9.29.2014

Se disparan cifras de embarazos a temprana edad en Colombia

Durante la apertura de la “Semana Andina para la Prevención del Embarazo Adolescente”, la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Cristina Plazas Michelsen, reiteró la importancia de abordar la prevención del embarazo adolescente como una política de Estado que convoque la acción interinstitucional, así como la participación activa de la sociedad y la familia.
Al advertir que las cifras de madres menores de 19 años son preocupantes, indicó que el ICBF implementará una línea de trabajo específica que dirigirá toda su acción a esta problemática. “Vamos a fortalecer el trabajo interinstitucional en la reducción de los factores familiares, sociales y culturales que influyen en el embarazo adolescente y que dificultan la construcción de proyectos de vida sólidos para nuestros niños, niñas y adolescentes. Hablamos de una realidad que limita sus posibilidades de tener una educación oportuna y reduce las opciones para el adecuado ingreso al mercado laboral”, señaló.
Las medidas que anunció la directora del ICBF se sustentan en las alarmantes cifras de embarazo adolescente que brindó este mismo organismo. “Desde el año 2008 hasta el 2013 han nacido cada año, en promedio, 159.656 niñas y niños de madres entre 10 y 19 años”.
El Observatorio del Bienestar de la Niñez del ICBF también advirtió que “de este total, alrededor del 4% eran madres entre 10 y 14 años de edad”. Sin embargo, indicó que “el número de nacimientos de madres menores de 19 años registró una reducción del 8,2% entre el año 2008 y el 2013. Sólo durante el 2013, nacieron 153.711 niños y niñas de madres entre los 10 y 19 años”.
Según la directora del ICBF, se han identificado, a través de una consulta abierta con 50.000 jóvenes del país con edad entre 12 y 18 años, que son variadas las causas por las que no hay una reducción considerable de los embarazos adolescentes. “Hemos identificado que a nuestros jóvenes no les gusta usar los métodos de planificación, especialmente el condón, lo que pasa a ser factor relevante para fortalecer las campañas de prevención. Igualmente encontramos que la pareja ha sido el factor que más influye en el inicio temprano de las relaciones sexuales en gran parte de las niñas consultadas”, manifestó.
Pese a que en Colombia la tasa del embarazo en adolescentes es del 19.5%, es decir, que una de cada cinco adolescentes entre los 15 y los 19 años es madre o está embarazada, hay zonas del país donde las cifras son considerablemente mayores, por ejemplo, en el Cesar, Casanare, Guaviare, Huila y Magdalena.
Ante ello, Plazas precisó que el ICBF adelantará acciones especiales y dedicadas en estas zonas, pues el incremento de embarazos adolescentes está relacionado a altos índices de explotación sexual. “No vamos a permitir que nuestros niños y niñas sigan siendo abusados, porque adicional al delito del que son víctimas, se ven expuestos a embarazos no deseados”, recalcó al explicar que es fundamental presentarles a los jóvenes herramientas necesarias que les permitan tomar decisiones responsables para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

9.22.2014

Una advertencia a los abogados tramposos

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura parece empeñada en mejorar su imagen, menoscabada por cuenta de la controversia por un supuesto carrusel de pensiones al interior de esta entidad y por los señalamientos que llevaron a la salida, el año pasado, del magistrado Henry Villarraga, por cuenta de supuestos ofrecimientos al coronel (r) Robinson González del Río, investigado por su presunta participación en varios falsos positivos en Caldas. Una cruzada en momentos en los que precisamente se discute sobre la posibilidad de eliminar la Sala Disciplinaria en virtud de una posible reforma a la justicia o, incluso, por cuenta de una reforma al Estado.
En virtud de esta campaña, esa entidad acaba de emitir un fallo en el que les hace un fuerte llamado de atención a los abogados tramposos. En su sentencia, el alto tribunal sostiene que “en este orden de ideas está fuera de discusión que los abogados que hacen de la trampa y el fraude instrumentos de acción profesional, deben ser sancionados sin vacilaciones cuando sean sorprendidos propiciando maniobras que tengan como fin la verdad en los procesos para engañar a los jueces y con ellos la justicia”.
Y recuerda que el “abogado, en especial, cumple una función social consistente en colaborar con las actividades que realizan una recta y cumplida justicia” y que por ello “todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con las funciones propias de la administración de justicia, en especial los que ofician como abogados litigantes y jueces, deben ser individuos de sanas convicciones éticas que entiendan cabalmente cuales son los fines primordiales de la justicia”.
En el fallo, del magistrado ponente Angelino Lizcano, se indica con vehemencia que “pocas actividades tienen en la sociedad tanta trascendencia como la que reviste la tarea de administrar justicia, siendo factor de estabilidad social y de decantación de principios morales de la mayor significación” como una exhortación a que los abogados no incurran en trampas ni artimañas similares.
Así lo hace, precisamente, en un fallo en el que excluyó de la profesión a una abogada, Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, que estafó a un hombre con la promesa de que le iba a ayudar a comprar un carro. El hombre alcanzó a entregarle unos $11 millones hasta que descubrió la estafa. Posteriormente, la abogada devolvió parte del dinero; no obstante, el daño ya estaba hecho. La mujer fue sancionada el 16 de septiembre de 2013 por el Consejo Seccional de la Judicatura.
Esa entidad sostuvo, entre otras, que la conducta de la abogada “fue dolosa por cuanto los abogados (as) debían de tener una conducta cristalina, diáfana o clara frente a sus responsabilidades y deberes, y por lo tanto, en el caso bajo estudio lo único que se encontraba era como se tramó todo un engaño e intervino en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, los del quejoso, para hacerse a una suma de dinero sin tener realmente ningún vehículo para entregar ni por remate o comodato como quedó visto”.
El caso llegó al Consejo Superior donde el fallo del Seccional fue confirmado. Para este alto tribunal fue evidente que Valdelamar Fonseca, efectivamente, “procedió en forma desleal con su poderdante y su actuación denota una maniobra fraudulenta desplegada en contubernio con la Aixa Valdelamar, quien para el quejoso Jaime Valdés Gómez, se presentó como hermana de la togada”.
Y aprovechó la oportunidad para recordarles a los abogados que es su deber “el colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia, en todas sus relaciones profesionales; es más, les impone la obligación de actuar con extrema honestidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas como profesionales, pues son los abogados, como máximos defensores de la justicia y del ordenamiento jurídico, los llamados a llevar como estandarte de suprema máxima de su conducta, la honestidad; pues sólo con ella fortalece la credibilidad que ha depositado en él de manera general la sociedad”. Un llamado pertinente para esta patria de abogados, como la describió Simón Bolívar y lo reiteran los casi 270 mil profesionales del derecho que hay en Colombia, algunos de ellos, no obstante, no tan derechos.

9.15.2014

Cojea el Plan Obligatorio de Salud con las carencias en la red de hospitales

Que las EPS funcionen como bancos y la falta de dientes de la Supersalud, son las principales causas de que los usuarios tengan que acceder a los servicios a través de tutelas, según afirman los ciudadanos. Siete de cada 10 servicios que se tutelaron el año pasado, según la Defensoría del Pueblo, eran del POS. Aunque el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, discrepó de la metodología que la Defensoría usó para clasificar las acciones judiciales, las cifras indican que la “tutelitis” se mantiene: 115 mil tutelas en el 2013 (800 más que en el 2012).
Los tratamientos integrales de cáncer, el oxígeno, la insulina y las cirugías bariátricas son los servicios que más reclamaron los colombianos ante los jueces, pese a que están cubiertos por ley.
Una mujer de 62 años, por ejemplo, sólo le autorizó la radioterapia para cáncer de seno cuando puso tutela. Su hija Ivonne Hernández contó por qué la EPS le negaba el servicio: “Primero porque el caso debía pasar por comité, pues era algo de alto costo. En esos días pasó a ser del POS, entonces que mientras se transfería el proceso al otro se demoraba, y luego tenían que conseguir las instituciones que prestaran el servicio”.
Falta planeación. “Hay un aumento en los servicios cubiertos en el POS, pero ese aumento no está acompañado de un crecimiento de la red de prestación y de los profesionales necesarios para garantizar esos servicios”, explicó Óscar Bernal, coordinador de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes. El investigador indicó que en países como Brasil, Costa Rica e India también han crecido las acciones judiciales que reclaman servicios de salud, aunque Colombia lidera el ranking como el país con la mayor tasa de tutelas por habitante.
El Ministro de Salud admitió las limitaciones de la red de hospitales y clínicas, pero negó que falte planeación: “la construcción de capacidades y la formación de talento va a tomar más tiempo”. Aseguró que sólo se interpone 1 tutela por cada 1.000 servicios prestados y llamó la atención por algunos servicios solicitados como transporte, servicios públicos, tratamientos dentales y pañales.
La falta de dientes para que la Supersalud defienda más al usuario es otra causa para que la tutela sea considerada la única tabla de salvación. El superintendente, Gustavo Morales, afirmó que a la semana emiten al menos 100 fallos sancionatorios y de intervención a las EPS, aunque admitió que requieren más leyes que les permita centrarse en los ciudadanos.
EPS funcionan como bancos. Gustavo Campillo, vocero de Pacientes Colombia, puso el dedo en la llaga del dinero: “una prescripción médica es un cheque contra el sistema de salud. Entre menos plata circule, mejor; entre más plata se pueda guardar, mejor. Eso conlleva a que el usuario se encuentre con todas las barreras del servicio, porque la intención no sólo es negar, también es no ofrecer el servicio”.
Por eso quienes cuestionan la intermediación financiera de las EPS las tildan de operar como bancos.
Jaime Arias, presidente de Acemi, que agremia a las EPS, sostuvo que su prioridad son los pacientes, “pero también tienen la obligación de cuidar los escasos recursos, además de cumplir las normas. Las EPS miran el POS, lo examinan y muchas veces tienen que decir ‘no’, es que no todo está incluido”. Expuso que mientras el plan de beneficios incluye 8 mil tecnologías, en el mercado hay 16 mil disponibles. Incluso hay médicos que recomiendan la tutela, como lo admitió Germán Fernández, directivo de la Federación Médica Colombiana: “El médico cuando va a formular un medicamento que lo puede requerir el paciente y sabe que no se lo van a entregar, entonces le dice que lo obtiene si acude a la vía de tutela”. El galeno recordó que la carencia de algunos servicios se debe, precisamente, a que los centros asistenciales han tenido que cerrarlos porque las EPS no les pagan: “Según la Asociación de Hospitales y Clínicas, les deben $12,5 billones a 4 mil IPS –Institución Prestadora del Servicio, en el país”. Por algo será que a la Supersalud llegaron el año pasado 211 mil quejas por negación de servicio, todos coinciden en que el sistema de salud requiere cambios de fondo e inmediatos. Según la Supersalud, Caprecom es la EPS del Régimen Subsidiado con más quejas por cada 10 mil habitantes, y Golden Group es por la que más reclaman en el Régimen Contributivo.

9.08.2014

Invima pone en aprietos la industria de medicina natural

La agremiación de la industria de productos naturales está preocupada porque las ventas en la industria se podrían ver reducidas en cerca de un 93%, luego de que el Invima impusiera la expedición de una fórmula médica para el suministro de aproximadamente 30 productos naturistas, entre los que están Valeriana, Passiflora, Guayaba, Frijol, Swa Palmeto, Harpagophitum, Grinkgo Biloba, Echinacea y Glucosamina.
Para Bibiana Bueno, Directora de la Federación Naturista Colombiana Fenat, la industria ha sido víctima de las medidas desiguales y parcializadas que el Estado les ha impuesto en comparación con la industria farmacéutica de síntesis química. Señaló que el cambio en las condiciones de venta y suministro de los medicamentos naturales los ponen en desventaja y les afectan, no sólo las ventas, sino la competitividad.
Añadió que la imposición de la fórmula médica está destinada a los productos de mayor alcance para la industria, por lo que aseguró que al perjudicar sus productos “top” están afectando a la industria en general.
“La valeriana que tiene más de mil millones de pesos mensuales en ventas, con este cambio nos veremos perjudicados en la reducción del 93% de las ventas. Si se compara con el resto de los productos en los que cada uno tiene este monto, esto se puede llevar al total de la industria”, explicó Bueno, considerando que tendrán que retirar productos de sus portafolios.
Además de la expedición de la fórmula médica, el Invima además ha planteado nuevas exigencias en el etiquetado, en el que exigen que deba aparecer una amplia información sobre las contraindicaciones de los productos y otras características. Según Bueno, esto complica el empacado de los productos y se hace casi que imposible leer para los consumidores, por lo que aseguró es una medida que busca obstaculizar la comercialización aún sin tener una motivación técnica o científica de la medida.
Bueno explicó que el cambio de condiciones afecta a la industria, considerando que para su suministro habrá necesariamente qué consultar un médico especializado que recete estos productos y que la medicina tradicional no los formula. Por otro lado, señaló que queda en absoluta desigualdad esta industria porque no los pueden promocionar por medios masivos de comunicación y tampoco están incluidos en el POS.
En cuanto al sector, esta industria de productos naturales produce 50 mil empleos directos y cerca de 200 mil indirectos. 
En Colombia hay cerca de 37 laboratorios que se dedican a la producción naturista, quienes aprovechan la biodiversidad propia del país que produce más de cinco mil plantas nativas, de las que 135 han sido aceptadas por el Invima para uso medicinal. No obstante, Bueno señaló que no todas se pueden cultivar en Colombia, lo que obliga comprar la materia prima por fuera. Destacó que a pesar de que los productos naturistas son apetecidos en el exterior, la industria no cuenta con las condiciones de ventas y evaluaciones exigidas para llegar al extranjero.
“Hay que considerar que estas medidas afectarán desde el campesino que las cultiva hasta el fabricante que tiene que hacer inversiones de más de $3 mil millones para ser certificado por área y no por laboratorio”, dijo Bueno, refiriéndose a que los fabricantes de estos productos deben adquirir certificados por cada una de las categorías.

9.01.2014

Las bacrim, las más violadoras de los derechos humanos

Las bandas criminales son las principales violadoras de los Derechos Humanos en Colombia, según reveló este lunes el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
El funcionario presentó el mapa nacional sobre riesgos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno y aseguró que durante el último año se han presentado 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento que abarcan 109 municipios de 28 departamentos del país.
El caso de Antioquia es el más preocupante, pues este departamento ocupa el primer lugar del ranking con seis informes de violaciones de Derechos Humanos presentados por la Defensoría. Le siguen Chocó, Casanare, Caldas y Bogotá, con tres informes cada uno, y Risaralda y Nariño, con dos informes en el último año.
Según Otálora, los grupos armados ilegales denominados bandas criminales (bacrim) representan el 76 % de todos los informes de riesgo y amenazas a la población, seguido por las Farc.
“Las bandas criminales no están aumentando, sino incrementando su accionar criminal, porque han generado más presencia en otros sectores que antes no se habían registrado en el mapa político del país”, dijo Otálora. “Se han venido enquistando en algunos sectores con amenazas a los defensores de derechos humanos, incluso ya las han extendido contra los educadores”, añadió.
“Antioquia se destaca porque, como se sabe, es uno de los departamentos donde más han tenido desarrollo las bandas criminales y donde se gestaron estos grupos armados ilegales, que son los que producen el mayor número de amenazas contra la población civil”, recalcó.
Los derechos han estado amenazados por conductas delictivas como el uso de minas antipersonal, acciones para generar terror, amenazas de muerte, ataques indiscriminados, ataques contra la infraestructura, confinamientos, desaparición forzada, destrucción de bienes civiles, enfrentamientos, extorsión, homicidios, masacres, reclutamiento forzado y violencia sexual. Pero Otálora llamó especialmente la atención en cuanto a la extorsión, el “boleteo” y el microtráficio, delitos que, según dijo, se han disparado.
Con respecto a este delito, en el Valle del Cauca el mapa de la Defensoría establece que la escisión de “los Rastrojos” y el debilitamiento de sus fuentes de financiación desembocaron en el cobro de extorsiones y las amenazas e intimidaciones contra los sectores económicos, bajo el entendido de que debían “colaborar con la causa”.
“Algunos comerciantes y agricultores del municipio de Trujillo, tanto de la zona urbana como rural, han sido víctimas de esas exigencias y presiones, lo que ha provocado desplazamientos forzados en el presente año, debido al riesgo de sufrir retaliaciones”, asegura la Defensoría.
“De igual manera, se percibe en la población un ambiente de temor ante la ocurrencia de homicidios, por la presencia de auxiliadores y miembros de estas bandas y particularmente por la expansión de la actividad de narcomenudeo”.
La disputa que libran estos grupos armados ilegales por los sectores aledaños al municipio de Trujillo tiene como fin controlar el acceso a la zona del cañón de Las Garrapatas en límites con el Chocó, donde éstos han sido el actor preponderante desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC, y que “los Urabeños” pretenden asumir en el proceso de expansión y fortalecimiento, advierte la Defensoría.
“Las familias de los desaparecidos tienen dificultades para encontrar respuestas acertadas por parte del Estado. No hay investigadores, el sistema es lento, y hay poca preparación de quienes deben asumir las investigaciones, pues muchos casos llevan años y aún se desconoce su paradero, quedando en la impunidad”, afirmó el personero Andrés Santamaría.