7.28.2014

Colombia, aun en el atraso laboral y social

La clase media sigue jalonando la economía colombiana y hasta ya se habla de diversos tipos de esta clase social. Sin embargo, hay quienes piensan que en Colombia o se es rico, o se es pobre. Se sigue presentando desigualdad en los ingresos. Este gobierno arrancó con un panorama bastante difícil: la economía apenas creciendo, un 17 por ciento de desempleo y una suma de viejas políticas que hicieron el empleo muy costoso. Crecimos, pero no logramos bajar el desempleo a menos de dos dígitos y se crearon muchos más empleos informales que formales.
En años prósperos del nuevo siglo, entre 2003 y 2008, Colombia creció como hace tiempo no se veía: en promedio el 5,5 por ciento del PIB cada año, y superó en desempeño a Brasil, Chile y México. Sin embargo, mientras para varios de los países de América Latina este tiempo de vacas gordas significó que muchos de sus habitantes salieron de la pobreza y la indigencia y consiguieron un empleo decente, en Colombia, el florecimiento de la confianza inversionista no nos sacó del club de los pobres.
Así, una nación enorme como Brasil pudo en esos años rescatar de la pobreza a 40 millones de personas. Y Perú, donde uno de cada cuatro habitantes pasaba hambre en 2001, consiguió reducir la indigencia a la mitad. Incluso Venezuela, a pesar de la polarización política, redujo sus pobres y sus indigentes a la mitad y Ecuador bajó los primeros en 10 por ciento.
El estudio parte que de los 45 millones de habitantes de Colombia, hay unos 13,8 millones de ciudadanos con recursos de clase media, 16,5 millones que devengan menos que estos y 1,38 millones de ricos. Se concluye entonces que 13,32 millones de colombianos no aparecen en las estadísticas porque pertenecen al sector informal, viven en la extrema pobreza o en la indigencia. La política de Uribe de confianza inversionista consistió en otorgarles exenciones a las empresas para que se animaran a invertir y a crecer y, la más protuberante, otorgó una deducción de impuestos del 40 por ciento de la inversión de capital productivo. Trabajo caro y capital barato hicieron que los empresarios reemplazaran a muchos de sus empleados por máquinas. Es decir, cambiaron la señora de los tintos por una cafetera, y al señor del parqueadero por una palanca automática; de ahí que combinar impuestos a la nómina y exenciones tributarias al uso del capital, crea una estructura desfavorable para la generación de empleo formal.
Así, un pequeño empresario colombiano preferirá no vincular a sus empleados porque le sale más barata la nómina y ellos consiguen subsidios del gobierno. Se pudo establecer, hay tres millones de trabajadores cuyos patrones no pagan la seguridad social. “Así un sistema de salud diseñado para tener más trabajadores cotizando, y menos subsidiados, terminó al revés y se volvió insostenible”.
Los gobiernos colombianos han sido más amigos de dejarle la creación de empleo al mercado y les ha faltado ser proactivos en impulsar políticas audaces de empleo, como lo ha hecho Brasil, por ejemplo.
En Colombia, sólo hasta hace poco se empezó a desarrollar una tímida política de empleo y generación de ingresos, que no tiene el peso que debería en un país con un desempleo que se niega tercamente a bajar y un alto empleo informal.
El Presidente Juan Manuel Santos, en su segundo periodo constitucional y por elección popular, tiene que diseñar una política audaz si quiere sacar a Colombia del atraso social en que se encuentra. Bajar la pobreza a cifras de un dígito como lo hicieron Chile o Brasil y salirse definitivamente de la vergonzosa lista de los países más desiguales del mundo, requiere mucho más que eficaces programas que le alivian la miseria a la gente, pero que poco ayudan a sacarla para siempre de la pobreza. Se trata de construir sobre lo ya hecho, y hacer de la generación de empleo formal y la redistribución de la riqueza un propósito nacional.

7.21.2014

Así se consolidó la Independencia en Colombia

La historia nos dice que todo comenzó con un florero. Era viernes 20 de julio y día de mercado, cuando un criollo fue a pedir prestado un florero. Un acto, en apariencia efímero, desató un enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó en la independencia de Colombia.
Sin embargo, hoy en día es claro que lo que sucedió este día no fue un hecho espontáneo como aquellos que habían caracterizado la vida política colonial. Fue la consecuencia de varias circunstancias que sucedieron en cascada y desembocaron en una gran rebelión del pueblo.
Los criollos tenían razones de fondo, habían sido excluidos de la participación en altos cargos políticos y la representación de las juntas era mínima. Esto los animó a protestar contra el rey e hizo que los criollos por primera vez pensaran en la posibilidad de crear un Estado- Nación. En consecuencia se creó la junta de notables, integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos. Los principales personeros de la oligarquía criolla que conformaban la junta eran: José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros.
Comenzaron a realizar reuniones sucesivas en las casas de los integrantes y luego en el observatorio astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas. En estas reuniones empezaron a pensar en la táctica política que consistía en provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público y así aprovechar para tomar el poder español.
La junta de notables propuso promover un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santafé contra la audiencia española. Lo importante era conseguir que el Virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el señor Amar e integrada por los Regidores del Cabildo de Santafé.
Don Antonio Morales manifestó que el incidente podía provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y se ofreció “gustoso” a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes 20 de julio, fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser el día habitual de mercado.
Para evitar la sospecha de provocación, se convino que Don Luís Rubio fuera el día indicado a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que les sirviera para decorar la mesa del anunciado banquete a Villavicencio; en el caso de una negativa, los hermanos Morales procederían a agredir al español.
A fin de garantizar el éxito del plan, si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un “chapetón” enemigo de los americanos y dar así comienzo al incidente.
Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El Virrey, las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar.
Sin embargo, la revolución no tuvo entonces las proyecciones que eran de esperarse, porque gran parte de los que intervenían eran indios y habitantes de las poblaciones de la Sabana que debían regresar a sus pueblos al atardecer, cosa que indujo a Acevedo Gómez, uno de los jefes de la oligarquía criolla, a reunir a algunos del Cabildo y declararse investido del carácter de “tribuno del pueblo”. Construyó la famosa Junta de Gobierno con la cual sustituiría el virreinato.
El episodio ocurrido el 20 de julio no condujo a la independencia absoluta, sino a la creación de un nuevo gobierno que dependía aún de España. Sin embargo, tiempo después, el pueblo descontento con la repartición de poder entre criollos y españoles, protestó en busca de la total independencia, logro obtenido varios años después.

7.14.2014

Es Colombia un verdadero Estado social de derecho?

Hoy en día, tanto quienes aprueban como quienes reprochan a las lesbianas, a los hombres gay, a los bisexuales y a los transgeneristas, niegan o ponen en duda, de un modo u otro, la condición de humanidad de la comunidad LGBT, de forma similar a lo que ocurrió en la edad media respecto del alma de las mujeres o los negros o la supuesta condición diabólica de los zurdos.
Con el ánimo principal de desenmascarar esa violencia homofóbica, y de señalar la pasividad, la indiferencia y hasta el aplauso con que muchas de las víctimas son olvidadas en archivos indiferentes al drama que registran, un estudio adelantado por Colombia Diversa donde se dieron a la tarea de hacer informes de derechos humanos,  se logró recolectar, comparar y decantar información sobre muertes violentas contra esta población; logrando construir, para los años 2006 y 2007 una cifra de 67 muertes, antes invisibles, ocurridas en lugares tan disímiles como Duitama en Boyacá, Patía en Cauca o Guacarí en el Valle del Cauca. 
En términos legales, el Código Penal Colombiano consideró la homosexualidad un delito hasta 1981, y observó que todavía en 70 países en el mundo ser homosexual se puede castigar con apedreamientos, cárcel o incluso la muerte, como sucede en Afganistán, Irán, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudita, Sudán y Yemen.
Asimismo, hasta 1992 la Organización Mundial de la Salud consideró la homosexualidad una enfermedad, a pesar de que la Sociedad Psiquiátrica Americana ya la había sacado de esta consideración en 1975.
En la actualidad, y a pesar de los avances, para casi todas las religiones en el mundo, practicar la homosexualidad sigue siendo considerado un pecado, el “pecado nefando”, es decir, aquel del que no se puede hablar sin repugnancia y horror.
En contraste y por fortuna para nuestra Constitución, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ser gay, lesbiana, bisexual o travesti es un derecho. Las garantías constitucionales a la igualdad, la dignidad, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, generan una serie de interpretaciones de las cuales pueden colegirse un sinnúmero de posibilidades de opciones de vida amplias y por tanto el Estado debe protegerlas, promoverlas y no discriminar, ni individual ni colectivamente a quienes las ejerzan.
Conforme al Artículo 13 de nuestra Constitución Nacional, el Estado colombiano está llamado a promover las condiciones para que la igualdad consagrada en la Carta Política sea real y efectiva y, en consecuencia, debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, entre los cuales está la población LGBTI.
Lo anterior, porque el Estado Social de Derecho es aquel que reconoce en su fundamento la dignidad de la persona como punto de partida y como ideal a alcanzar. En otras palabras, no asume los sujetos en abstracto, sino que por el contrario parte de reconocer que existen desigualdades sociales, económicas, políticas, sexuales, religiosas que son intolerables en este modelo de Estado, y una mirada integradora del texto constitucional de 1991 muestra el carácter pluralista, democrático, respetuoso e incluso protector, de la diversidad en Colombia.
Es decir, “todos los avances que desde 1991 pueden contar las personas LGBTI sobre sus derechos (y también los cristianos, los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidades, el pueblo ROM o gitano), no son más que el cumplimiento del artículo 13 de la Constitución: Igualdad de derechos, nada más, nada menos. A pesar de la consagración constitucional del derecho a la igualdad y del orgullo común de la sociedad colombiana por la diversidad cultural, étnica y biológica, cuando pisamos el terreno de la sexualidad, la libertad en el ejercicio de la sexualidad se convierte de derecho a antivalor que no debe ser promovido. “Esta sociedad se ha caracterizado por perseguir y aniquilar la libertad de religión, de conciencia, sexual, étnica.

7.07.2014

Hay que ser como los carros antiguos, genuinos

Honestidad y honradez son dos vocablos que, aun refiriéndose a cosas distintas, se han reducido a uno solo. Antaño, un hombre honesto era el que actuaba con moderación y pureza. El decente y decoroso; el recatado y pudoroso. Por su parte, el honrado era el que actuaba conforme a sus obligaciones y principios, con integridad y justicia. Hay quienes han llegado a decir que “lo honrado se aplica de cintura para arriba y lo honesto de cintura para abajo”. Si lo ideal es que caminen de la mano, su uso se ha generalizado hasta tal extremo que hoy en día ambos términos se han fusionado y decir que alguien es honesto es asumir su decencia y decoro, su pudor, su raciocinio y recato; su justicia y rectitud.
Desde pequeños nos enseñan que la honestidad con uno mismo y con los demás es algo más que uno de los valores más preciados del ser humano. Nos inculcan la costumbre de ejercitarla para convertirla primero en hábito y después en virtud. Por encima de todo –de la ideología política, del nivel social y cultural, de las creencias- está la bondad y la responsabilidad de hacer las cosas convenientemente.
Pero no me refiero a la honestidad emocional de la que hablan los expertos en inteligencia emocional. Me refiero a esa honestidad más primigenia que habita en un rinconcito de nuestro ser; que nos permite ser íntegros y auténticos; que nos empuja a respetar a los demás; que nos impide apropiarnos de lo ajeno; y, sobre todo, que nos hace ser sinceros. Con los tiempos que corren, tal y como afirmó William Shakespeare, ser un hombre honesto equivale a ser un elegido entre diez mil. Honesto no sólo con los hechos, sino también con las palabras.
Desde la Antigüedad Clásica, hablar con propiedad era la principal cualidad de un uir bonus dicendi peritus, de un hombre íntegro que no sólo dominaba las técnicas oratorias, sino que además asumía con franqueza una única verdad, sin hipocresías ni artificios, sin confusión ni desconfianza, sin contradicciones ni discrepancias. Éste era el perfil del perfecto orador, que dista mucho de lo que actualmente encontramos en escenarios, tarimas, tribunas, estrados, mesas de despacho…. No en vano la desafección ciudadana, política e institucional, es uno de los problemas al que se enfrentan los máximos dirigentes de nuestro país, quienes han perdido el sentido de la honradez, de la veracidad, de la bondad; que basan su discurso en la técnica de convencer sin consideración moral alguna; en definitiva, que han generado un pasotismo tal en los ciudadanos difícil de reparar, porque el mundo cambia no sólo con la palabra, sino con el ejemplo. No con críticas, sino con reconocimientos. No con reproches, sino con disculpas. Con honestidad y honradez.
Ser honrado es una obligación social, cumplir con las normas que nos vinculan con los demás, y que facilitan una convivencia más tranquila.
Ser honesto es una búsqueda personal, un intento íntimo de ser coherente, un empeño en la autocrítica. Contestar a preguntas que, para hacerlas, es necesario estar a solas.
La honradez te permite dormir por la noche a pierna suelta. La honestidad te hace pasar noches en vela.
Se acabó la distinción, y la honradez ha sido prácticamente jubilada: la otra ha invadido casi por completo su territorio semántico, conquistado en un lento proceso de conflictos que requeriría larga explicación; tras ellos, tales vocablos llegaron al deslinde definido por el Diccionario de Autoridades, que ahora se desvanece con la omnímoda vigencia de la honestidad; los conflictos se refieren, claro es, al hecho de que lo honrado se ha sentido secularmente ajeno a lo honesto de la mujer: no podía ser honrada si no aniquilaba hasta la más pequeña concupiscencia. Como decía un pensador analítico, “los pasos, Cleobulina,/ de una mujer honrada,/ son, de su casa al templo, /son, del templo a su casa”. Sobre tales pasos fundaban su honra el marido y demás parientes varones, los cuales, no precisaban de la castidad rigurosa para poseerla.

7.02.2014

Ley pone a estudiar a los entrenadores deportivos

El pasado mes de mayo, la Corte Constitucional avaló la Ley que reconoce y reglamenta el ejercicio de la profesión del entrenador deportivo en Colombia, la cual en julio de 2012 fue objetada por el gobierno nacional aduciendo razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
La Corte declaró infundadas estas objeciones e indicó que el ejercicio del entrenador deportivo sí supone un riesgo social y por ello requiere estar en manos de “personas idóneas, dotadas de una excelente preparación académica (ya sea, mediante procesos de formación, capacitación o actualización)”; adicionalmente, aclaró que el entrenamiento deportivo no podrá ser ya catalogado como un arte o un oficio sino como una profesión cuya vigilancia y control no atenta contra ningún principio constitucional.
Luego de los ajustes a los que fue sometido el texto durante su trámite en el Congreso de la República, la Corte declaró exequible el documento final que conciliaba las posturas de Cámara y Senado, declarando inexequible únicamente el parágrafo 3º del artículo 10º.
Tras este aval constitucional, el Congreso deberá ajustar el texto final de la Ley, eliminando dicho parágrafo para remitirlo a sanción presidencial que, en este punto, ya no admite objeciones por parte del Gobierno.
Una vez sancionada y publicada, la Ley del Entrenador Deportivo deberá ser reglamentada por el Consejo Nacional de Acreditación Profesional de los Entrenadores Deportivos, consagrado en dicha ley como el órgano que regulará y vigilará el ejercicio de esta profesión. Esta instancia estará conformada por los presidentes de Coldeportes, del Comité Olímpico Colombiano y del Comité Paralímpico Colombiano, y por representantes de las asociaciones de profesionales, de Facultades del área y de entrenadores deportivos.
Según estipula el proyecto aprobado por el Congreso, una vez entre en vigencia la Ley, los entrenadores deportivos contarán con un plazo de dos años para obtener la tarjeta profesional, que será expedida por el Consejo Nacional de Acreditación Profesional de los Entrenadores Deportivos.
Para los entrenadores que se encuentran vinculados a una federación deportiva y no cuentan con título, se establece la posibilidad de obtener un registro de carácter provisional por un término de cinco años, mediante la realización de una evaluación de competencias avalada por el Consejo Nacional de Acreditación Profesional de los Entrenadores Deportivos.
Al respecto, Flavio Barneys, entrenador de la escuela de fútbol de Atlético Nacional en Villavicencio, manifestó que con esto se le está cerrando el espacio laboral a quienes ya vienen trabajando en el deporte y cuentan con gran experiencia en el tema sin necesidad de tener título profesional. “El desarrollo de capacidades para una disciplina deportiva se adquiere con la práctica, no con diplomas”.
“La iniciativa permite preparar personas no sólo capaces de educar y orientar a sus practicantes hacia una adecuada disciplina deportiva, sino también idóneas para formar seres humanos íntegros, que sean ejemplo de comportamiento y convivencia”, expresó Rafael Buitrago, licenciado en educación física de la Universidad Pedagógica. 
Las facultades asociadas a Arcofader y el Sena se encuentran trabajando desde ya en ampliar la oferta de programas en el área de entrenamiento en los niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, para responder a la demanda que se pueda presentar cuando entre en vigencia la Ley.
La propuesta, liderada por la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación (Arcofader) y el representante a la Cámara Carlos Zuluaga, busca que los entrenadores deportivos cuenten con un título técnico, tecnológico o universitario para ejercer su profesión.