El tire y afloje por el centro de reclusión para menores infractores en el Valle

Ante la negativa de los concejales de Buga y la comunidad, definitivamente la Gobernación del Valle no construirá en esa ciudad el centro de reclusión para menores infractores tal como se había proyectado.
La férrea oposición de los ediles bugueños se vio reflejada en una serie de debates que se hicieron en el cabildo municipal y porque “inundaron” la ciudad de pasacalles rechazando esa iniciativa en la cual se haría una millonaria inversión.
Mientras los alcaldes del centro del Valle definen si permiten o no la construcción del Centro de Atención Penal para Adolescentes Infractores, en uno de esos municipios, los menores deberán permanecer hasta 20 días en los sitios de paso cuando la Ley ordena un máximo de 36 horas, padeciendo problemas de salubridad y hacinamiento.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, había advertido hace varias semanas que si al terminar el mes de septiembre no se llegaba a un acuerdo, lo más probable es que el Departamento iba a perder el presupuesto asignado para adelantar esta obra, la cual pretende construir un centro de reclusión para 500 menores infractores de la ley.
El viernes 27 de septiembre los desórdenes en Valle del Lili dejaron 40 menores fugados, seis aprehendidos, seis heridos y un menor muerto días después; pocos días después se registró un motín en Cali en el Centro Transitorio por el hacinamiento en el que están los jóvenes y, para rematar, no hay dónde construir un nuevo lugar para albergar a más muchachos sancionados, tras la negativa de Buga con la obra.
Ante esto, Jhon Arley Murillo, Director regional del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, ha sido muy cuestionado en cuanto a la responsabilidad que tiene la entidad con los menores. Murillo afirma que está cansado de que se señale al ICBF cada vez que se registra alguna eventualidad de este tipo, “cuando la responsabilidad es de ICBF, Policía, Alcaldía y Gobernación”.
Otra vez hace un llamado a la Policía para que refuerce la seguridad perimetral en los centros de atención y reclusión, como Valle del Lili.
¿Qué está fallando en este aspecto?. Lo que pasa es que hay una corresponsabilidad mal manejada: todos somos responsables, pero nadie responde de igual manera. El Código de Infancia y Adolescencia dice que la Policía es la encargada de brindar seguridad a los centros donde se ejecuten las medidas y sanciones impuestas por los jueces.
Lo complicado está en que el número de policías que históricamente se designa en los centros no es suficiente, por ejemplo, hoy en Valle del Lili sólo hay cuatro agentes para custodiar 350 jóvenes y eso a pesar de que la Policía había asumido un compromiso de tener ocho policías, pero no han cumplido.
Pero la situación es cada vez más complicada por cuanto en el Valle del Lili no puede quedar un “Centro Transitorio”, porque estos lugares deben estar cerca a los juzgados por la simple razón de que los jóvenes tienen que estar disponibles y ser trasladados por la Policía a las audiencias. Surgen entonces una serie de cuestionamientos aún sin resolver.
Si los centros de reclusión están para resocializar, ¿por qué algunos menores que han estado allí o están todavía, mencionan que hay sitios conocidos como celda de castigo?.
Cada vez que la Policía hace una inspección en Valle del Lili o Buen Pastor, muestran cantidades de armas blancas y licor que estaban en manos de los jóvenes. ¿Esto qué evidencia?.
En Cali cada día, según las autoridades, detienen entre 15 y 20 menores por diferentes delitos. Como están las cosas, ¿se cree que la situación con los menores tiene una solución?.