10.28.2013

El “paseo de la muerte” está vigente en Colombia

Tal como lo manifestara en su debido momento la entonces Congresista Cecilia López Montaño, en un comunicado a la opinión pública,  7 años después el malestar por el tema de la salud pública en Colombia sigue siendo  cada vez peor.
Es inexplicable que la sociedad colombiana no se revele ante la crítica situación de la salud en el país, especialmente en ciertos departamentos. Son los niños las víctimas más visibles de este gran deterioro en la prestación de los servicios en este campo. Pocos gobiernos habían cerrado tantos hospitales públicos como la administración del Presidente Uribe, dejando a la población de ingresos bajos en manos de la prestación privada de los servicios de salud. En la región Caribe se ha concentrado este problema de manera tal, que el llamado “Paseo de la Muerte” se ha vuelto una constante en estos departamentos. En el Magdalena, en el Atlántico y en Bolívar, no existe una adecuada oferta pública de atención en esta delicada área, con la consecuencia esperada de muertes inexplicables de menores de edad. Sólo un gobierno que no tiene la equidad como principio fundamental, puede atreverse a cerrar hospitales públicos sin ofrecer verdaderas alternativas para quienes no tienen la posibilidad de cumplir con las demandas de quienes tienen la salud como un negocio y no como un servicio público.
Lo más grave de esta penosa realidad es que el problema no es de dinero. Hoy la salud colombiana tiene suficientes recursos para atender al grueso de la población colombiana y el principio que la rige, el seguro público, es el adecuado. El problema radica en la operación del sistema. Primero, los recursos se los roban descaradamente sin que el Estado haga nada para alejar a quienes se están adueñando de los dineros de aseguramiento que tienen las ARS. Segundo, los fondos del FOSYGA, que deberían destinarse a afiliar a los más pobres, el Gobierno los tiene invertidos en papeles del Estado, TES, para financiar su déficit fiscal. Tercero, no existe un ente que realmente controle a los aseguradores y prestadores de servicios privados. La Superintendencia de Salud es una institución débil, politizada e ineficiente, de manera que el sector privado no sabe lo que es vigilancia y control por parte del Estado colombiano. Cuarto, el Seguro Social que debió haber sido el ente regulador de la salud en Colombia, fue debilitado de manera sistemática y en este Gobierno poco o nada se ha hecho para frenar su descalabro.
Las consecuencias son evidentes: el famoso “Paseo de la Muerte” ha cobrado la vida de muchos niños, sin que la sociedad se haya revelado ante esta dolorosa realidad. La falta de sensibilidad social de las empresas privadas que dejan morir a un niño porque no se han cotizado las semanas requeridas para obtener atención médica, debería merecer todo el rechazo social y una penalización por parte del Estado. Pero no pasa nada, la sociedad colombiana no se inmuta y el Gobierno no asume su responsabilidad.
Colombia necesita recuperar la solidaridad como valor social y tener en el manejo de lo público, personas que realmente se ocupen de la vida de las personas que no tienen quien los defienda. La salud es un bien público y debe ser provista o asegurada por el Estado, dado que es una de sus primeras responsabilidades. Pero la equidad no trasnocha al Presidente de la República y esta indiferencia ha impregnado no sólo a todo el Gobierno sino a los sectores pudientes que se sienten cada vez más lejos de los pobres y de las clases medias.
El “Paseo de la Muerte” es una vergüenza nacional que se suma a la penosa realidad de que la pobreza se trata de resolver con manipulación de las cifras oficiales y no con una mayor oferta de salud, educación, seguridad social y empleo digno.

10.21.2013

El tire y afloje por el centro de reclusión para menores infractores en el Valle

Ante la negativa de los concejales de Buga y la comunidad, definitivamente la Gobernación del Valle no construirá en esa ciudad el centro de reclusión para menores infractores tal como se había proyectado.
La férrea oposición de los ediles bugueños se vio reflejada en una serie de debates que se hicieron en el cabildo municipal y porque “inundaron” la ciudad de pasacalles rechazando esa iniciativa en la cual se haría una millonaria inversión.
Mientras los alcaldes del centro del Valle definen si permiten o no la construcción del Centro de Atención Penal para Adolescentes Infractores, en uno de esos municipios, los menores deberán permanecer hasta 20 días en los sitios de paso cuando la Ley ordena un máximo de 36 horas, padeciendo problemas de salubridad y hacinamiento.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, había advertido hace varias semanas que si al terminar el mes de septiembre no se llegaba a un acuerdo, lo más probable es que el Departamento iba a perder el presupuesto asignado para adelantar esta obra, la cual pretende construir un centro de reclusión para 500 menores infractores de la ley.
El viernes 27 de septiembre los desórdenes en Valle del Lili dejaron 40 menores fugados, seis aprehendidos, seis heridos y un menor muerto días después; pocos días después se registró un motín en Cali en el Centro Transitorio por el hacinamiento en el que están los jóvenes y, para rematar, no hay dónde construir un nuevo lugar para albergar a más muchachos sancionados, tras la negativa de Buga con la obra.
Ante esto, Jhon Arley Murillo, Director regional del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, ha sido muy cuestionado en cuanto a la responsabilidad que tiene la entidad con los menores. Murillo afirma que está cansado de que se señale al ICBF cada vez que se registra alguna eventualidad de este tipo, “cuando la responsabilidad es de ICBF, Policía, Alcaldía y Gobernación”.
Otra vez hace un llamado a la Policía para que refuerce la seguridad perimetral en los centros de atención y reclusión, como Valle del Lili.
¿Qué está fallando en este aspecto?. Lo que pasa es que hay una corresponsabilidad mal manejada: todos somos responsables, pero nadie responde de igual manera. El Código de Infancia y Adolescencia dice que la Policía es la encargada de brindar seguridad a los centros donde se ejecuten las medidas y sanciones impuestas por los jueces.
Lo complicado está en que el número de policías que históricamente se designa en los centros no es suficiente, por ejemplo, hoy en Valle del Lili sólo hay cuatro agentes para custodiar 350 jóvenes y eso a pesar de que la Policía había asumido un compromiso de tener ocho policías, pero no han cumplido.
Pero la situación es cada vez más complicada por cuanto en el Valle del Lili no puede quedar un “Centro Transitorio”, porque estos lugares deben estar cerca a los juzgados por la simple razón de que los jóvenes tienen que estar disponibles y ser trasladados por la Policía a las audiencias. Surgen entonces una serie de cuestionamientos aún sin resolver.
Si los centros de reclusión están para resocializar, ¿por qué algunos menores que han estado allí o están todavía, mencionan que hay sitios conocidos como celda de castigo?.
Cada vez que la Policía hace una inspección en Valle del Lili o Buen Pastor, muestran cantidades de armas blancas y licor que estaban en manos de los jóvenes. ¿Esto qué evidencia?.
En Cali cada día, según las autoridades, detienen entre 15 y 20 menores por diferentes delitos. Como están las cosas, ¿se cree que la situación con los menores tiene una solución?.

10.15.2013

Colombia, el país de las maravillas en prebendas a congresistas y altos cargos oficiales

La “prima especial de servicios”, creada con un decreto dado a conocer el lunes por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, le costará al Estado 2.069’392.590 de pesos mensuales.
Si bien esa cifra no es un gasto nuevo, pues equivale a lo que recibían los congresistas antes de un fallo del Consejo de estado que eliminó las primas de salud y localización, el tema ha despertado cuestionamientos en diversos sectores porque se da en medio del ambiente de parálisis legislativa que ha acompañado el trámite de proyectos como el de reforma a la salud.  
El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, criticó la decisión del Gobierno y aseguró que este caso demuestra que en Colombia no existe una separación real de los poderes públicos.
“Es una relación de chantajes y sobornos que le quita independencia a los poderes e impide hacer un control político real. Cuando los congresistas ven en peligro sus salarios, apelan a la operación tortuga para quitarle dinámica a las iniciativas”, dijo Cepeda.
Por su parte, el Gobierno asegura que el decreto no obedece a una prebenda o a un chantaje para conseguir la aprobación de proyectos que son considerados prioritarios en la presente legislatura.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ha resaltado en diversos espacios desde el momento en que se conoció el fallo del Consejo de Estado, que una reducción de ese nivel en los salarios de los congresistas abre la puerta a una crisis del Estado, en tanto tendría que reducirse también la asignación de otros altos funcionarios.
“La remuneración de los miembros del Congreso es la base para fijar la remuneración de varios servidores públicos, como los Magistrados de las altas Cortes, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y otros altos cargos, y estos a su vez, determinan la remuneración de otros servidores públicos, como Magistrados de Tribunal, Jueces y Fiscales del País, así como Procuradores Judiciales, entre otros”, dice el decreto 2170 de 2013.
Los gastos del Congreso
Aspectos como el costo de las unidades de trabajo legislativo, gastos administrativos de las instalaciones del Congreso e inversiones que no se encuentran contempladas como es el caso de los celulares y las tabletas electrónicas que recibieron hace una semana los 98 senadores, también se suman al ambiente que generó la decisión de crear la nueva prima especial.
Cada paquete, conformado por un celular BlackBerry Z10 y una tableta Samsung Galaxy, tuvo un costo de un millón y medio de pesos, es decir, 147 millones de pesos. Además, el plan de datos para los dispositivos se contrató por un año por otros 195 millones.
Según Cepeda, un congresista no requiere ese tipo de auxilios: “Con el salario que percibe puede comprar la última tecnología, además se ve muy mal que eso pase en un momento en que se deja la sensación de que se está tratando de comprar la voluntad del legislativo”, dijo el representante.

Colombia, el país de las maravillas en prebendas a congresistas y altos cargos oficiales

La “prima especial de servicios”, creada con un decreto dado a conocer el lunes por el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, le costará al Estado 2.069’392.590 de pesos mensuales.
Si bien esa cifra no es un gasto nuevo, pues equivale a lo que recibían los congresistas antes de un fallo del Consejo de estado que eliminó las primas de salud y localización, el tema ha despertado cuestionamientos en diversos sectores porque se da en medio del ambiente de parálisis legislativa que ha acompañado el trámite de proyectos como el de reforma a la salud.  
El representante a la Cámara, Iván Cepeda Castro, criticó la decisión del Gobierno y aseguró que este caso demuestra que en Colombia no existe una separación real de los poderes públicos.
“Es una relación de chantajes y sobornos que le quita independencia a los poderes e impide hacer un control político real. Cuando los congresistas ven en peligro sus salarios, apelan a la operación tortuga para quitarle dinámica a las iniciativas”, dijo Cepeda.
Por su parte, el Gobierno asegura que el decreto no obedece a una prebenda o a un chantaje para conseguir la aprobación de proyectos que son considerados prioritarios en la presente legislatura.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, ha resaltado en diversos espacios desde el momento en que se conoció el fallo del Consejo de Estado, que una reducción de ese nivel en los salarios de los congresistas abre la puerta a una crisis del Estado, en tanto tendría que reducirse también la asignación de otros altos funcionarios.
“La remuneración de los miembros del Congreso es la base para fijar la remuneración de varios servidores públicos, como los Magistrados de las altas Cortes, del Fiscal General de la Nación, del Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República y otros altos cargos, y estos a su vez, determinan la remuneración de otros servidores públicos, como Magistrados de Tribunal, Jueces y Fiscales del País, así como Procuradores Judiciales, entre otros”, dice el decreto 2170 de 2013.
Los gastos del Congreso
Aspectos como el costo de las unidades de trabajo legislativo, gastos administrativos de las instalaciones del Congreso e inversiones que no se encuentran contempladas como es el caso de los celulares y las tabletas electrónicas que recibieron hace una semana los 98 senadores, también se suman al ambiente que generó la decisión de crear la nueva prima especial.
Cada paquete, conformado por un celular BlackBerry Z10 y una tableta Samsung Galaxy, tuvo un costo de un millón y medio de pesos, es decir, 147 millones de pesos. Además, el plan de datos para los dispositivos se contrató por un año por otros 195 millones.
Según Cepeda, un congresista no requiere ese tipo de auxilios: “Con el salario que percibe puede comprar la última tecnología, además se ve muy mal que eso pase en un momento en que se deja la sensación de que se está tratando de comprar la voluntad del legislativo”, dijo el representante.

10.08.2013

Guadalajara de Buga y la cultura ciudadana

Jaime Alberto Ochoa Cardona
Jaimea8a@hotmail.com

Cuando una sociedad tiene las reglas claras, cuando ha aceptado que son las leyes y las normas, los valores y deberes los que garantizan la convivencia y estimulan el cumplimiento del ordenamiento social, puede decirse que existe un marco mínimo para el bienestar común. Si alguno de estos pilares flaquea, se abre paso a la anarquía, la indiferencia, el individualismo y la desconfianza en las autoridades que nos rigen.
En una ciudad como la nuestra, designada recientemente como Pueblo Patrimonio Histórico, Cultural y Turístico Nacional, debe con urgencia aplicarse un nuevo modelo de Cultura Ciudadana, que refleje justamente el Patrimonio que hoy nos hace una ciudad privilegiada, aquella que nos enseñe a ser mejores ciudadanos donde se anteponga la autorregulación y el respeto a las medidas disciplinarias y correctivas de las autoridades, cuya pedagogía se pueda replicar ante propios y visitantes como ejemplo de Ciudad – Región, cuyo crecimiento económico y social vaya unido a los principios y valores éticos y morales de sus habitantes, dentro de una sociedad convulsionada especialmente por una juventud insaciable de sensaciones que vienen desbordando la capacidad de control y educación de padres ausentes y maestros impotentes que ven con preocupación la irracional velocidad e irresponsabilidad que viene determinando la vida diaria de un vasto sector de nuestra sociedad, donde la falta de respeto por la vida misma y ajena, la drogadicción y prostitución de menores, el dinero fácil; el todo vale, la intolerancia, la apatía y la indiferencia por lo nuestro, que es de todos, por nuestro medio ambiente, por nuestro vecino, el irrespeto a la ley, donde la autoridad no escapa a este reproche en la recuperación del espacio público y adecuación de baños públicos en grave detrimento de nuestra seguridad, salubridad y calidad de vida ciudadana, son entre muchas otras, las falencias que nuestros gobernantes y la sociedad deben corregir, en aras de construir sobre lo construido, una ciudad pujante, segura, amable, con oportunidades, ordenada, limpia, tranquila, incluyente y participativa. Y es que la Cultura Ciudadana es el tejido simbólico construido por las personas que componen una comunidad donde se combinan las expresiones y costumbres, derechos y obligaciones, que promueven en grado superlativo la convivencia ciudadana y su vínculo con el entorno y los espacios públicos, donde la participación de la comunidad en su Control Social, es vital para la sinergia cultural como factor envolvente de sentido de pertenencia y empoderamiento de nuestro patrimonio cultural, como legado insigne de nuestros antepasados.
Nuestra ciudad del Milagroso, la Ciudad Señora por excelencia, deberá asumir con sus gobernantes y gobernados el desafío de cambiar para mejorar y ser ejemplo regional y nacional, como premisa fundamental de nuestros rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de una raza que hoy es símbolo de grandeza y señorío.