Mediante un comunicado, el defensor del pueblo Jorge Armando Otálora, solicitó a las autoridades tomar medidas urgentes para proteger la vida y los derechos de ocho periodistas amenazados con un panfleto a nombre de los Urabeños en el Valle del Cauca.
La Defensoría aseguró que entre enero y agosto de este año, van 93 periodistas amenazados, 51 más que el mismo periodo del año anterior, por lo que solicita que se agilice el plazo de 30 días hábiles para realizar la evaluación a nivel de riesgo.
La entidad asegura que del total de casos de amenazas a periodistas registrados este año, el mayor número se presenta en la capital del país, seguido de Valle del Cauca, Arauca, Antioquia y Magdalena.
Entre tanto, la Federación Colombiana de Periodistas, instó a la Unidad Nacional de Protección a activar mecanismos de emergencia para proteger a los periodistas amenazados y sus familias; además le solicitó a la Fiscalía investigar inmediatamente de donde vienen las amenazas y judicializar a los responsables.
Los periodistas amenazados, de los cuales la mayoría cubren hechos judiciales, están vinculados con El País, Q’hubo, Caracol Radio, El Tiempo, Más Pacífico y una emisora comunitaria de Buenaventura.
Poco alentador para el país fue el informe que dio a conocer la organización francesa Reporteros Sin Fronteras -RSF-. La realidad es que Colombia, luego de México, es el país de América Latina en el que más periodistas han sido asesinados desde el año 2000, según el listado que dio a conocer la organización.
Los países más peligrosos para la prensa en los últimos años son México, Colombia, Brasil y Honduras, donde han muerto 202 reporteros por cuestiones relacionadas con su profesión.
“Desde el año 2000 en estos cuatro países se han registrado 202 casos de asesinato de periodistas, comunicadores sociales y colaboradores de los medios de comunicación”, reveló un informe de la organización que vela por la libertad de prensa.
Reporteros Sin Fronteras estima que esos crímenes “segura o probablemente” estuvieron relacionados con la profesión de las víctimas, pues en la mayoría de los casos no se estableció con precisión el móvil y con frecuencia las investigaciones, cuando las hay, son ocultadas por autoridades corruptas.
Para RSF, “muchos de estos periodistas fueron víctimas de su afán de denunciar las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción. “Casi todos estos crímenes permanecen impunes hasta la fecha, debido a la falta de voluntad política y de un sistema judicial eficaz”, agrega el informe.
La organización francesa subraya que aunque “ninguno de estos países se encuentra oficialmente en guerra”, los paramilitares siguen presentes en Colombia, mientras que en México el gobierno mantiene desde 2006 una ofensiva armada contra el narcotráfico.
El crudo informe de RSF se da a conocer, tras conocerse nuevas amenazas de muerte contra periodistas de Cali y Buenaventura, en el Valle del Cauca, profesionales que cubren hechos judiciales, realizadas presuntamente por dicha banda criminal, que declaró objetivo militar a los comunicadores. Dichas amenazas fueron rechazadas por las organizaciones de prensa.
Para la entidad, como ocurre con los ocho periodistas de Cali y Buenaventura amenazados a través de un panfleto, las bandas criminales están detrás de la mayoría de estos actos, por lo que se “ha insistido en que las medidas consistentes en servicios de telefonía móvil o rondas policiales no garantizan la protección de la vida e integridad de los comunicadores.
