La eliminación del cobro por reconexión o reinstalación de los servicios públicos, persigue el proyecto de reforma de la Ley 142 o de Servicios Públicos que radicaron dos congresistas y que empezará a ser debatido en el Congreso de la República.
La iniciativa, que está pendiente de su estudio en la Comisión Sexta de Senado, además de eliminar este cobro; propone que en la fijación de las tarifas intervengan los alcaldes, a fin de que las mismas se ajusten a la realidad económica de cada localidad, así mismo, establece un periodo máximo de 24 horas para que las empresas restituyan los servicios a los usuarios.
"Los servicios públicos se convirtieron en el principal dolor de cabeza de los colombianos, no solo por las altas tarifas que tienen que pagar, sino también por los cobros adicionales que incluye la prestación de los mismos; sin que para el usuario esto signifique una mejor calidad", indicaron los senadores ponentes del proyecto de reforma a esta ley, quienes dijeron que insistirán en el desmonte del cargo fijo, de tal manera que si se consume se paga y si no, no se paga.
Con la reforma se busca que el incremento en los servicios públicos se haga una vez al año y de acuerdo al IPC y que el cambio de los medidores responda a fallas técnicas para que los usuarios no incurran en gastos adicionales.
Las quejas de los colombianos contra los servicios públicos son permanentes, la Superintendencia de Servicios Públicos, muestra que más del 80% de estas provienen de la prestación de los servicios tradicionales como acueducto, electricidad y telefonía, mientras que más del 65% obedecen a la facturación. Ya sea por la calidad del servicio, por su cobertura o por la atención a los usuarios, las cifras muestran que el 2.008 fue el año con mayor cantidad de reclamaciones desde el 2.003, y la tendencia dice que podría aumentar.
Las prestadoras de servicios dicen que las reclamaciones obedecen al desconocimiento de los suscriptores sobre su factura, mientras que sostienen que su fortaleza radica en el mejoramiento de los servicios y las coberturas que se han alcanzado desde que se expidió la ley de servicios públicos. No se puede decir que la calidad debe tener un costo, porque la prestación de servicios públicos debe ser un derecho fundamental, porque ayuda a nuestra vida digna, y se violaría tal, al decir que para adquirir de éste, se tiene que tener el recurso (dinero) para acceder al servicio público requerido.
No es cierto que los estratos bajos son de menor tarifa, porque son a quienes más se les violan los derechos, cobrando valores elevados, incluso reteniendo el triple de lo usado normalmente y cuando se hace el reclamo no se hace nada, es decir se viola el derecho.
Una familia de estrato socio-económico promedio, no puede pagar tarifas tan altas con la excusa de un mejor servicio, el cual debe proporcionar el Estado Colombiano.
El problema que el Estado vuelva a asumir esa prestación es que no sea corrupto, y no haya preferencia entre sus servidores, y que realmente preste un servicio óptimo, sin hacerlo negocio.
No puede ser que lo esencial se torne en un negocio sin que rente a los colombianos, si no a los extranjeros, o es que se olvida como fue el incremento del servicio del agua y que hablar de la energía que de cobro cada dos meses lo pasaron mes a mes y a igual valor. Pero el punto más importante es saber que la plata que debía reinvertirse en las ciudades, se la llevan las multinacionales o la banca con las acciones en la burbuja de la especulación de la bolsa de valores. La amnesia a la que nos someten los medios, solo sirve para que los servicios públicos se conviertan en una tortura psicológica a la hora de pagar los servicios públicos.
La iniciativa, que está pendiente de su estudio en la Comisión Sexta de Senado, además de eliminar este cobro; propone que en la fijación de las tarifas intervengan los alcaldes, a fin de que las mismas se ajusten a la realidad económica de cada localidad, así mismo, establece un periodo máximo de 24 horas para que las empresas restituyan los servicios a los usuarios.
"Los servicios públicos se convirtieron en el principal dolor de cabeza de los colombianos, no solo por las altas tarifas que tienen que pagar, sino también por los cobros adicionales que incluye la prestación de los mismos; sin que para el usuario esto signifique una mejor calidad", indicaron los senadores ponentes del proyecto de reforma a esta ley, quienes dijeron que insistirán en el desmonte del cargo fijo, de tal manera que si se consume se paga y si no, no se paga.
Con la reforma se busca que el incremento en los servicios públicos se haga una vez al año y de acuerdo al IPC y que el cambio de los medidores responda a fallas técnicas para que los usuarios no incurran en gastos adicionales.
Las quejas de los colombianos contra los servicios públicos son permanentes, la Superintendencia de Servicios Públicos, muestra que más del 80% de estas provienen de la prestación de los servicios tradicionales como acueducto, electricidad y telefonía, mientras que más del 65% obedecen a la facturación. Ya sea por la calidad del servicio, por su cobertura o por la atención a los usuarios, las cifras muestran que el 2.008 fue el año con mayor cantidad de reclamaciones desde el 2.003, y la tendencia dice que podría aumentar.
Las prestadoras de servicios dicen que las reclamaciones obedecen al desconocimiento de los suscriptores sobre su factura, mientras que sostienen que su fortaleza radica en el mejoramiento de los servicios y las coberturas que se han alcanzado desde que se expidió la ley de servicios públicos. No se puede decir que la calidad debe tener un costo, porque la prestación de servicios públicos debe ser un derecho fundamental, porque ayuda a nuestra vida digna, y se violaría tal, al decir que para adquirir de éste, se tiene que tener el recurso (dinero) para acceder al servicio público requerido.
No es cierto que los estratos bajos son de menor tarifa, porque son a quienes más se les violan los derechos, cobrando valores elevados, incluso reteniendo el triple de lo usado normalmente y cuando se hace el reclamo no se hace nada, es decir se viola el derecho.
Una familia de estrato socio-económico promedio, no puede pagar tarifas tan altas con la excusa de un mejor servicio, el cual debe proporcionar el Estado Colombiano.
El problema que el Estado vuelva a asumir esa prestación es que no sea corrupto, y no haya preferencia entre sus servidores, y que realmente preste un servicio óptimo, sin hacerlo negocio.
No puede ser que lo esencial se torne en un negocio sin que rente a los colombianos, si no a los extranjeros, o es que se olvida como fue el incremento del servicio del agua y que hablar de la energía que de cobro cada dos meses lo pasaron mes a mes y a igual valor. Pero el punto más importante es saber que la plata que debía reinvertirse en las ciudades, se la llevan las multinacionales o la banca con las acciones en la burbuja de la especulación de la bolsa de valores. La amnesia a la que nos someten los medios, solo sirve para que los servicios públicos se conviertan en una tortura psicológica a la hora de pagar los servicios públicos.
