El “paseo de la muerte” está vigente en Colombia

Tal como lo manifestara en su debido momento la entonces Congresista Cecilia López Montaño, en un comunicado a la opinión pública,  7 años después el malestar por el tema de la salud pública en Colombia sigue siendo  cada vez peor.
Es inexplicable que la sociedad colombiana no se revele ante la crítica situación de la salud en el país, especialmente en ciertos departamentos. Son los niños las víctimas más visibles de este gran deterioro en la prestación de los servicios en este campo. Pocos gobiernos habían cerrado tantos hospitales públicos como la administración del Presidente Uribe, dejando a la población de ingresos bajos en manos de la prestación privada de los servicios de salud. En la región Caribe se ha concentrado este problema de manera tal, que el llamado “Paseo de la Muerte” se ha vuelto una constante en estos departamentos. En el Magdalena, en el Atlántico y en Bolívar, no existe una adecuada oferta pública de atención en esta delicada área, con la consecuencia esperada de muertes inexplicables de menores de edad. Sólo un gobierno que no tiene la equidad como principio fundamental, puede atreverse a cerrar hospitales públicos sin ofrecer verdaderas alternativas para quienes no tienen la posibilidad de cumplir con las demandas de quienes tienen la salud como un negocio y no como un servicio público.
Lo más grave de esta penosa realidad es que el problema no es de dinero. Hoy la salud colombiana tiene suficientes recursos para atender al grueso de la población colombiana y el principio que la rige, el seguro público, es el adecuado. El problema radica en la operación del sistema. Primero, los recursos se los roban descaradamente sin que el Estado haga nada para alejar a quienes se están adueñando de los dineros de aseguramiento que tienen las ARS. Segundo, los fondos del FOSYGA, que deberían destinarse a afiliar a los más pobres, el Gobierno los tiene invertidos en papeles del Estado, TES, para financiar su déficit fiscal. Tercero, no existe un ente que realmente controle a los aseguradores y prestadores de servicios privados. La Superintendencia de Salud es una institución débil, politizada e ineficiente, de manera que el sector privado no sabe lo que es vigilancia y control por parte del Estado colombiano. Cuarto, el Seguro Social que debió haber sido el ente regulador de la salud en Colombia, fue debilitado de manera sistemática y en este Gobierno poco o nada se ha hecho para frenar su descalabro.
Las consecuencias son evidentes: el famoso “Paseo de la Muerte” ha cobrado la vida de muchos niños, sin que la sociedad se haya revelado ante esta dolorosa realidad. La falta de sensibilidad social de las empresas privadas que dejan morir a un niño porque no se han cotizado las semanas requeridas para obtener atención médica, debería merecer todo el rechazo social y una penalización por parte del Estado. Pero no pasa nada, la sociedad colombiana no se inmuta y el Gobierno no asume su responsabilidad.
Colombia necesita recuperar la solidaridad como valor social y tener en el manejo de lo público, personas que realmente se ocupen de la vida de las personas que no tienen quien los defienda. La salud es un bien público y debe ser provista o asegurada por el Estado, dado que es una de sus primeras responsabilidades. Pero la equidad no trasnocha al Presidente de la República y esta indiferencia ha impregnado no sólo a todo el Gobierno sino a los sectores pudientes que se sienten cada vez más lejos de los pobres y de las clases medias.
El “Paseo de la Muerte” es una vergüenza nacional que se suma a la penosa realidad de que la pobreza se trata de resolver con manipulación de las cifras oficiales y no con una mayor oferta de salud, educación, seguridad social y empleo digno.