Con el advenimiento de la atención “gerenciada” de la salud, que implantó en Colombia la Ley 100 de diciembre 23 de 1993, se ha pretendido modificar el contrato social del médico, sustituir el imperativo hipocrático de considerar ante todo el bien del paciente por una pretendida “justicia distributiva” que ha llevado a Colombia al actual desastre en el sistema de atención de la salud. Han manejado directa o indirectamente el sistema de salud, economistas de la llamada escuela neoliberal que preconizan la privatización con ánimo de lucro y la mano invisible del mercado como los factores supremos de desarrollo y regulación y propenden por el debilitamiento del Estado y de las instituciones de carácter público.
Esto tal vez ilustra lo inexplicable: a los 17 años de la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), todavía no existe un sistema de información con registro único, y la Superintendencia Nacional de Salud es extremadamente débil y continúa adscrita al Ministerio de la Protección Social, dando amplio campo de acción a las aseguradoras que más bien son intermediarios financieros.
Se debe tener en cuenta que un sistema de salud es, en esencia, un sistema de información, y que al crear el mercado de la salud, se requerían mecanismos de vigilancia y control muy fuertes. Ni sistema de información, ni adecuada vigilancia, ni estricto control ha tenido el actual sistema de salud colombiano. Sin embargo, la Academia Nacional de Medicina por ley, órgano consultor del Gobierno, ha advertido repetidamente tales fallas desde hace años.
El modelo de la atención “gerenciada” de la salud significa un cambio profundo en uno de los pilares de la estructura de la sociedad, el de la atención de la salud, y altera en forma dramática tanto el ejercicio de la medicina como la esencia misma de la profesión, con detrimento de la calidad de la atención.
En efecto, el modelo actual rompe el imperativo hipocrático e interfiere con la autonomía profesional. Tradicionalmente el profesionalismo médico, enmarcado en un riguroso código de ética y deontología que define su compromiso moral y de servicio a la sociedad ejercido a través de la relación médico-paciente, ha sido el fundamento de la atención de la salud.
La fusión de los Ministerios de Salud y de Trabajo rebajó la salud a un segundo plano en el escalafón de la jerarquía gubernamental, mientras los entes intermediarios, las aseguradoras -entidades Promotoras de Salud (EPS), Administradoras de Régimen Subsidiado (ARS) y Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP)- asumían una posición dominante y se convertían en los verdaderos rectores del sistema de salud, a la vez que captan inmensas y crecientes sumas de recursos públicos.
La atención de la salud, que universalmente es un servicio social, en Colombia se convirtió en una incontrolada oportunidad de negocio, y ahora el presidente Juan Manuel Santos denuncia con firmeza una corrupción rampante, y nos dice que se está viendo solo la punta del iceberg.
El aseguramiento en salud, que todos defendemos pero con propósito social, en Colombia tiene propósito comercial, fenómeno que la Academia Nacional de Medicina ha denunciado como una perversión de la moral social.
