La explotación petrolera en Colombia trae cuantiosos beneficios económicos para el país, pero también tiene un fuerte impacto en el medio ambiente, no sólo por la actividad de las empresas sino también por las acciones delictivas de grupos armados ilegales que atentan contra esta industria y causan desastres.
En Colombia, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se obtuvieron $51.303.077.160 en regalías por explotación petrolera, sólo en el año 2011. En ese mismo año, se intervinieron 25.570.130 hectáreas para exploración y 2.090.941 en producción. Esta actividad económica genera empleo, fortalece el fisco nacional, departamental y municipal, y genera divisas al país.
Sin embargo, la explotación petrolera tiene un alto impacto ambiental en sus diferentes etapas (exploración sísmica, perforación exploratoria, producción, transporte y refinación). Los explosivos usados durante la exploración sísmica, por ejemplo, envían los recursos hídricos a mayor profundidad o desvían su cauce, generando la desaparición de nacederos. Además, durante estas etapas se generan desechos, se presenta contaminación por gases y sobre los suelos, deforestación y se construyen trochas de penetración a lugares de reserva natural o de importancia para la conservación ecosistémica.
Uno de los recursos naturales más afectados por la explotación petrolera es el agua. Según el ingeniero de petróleos Óscar Vanegas, profesor de la Universidad Industrial de Santander, “el 98% de lo que produce un pozo en Caño Limón es agua y sólo el 2% es petróleo. Allí se producen a diario 3.200.000 barriles de agua dulce. Eso mismo pasa Apiay, cerca de Villavicencio, en Castilla, en Rubiales; etc. Desde que comenzó a producirse petróleo en esa zona, el caudal del río Guaviare ha bajado 30% y se estima que si la producción llega a los 500.000 barriles diarios de petróleo, se puede secar el Río”.
A pesar de esto, otros expertos señalan que el agua encontrada durante la exploración petrolera no es apta para el uso humano por su alta carga mineral y otros factores.
No obstante, los efectos ambientales van más allá de la actividad de explotación en sí misma. El conflicto colombiano hace que la actividad petrolera sea un blanco de los grupos armados que atentan contra los oleoductos e interceptan el petróleo durante su transporte y ocasionan a su derrame.
Así lo evidencia el último derrame obligado por las Farc en Valle del Guamez-Putumayo, donde 5.100 barriles de petróleo fueron derramados y fue muy complicado implementar el plan de contingencia activado por razones de orden público.
Según cuentas y datos, el impacto ambiental por este último hecho “en temas de biodiversidad y agua va a tener una afectación directa sobre los ecosistemas y la seguridad alimentaria de los habitantes de la zona”; estos hechos vulneran no sólo el área, sino un ecosistema que presta servicios a la región, al país y al mundo, por ser una zona de gran riqueza biológica e hídrica.
Además, este ataque de la guerrilla no es un hecho aislado. En enero de 2014, el frente 48 de las Farc ocasionó otro derrame en Puerto Asís-Putumayo. También a principio de este año, en el mismo departamento, fueron derramados 4.500 barriles en Puerto Vega y en abril, hubo una apertura intencional de válvulas de los pozos de Paz de Ariporo, que ocasionó la contaminación del Río Tocaría en Casanare. Esto sin contar los accidentes ocurridos en los oleoductos.
Frente a este panorama, es necesario aclarar que no se trata de satanizar la explotación petrolera en Colombia, que tantos beneficios tiene para el país. Es necesario mejorar las condiciones tecnológicas, protocolarias y de seguridad para mejorar sus procesos industriales y disminuir su impacto ecológico.
