4.25.2016

Agentes podrán entrar a su casa a la fuerza y desconectar equipo de sonido, según nuevo Código de Policía

El proyecto, explicó Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa Nacional, contiene normas sustantivas y de procedimiento tendientes a agilizar la aplicación de la ley por parte de las autoridades policiales, buscando la protección del ciudadano y la sana convivencia. Medidas como procedimientos policivos que se resolverán en 36 horas, así como, facultades a las autoridades para ingresar a un bien inmueble y desactivar el equipo de sonido cuando se esté violando el nivel de ruido permitido, son algunas de las normas que se incluirán.
Por ejemplo, con el proyecto, de convertirse en Ley de la República, se acabarán los procesos policivos que hoy demoran hasta un año o más tiempo y que por definición deben ser inmediatos o tardar breves lapsos. Según la iniciativa el plazo máximo será 36 días hábiles.
Villegas resaltó también que el articulado propuesto al Congreso contempla, entre otras, medidas y procedimientos más ágiles y decisivos para garantizar la sana convivencia en barrios, edificios y áreas residenciales en materia de ruido y fiestas caseras, para regular la apertura y funcionamiento de establecimientos comerciales y, especialmente, para combatir el robo de celulares.
“En el proyecto se incluyen disposiciones que permiten adoptar medidas correctivas más gravosas en contra del infractor reiterativo frente a las normas de convivencia o frente al incumplimiento o acatamiento de medidas correctivas”, dijo Villegas.
Por ejemplo, hoy en día cuando hay una fiesta altamente ruidosa en un vecindario, sólo es posible solicitar al organizador que baje los niveles de ruido; el proyecto de nuevo Código faculta a la autoridad de policía hasta para desactivar la fuente del ruido y de esta manera restablecer la tranquilidad del vecindario.
Otro de los aspectos relevantes de la iniciativa tiene que ver con la prevención del hurto de celulares, pues, una vez aprobado, la autoridad policial tendrá herramientas más efectivas para controlar la compra, alquiler, uso, comercialización y venta de equipos y Sim Cards, a tal punto que los establecimientos que revendan equipos hurtados serán cerrados definitivamente.
En cuanto a la protección a la vida, el proyecto otorga facultades para imponer multas y acciones pedagógicas para quienes protagonicen, inciten o participen en riñas callejeras o confrontaciones violentas que deriven en agresiones físicas.
Acerca de los establecimientos de comercio, el proyecto contempla que la apertura de estos debe ser informada previamente al comandante de Estación o Subestación de Policía, con el fin de que se verifique las normas sobre uso del suelo y evitar de esta forma que se inauguren negocios de alto impacto en zonas residenciales que perturben la tranquilidad y sana convivencia.
“Estamos frente a un proyecto de ley que fue pensado para proteger al ciudadano común, que incluye normas que garantizan la sana convivencia y que promueven el respeto por la autoridad y el cumplimiento de la ley”, puntualizó el Ministro de Defensa Nacional.
Los congresistas ponentes del proyecto son: Germán Varón, Roy Barreras, Viviane Morales, Eduardo Enríquez Maya, Jaime Amín, Alexander López, Doris Vega y Claudia López.

4.18.2016

Aprobada eliminación del cobro por reconexión y reinstalación de servicios públicos

La Comisión Sexta del Senado de la República aprobó con 10 votos afirmativos el proyecto que modifica la ley 142 de servicios públicos en su artículo 96 y 142 que elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales, para que siga su tránsito a segundo debate.
El senador Mario Fernández Alcocer, ponente de esta iniciativa, sostuvo que: “definitivamente de tajo se corta cualquier posibilidad de cobro a la hora de la reconexión para los estratos 1,2 y 3 de tipo residencial y le da un término perenne a las empresas para que una vez sea superada la causa de suspensión, 24 horas después tiene que estar restablecido el servicio; agregó: “es una excelente noticia para la gente más pobre de nuestro país y creo que con esto hacemos algo de justicia social desde el Congreso de la Republica”.
El senador advirtió que “la eliminación de la reconexión no afecta el servicio, por el contrario hacemos un llamado a la superintendencia de servicios públicos a las comisiones de regulación y a los órganos de control, que no trasladen esa carga del costo de las cuadrillas y vehículos, al costo de los usuarios”.
Entre tanto, la senadora Susana Correa apoyó la iniciativa y fue enfática en afirmar: “las tarifas no se pueden modificar para agregarles costos adicionales de los que hoy están estipuladas”.
En el mismo sentido el senador Mauricio Aguilar, aseveró que “tiene que quedar estipulado o establecido que tanto la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de regulación deben garantizar que estos costos no se maquillen”.
Por último, el senador Ángel Custodio Cabrera, hizo la aclaración que el costo de reconexión no debe afectar la capacidad financiera de las empresas, esto para que quedara consignada en la ponencia y así dar su voto positivo; afirmó: “no se pueden crear tributos que nadie pueda pagar”.

4.11.2016

¿Qué pasó con la platica del “cargo de confiabilidad”?

Por más de dos décadas los colombianos han pagado para fortalecer las generadoras de energía y evitar esta situación. ¿Quién responde?
El cargo por confiabilidad es un sobreprecio a las tarifas de energía que los colombianos han pagado durante más de 20 años para generar un fondo que ayude a sortear problemas de generación de electricidad como los que actualmente están surgiendo por cuenta del fenómeno de “El Niño”. Han sido más de $18.000 millones recaudados.
A pesar de este pago adicional, los ciudadanos que han acatado la recomendación de consumir menos energía no se explican por qué las tarifas en sus facturas les cobran como si hubieran derrochado el recurso.
Pero la duda no son rumores ni especulaciones únicas de los usuarios. La Defensoría del Pueblo también ha pedido explicaciones sobre qué pasó con el dinero del cargo de confiabilidad. “En este momento estamos enfrentados a un racionamiento”, asegura la delegada para Derechos Colectivos, Martha Alonso.
Ante el inconformismo por la posibilidad de un posible apagón, el Ministerio de Minas y Energía asegura que por el momento no se contempla. Sin embargo, fallas de hidroeléctricas como Guatapé y Termoflores han obligado a un plan de choque: importar energía desde Ecuador. O “integración energética” como lo llama Tomás González, jefe de esa cartera.
Mientras el Gobierno responde la duda del apagón, aclara el paradero del cargo de confiabilidad y analiza o rechaza volver a la Hora Gaviria, ahorradores y derrochadores de la electricidad se preguntan: ¿será que esa platica se perdió?
El gobierno nacional propone como medida preventiva para el ahorro de energía, adelantar los relojes 60 minutos, como ocurrió en el año 1992 en tiempos del gobierno de César Gaviria.
La preocupación frente a una posible crisis energética ha aumentado, luego de la suspensión de operaciones de la planta Termoflores en Barranquilla y la caída de los niveles de los embalses al 30%.
Pese a las campañas que llaman al ahorro, el consumo de energía va en aumento, por lo que el Gobierno reiteró el llamado.
“Pedimos solidaridad, falta el mes más duro del fenómeno de El Niño”, declaró el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao.
Cambiar la hora afectaría hábitos de la vida cotidiana como los horarios de pico y placa. Sin embargo, la nueva hora tendría que ser certificada por la superintendencia de Industria y Comercio.

4.04.2016

Después de su muerte le llegará la atención de su EPS en Colombia

Si en las regiones llueve, en la provincia está cayendo el diluvio universal, no hay rincón de Colombia, grande o pequeño, que se salve de la crisis por la que atraviesa el sistema de salud, que ya hizo metástasis, como una enfermedad dañina, en el cuerpo entero del país y que lo invade todo, desde las aldeas que se arraciman en la orilla del mar, hasta las imponentes ciudades de la montaña o de la llanura.
Reconocer la amplitud de la cobertura y atención en salud no implica que ella sea totalmente satisfactoria, pues siempre existirán nuevos tratamientos que los médicos o prestadores querrán intentar en procura de validar sus posibilidades de curación u oferta de mayor bienestar. Justamente, la distancia que separa tratamientos y alternativas posibles y razonables de atenciones deseables y deseadas, es la que se marca entre la posibilidad de consolidar un sistema eficiente y la crisis actual, que ha sido, por cierto, reiterativa. A la formación de la brecha han contribuido por igual prestadores de salud y jueces de tutela. Los galenos, porque al no encontrar límites institucionales para sus pretensiones, inspiran a sus pacientes a buscar medicamentos y tratamientos innovadores y de alto costo, así no estén suficientemente probados. Los togados, porque en sus decisiones se limitan a garantizar el derecho de un individuo así tal concesión imponga altos costos a los demás participantes del sistema de salud.
Es conocido por mucha gente que los dineros de las EPS son aportados por muchos ricos inversionistas del país dentro de los cuales hay varios políticos que buscan en que invertir el dinero de la mermelada que les dieron, o de las comisiones por favores que cobraron, y nuestro sentir indígena también nos dice que entre más intermediarios exista en una relación de negocios, menos dinero será para las partes que aportan y las que prestan el servicio. La crisis de la salud no es por aplicar los mejores conocimientos del cuerpo médico para mejorar y solucionar los problemas de salud de los colombianos, sino por mantener y aumentar las ganancias de estos emporios económicos, entre otras, razón por la cual nombraron entre ellos a un ministro de salud vicepresidente de un grupo bancario muy poderoso para que les cuidara la plática y no a un verdadero conocedor de la medicina y de los problemas y las necesidades de salud con los conocimientos en esta área que se requieren para que la población tenga acceso a lo que la ciencia ofrece para solucionarlos.
Señor Ministro, ahora resulta que los culpables de la crisis son los profesionales de la medicina, que reciben una educación médica de mejor calidad del continente y que tienen entrenamientos médicos que están a la par de los países más desarrollados del mundo, lo cual se refleja claramente cuando al país vienen a laborar médicos de otros países que terminan lesionando a nuestra población. Pero como a la óptica del economista que solo piensa en dinero, la calidad de los profesionales no importa, porque al ministro de salud lo deben atender en las clínicas privadas más prestantes del país con una Póliza Prepagada Plus que le cubre todos esos avances de la medicina, pues poco sabe de tener que hacer colas desde la madrugada para obtener una ficha para una consulta o esperar en un servicio de urgencias 12 horas para que lo atiendan, o hacer un largo recorrido por entre montañas para llegar a un puesto de salud, pues poco sabe de la necesidad de calidad de atención para que ese esfuerzo que esta gente hace, valga la pena.
Esta necesidad fue la que no entendió el Congreso que concluyó su período en 2014, y que fue tan eficiente para tramitar la Ley Estatutaria, con mayores garantías a los pacientes, como arrogante y displicente para bloquear, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el trámite de la ley ordinaria o Reforma a la salud, que regulaba la financiación y operación del sistema, controlando fuentes de corrupción y de derroche.