Don gobierno y su asedio contra los manifestantes en Colombia

Las manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos de carreteras y otras expresiones de rebeldía protagonizadas por campesinos, productores agrarios y sectores solidarios, han sido masivas y combativas, y se han esparcido a lo largo y ancho de todo el país. El Paro Nacional Agrario es un hecho social y político de gran importancia nacional.
Sin embargo, a pesar de la diversidad y variedad de acciones, de las grandes demostraciones de valentía y sacrificio por parte de los pequeños productores de papa, leche, café, cebolla y campesinos en general (indígenas, afrodescendientes y mestizos), en numerosas regiones de Colombia, tenemos que reconocer que no ha tenido la contundencia e impacto que se esperaba.
En contraposición, sectores como los productores de papa, leche y cebolla de Boyacá, Nariño y Cundinamarca, han sido fundamentales para la visibilización del Paro, por cuanto han bloqueado carreteras troncales como Tunja-Bogotá y la carretera Panamericana entre Pasto e Ipiales. En esta lucha han estado acompañados por campesinos movilizados en muchos departamentos, pero que no han logrado ser tan visibles debido a que el Gobierno ha impedido su desplazamiento y concentración en carreteras importantes.
Las marchas realizadas en solidaridad con el Paro por los trabajadores, maestros, estudiantes, trabajadores de la salud y otros sectores populares de las ciudades, han sido también masivas en muchas capitales de departamento y muestran una reactivación del movimiento social que rechaza las políticas neoliberales y anti-populares del gobierno.
La principal estrategia del Gobierno ha sido de tipo militar y policivo. Se militarizaron las principales vías del país y se le ha dado un tratamiento de guerra a la protesta social.
Desde antes de comenzar las jornadas de movilización agraria el Gobierno se dedicó a atemorizar a la población anunciando un “operativo contundente” a cargo del Ejército y la Policía.
Esta estrategia ha consistido, por un lado, en bloquear los desplazamientos campesinos impidiéndoles llegar a carreteras troncales. Por otro, cuando existen concentraciones masivas arremeten con fuerzas del ejército y policía (Esmad) contra la población movilizada con todo tipo de armas, perdigones, gases lacrimógenos desde tierra y aire, destruyendo sus “cambuches” y demás elementos como útiles de cocina y comida. En ese proceso detienen dirigentes y manifestantes, y empadronan ilegalmente a los protestantes con la intención de intimidarlos. Además, ha tratado de posicionar la teoría de una supuesta “responsabilidad social de las protestas”. Ahora la culpa de que se obstaculice el tráfico en una carretera no depende del Gobierno que con su incapacidad e incumplimientos obliga al pueblo a protestar, sino que está en el movimiento social. Es una teoría sesgada y peligrosa que hay que enfrentar. Los hechos demuestran la viabilidad y justeza de los bloqueos. El Gobierno lo está demostrando cuando sólo llama a negociar a quienes han cerrado carreteras con contundencia y fuerza. Otra estrategia ha sido negociar por separado con algunos sectores sociales comprometidos para desvincularlos del Paro. Por ejemplo, con promesas y dádivas logró dividir al gremio de los camioneros, aislando a la Asociación Colombiana de Camioneros ACC, que representa la tercera parte del potencial de carga en el país. De igual manera procedió con los indígenas del Cauca agrupados en el CRIC, prometiéndoles recursos para adquisición de tierras y otros proyectos. Así mismo consiguió la desvinculación del paro del movimiento cafetero del Huila.
Siguiendo esa línea, con la colaboración de gobernadores, alcaldes y parlamentarios santistas, el gobierno ha intentado montar mesas regionales y locales de negociación, tratando de deslegitimar las direcciones nacionales del movimiento. En esa trampa han caído algunos dirigentes que, o están desorientados o quieren conscientemente hacerle el juego al Gobierno.