9.26.2011

Debemos combatir el fraude electoral

Colombia tiene, como lo ha señalado el historiador David Bushell, una larga tradición de fraudes electorales, en la que la limpieza de las elecciones siempre ha estado en cuestión. Desde el nacimiento de la república en el siglo XIX, el fraude electoral fue una práctica recurrente asociada al clientelismo político. Bushell menciona algunas de esas modalidades: irregularidades en el registro electoral, depósito de papeletas falsas, abusos en los escrutinios, control espurio de la organización electoral (“el que escruta elige”), compra de votos. Un verdadero repertorio de constreñimiento al elector. Todo esto a pesar de las leyes y normas que castigan penalmente a los responsables de esas conductas y de la infinidad de medidas que se expiden en cada evento de participación electoral con el propósito de contrarrestar la práctica del fraude.
En las elecciones de 2002 se puso en marcha una de las modalidades más repudiables de todas las conocidas: los acuerdos entre las élites políticas regionales y los grupos paramilitares que se acompañaron de asesinatos y de una variedad inusitada de acciones orientadas a impedir el voto libre.
Este menú de prácticas del fraude electoral que adulteran la voluntad popular no ha logrado ser contenido a pesar de que nuestro país cuenta con una legislación detallada. El Código Penal señala varias conductas: perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude en la inscripción de cédulas, corrupción del sufragante, retención y posesión ilícita de cédulas, o fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, denegación de inscripción y de una ley de garantías electorales que, salvo aspectos secundarios, es realmente inoperante para proteger el voto libre.
La reforma política de 2009 fue una oportunidad excepcional que se dejó pasar sin sanciones ejemplarizantes orientadas a desestimular el fraude electoral y el constreñimiento al elector. Por su parte, el Congreso de abstuvo de reglamentarla y, así, quedó abierta la puerta para un nuevo capítulo de la corrupción política, que solo se conocerá en sus verdaderas dimensiones una vez elegidos los nuevos senadores y representantes. El dinero de narcotráfico sigue permeando la actividad política y la corrupción política entró en una nueva fase en la cual el clientelismo se articula a las grandes contrataciones con el Estado para beneficio de unas pocas redes que controlan la asignación o distribución de los recursos públicos.
Esta es otra de las tareas pendientes que deja en deuda al Presidente Uribe con la sociedad colombiana. Transitamos pues de la promesa de luchar contra la “politiquería y la corrupción” a una nueva fase de degradación de la actividad política.
Sin embargo, quien examine los informes de prensa de los últimos meses sobre la dinámica de las campañas electorales y sobre el comportamiento de los candidatos podría desencantarse rápidamente. Cancelación de la personería jurídica a algunos partidos por irregularidades en su proceso de conformación; campañas electorales que exceden de antemano los topes fijados por el Consejo Nacional Electoral; influencia renovada de bandas armadas en algunas regiones en las que aspiran a mantener el control político militar, y presencia renovada de la “vieja política” representada en políticos encarcelados que pretenden extender su poder a través de esposas, hermanos e hijos, son solo algunos de los episodios que anteceden las elecciones al nuevo Congreso.
Hablar de fraude electoral en Colombia no es una novedad. Aunque el país es reconocido internacionalmente por la antigüedad de su democracia, en la práctica, la limpieza de las elecciones ha estado siempre en discusión. Y no sólo en los últimos años sino desde los albores de la tradición electoral en el país, pues existe evidencia de fraudes electorales desde la naciente república del siglo XIX.
Antes de 1840 las elecciones eran de viva voz y públicas, por lo cual los electores eran presa fácil de la intimidación o el convencimiento mediante prebendas. Después de esa fecha se introdujo el voto secreto lo cual dificultó esas conductas, pero no las extirpo del todo. De hecho, se sofisticaron y se acomodaron a las nuevas formas de la democracia colombiana. “Las modalidades del fraude abarcaban desde irregularidades en el registro electoral (inscripción de personas no aptas para votar o rechazo arbitrario de quienes sí reunían las condiciones) hasta el depósito de boletas falsas y abusos de escrutinio.

9.19.2011

Se requiere construir políticas públicas incluyentes y de participación ciudadana

La historia de Colombia se ha visto involucrada en distintos hechos que han conducido a la lucha de los sectores excluidos o marginados del país. Dichos hechos han llevado a la reivindicación de sus derechos que les han sido arrebatados desde la Independencia del país. La población campesina no se ha visto exenta del problema de la exclusión: los sectores rurales han visto siempre vulnerados sus derechos, de acceso a la tierra y por ende al de la propiedad.
Colombia ha sido un país históricamente agrario. Durante mucho tiempo la economía del país ha dependido en gran parte de la producción agrícola. Paralelo a esto, los grandes terratenientes han acumulado su capital con base en la explotación de los campesinos, que se han visto convertidos en arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados, y desplazados sin tierra.
A comienzos del siglo 20, encontramos inicialmente las primeras organizaciones campesinas con intenciones reivindicativas como mejora de las tierras e independencia como sujeto social y productivo. Desde la década de 1920, los campesinos exigían el hecho de no ser más una fuerza de trabajo cautiva y sumisa, pedían trabajar para beneficio propio y tener dominio de la tierra que trabajan. Como resultado de las movilizaciones agrarias de la década de 1920 se dio un pequeño grado de organización para enfrentarse a los monopolizadores de la tierra, para hacer exigencia en el tema de los salarios, condiciones dignas de trabajo y de vida. Un ejemplo de esto son las expresiones organizativas de los campesinos de Córdoba que llegaron a conformar el Baluarte Rojo de Lomagrande, San Fernando, Canalete y Callejas. En 1928 se habían consolidado ya organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, embrión del Partido Comunista Colombiano que distribuyó su influencia de manera exponencial mostrando la interrelación de la expresión política y la organización campesina de base.
La gran depresión y caída de los precios internacionales del café en 1929, produjeron desempleo y pauperización de las condiciones de vida en las haciendas. En este contexto, empezaron a florecer las luchas agrarias principalmente en Sumapaz, Viotá y la región del Tequendama y Córdoba.
Bajo este contexto se movilizaron a favor de los campesinos colombianos en todo el país las Ligas Campesinas, los Sindicatos de Obreros Rurales, y las Unidades de Acción Rural como expresiones del movimiento campesino, mientras que a nivel nacional podemos encontrar a la Federación Campesina e Indígena posteriormente conocida como la Confederación Campesina e Indígena fundada en 1942, la cual condujo movilizaciones en todo el país en contra de la Asociación Patriótica y Económica Nacional y posteriormente en contra de la Ley 100 de 1944.
Para 1956, las organizaciones campesinas e indígenas estaban completamente destruidas por acción u omisión del gobierno colombiano. De esta dinámica se salva la Federación Agraria Nacional (Fanal), fundada en 1946 con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia. Esta fue la organización campesina más importante hasta el surgimiento de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad pluricultural de campesinos, indígenas, afrocolombianos y pequeños y medianos empresarios para las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y a trabajar en nuestros territorios. Es por ello que se hace necesario una voz de aliento en oposición vehementemente y llamando al pueblo colombiano en su diversidad, a oponerse a la guerra y a la restricción de las libertades civiles y políticas. Pero además es por ello que los colombianos deben asumir unitariamente la construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos, especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional

9.13.2011

La sabiduría, el poder y el entendimiento

Por un pequeño reinado de la antigüedad pasó alguna vez un sabio, que tenia la fama de resolver todos los enigmas que se le plantearan. El rey, que era un hombre de un gran temperamento, dominado de alguna manera por sus pasiones, lo mandó llamar y le pidió que le diera una fórmula para la felicidad. Entonces el sabio se retiró algunos meses hasta que volvió al reino, y le regaló al rey un anillo; junto con el anillo le regaló también la consigna de que leyera una inscripción interna (un pequeño letrero que sólo el rey podía leer) en los momentos de mayor euforia, de mayor éxito, así como en los momentos de mayor amargura, derrota y depresión.
La gente empezó a notar que el rey en sus mejores y peores momentos miraba a su anillo y leía aquella inscripción interna y que con el paso del tiempo esa costumbre lo había transformado en un hombre mas sabio y justo, con mucha mayor capacidad de gobernar sanamente, aquella comunidad. Trascendió incluso en el reino que en la inscripción interna del anillo del rey había solamente tres palabras. Cuando murió el rey los habitantes del reino quisieron saber cual era la inscripción que había transformado la historia del rey y de alguna manera la de ellos también. Fueron a ver el anillo y en su parte interna encontraron escritas estas tres palabras: “esto también pasara”. Estas palabras, en los momentos de mayor euforia y triunfo significaban para el rey la posibilidad de poner los pies en la tierra, así como en los momentos de dolor se transformaban en un símbolo de esperanza. En unos y en otros momentos le significaron la posibilidad de mirar hacia adentro y, desde el sentido del éxito interno, la ansiada fórmula de la felicidad.
Un hijo y su padre estaban caminando en las montañas. De repente, el hijo se cayó, se lastimó y gritó: “AAAhhhhhhhhhhhhhhh ! ! !”.
Para su sorpresa, oyó una voz repitiendo, en algún lugar en la montaña: “AAAhhhhhhhhhhhhhhh ! ! !”
Con curiosidad, el niño grito: “¿Quién eres tú?”
Recibió de respuesta: “¿Quién eres tú?”
Enojado con la respuesta, grito: “Cobarde!”
Recibió de respuesta:”¡Cobarde!”
Miró a su padre y le preguntó: “¡Que sucede?”
El padre sonrió y dijo: “Hijo mío, presta atención.”
Y entonces el padre gritó a la montaña: “¡Te admiro!”
La voz respondió: “¡Te admiro!”
De nuevo el hombre gritó: “¡Eres un campeón!”
La voz respondió: “¡Eres un campeón!”
El niño estaba asombrado, pero no entendía.
Luego el padre explicó:
“La gente lo llama ECO, pero en realidad es la VIDA...Te devuelve todo lo que dices o haces... Nuestra vida es simplemente reflejo de nuestras acciones. Si deseas más amor en el mundo, crea más amor a tu alrededor... Si deseas mas competitividad en tu grupo, ejercita tu competencia... Esta relación se aplica a todos los aspectos de la vida... La vida te dará de regreso exactamente aquello que tú le has dado.”
Tu vida no es una coincidencia... Es un reflejo de ti. Alguien dijo: “Si no te gusta lo que recibes de vuelta, revisa lo que emites”

9.05.2011

Penalizarán cualquier acto de discriminación en Colombia

En su último debate, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley número 08 Senado - 165 Cámara, que penaliza cualquier acto de discriminación en Colombia por razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.
El proyecto, que inicialmente solo castigaba la discriminación racial, irá a conciliación porque precisamente la Cámara amplió el concepto para abarcar otros tipos de segregación.
Como quedó aprobado, además de la discriminación por raza se castigue también la segregación por religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual.
La iniciativa, que fue radicada por la bancada del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), contempla sanciones penales y económicas.
El proyecto aprobado modifica el 134A del Código Penal, que quedó así: “El que arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Se consideró necesario incluir en la ponencia un tipo penal mediante el cual se establezcan sanciones por la comisión de actos de discriminación no solo racial sino también por razones de religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, por lo que es necesario además eliminar el artículo del proyecto de ley que consagraba el delito de racismo y en consecuencia tipificar el delito de actos de discriminación.
El que por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o promuevan el genocidio, o de alguna forma lo justifiquen, ya sea apoyando o negando un genocidio cometido en cualquier época o lugar, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses, multa de 666,66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses.
Neonazis vedados. Con el castigo a la “apología del genocidio”, quedarían en la ilegalidad las organizaciones Neonazis que justifican prácticas de genocidio y persecución racial, como el Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial; quienes asuman estas conductas podrían ir a la cárcel hasta por 15 años.
“Cuando hay circunstancias de agravación punitiva, las penas se incrementan.
Se necesitan campañas educativas y de concientización social acerca de la necesidad de erradicar estas prácticas.
No obstante, la Ley va a permitir a las comunidades vulnerables que puedan acudir a la justicia para que se sancionen a quienes incurran en actos de discriminación.
Además de los cambios en la legislación se deben dar cambios de actitud.
En ese sentido, hay muchas maneras de discriminación desde lo cultural, entre las que se encuentran chistes cotidianos que siguen siendo racistas, excluyentes de las mujeres, los indígenas y las minorías.