Hace un año, en marzo de 2014, los reportes sobre desapariciones, torturas y desmembramientos de personas en Buenaventura, a manos de las llamadas BACRIM, bandas criminales, escandalizaron al mundo y obligaron al Gobierno central a tomar cartas en el asunto para recuperar la seguridad en este puerto colombiano sobre el Pacífico.
Ahora, un año después, es hora de hacer un balance de la “intervención especial” anunciada por Bogotá en el que, a pesar de ser el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, ha sido una de las regiones más desatendidas de Colombia desde hace 200 años. Buenaventura, como todo el Pacífico colombiano, es una región mayoritariamente habitada por afrocolombianos.
Entre abril y septiembre del año pasado, el último mes sobre el cual se conocen estadísticas, las amenazas y la violencia en Buenaventura obligaron a 13.682 residentes a abandonar sus hogares, según datos oficiales.
Más de 6.900 de estas personas indicaron haber sido desplazadas forzadamente por bandas criminales. Por otro lado, más de 2.300 personas señalaron que fueron víctimas de desplazamiento por parte de grupos guerrilleros; otro grupo significativo de víctimas se abstuvo de identificar el grupo que los desplazó.
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene presencia en zonas rurales de Buenaventura menos pobladas, revela el informe de HRW, basado en entrevistas a más de 70 personas, entre víctimas, familiares de éstas y funcionarios públicos.
Las autoridades saben que, si bien la situación ha mejorado, aún falta mucho por hacer, como lo reconoció el coronel Marcelo Russi. “En la Buenaventura de hoy ha bajado el índice delincuencial. Sí, claro, hay problemas que todavía siguen y estamos trabajando. No descansamos. Las exhumaciones que se están haciendo dan la impresión de que la violencia ha recrudecido, pero estos son delitos que transcurrieron hace algún tiempo y que hoy buscamos esclarecer. No estamos escondiendo el pasado”, dice Russi.
En efecto, no todo ha sido malo este último año en Buenaventura, las autoridades enviaron más policías, infantes de marina, fiscales e investigadores judiciales que lograron resultados destacables.
“En 2014 fueron detenidos más de 280 presuntos miembros de los Urabeños, la Empresa y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los tres principales grupos sucesores del paramilitarismo en Buenaventura. Entre abril y diciembre se registraron oficialmente 96 homicidios, lo cual constituye un descenso, comparados con los más de 150 homicidios registrados en el mismo período durante 2013, según señalaron las mismas autoridades de medicina legal”.
No obstante, los habitantes de Buenaventura siguen expuestos al riesgo de sufrir ataques si cruzan “fronteras invisibles” que separan los barrios disputados entre distintas bandas rivales.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones en al menos 39 nuevos casos de presuntas desapariciones en Buenaventura desde que el gobierno anunció la intervención en marzo de 2014, y esto eleva el total a 88 desde 2013. Sin embargo, muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias y la desconfianza.
“Una sola fiscal, de los 23 que están en Buenaventura, está dedicada exclusivamente a la investigación de desapariciones y tiene a su cargo más de 400 casos de este tipo”, algunos incluso que ocurrieron desde hace más de una década. “Hasta febrero de 2015, la fiscal había obtenido órdenes de detención en apenas cinco de los más de 400 casos”.
El problema allí es también social y muy complejo, mientras la pobreza no se combata frontalmente, la delincuencia va a seguir, por la necesidad, porque no hay oportunidades, porque no hay parques, no hay educación”.
