10.10.2011

Regalías, alcahuetería ó derroche de favores

En Colombia la renta petrolera ha servido como una especie de caja mayor de la dictadura presidencial, que periódicamente libera de los aprietos fiscales al régimen, a tal punto que, sin ser un país petrolero, el 35 % de las exportaciones pertenecen a este rubro y las transferencias anuales de Ecopetrol a la nación superan los 5 billones de pesos. No obstante, los designios del Consenso de Washington, aplicados en Colombia a través de las imposiciones del Banco Mundial y del FMI exigen la privatización de la renta petrolera y energética.
De tal forma hemos asistido a un proceso de liberalización camuflada a través de la privatización de las rentas energéticas. Se modificaron los contratos de asociación para beneficiar a las multinacionales mediante resoluciones de la junta directiva de Ecopetrol, se privatizó la distribución minorista de refinados y parte del sector del gas natural y se reformó la ley de regalías perjudicando a las regiones, concentrando mucho más el manejo de la renta petrolera, otra vez a favor de las multinacionales.
Lo anterior quiere decir que en un contrato de asociación, según los términos actuales, para un proyecto como el de Cusiana, con la participación de tan solo el 30% para Ecopetrol, el país pierde utilidades por US$ 1.570 millones. Para el mismo ejemplo, con la reforma de regalías las regiones pierden US$ 110 millones durante todo el tiempo de vida del contrato. Esto quiere decir menos distribución de nuestra riqueza, más expoliación y más pobreza.
Una política petrolera nacional y redistributiva debe ser el resultado de un gran acuerdo político y social de los colombianos en el marco de un sólido proceso de paz. Sólo de esta manera el petróleo dejará de ser la inyección de la explosión de la guerra y pasará a ser un importante recurso para la construcción de la paz.
En el Arauca petrolero, pese a la militarización con 7.000 hombres, los millones de dólares y la asesoría de militares y mercenarios del Imperio, la espiral de la guerra no se ha contraído, sino que por el contrario se ha expandido. Las guerrillas han logrado crecer y mantenerse militarmente, se combate a diario con muchos muertos, en su mayoría soldados, sin que apenas lo sepamos. La política de “seguridad democrática” persigue a civiles, los encarcela y los hace ver como guerrilleros. El paramilitarismo ha asesinado a más de 150 personas en el casco urbano del municipio de Tame durante este año.
Entre el año 1994 y 2005 se giraron más de US$10.000 millones por concepto de regalías directas e indirectas. Sólo en el año 2006 se generaron cerca de US$ 1,500 millones por regalías directas, de las cuales cerca de US$ 450 millones se distribuyeron entre 80 municipios.
A pesar de los esfuerzos institucionales realizados por el Estado en materia normativa para que los municipios que cuentan con yacimientos y explotaciones petroleras y mineras, reciban regalías directas y avancen hacia el incremento de las coberturas en los sectores sociales básicos: salud, educación, agua potable y alcantarillado y mortalidad infantil, después de más de 20 años no se observan cambios significativos en los índices de calidad de vida de la población, porque las entidades territoriales muestran poca efectividad en la aplicación de las regalías, lo que se debe principalmente a limitaciones en el ciclo de inversión municipal y a una reducida transparencia en la gestión.