a 135 salarios mínimos ($93.076.425) y menor o igual a 335 salarios mínimos ($230.967.425). Este subsidio tiene 40.000 cupos sin utilizar y será aplicable a viviendas en todo el territorio nacional.
El último es el de “Mi casa ya cuota inicial”, que tiene disponibles 100.000 subsidios. Según ese mismo diario económico, este programa fue modificado y ahora fue extendido para personas que ganen menos de 2 salarios mínimos.
“El Gobierno les subsidiará la cuota inicial de su vivienda, con valor superior a 70 SMLMV ($48.261.850) e inferior o igual a 135 SMLMV ($93.076.425), y subsidiará además la tasa de interés del crédito hipotecario de 4 puntos. La tasa de interés bajaría del 12,5% al 8,5%”, agregó el Minvivienda. 

9.19.2016

No habrá más aspersión aérea de cultivos ilícitos en Colombia

El Mandatario Juan Manuel Santos Calderon, intervino en el Gran Foro de la Biodiversidad, efectuado en el Hotel JW Marriott, en el que participaron también el Director del diario El Espectador, Fidel Cano; el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; la Directora de Colciencias, Yaneth Giha; académicos y expertos.
“El Gobierno no va a volver a asperjar. Eso que quede claro”, expresó el Presidente y explicó que para tomar esa decisión se tuvieron en cuenta estudios sobre el impacto en la salud pública y sobre la inefectividad de ese método contra las siembras ilegales y la economía del narcotráfico.
“Llevamos treinta o cuarenta años en la vanguardia de la guerra mundial contra las drogas”, dijo el Presidente al tratar el tema de la paz y el ambiente, y recordó que “Colombia ha sido el país que más sacrificios ha hecho de todo el planeta”.
“Y hemos combatido toda la cadena, pero los cultivos de coca durante todos estos treinta años, por todos los medios posibles, y no hemos logrado dejar de ser el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales en ningún año”, precisó.
Agregó que Colombia era el único país del mundo que fumigaba cultivos ilícitos de coca o amapola, mecanismo que además ocasionó problemas con los países vecinos, en tanto que el conflicto no permitía una solución estructural.
“Ahora, con el fin del conflicto, por primera vez vamos a tener la oportunidad de una solución estructural”, anotó el Presidente de la República.
En el mismo evento, manifestó que así como los colombianos están solucionando sus diferencias y poniendo fin al conflicto, se deben reconciliar con el medio ambiente y recordó que el país es uno de los más biodiversos del mundo.
El Jefe de Estado señaló que “la guerra lo frena todo. La guerra nos había puesto una especie de anteojeras –como las que les ponen a los caballos– que no nos dejaban ver a nuestro alrededor, ni apreciar esa riqueza inmensa que tenemos”. “A veces parece que se nos olvidara que somos el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado”, declaró.
Advirtió que “el fin del conflicto implica la posibilidad de consolidar una nueva economía en la que, además de sacar un mayor –y mejor– provecho de nuestros recursos, reivindiquemos nuestro medio ambiente”. “Porque, así como nos estamos reconciliando entre colombianos, y hasta ahora estamos aprendiendo a reconciliarnos, también debemos abrazar a nuestro medio ambiente, a nuestros recursos naturales”, sostuvo el Presidente.
Para el presidente, con el fin del conflicto se podrá proteger más los bosques y la selva, y combatir mejor fenómenos como los cultivos ilícitos y la minería ilegal, que son dos de los mayores factores de deforestación.
Se refirió además al rezago en la información sobre la biodiversidad, ya que “solo existe documentación adecuada sobre el 50 por ciento de nuestro territorio”.
Y consideró que “la paz y el posconflicto son una oportunidad de oro” para ponerla al día.
Explicó el Proyecto Colombia Bio, de Colciencias, que tiene cuatro pilares: el primero de ellos  la Expedición Bio, que contempla en total 20 expediciones biológicas, diez de ellas en zonas del país a las que no se había podido entrar debido al conflicto. También la investigación y el desarrollo Bio, y los productos Bio. Y todo ello con el fin de convertir a Colombia en una Bioeconomía. El gobernante resaltó las grandes oportunidades que se abren para Colombia y explicó que “el fin del conflicto implica la posibilidad de consolidar una nueva economía con mayor provecho de nuestros recursos y reivindicar nuestro medio ambiente”.

9.12.2016

La búsqueda de la paz en Colombia nos compete a todos

La violencia en Colombia ha adquirido tal preeminencia, que se ha convertido en una estructura de comportamiento y en una estrategia de socialización. Vivimos una cultura de la desconfianza que, junto con la guerrilla y otros factores, ponen en peligro la construcción democrática de la nación. Frente a ello, una pedagogía de la convivencia, una insurgencia desarmada, la ternura, el cultivo de la singularidad y el respeto por la diferencia pueden ser los caminos para afirmar la civilidad, construir la paz y afianzar la democracia.
La violencia aparece como una estrategia de socialización que busca modificar comportamientos por el terror, a la vez que se propone el aplastamiento de la singularidad y la eliminación de la diferencia. Al bloquear las reacciones espontáneas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales y limitar las actitudes de afianzamiento y apropiación de nuestra propuesta vital, la violencia actúa como dispositivo generador de sufrimiento e impotencia. Fenómenos como la impunidad, la desaparición forzada, el desplazamiento y la inseguridad, derivados de una violencia creciente y una guerra irregular, se convierten en causa de sufrimiento psicológico y social, generando un sentimiento creciente de impotencia y agresión contenida que afecta de manera negativa a los procesos de participación ciudadana y afianzamiento democrático.
La violencia es efectiva en tanto nos roba la alegría, la confianza en nuestras creencias y valores, en la posibilidad de una cultura democrática. De manera inmediata, lo que busca la acción violenta es restar fuerza a la víctima para obtener una ventaja política, un dominio en el campo del poder, un apocamiento de la capacidad del ciudadano para reaccionar frente a la arbitrariedad y la muerte. Más allá de las justificaciones que puedan tenerse para ejercerla, la violencia actúa a nivel interpersonal como mecanismo perpetuador del sufrimiento y a nivel económico y social como legitimadora del negocio de la guerra. El impacto que genera la violencia conmociona de manera simultánea la capacidad de individuos y grupos para alcanzar el bienestar psicológico y su capacidad política para afirmarse en un proyecto democrático de construcción de ciudadanía. Desbloquear este sufrimiento y reaccionar contra el poder cotidiano de la violencia se convierten con frecuencia en un círculo vicioso, pues no parece existir alternativa diferente a exhibir comportamientos guerreros, generando ante las fuerzas que nos apabullan aparatos de muerte que perpetúan las cadenas del maltrato, la sumisión y la impotencia. Asaltados por un ímpetu vengador, pretendemos resarcirnos de la ofensa levantando en alto la bandera de la dignidad, para que el ofensor pase a ocupar el lugar del ofendido. Establécese así un equilibrio precario que paga el precio de producir nuevas ofensas y humillaciones, nuevas formas de perpetuar la cadena de violencia.

Cultura de la desconfianza
Parece existir en Colombia una larga tradición de solucionar nuestros conflictos recurriendo a las armas, una dificultad para abordar nuestros problemas sin pasar por la eliminación del adversario. Aún hoy, una persona armada goza de más prestigio que un ciudadano desarmado. Hasta hace pocos años, los partidos históricos -Liberal y Conservador- alimentaban ese ímpetu guerrero, pues se consideraba un asunto relacionado con la sangre y la familia defender la permanencia de uno de ellos en el poder. Curiosamente, desde el momento en que estos partidos pactaron la convivencia, han sido otros colombianos los que se han armado para oponerles resistencia.
Aún hoy, ante el estallido de cualquier crisis vecinal o la confrontación de estructuras de poder grandes o pequeñas, los colombianos seguimos dando primacía a las salidas armadas. Somos un país que durante décadas ha concedido un estatuto honroso al insurgente, imagen heredera de las innumerables guerras civiles que desde su nacimiento desangran a la nacionalidad. Cualquier conflicto veredal, una primera comunión o la celebración de un triunfo deportivo, pueden culminar con un saldo alarmante de heridos y muertos.
Estar dispuestos a matar, a imponer sobre el cuerpo del otro nuestra voluntad hasta convertirlo en cosa o cadáver, es un comportamiento que sigue siendo bien visto por una cultura machista y guerrera. Estar armado y dispuesto a responder a los demás con una amenaza de muerte es un acto que puede generar en nuestro país admiración y respeto. La música popular y la conversación cotidiana están plagadas de expresiones que lo confirman. “el revólver no se debe sacar sin necesidad, pero tampoco se debe guardar sin honor”, es un dicho santandereano que condensa el respeto que mantenemos por la precisión del arma, de la que esperamos sea certera al memento de defender nuestra imagen pública y dejar en alto nuestro orgullo. Existe incluso el verbo “manotear”, que se conjuga a diario para dar a entender la disposición a responder con agresión abierta en combate planteado. Las bandas juveniles o los grupos al margen de la ley tienen este comportamiento en alta estima, con lo cual se refuerza una identidad social construida frente a la posibilidad del asesinato.
El ciudadano corriente, que guarde en su casa un arma para usarla en “situaciones de emergencia”, o incluso aquellos que no hagan nunca uso de procedimientos violentos para eliminar al adversario, pueden justificar en un momento dado la matanza de indeseables como “basuqueros” o “desechables”. En algunas ciudades colombianas ha hecho carrera el término “fumigación”, para referirse a estas acciones de limpieza social que pueden ser miradas con alguna complacencia por vecinos atemorizados. Son muchos los que siguen creyendo que lo que hace falta en el país es “mano dura” para imponer el orden sobre unos cuantos desviados y facinerosos, mitificando con ello el poder sanador de la violencia estatal justiciera.
En tanto metodología para la resolución no violenta de los conflictos, la paz no es sólo potestad del ejecutivo, sino competencia de todos los ciudadanos. Conseguir la paz va mucho más allá de negociar con actores armados. Es, ante todo, conquistar un marco social, político y jurídico, donde puedan encontrar expresión y resolución los diferentes conflictos que nos desangran. En tanto expresión cimera de la civilidad, la paz es una construcción histórica que no puede negar la actualidad de la guerra, ni la necesidad de ir arrebatando paso a paso espacios sociales a la intimidación y la violencia. La paz es la manera de asumir el conflicto dentro de un estado social de derecho en permanente construcción. Pensada como fuerza que incluso legitima formas de movilización como la desobediencia civil y la insurgencia ciudadana, la paz se fija como marco de actuación en un estado social de derecho que permita la expresión de las fuerzas en conflicto sin que su choque derive en la acción armada.
Afirmar hoy en Colombia el derecho a la paz es comprometerse con un acto libertario y democrático, un ejercicio de fuerza ciudadana que busca hacer del poder un mecanismo para la convocatoria permanente a la participación política, a fin de avanzar en la construcción colectiva de un nuevo país. Afirmar en Colombia el derecho a la paz es deslegitimar a quienes irrespetan la vida para afianzar sus proyectos de dominio de intolerancia. Es negarse a que personas armadas asuman la vocería de quienes se mantienen fieles al principio de “no matarás”.
Buscar la paz hoy en Colombia es declararse en contra del miedo y la intimidación como forma de oponernos a una cierta idea de nación. Es optar por la construcción de un país plural con proyectos de vida que crecen en medio del fuego cruzado y el peligro de las balas. Es sentirse orgulloso de ser un ciudadano desarmado que hace de su fragilidad el más alto símbolo de la democracia.

9.05.2016

Usted tiene derecho a que le lleven los medicamentos a la casa

Cada día se comprueba más que en Colombia aunque haya normas claras para ser cumplidas, quienes deben hacerlas realidad finalmente son los que deciden si las cumplen o no, y quienes deben vigilar que las cumplan, poco o nada hacen al respecto. Basta no más citar un ejemplo puntual del sector salud, ¿cuál es el cumplimiento de una medida que está vigente desde el año 2013 para que el usuario del sistema de salud reciba sus medicamentos en su lugar de residencia o en su lugar de trabajo si así lo autoriza, cuando la EPS a la que está afiliado no le hace entrega completa en primera instancia de todos los medicamentos que el médico le formuló?
La norma que justamente establece esa obligación de las EPS para con sus afiliados, es la Resolución 1604 que fue expedida el 17 de mayo del año 2013. Inclusive, la Resolución 1604 define un lapso de tiempo no mayor a 48 horas después de la primera reclamación de los medicamentos, para que una EPS entregue los medicamentos que quedaran sin entregar y se los lleven a su lugar de residencia o a su lugar de trabajo, si así lo autoriza el usuario.
A pesar que esta Resolución ya tiene más de tres años de estar vigente, a pesar que el contenido de la misma es tan claro y explícito y que es de obligatorio cumplimiento lo que allí se establece por parte de las EPS, la realidad muestra que en Colombia esa norma no la están observando ni respetando estas aseguradoras de salud, irrespetando de paso a los usuarios del sistema de salud.  Es más, en este momento este tipo de información no la conoce ni maneja la mayoría de los pacientes y, por tal razón, ellos o sus cuidadores no exigen que se les cumpla lo que es un derecho para ellos. Lo peor es que ante tal desconocimiento, deben esperar más días para volver a hacer las interminables filas en los dispensarios contratados por las EPS, para reclamar los medicamentos que no les fueron entregadas en primera instancia.
Como se sabe, la gran mayoría de EPS generan las autorizaciones de los medicamentos para ser reclamados en dispensarios que pertenecen a distribuidoras de medicamentos que han sido contratadas para tal efecto. En algunas zonas del país son pocos los dispensarios habilitados por algunas EPS frente al gran número de afiliados, lo que implica una sobrecongestión de usuarios en esos locales bastante pequeños, incómoda circunstancia que significa que en ocasiones es demasiado el tiempo que los usuarios deben esperar, constituyéndose ya este hecho en una importante barrera de acceso a los medicamentos. Al final, cuando los usuarios logran llegar a la ventanilla del despachador del medicamento, entonces está la gran posibilidad que no todos los medicamentos formulados estén disponibles para la entrega, generándose los tristemente célebres “pendientes”.
Es justo en ese momento cuando debe aplicarse lo establecido en la Resolución 1604 de 2013. Cumpliendo con los requisitos informativos y de autorización que la norma define, la EPS o cualquiera de las empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB) y demás instituciones del sistema general de seguridad social en salud pertenecientes a regímenes exceptuados, debe cumplir con el proceso que en teoría culmina con la entrega en la residencia o el trabajo del paciente en un lapso no mayor de 48 horas de esos medicamentos “pendientes” que no fueron entregados en la primera reclamación realizada por el usuario en el dispensario. Si bien no es nueva esta medida, resulta necesario entonces que los usuarios del sistema de salud cuanto antes conozcan el texto y el alcance de la Resolución 1604 de 2013, para que se pueda exigir su aplicación y no continúen padeciendo el calvario que hoy sufren cuando desean reclamar los medicamentos que les son formulados, y finalmente no se los entregan en la primera reclamación en los dispensarios de las EPS. 
Así las cosas, mientras en el sector salud no se genere el cumplimiento de las normas que se expidan, ni se vigile adecuadamente dicho cumplimiento por parte las autoridades competentes  como tampoco sean sancionados los infractores, cada medida que se expida seguirá contribuyendo a la ya crónica “obesidad normativa” en Colombia, con poco o ningún efecto positivo en la ciudadanía que merece el respeto de sus derechos.