11.25.2013

Restitución de tierras en Colombia, en medio de vacíos y el temor de sus propietarios

Casi ya terminando el mandato, el gobierno aún no se decide. No sabe si quiere apostarle al espíritu transformador del campo en línea de lo que parece se discute en la Habana, o a seguir abriendo paso al voraz apetito de unos pocos en la línea del proyecto de reforma a los baldíos. Mientras tanto, paso a paso los defensores de la restitución y del campesinado han ido uno a uno saliendo del gobierno para abrirle pista a una nueva escuadra que más bien parece tener la intención de consolidar un Chicoral 2.0.
Son ya más de 200 sentencias que cubren algo más de 12.000 hectáreas, repite el gobierno. Un número de casos resueltos que con creces supera los resultados de otros mecanismos similares como, por ejemplo, los magros resultados de la Ley de Justicia y Paz. Pero una cifra que no dice mucho si se compara el esfuerzo que implicó restituir jurídicamente esas tierras frente a la facilidad con la que los “abogados sofisticados” ayudan a otros a acapararlas por medio de otras leyes y mañas legales. Los informes de Arias y Robledo hablan de que con una sola operación, Cargill se habría hecho a 26,000 hectáreas y Riopaila a otras 42,000.
Ahí es donde está el verdadero entuerto de la restitución. Sin una transformación en el estado actual de la política sobre tenencia y uso de la tierra, la restitución terminará sirviendo para acortarle el camino a los acumuladores. Ya no tendrán que acudir a las maromas de los avezados “juristas”. Simplemente será esperar a que el Estado haga todo el esfuerzo y a que dos años después las familias restituidas se estrellen con la pobreza del campo y salgan a vender su tierra por tres pesos.
El paro agrario es la constatación de que la economía campesina está ahogada por el modelo actual. Y prueba de que con los mínimos auxilios complementarios a la restitución nadie se convierte en el próspero Juan Valdez del que hablaba Santos en sus discursos. Son subsidios a la pobreza que sólo alcanzan para entretener el hambre por un par de días.
Hace unos años un paramilitar confesó la estrategia de acumulación de ese entonces: Unos iban matando, otros iban comprando y otros iban legalizando. Pueda ser que no lleguemos a una versión moderna del asunto: unos iban aclarando linderos, otros iban reconstruyendo registros, otros iban presentando demandas…. pero al final, los mismos de siempre terminaban comprando y disfrutando.
Mientras la reforma integral se iba empantanando, se le apostó a la restitución de las tierras. Pocos preguntaron por qué la restitución terminó siendo tan poco controversial si el tema de tierras había sido siempre tan espinoso. Pero algunos desde entonces ya presagiaban: la restitución en un contexto de inequidad como el que existe en Colombia puede terminar siendo un buen negocio para aclarar derechos confusos y para facilitar futuros traspasos de tierras.

11.18.2013

Renovación de licencias de conducción, deberá ser gratuita?

De las licencias de conducción que deberían ser cambiadas, sólo alrededor de 500.000 han logrado tramitarse y no es difícil imaginar el dolor de cabeza para los conductores del país que no han logrado el nuevo documento y que deben sortear largas filas, tarifas abusivas en exámenes y el asedio de los tramitadores.
Al anuncio de que el Ministerio de Transporte solicitó a los organismos locales de Tránsito alargar hasta enero próximo el plazo para el recambio que vencía a mediados de octubre, se suma ahora una petición que lograría aliviar al menos el bolsillo de los usuarios: la de si es legal o no que se cobre por la nueva licencia.
Según la representante a la Cámara por del partido Mira, Gloria Stella Díaz, la propia ley apoyaría la idea de que aquellos cerca de cuatro millones que tienen pase de servicio público vencido y operan vehículos particulares, no deberían pagar por el cambio, que cuesta entre 60.000 y 94.000 pesos dependiendo de cada región.
Para apoyar su tesis, se parapeta en los parágrafos 1 y 2  del artículo 17 de la Ley 769 del 2002, que habla de “sustitución”, lo que no obligaría al pago de la licencia a este grupo de conductores. “El Gobierno, el Ministerio de Transporte juega con las palabras, el Gobierno habla de renovación y yo hablo de sustitución como está en la ley”, argumenta la congresista.
Añade que, durante años, los conductores que presentaron a la Policía la licencia para operar vehículos de servicio público nunca fueron multados por conducir carros particulares, lo que también hablaría en contra de la renovación.  
Ahora se espera que los jueces decidan sobre quién tiene la razón. En las últimas semanas se han presentado en el territorio nacional 51 acciones de cumplimiento para detener el cobro de la recategorización de las licencias. Una de ellas hace trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde ya fue aceptada.
Se calcula que los colombianos pagarían unos 500.000 millones de pesos por el cambio de una licencia que, según la congresista del Mira, debería ser gratuita. Ella afirma que el Ministerio de Transporte le hace el juego al negocio de los centros de reconocimiento, que recientemente elevaron (algunos hasta duplicaron) el precio de los exámenes que practican.
Pero otra cosa piensan en el Ministerio de Transporte. El viceministro, Nicolás Estupiñán, aseguró que el decreto 019 del 2012 estableció que hay una vigencia para las licencias en la renovación.
“El decreto no menciona que los conductores que estén utilizando su licencia pública para manejar particulares tengan que verse incorporados dentro de esta vigencia (...). La licencia pública vencida no puede ser utilizada como un registro valido para la sustitución”.
“Hay que renovar aquellas licencias que estén vencidas, para luego hacer un proceso de sustitución bien hecho”, aseguró Estupiñán.
Frente a las acciones de cumplimiento el viceministro dijo que dos de estas ya fallaron a favor del Ministerio de Transporte. Es decir, que se debe cobrar la licencia.
El Ministerio de Transporte les recomendó a los organismos de Tránsito, evaluar los resultados del proceso en el cambio de las licencias de conducción para extenderlo hasta el próximo 31 de enero. El plazo era 15 de octubre.
Durante estos casi tres meses se han expedido 506 mil licencias de conducción, cifra que duplica el promedio normal en el mismo periodo anterior.

11.12.2013

Medio ambiente, ciudadanía, economía y tenencia, ganarían si se firma la paz en Colombia

Las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno colombiano con las Farc en Cuba, han generado múltiples análisis y reacciones. No sin razón, la gran mayoría de las discusiones ha girado en torno a los costos jurídicos y políticos que tendrá que pagar el país en el corto plazo.
Otra parte muy importante de las discusiones se ha enfocado en la necesidad de que las Farc reconozcan que han sido unos de los principales victimarios en la historia reciente del país, que han estado directamente vinculadas en actividades de narcotráfico y que, en este proceso, han despojado a muchas familias de sus tierras.
Con este reconocimiento debería venir un proceso de reparación a las víctimas, que incluya la restitución de las tierras despojadas a muchos campesinos y un compromiso firme de abandonar las armas y el narcotráfico.
Si Colombia llegara a obtener la paz, en los primeros 10 años se recuperarían más de 2 millones de hectáreas de bosques, así lo afirmó Daniel Quintero, del colectivo piensa verde.
Afirma en igual manera que la minería ilegal y el narcotráfico que son las principales actividades de la guerrilla se acabarían y regresaría a manos de Colombia dos millones de hectáreas de bosques.
Dichas actividades ilícitas han acabado con más de seis millones de hectáreas de bosques, por lo que se hace necesario pactar con las Farc un cese al daño del medio ambiente.
En tal sentido indicó que si se lograra la paz en Colombia, en 10 años se recuperarían más de 2 millones de hectáreas de bosques, un área similar a la del departamento de Córdoba.
El experto en temas de conflicto armado y bienestar ambiental, propuso que los guerrilleros desmovilizados campesinos sean contratados por el Estado como guardabosques con condiciones salariales a cuidar esas tierras que ya conocen.
Colombia es el séptimo país del mundo en biodiversidad y no podemos perder ese patrimonio por cuenta de las actividades ilegales de los grupos armados, ese punto debe ser fundamental en la mesa de diálogos en Cuba.
Por más que los analistas no logren ponerse de acuerdo en si el mejor camino para las negociaciones entre el Gobierno y las Farc es suspender, cancelar o seguir adelante con los diálogos mientras avanzan las elecciones del 2014, de lo que nadie duda es que el proceso de paz será el hilo conductor en esta campaña.
Tal como ocurrió en las presidenciales del 2002, cuando el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez interpretó la desesperanza de los colombianos tras el desgastante proceso de paz del Caguán y se impuso con la promesa de buscar una salida militar, creen los analistas que el país enfrenta una disyuntiva similar.
Pero los costos y los compromisos no serán solo para las Farc. El Gobierno y el resto de los colombianos también tendremos que asumir unos costos y unos compromisos que deberán cumplirse si queremos una paz sostenible en el tiempo. Una forma (no la única) que resulta útil para analizar y socializar el proceso de paz es como un proyecto de inversión a largo plazo, que tiene unos costos de corto plazo, unas inversiones necesarias de mediano plazo y unos retornos de largo plazo.
Creo que muchos sectores se tranquilizarían si el Gobierno tuviera un rol pedagógico mucho más activo, no para filtrar los detalles de las discusiones en La Habana, sino para explicarle a la ciudadanía qué beneficios jurídicos y políticos se están negociando y cuáles son los límites de esta negociación.
Lo que pasa en esta partida es que en las cartas que tiene el Presidente en sus manos está el futuro del país. Nadie pretende que el Presidente nos muestre todas sus cartas, pero sí que nos delimite los riesgos que está dispuesto a tomar para ganar la partida.

11.05.2013

La nueva reforma a la salud, un tema que enferma a Colombia

La reforma a la Ley 100 de 1993 no termina de convencer a los estudiantes de especializaciones clínicas, a los internos, a los hospitales, a los médicos, enfermeros, salubristas y al sector salud en general. Así se demuestra en las marchas que se realizarán en las principales ciudades del país.
¿Qué es lo que incomoda? Desde cuando comenzaron los debates en el Congreso sobre la reforma, diferentes sectores del gremio se han expresado en contra de lo propuesto, pues aseguran que esto mantiene y fortalece el negocio que se ha creado en torno a la salud, contrario a lo que sostiene el ministro Alejandro Gaviria.
Pero el punto que más molesta al gremio es la propuesta de Gaviria sobre las especializaciones médicas. El ministro ha dicho que para acabar con esta “mafia”, término que ha utilizado para referirse a los especialistas, es necesario permitir que sean los hospitales y no las universidades las que formen a los residentes para lograr que las elecciones sean a dedo.
El capítulo con esta información fue agregado a la reforma a finales de agosto y, desde entonces, la inconformidad con el proyecto de ley ha aumentado. A esto se suma que hace dos semanas fue aprobado por el Senado y pronto será debatida por la Cámara de Representantes.
El ministro defiende la propuesta argumentando que hay muy pocos especialistas en el país y que uno de los obstáculos es la manera en la que las universidades escogen a los residentes, que son los estudiantes de especializaciones médicas.
“No hay que ser muy suspicaz para pensar que estos pocos especialistas cobran mucho por su trabajo (hasta 25 millones de pesos, sin ser de planta) y, aparte, son un eslabón en esa cadena que no deja entrar a más gente”, determinó Gaviria.
En entrevista con Semana.com, el senador Armando Benedetti aseveró que apoya al ministro y la reforma, pues considera que esta modificación está relacionada con el tema financiero.
“Es para que los médicos tengan mayores funciones públicas y para pagarles mejor. Eso no es un cartel, es una mafia con la que se busca acabar, porque las juntas de médicos deciden cuántos y cuáles son quienes entran a los programas. Vamos a democratizar el sistema y a hacer que todos tengan los mismos derechos”, aclaró Benedetti.
Sin embargo, lo que le preocupa a este gremio es que al ser las instituciones prestadoras de salud quienes tengan las especializaciones y no las universidades, se pierde la formación teórica y ética.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos, le pidió a la Cámara de Representantes que discuta la reforma a la salud con todos los actores involucrados, pero que no se vayan a tomar otros siete meses para discutir la iniciativa.
“La Cámara de Representantes hará audiencias para escuchar a los insatisfechos, a los sectores que no están contentos con el tema para que lo hagan con toda la diligencia y la apertura necesaria. Escuchar a los interesados es fundamental para la reforma, pero les he pedido a los miembros de la Comisión Séptima que procedan con la mejor rapidez posible, sin afán, pero que no se vayan a tomar los siete meses que les otorgó el Senado porque el sistema necesita mejorar rápido”, dijo el mandatario.
Otra preocupación expresada es la privatización del capital que tendrá como efecto la intermediación, “porque va a fortalecer las EPS”, además de la privatización de los hospitales, que encarecerá más la salud: “El 70% de los hospitales está en riesgo medio y alto de crisis y el gobierno, en vez de tener un plan de salvamento como lo hizo con el sector financiero, pretende liquidarlos”.