8.31.2015

Colombianos a un paso del puente fronterizo, en medio de una discordia interna venezolana

Cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó en la noche del pasado miércoles la decisión de cerrar ese linde que marca el puente internacional Simón Bolívar, los ciudadanos de ambos lados lo lamentaron conscientes de que buena parte de sus vidas iban a verse diametralmente modificada.
Todo comenzó por una balacera. El pasado miércoles 16 de agosto, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar por 72 horas la frontera con Colombia, en San Antonio del Táchira y Urueña; una decisión que cayó como un baldado de agua fría.
De acuerdo con Maduro, su orden respondía al ataque del que fueron víctimas tres militares y un civil venezolano, cuando los uniformados realizaban un operativo de control anticontrabando.
Estas cuatro personas, dijo Maduro, fueron “atacadas por la espalda” por dos motorizados “en un operativo muy a la usanza del paramilitarismo, con armas largas.
El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, especificó que el enfrentamiento se produjo cuando los uniformados interceptaron a unos presuntos contrabandistas con “un cargamento de mercancías listo para llevar a Colombia”.
Dos días después, el viernes pasado, Maduro tomó una decisión aún más dura: extender el cierre de la frontera por 60 días y además instalar estado de excepción en la zona.
Es decir que con ello, Maduro daba vía libre a la prohibición el porte de armas y autorizó allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, entre otras medidas.
Ordenar el estado de excepción también le dio dientes a Maduro para realizar amplios operativos de repatriación.
Desde el día que inició esta crisis, 1.113 colombianos han sido deportados. 
Migración Colombia reveló que alrededor de 3.800 colombianos han sido expulsados, deportados o repatriados desde Venezuela en el 2015. La cifra duplica los 1.820 del año pasado.
De acuerdo con estadísticas oficiales, unos 5 millones de colombianos viven en Venezuela, país que aumentó sus controles migratorios en medio de la crisis social y política que enfrenta.
Unos 315.000 colombianos han ingresado en Venezuela en lo corrido de este año, de los que 307.000 regresaron y unos 8.000 no lo hicieron, según datos oficiales y que contrastan con los presentados el jueves por el presidente de ese país, Nicolás Maduro.
El mandatario venezolano dijo que más de 121.000 colombianos se han establecido en su país este año en busca de mejores condiciones de vida, pero los datos de Migración Colombia muestran que en realidad son menos del 10 % de esa cifra.
De  los 315.000 ciudadanos que viajaron a Venezuela este año, el 70 % lo hicieron como turistas y la mayoría regresó, según los datos de Migración Colombia, la entidad que controla el flujo de personas en las fronteras.
La dicotomía de rabia y asunción de la realidad binacional en la urbe se ejemplifica en el centro del puente Simón Bolívar, donde unidades especiales de la Policía colombiana y la Guardia Nacional venezolana, separadas por una alambrada, se miran desafiantes con armas largas en una escena que recuerda al Berlín de la Guerra Fría.
Sin embargo, los vínculos emergen y agentes de uno y otro lado dejan ocasionalmente las miradas tenebrosas para charlar en los laterales del puente. La vida, el tórrido clima y el trato con sus superiores copan sus conversaciones. Igual que las de dos viejos vecinos.

Colombianos a un paso del puente fronterizo, en medio de una discordia interna venezolana

Cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tomó en la noche del pasado miércoles la decisión de cerrar ese linde que marca el puente internacional Simón Bolívar, los ciudadanos de ambos lados lo lamentaron conscientes de que buena parte de sus vidas iban a verse diametralmente modificada.
Todo comenzó por una balacera. El pasado miércoles 16 de agosto, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar por 72 horas la frontera con Colombia, en San Antonio del Táchira y Urueña; una decisión que cayó como un baldado de agua fría.
De acuerdo con Maduro, su orden respondía al ataque del que fueron víctimas tres militares y un civil venezolano, cuando los uniformados realizaban un operativo de control anticontrabando.
Estas cuatro personas, dijo Maduro, fueron “atacadas por la espalda” por dos motorizados “en un operativo muy a la usanza del paramilitarismo, con armas largas.
El gobernador del Táchira, José Vielma Mora, especificó que el enfrentamiento se produjo cuando los uniformados interceptaron a unos presuntos contrabandistas con “un cargamento de mercancías listo para llevar a Colombia”.
Dos días después, el viernes pasado, Maduro tomó una decisión aún más dura: extender el cierre de la frontera por 60 días y además instalar estado de excepción en la zona.
Es decir que con ello, Maduro daba vía libre a la prohibición el porte de armas y autorizó allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial, entre otras medidas.
Ordenar el estado de excepción también le dio dientes a Maduro para realizar amplios operativos de repatriación.
Desde el día que inició esta crisis, 1.113 colombianos han sido deportados. 
Migración Colombia reveló que alrededor de 3.800 colombianos han sido expulsados, deportados o repatriados desde Venezuela en el 2015. La cifra duplica los 1.820 del año pasado.
De acuerdo con estadísticas oficiales, unos 5 millones de colombianos viven en Venezuela, país que aumentó sus controles migratorios en medio de la crisis social y política que enfrenta.
Unos 315.000 colombianos han ingresado en Venezuela en lo corrido de este año, de los que 307.000 regresaron y unos 8.000 no lo hicieron, según datos oficiales y que contrastan con los presentados el jueves por el presidente de ese país, Nicolás Maduro.
El mandatario venezolano dijo que más de 121.000 colombianos se han establecido en su país este año en busca de mejores condiciones de vida, pero los datos de Migración Colombia muestran que en realidad son menos del 10 % de esa cifra.
De  los 315.000 ciudadanos que viajaron a Venezuela este año, el 70 % lo hicieron como turistas y la mayoría regresó, según los datos de Migración Colombia, la entidad que controla el flujo de personas en las fronteras.
La dicotomía de rabia y asunción de la realidad binacional en la urbe se ejemplifica en el centro del puente Simón Bolívar, donde unidades especiales de la Policía colombiana y la Guardia Nacional venezolana, separadas por una alambrada, se miran desafiantes con armas largas en una escena que recuerda al Berlín de la Guerra Fría.
Sin embargo, los vínculos emergen y agentes de uno y otro lado dejan ocasionalmente las miradas tenebrosas para charlar en los laterales del puente. La vida, el tórrido clima y el trato con sus superiores copan sus conversaciones. Igual que las de dos viejos vecinos.

8.24.2015

Estudios revelan que planteles educativos en Colombia son permeados por la drogadicción

Las autoridades han propuesto reforzar las estrategias con organismos internacionales como la OEA para afrontar el problema que es considerado como crítico por el gobierno.
De acuerdo con las cifras oficiales, el fenómeno se presenta en 61 por ciento en los colegios públicos, mientras que en los privados el problema alcanza 85 por ciento.
El estudio revela la existencia de casos en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde los niños empiezan el consumo entre los 5 y 7 años de edad.
Un estudio que se conocerá en septiembre próximo, apoyado por la Organización de Estados Americanos, dará luces sobre cómo atacar el problema.
La estrategia gubernamental pretende desestimular la demanda de drogas ilegales como basuco, marihuana y éxtasis, las de mayor consumo dentro y fuera de los colegios involucrando a educadores, padres de familia y gobiernos locales.
Después de un largo proceso como productor, Colombia ha pasado a ser un país consumidor de drogas ilícitas, pero sus autoridades desconocen la magnitud de la adicción a los narcóticos entre niños y jóvenes en edad escolar.
La única certidumbre en el tema es que los adolescentes entre 12 y 18 años son los mayores consumidores, de acuerdo con sondeos que maneja el gobierno y que fueron conocidos por Radio Caracol.
“La drogadicción, alerta roja en escuelas y colegios”, revela que en los estratos altos el consumo comienza con la cocaína, el éxtasis y variaciones como el nuevo ácido denominado “popel”, que es la combinación de la heroína con la cocaína y que fue recientemente detectado por la policía.
Para las instituciones especializadas en tratamiento de adictos, el problema más grave tiene que ver con que cada día los niños inician el consumo de drogas ilícitas a más temprana edad. A estos centros es frecuente que sean llevados niños desde los cinco años para su tratamiento. Parte del drama radica en que no hay estudios certeros que permitan conocer la magnitud del fenómeno.
Expertos y trabajadores en el tema de la drogadicción en colegios y escuelas del país, coincidieron en afirmar que en Colombia no existe ninguna institución educativa que no tenga casos detectados de niños o jóvenes adictos.
Según el director de la comunidad terapéutica San Gregorio, Fray Ramón Nonato, el consumo de drogas está directamente relacionado con el estrato socio-económico al que pertenecen los niños y jóvenes adictos. “Los menores más pobres buscan sustituir sus necesidades básicas insatisfechas y los de los más altos pretenden incrementar su energía”, explicó el especialista.
Nonato aseguró que los alucinógenos más usados por los niños que provienen de hogares de más bajos ingresos son los pegantes, los combustibles y la marihuana. En algunos casos terminan en el basuco.
La lucha contra el consumo de drogas ilícitas en los colegios y escuelas de Colombia es cada vez más compleja. Las autoridades admiten que están maniatadas para impedir y sancionar el flagelo que se ha convertido en una epidemia en más de la mitad de los centros educativos de primaria y secundaria en el país, según establece la investigación realizada por Radio Caracol, en alianza con City Tv y el periódico El Tiempo.

8.18.2015

Colombia entre conflicto, pos-conflicto y el costo

Colombia lleva muchísimos años en guerra y posee una experiencia sin igual en procesos de paz frustrados. Desde las guerras de independencia, pasando por la guerra de los Mil Días y La Violencia, hasta el actual proceso de paz, son muchas las ocasiones en las que en Colombia se ha intentado dar terminación al conflicto y dar paso a una situación de post conflicto en la cual nuevos brotes de violencia aparezcan como innecesarios. La ausencia de una paz duradera debería suscitar un análisis a fondo de los diversos procesos de paz que se han dado en el país, comenzando desde el proceso de construcción de Nación en el siglo XIX hasta los procesos más recientes. El análisis de tal historia permitirá observar las diversas estructuras que han dado lugar no sólo a la aparición de la guerrilla sino de los grupos paramilitares y permitirá observar las carencias institucionales del Estado que han conducido a la aparición de grupos de autodefensa, sean estos de derecha o de izquierda.
No sobra señalar que la capacidad de decisión del Estado en estas materias se ve limitada y por tanto sus decisiones se sujetan a lo que sea aconsejado por Instituciones de Gobierno Internacional (IGI) como el Banco Mundial, el FMI, la ONU, etc. La capacidad de maniobra del gobierno en esta materia es limitada. No podrá haber un proceso de paz sin al menos alguna forma de justicia y de resarcimiento a las víctimas. Pero no es sólo la presión internacional la que impediría una política como la sugerida por algunos sectores en Colombia. El gobierno colombiano tampoco se puede dar el lujo de establecer un precedente en el que las graves violaciones cometidas por las FARC y por el ELN sean perdonadas sin más, pues ello conduciría a una paz precaria y podría ser la fuente de nuevas violencias.
En el inicio del proceso nadie sabía cuánto iba a costar, no se hablaba del posconflicto y la situación económica de bonanza era una realidad muy distinta a la actual. Hoy, con el avance de los diálogos en La Habana y conocidos los tres primeros puntos sobre los cuales se ha llegado a un acuerdo, han surgido muchas preguntas relacionadas con el posconflicto: ¿Cuánto valdrá y cómo se financiará? Y la respuesta que algunos economistas le están dando, después de revisar las cifras, es que las cuentas no dan.
 Sin embargo, aunque es cierto que es difícil calcular ese costo, hay opiniones calificadas que dan luces sobre las realidades que habrá que afrontar. Una de estas es la del ex ministro Juan Camilo Restrepo Salazar, quien habla de una cifra preliminar –sólo para el posconflicto rural– que fluctuaría entre 80 y 100 billones de pesos para los próximos diez años, lapso que se juzga razonable para proyectar el periodo de tiempo del posconflicto.
Según Restrepo, quien conoce muy bien el tema rural negociado en La Habana, el país deberá invertir con recursos públicos algo así como 8 o 10 billones de pesos anuales en la implementación de los 12 planes de carácter rural que se enumeran en el punto número uno del acuerdo. La cifra es tan alta que asusta. No obstante, si se tiene en cuenta que Restrepo ha sido ministro de Hacienda, de Agricultura, es experto en café y es considerado un hombre ponderado y ecuánime, su opinión tiene peso. Su cálculo equivaldría a destinar anualmente, a lo largo de la próxima década, una suma parecida al producido anual del impuesto al patrimonio para este solo propósito.

8.10.2015

Existe verdadera libertad de prensa en Colombia?

En Colombia tanto Comunicadores Sociales y Periodistas conmemoramos esta fecha el próximo 4 de Agosto como testimonio de lucha incesante por la libertad, la democracia y la justicia social heredada del espíritu y batallas del precursor de la independencia don Antonio Nariño, quien el 4 de Agosto de 1793 dio inicio al trabajo clandestino de la difusión parcial de la Declaración de los Derechos Universales del Hombre, labor que culminó el 15 de diciembre de ese año con la traducción y su divulgación.
Antonio Nariño en su imprenta “La patriota” fue el primer periodista que en el Nuevo Reino de Granada colocó en circulación el periódico “La Bagatela”, el cual fue utilizado  como arma intelectual política enfocada a la defensa de los criollos granadinos y transciende aún más su importancia por haber sido el primer periodista en derrocar a un presidente con la prensa libre e independiente; Jorge Tadeo Lozano,  gobernante de Cundinamarca, fue su objetivo para rechazar las medidas anti populares impuestas contra el pueblo durante su mandato, quien se vio obligado a renunciar el 17 de septiembre de 1811 ante las contundentes y responsable denuncias publicadas en la Bagatela y leídas al pueblo por la “POLA”, que para nuestra época bien podría denominarse, reportera, lectora de noticias o presentadora de informes noticiosos.
El ejemplo de don Antonio Nariño, incansable luchador por las libertades del hombre, de prensa, pensamiento y expresión, es inspiración para que en el Departamento de Sucre los Comunicadores Sociales y Periodistas, le rindan honor al precursor de la independencia y no al cubano Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria, bibliotecario traído por el Virrey Don José Ezpeleta Galdeano del Castillo.
El 9 de febrero, es la fecha tradicional conmemorativa del día del periodista, quedando atrás, gracias al ex-representante a la Cámara, investigador, catedrático y actual vice presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia Carlos Ramos Maldonado, quien aceptó incluir en su proyecto de ley sobre periodismo, el 4 de Agosto como el día del Periodista colombiano, y era el tiempo prudente para que estos honores le correspondieran a un verdadero periodista defensor de las nobles causas de justicia, libertad y paz y no a un defensor del Virreinato a través del Papel Periódico de Santafé de Bogotá, fundado el 9 de febrero de 1791.
Comprendido esta parte de nuestra historia, bien cabe recordar que los periodistas hemos jugado un papel fundamental en la defensa de la democracia, la libertad que le pertenece al pueblo, de los derechos humanos y de la paz y continuaremos luchando por la unidad gremial que nos permite actualmente la colegiatura del comunicador social y periodista, hombres y mujeres que mantenemos ideales propios enmarcados en pilares de honor, fe en Dios, perseverancia y credibilidad como seres clásicos en nuestra esencia, contemporáneos en el actuar y vanguardistas en el emprendimiento “Por una prensa libre en un país libre”.

8.03.2015

Proyecto de ley obligaría a pagarle prima laboral a empleadas domésticas

La iniciativa beneficiaría a más de 700.000 personas que trabajan en labores domésticas. 
En Colombia sólo unas 8.000 de las más de 700.000 trabajadoras domésticas que hay, cuentan con contrato de trabajo escrito, y en general la protección social es una excepción. Por esta razón las congresistas Ángela Robledo, Angélica Lozano y Claudia López, lideran en el Congreso de la República el mandato de la Corte Constitucional de reconocer el derecho a la prima de las empleadas domésticas.
Según Angélica Lozano, “entre los trabajadores y trabajadoras domésticas y el empleador, debe mediar el Estado, no sólo el afecto”… en consecuencia, “no dar prima al trabajo doméstico es una evidente discriminación que vamos a resolver porque la igualdad es imparable”
Ante las críticas al Proyecto de Ley ya radicado, tanto las congresistas como la Escuela Nacional Sindical han reiterado no estar pidiendo beneficios adicionales para las empleadas domésticas, por el contrario, “se exige que sean equiparadas con los mínimos laborales del resto de trabajadores colombianos”.
La Corte instó al Congreso y al Gobierno, por medio de la Sentencia C-871 de 2014, a avanzar en el reconocimiento de esta desigualdad teniendo en cuenta que un gran porcentaje de estas trabajadoras han sido víctimas del conflicto armado, el desplazamiento, violencia sexual y ausencia de oportunidades de acceso a salud y educación.
Algunos de los casos más críticos de incumplimiento de las garantías básicas para empleadas domésticas serán presentados en la audiencia pública realizada en asocio con la Unión de Trabajadoras Afro del Servicio Doméstico, la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de Trabajadores de Colombia, la Fundación Bien Humano y la Escuela Nacional Sindical.