9.30.2013

NO tomar los colores de las camisetas como uniformes de batalla

Lo cierto del caso es que en casi todos los escenarios deportivos de Colombia se observan verdaderas batallas campales entre los seguidores de los equipos de fútbol. ¡Y ocurren dentro y fuera del estadio!.
Son espectáculos grotescos que traen consigo drásticas decisiones para la divisa local y, por supuesto, generan la vergüenza nacional por ese tipo de situaciones.
Y lo anterior sin contar que durante un determinado tiempo y espacio se presentan grescas y actos bochornosos que no sólo arremeten contra la vida de los seguidores del futbol, sino que también someten en su accionar a establecimientos públicos, vehículos del transporte público de personas, y contra todo lo que a su afanado paso encuentran.
Pudiéramos decir y sin temor a equivocaciones, que en el tema de las agresiones entre hinchas y barras seguidoras de equipos del futbol profesional colombiano, hay mucho de culpa en los dirigentes deportivos, en especial de los clubes quienes asumiendo un papel paternal, acceden al ingreso de estas barras sin costo alguno a los estadios de Colombia, les brindan una serie de prebendas para que acompañen sus equipos preferidos, a fin de demostrar grandeza y masiva asistencia de hinchas a los encuentros futboleros; en otros casos los alcaldes y gobernadores que han dejado coger tanta larga a este tema y no son capaces de asumir una posición de responsabilidad y de rechazo a estas vandálicas acciones, armándose de las herramientas entregadas por la Constitución Política de Colombia, y optan por entregarse de rodillas a quienes manejan las riendas del futbol en este país a costa de muertes de gente que ni siquiera se imaginaría que ponerse la camiseta o la gorra de su equipo preferido les costaría la muerte.
En Colombia no podemos permitir más violencia en los estadios y escenarios deportivos, bajo la complacencia de un gobierno que se muestra incapaz de direccionar lo que se le entregó para que lo administrara.
En un tiempo se pensó que las redes de la mafia colombiana a más de permear este deporte como lo hicieron con sus nubes de dinero, serían quienes conllevarían a los estragos que hoy estamos afrontando y poniendo vidas indefensas para saciar la ansiedad de quienes se creen los todopoderosos; pero no fue asi, por fortuna, esta columna de la delincuencia no permitió que a los estadios llegara esta ola de maldad y violencia, la cual, tal pareciera es aplaudida por un gobierno  que sigue demostrando su ineptitud, ahí está la prueba de lo que a gritos reclaman los colombianos: Justicia, menos impunidad.
Pero sólo bastó que el Alto Consejero presidencial para la Paz y la Convivencia anunciara que se debe replantear el futbol en Colombia, para que con un tono bastante enérgico, el Presidente de la Dimayor, Ramón Jesurun, rechazara la propuesta de Francisco José Lloreda, porque se le acaba a él y a los tribunos del futbol esa teta tan grande de la que obtienen jugosos dividendos.
En buen momento los jugadores de la Selección Colombia de Fútbol hacen un llamado de conciencia y reflexión sobre la visión y el verdadero papel del fútbol en nuestra sociedad. Los tristes acontecimientos de violencia que se han presentado en las últimas semanas en varias ciudades del país van en contravía con la función social del deporte y con el gran esfuerzo de miles de colombianos que al igual que ellos ven en esta actividad una oportunidad para disfrutar y mostrar la cara positiva de Colombia.
Con valor, sacrificio, trabajo en equipo, tolerancia, juego limpio y disciplina, día a día vemos como el fútbol puede sacar adelante los sueños de muchos y entregar la mayor sonrisa a una nación. Los campos para el deporte y todo su entorno deben ser espacios que convoquen a la familia en un entorno de alegría y sana convivencia.
Es hora de cambiar de actitud y no tomar los colores de las camisetas como uniformes de batalla. No queremos más violencia en las calles y menos en el fútbol. Vamos a hacer de este deporte una herramienta para la consolidación de la paz y la tolerancia de todos los colombianos.

9.23.2013

Los niños y jóvenes sin cadena de custodia en Colombia

Las cifras fueron reportadas por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y recogidas por Unicef Colombia en el Sistema de Información sobre la Niñez y la Adolescencia (Sinfonía). Esta herramienta, habilitada al público, contiene 7 millones de datos de fuentes oficiales sobre 79 indicadores relacionados con los menores de edad en Colombia.
Es la evidencia de cómo el conflicto acaba con la inocencia de las próximas generaciones, esa parte de la población que se debe proteger.
No sólo porque se trata de población civil que debe ser excluida de las confrontaciones, sino también porque los niños, las niñas y los adolescentes están aquí para soñar y ser protegidos, y no para sufrir los embates de una guerra que no les pertenece.
De acuerdo con los expertos, uno de los indicadores que ayudan a evidenciar mejor la victimización de la que han sido parte los niños colombianos es el reclutamiento.
Las cifras del ICBF indican que desde finales de 1999 a la fecha, 5.120 niños, niñas y adolescentes han dejado las filas de los grupos armados al margen de la Ley, la mayoría de forma voluntaria.
La mayor parte de esa desvinculación empezó a registrarse desde 2005, el deshonroso primer lugar se lo lleva Antioquia (183.716), seguido de Nariño (148.769), Tolima (95.995), Caquetá (95.492), Bolívar (87.857), Cauca (87.432) y Valle (81.649).
Se trata de cómo cientos de colombianos, una vez dentro del grupo ilegal, se enfrentan a más tipos de victimización. Un investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, explicó por ejemplo, la afectación que produce enfrentarse a cargas emocionales para las que los menores no están preparados.
Un menor adentro empieza su vida sexual mucho antes y es una forma de vulneración. Están sometidos a cometer y a ser testigos de atrocidades, a asesinar a veces a sus propios compañeros o a ver a sus compañeros caer en combate. Están los trabajos de guardia, vigilancia nocturna, la ranchería, son trabajos arduos y a sus cortas edades ya están obligados a hacerlos como si fueran adultos.
Lo que sí no está claro, en cifras, es cuántos niños, niñas y adolescentes, integran los grupos armados ilegales. El estimativo más moderado habla del 25 por ciento de los 8 mil integrantes, que de acuerdo con el Ministerio de Defensa, tienen las Farc y de los 2 mil, aproximados, del ELN.
No obstante, otros estimados, hablan que el 45 por ciento de los desmovilizados en el programa de reintegración fueron reclutados cuando eran menores de edad.
“En este momento hay 30 mil desmovilizados en el programa de Reintegración.
¿Cuál es el problema de fondo? Que un adolescente por huir de su casa, de su escuela y de su entorno, se une al grupo armado ilegal que esté presente en el lugar donde vive. Por huir de la violación, de la falta de oportunidades, cae en la trampa perversa que si son BACRIM no tienen los beneficios que tendrían si hubiera estado en un grupo armado ilegal.
Hay algunos tipos diferentes de seducción en las redes sociales para capturarlos y venderles la idea de que es una buena opción, les dan dinero y ropa. Van al campo y les dicen que para qué ir a la escuela si no hay trabajo. Lo cierto es que una familia afectuosa y protectora no permite que un niño sea seducido.
Los tres factores, trabajo infantil, maltrato infantil y violencia intrafamiliar se reconocen como los principales agentes de riesgo para la vinculación de menores a grupos ilegales armados o las bandas criminales que operan en su sector.

9.16.2013

Un sombrío panorama aqueja los cultivadores y al agro en Colombia

Las tendencias de importación de años anteriores siguen vigentes en 2013. Por eso, las seis empresas que dominan el mercado definen el precio interno. Sin embargo, al comparar los precios a nivel internacional y lo que tienen que pagar los campesinos en Colombia por un kilo de fertilizantes, los costos internos superan los del exterior entre el 30 y el 50%. Por ejemplo, en diciembre de 2012, un kilo de urea se conseguía fuera de las fronteras en $897. Las sociedades que lo vendieron en Colombia lo hicieron a $1.248.
La diferencia es del 40%, y el caso se repite en cualquiera de los insumos básicos. Por ejemplo, en el caso del potasio, el precio promedio internacional fue de $764, el interno llegó a los $1.223 por kilo, una diferencia del 60%. El fosfato se pagó a $681 en el exterior y en el país a $1.489. El sobrecosto alcanzó el 118%. Para los campesinos estas diferencias inciden mucho en la rentabilidad del campo, porque para abonar una hectárea de tierra ellos tienen que invertir hasta el 30% del total de los costos mínimos de producción de sus cultivos.
En el caso de la producción de arroz, algodón, papa y maíz blanco, por ejemplo, los precios de los fertilizantes representan entre el 20 y el 30% de sus costos. Por el lado del café, el cacao, la palma y la caña panelera, van desde el 15 hasta el 30%. Razones suficientes para que los campesinos le insistan al Gobierno para que ejerza un control directo sobre los precios de los fertilizantes para evitar los referidos sobrecostos. Sin embargo no es una petición nueva. Desde 2006 el Ministerio de Agricultura monitorea los precios de los agroinsumos, pero no interviene para corregir.
El reclamo de los campesinos no prospera debido a que, según un estudio sobre el mercado de agroinsumos hecho en 2007 por la firma Econometría, en el país hay suficiente competencia y oferta de fertilizantes. En consecuencia, en criterio de las autoridades no existen razones para “imponer un régimen de libertad regulada de precios”. Además, aseguran que no existen empresas dominantes con capacidad para manipular precios. Los datos de las importaciones de los últimos años parecen demostrar todo lo contrario.
En dicho estudio elaborado en 2007 para establecer “bases para una política de precios”, quedó escrito que los insumos básicos para fertilizar la tierra (urea, fosfato y potasio) equivalen al 80% del negocio de los agroinsumos en Colombia. Frente al incremento constante de los precios, el documento lo justificó afirmando que obedecía al exceso de la demanda mundial; incluso señaló en uno de sus apartes, en ocasiones el precio en Colombia se quedó corto frente a la cotización internacional.
Lo cierto es que los fertilizantes de la discordia son básicos en la agroindustria nacional, porque los suelos del país son ácidos. Es más, Colombia es uno de los países del mundo que más cantidad de fertilizantes usa por hectárea cultivada. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el país se usan 499 toneladas de fertilizantes por hectárea cultivable. Los técnicos del Ministerio de Agricultura sostienen que esa cifra es exagerada y que seguramente hay mucho desperdicio de insumos por inasistencia técnica. Su recomendación es hacer un uso más eficaz para que los campesinos no gasten tanto. Controlar precios

9.09.2013

El ministerio público en defensa de la democracia en Colombia

Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, dijo que si la guerrilla de las Farc insiste en una Asamblea Nacional Constituyente en desarrollo de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana-Cuba, el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, debería pararse de la mesa de conversaciones.
“El Gobierno debe ser totalmente claro, contundente y no dejar la más mínima duda. Si la condición de las Farc es la Asamblea Constituyente, el Gobierno no puede seguir dialogando y eso lo tiene claro la sociedad, eso lo tienen claro las víctimas, eso sería enviar un mensaje dramático de que la violencia sí paga”, (…) “, precisó el procurador Ordóñez.
“Nos dicen que se trata de tragarnos unos sapitos, pero los sapos están envenenados y sería catastrófico para el país”, afirmó el procurador.
“Las instituciones no las diseñan las bandas armadas, o no se diseñan con las bandas armadas porque ello sería enviar un mensaje dramático de que la violencia sí paga”, expresó el jefe del Ministerio Público.
Aunque Ordóñez reconoce que el camino que viene para la guerrilla es hacer política, insistió en que “sólo lo podrán hacer (participación política) quienes no sean responsables de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra y, ni siquiera, una Asamblea Constituyente podría superar ese obstáculo insalvable”.
Sobre el pronunciamiento de “Pablo Catatumbo”, quien se refirió a que la guerrilla dejará las armas, en un eventual acuerdo de paz pero no las va a entregar, el funcionario dijo que “la paz no puede ser armada” y por ello rechazó categóricamente la propuesta. “Si no entregan las armas ellos no pueden participar en política. No puede haber una paz armada, ni un partido político armado”, explicó.
Ordóñez reiteró su posición frente al marco jurídico para la paz, lo calificó como lo más cercano a la impunidad, donde los guerrilleros podrían beneficiarse de indultos y amnistías.
El jefe del Ministerio Público dijo, además, que no permitirá que queden impunes los crímenes cometidos por las Farc.
El procurador Alejandro Ordóñez, arremetió nuevamente contra el proceso de negociación que adelantan el Gobierno y las FARC en la Habana (Cuba), y advirtió que antes de pensar en su desmovilización, la guerrilla debe renunciar a sus actividades de narcotráfico.
Condiciono el proceso de paz a que las Farc entreguen rutas y laboratorios de producción de drogas y renuncien al narcotráfico.
El pronunciamiento de Ordóñez se conoció durante un acto de reconocimiento a su labor realizado en la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Entre tanto, durante una visita a Cali el procurador advirtió que no permitirá la impunidad en los crímenes cometidos por las Farc. Dijo que si se hace necesario acudirá a organismos internacionales para defender a las víctimas de estos grupos armados. En este sentido se mostró de acuerdo en que haya reducción de penas, pero no impunidad.

9.02.2013

Don gobierno y su asedio contra los manifestantes en Colombia

Las manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos de carreteras y otras expresiones de rebeldía protagonizadas por campesinos, productores agrarios y sectores solidarios, han sido masivas y combativas, y se han esparcido a lo largo y ancho de todo el país. El Paro Nacional Agrario es un hecho social y político de gran importancia nacional.
Sin embargo, a pesar de la diversidad y variedad de acciones, de las grandes demostraciones de valentía y sacrificio por parte de los pequeños productores de papa, leche, café, cebolla y campesinos en general (indígenas, afrodescendientes y mestizos), en numerosas regiones de Colombia, tenemos que reconocer que no ha tenido la contundencia e impacto que se esperaba.
En contraposición, sectores como los productores de papa, leche y cebolla de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, han sido fundamentales para la visibilización del Paro, por cuanto han bloqueado carreteras troncales como Tunja-Bogotá y la carretera Panamericana entre Pasto e Ipiales. En esta lucha han estado acompañados por campesinos movilizados en muchos departamentos, pero que no han logrado ser tan visibles debido a que el Gobierno ha impedido su desplazamiento y concentración en carreteras importantes.
Las marchas realizadas en solidaridad con el Paro por los trabajadores, maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y otros sectores populares de las ciudades, han sido también masivas en muchas capitales de departamento y muestran una reactivación del movimiento social que rechaza las políticas neoliberales y anti-populares del gobierno.
La principal estrategia del Gobierno ha sido de tipo militar y policivo. Se militarizaron las principales vías del país y se le ha dado un tratamiento de guerra a la protesta social.
Desde antes de comenzar las jornadas de movilización agraria el Gobierno se dedicó a atemorizar a la población anunciando un “operativo contundente” a cargo del Ejército y la Policía.
Esta estrategia ha consistido, por un lado, en bloquear los desplazamientos campesinos impidiéndoles llegar a carreteras troncales. Por otro, cuando existen concentraciones masivas arremeten con fuerzas del ejército y policía (Esmad) contra la población movilizada con todo tipo de armas, perdigones, gases lacrimógenos desde tierra y aire, destruyendo sus “cambuches” y demás elementos como útiles de cocina y comida. En ese proceso detienen dirigentes y manifestantes, y empadronan ilegalmente a los protestantes con la intención de intimidarlos. Además, ha tratado de posicionar la teoría de una supuesta “responsabilidad social de las protestas”. Ahora la culpa de que se obstaculice el tráfico en una carretera no depende del Gobierno que con su incapacidad e incumplimientos obliga al pueblo a protestar, sino que está en el movimiento social. Es una teoría sesgada y peligrosa que hay que enfrentar. Los hechos demuestran la viabilidad y justeza de los bloqueos. El Gobierno lo está demostrando cuando sólo llama a negociar a quienes han cerrado carreteras con contundencia y fuerza. Otra estrategia ha sido negociar por separado con algunos sectores sociales comprometidos para desvincularlos del Paro. Por ejemplo, con promesas y dádivas logró dividir al gremio de los camioneros, aislando a la Asociación Colombiana de Camioneros ACC, que representa la tercera parte del potencial de carga en el país. De igual manera procedió con los indígenas del Cauca agrupados en el CRIC, prometiéndoles recursos para adquisición de tierras y otros proyectos. Así mismo consiguió la desvinculación del paro del movimiento cafetero del Huila.
Siguiendo esa línea, con la colaboración de gobernadores, alcaldes y parlamentarios santistas, el gobierno ha intentado montar mesas regionales y locales de negociación, tratando de deslegitimar las direcciones nacionales del movimiento. En esa trampa han caído algunos dirigentes que, o están desorientados o quieren conscientemente hacerle el juego al Gobierno.