9.28.2009

Valor de servicios públicos domiciliarios, debe ser revisado

La eliminación del cobro por reconexión o reinstalación de los servicios públicos, persigue el proyecto de reforma de la Ley 142 o de Servicios Públicos que radicaron dos congresistas y que empezará a ser debatido en el Congreso de la República.
La iniciativa, que está pendiente de su estudio en la Comisión Sexta de Senado, además de eliminar este cobro; propone que en la fijación de las tarifas intervengan los alcaldes, a fin de que las mismas se ajusten a la realidad económica de cada localidad, así mismo, establece un periodo máximo de 24 horas para que las empresas restituyan los servicios a los usuarios.
"Los servicios públicos se convirtieron en el principal dolor de cabeza de los colombianos, no solo por las altas tarifas que tienen que pagar, sino también por los cobros adicionales que incluye la prestación de los mismos; sin que para el usuario esto signifique una mejor calidad", indicaron los senadores ponentes del proyecto de reforma a esta ley, quienes dijeron que insistirán en el desmonte del cargo fijo, de tal manera que si se consume se paga y si no, no se paga.
Con la reforma se busca que el incremento en los servicios públicos se haga una vez al año y de acuerdo al IPC y que el cambio de los medidores responda a fallas técnicas para que los usuarios no incurran en gastos adicionales.
Las quejas de los colombianos contra los servicios públicos son permanentes, la Superintendencia de Servicios Públicos, muestra que más del 80% de estas provienen de la prestación de los servicios tradicionales como acueducto, electricidad y telefonía, mientras que más del 65% obedecen a la facturación. Ya sea por la calidad del servicio, por su cobertura o por la atención a los usuarios, las cifras muestran que el 2.008 fue el año con mayor cantidad de reclamaciones desde el 2.003, y la tendencia dice que podría aumentar.
Las prestadoras de servicios dicen que las reclamaciones obedecen al desconocimiento de los suscriptores sobre su factura, mientras que sostienen que su fortaleza radica en el mejoramiento de los servicios y las coberturas que se han alcanzado desde que se expidió la ley de servicios públicos. No se puede decir que la calidad debe tener un costo, porque la prestación de servicios públicos debe ser un derecho fundamental, porque ayuda a nuestra vida digna, y se violaría tal, al decir que para adquirir de éste, se tiene que tener el recurso (dinero) para acceder al servicio público requerido.
No es cierto que los estratos bajos son de menor tarifa, porque son a quienes más se les violan los derechos, cobrando valores elevados, incluso reteniendo el triple de lo usado normalmente y cuando se hace el reclamo no se hace nada, es decir se viola el derecho.
Una familia de estrato socio-económico promedio, no puede pagar tarifas tan altas con la excusa de un mejor servicio, el cual debe proporcionar el Estado Colombiano.
El problema que el Estado vuelva a asumir esa prestación es que no sea corrupto, y no haya preferencia entre sus servidores, y que realmente preste un servicio óptimo, sin hacerlo negocio.
No puede ser que lo esencial se torne en un negocio sin que rente a los colombianos, si no a los extranjeros, o es que se olvida como fue el incremento del servicio del agua y que hablar de la energía que de cobro cada dos meses lo pasaron mes a mes y a igual valor. Pero el punto más importante es saber que la plata que debía reinvertirse en las ciudades, se la llevan las multinacionales o la banca con las acciones en la burbuja de la especulación de la bolsa de valores. La amnesia a la que nos someten los medios, solo sirve para que los servicios públicos se conviertan en una tortura psicológica a la hora de pagar los servicios públicos.

9.21.2009

El Valle debe apostarle a la seguridad social y educativa

El Valle del Cauca es el segundo departamento de Colombia en desarrollo humano, índice que mide el avance de una región de acuerdo con tres parámetros: Esperanza de vida, tasa de alfabetización y nivel de vida digno (ingreso per cápita).
En ese sentido, la región tiene un índice de desarrollo de 0,80, lo que la ubica detrás de Bogotá, cuyo índice es 0,83.
La cifra muestra el avance indiscutible de la región, pese a que siguen persistiendo situaciones de exclusión y grandes contrastes entre crecimiento económico, condiciones de vida, recursos y oportunidades.
Así se desprende del informe del Programa de las Naciones Unidas, PNUD, que se dio a conocer en la Universidad Javeriana y que contiene un profundo análisis, propuestas y retos para la región en temas económicos, sociales, educativos, de salud, seguridad, medio ambiente, participación ciudadana y gobernabilidad.
Según lo reseña el Informe de desarrollo humano para el Valle del Cauca, el índice de población con necesidades insatisfechas es de 15,6%, casi la mitad del nacional, que es de 27,6%. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes se redujo sustancialmente y la región contribuye con el 11% al PIB nacional.
Sin embargo, el Valle sigue siendo una región desconfiada, (el 29% de sus habitantes confía en sus vecinos y el sólo 10% en los alcaldes), persiste la deserción escolar y el medio ambiente sigue siendo el talón de Aquiles de la región.
La cobertura es alta, pero persiste la deserción en la educación
Las tasas brutas de escolaridad en el Valle son altas en la primaria (113,3%) y en la básica secundaria (98,4%), pero no se ha logrado aún cobertura universal en la básica, (de cero a noveno grado).
Las tasas más bajas de cobertura y asistencia escolar se presentan en los municipios del extremo norte del departamento y en algunos del centro-occidente. Buenaventura se caracteriza por tasas de asistencia intermedias para niños y niñas entre 6 y 14 años y altas para jóvenes de 15 a 17 años, infladas por la extra edad tardía, que evidencia problemáticas de permanencia y logros educativos.
Según el informe, los niveles de escolaridad de los niños, niñas y adolescentes de las áreas rurales muestran progresos, pero las tasas de asistencia escolar guardan relación con las desigualdades socioeconómicas y son menores en los estratos bajos y el sector rural, especialmente para jóvenes de 15 a 19 años de edad.
Frente a la educación superior, el Valle también evidencia un retraso en las tasas de escolaridad y asistencia. La cobertura, que llega al 24%, es inferior a la media nacional (25%) y está lejos de la de Bogotá (50%) y algunas regiones del país.
La desigualdad en la asistencia escolar por municipios también se da en la educación superior, sólo en cinco municipios la tasa promedio es superior a 24%.
Según estimativos del PNUD, se requieren como mínimo doce años de escolaridad para estar en condiciones de superar la pobreza. Considerando la población más joven (entre 15 y 24 años), el Valle del Cauca está aún 2, 4 años por debajo de esa meta. La distancia es mayor para la zona rural (4, 2 años) y para hombres, tanto de la zona urbana como la rural es de 2,6 y 4,6 años respectivamente.
La deserción escolar.
Aunque en los últimos años las tasas de deserción y repitencia se han reducido en el departamento, sus niveles siguen siendo preocupantes, como también las diferencias territoriales de niños y niñas de 3 años.

9.14.2009

Acuerdos para salvar hospitales del sector oficial en el Valle del Cauca

El Gobierno Nacional autorizó a los departamentos a utilizar recursos de los fondos locales de salud para garantizar el sostenimiento de los hospitales públicos y el sistema de salud en general.
La decisión fue adoptada durante la cumbre de Gobernadores realizada recientemente en Medellín durante la cual los secretarios departamentales de salud le solicitaron al gobierno nacional mayores recursos para evitar que colapsen los hospitales públicos.
Según el secretario de salud del Valle, Héctor Fabio Useche, la medida fue avala por el presidente Álvaro Uribe y el Ministro de la protección social, Diego Palacio, quienes dieron luz verde a los departamentos para minimizar el impacto a través de los Fondos Locales de Salud.
Dichos fondos se sostienen con recursos procedentes del gobierno departamental, del fondo de solidaridad y garantías, Fosyga, del Ministerio de la protección social y la Ley 715.
El secretario de salud del Valle dijo que se realizara un recorrido por los municipios del Valle del Cauca para revisar los dineros que reposan en los fondos locales de salud, en los que hay rubros que no han sido utilizados debido a que no se ha podido contratar o corresponden a remanentes que quedan por la ejecución de un contrato, dichos recursos se encuentran en los fondos por cuatro ó siete años y no ganan interés ni ninguna rentabilidad.
El funcionario agregó que esos recursos se van a recoger para crear una gran bolsa que permita financiar y subsidiar los no pos, que prácticamente tienen en quiebra a los hospitales de nivel II y III del departamento.
El Secretario de Salud recordó como una de las causas de crisis hospitalaria, la sentencia 760 de la Corte Constitucional, que obliga a prestar atención y tratamientos de enfermedades de alto costo a personas de pocos recursos económicos, las cuales no están incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS). Esto disminuyó considerablemente los recursos para suplir gastos de funcionamiento de los centros hospitalarios.
Ante esto se noto el pronunciamiento por parte del sector salud, indicando que los procedimientos calificados como no pos son las enfermedades, procesos y procedimientos que se realizan en instituciones de salud que no cubren los regímenes subsidiados, y que equivalen al 80% de la consulta que tienen los hospitales de nivel II.
Se estima que al Valle del Cauca los no pos le cuestan cerca de $55.000 millones.
Esto tiene muy contentos y satisfechos las autoridades de salud, porque con ese recurso que se recuperara, prácticamente este año no habrá crisis a nivel de salud.
El Valle del Cauca cuenta con hospitales de nivel II en Cartago, Zarzal, Roldanillo, Sevilla, Buenaventura; en Cali se encuentra el Mario Correa Rengifo, el San Juan de Dios, el Isaías Duarte Cancino, el Psiquiátrico y el Universitario del Valle que es de nivel III.

9.06.2009

Más vigilancia en el tema de salud

Un balance presentado por la secretaria de salud departamental indica que los 1.073 casos de tuberculosis que se reportaron en todo el Valle del Cauca durante el 2008 y las 143 muertes son preocupantes, siendo las ciudades más afectadas Cali y Buenaventura, donde desde el 2005 se reporta la aparición de más de 40 casos por cada 100.000 habitantes cada año, así mismo, en el departamento hay 17 municipios afectados por los casos multirresistentes a los medicamentos.
Esto, según Liliana Forero, Coordinadora del Programa de Tuberculosis Departamental, significa que hay pacientes que a pesar de recibir tratamientos, no logran recuperarse, en este sentido se detectaron 54 en el 2007 y 22 en el 2008.
Ante este esquema de salud y peligrosidad en el departamento del Valle del Cauca, representantes del Ministerio de Protección Social, aseguraron que el trabajo de la dependencia no es óptimo, la situación se presentó luego de un taller que sobre casos de tuberculosis se realizó en Cali con la presencia de autoridades locales, regionales y del ministerio de la protección social.
Desafortunadamente, para nuestras comunidades, la tuberculosis multirresistente, se presenta con mayor énfasis en aquellas de bajos recursos económicos que no logran asumir los costos anexos a los tratamientos, como el transporte, porque los medicamentos sí los cubren las entidades de salud.
Preocupante la cifra que se dio a conocer en el caso de Buenaventura, donde cerca de 300 casos cada año se registran en esta ciudad con una población de los 400.000 habitantes, siendo quizá una de las tasas más alta que se sepa en Colombia.
Es hora de entrar en razón y ponerle seriedad e este tema de la tuberculosis en el Valle del Cauca, precisaron expertos en el tema.