Las bandas criminales son las principales violadoras de los Derechos Humanos en Colombia, según reveló este lunes el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, en el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos.
El funcionario presentó el mapa nacional sobre riesgos de violaciones de derechos humanos relacionados con el conflicto armado interno y aseguró que durante el último año se han presentado 46 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento que abarcan 109 municipios de 28 departamentos del país.
El caso de Antioquia es el más preocupante, pues este departamento ocupa el primer lugar del ranking con seis informes de violaciones de Derechos Humanos presentados por la Defensoría. Le siguen Chocó, Casanare, Caldas y Bogotá, con tres informes cada uno, y Risaralda y Nariño, con dos informes en el último año.
Según Otálora, los grupos armados ilegales denominados bandas criminales (bacrim) representan el 76 % de todos los informes de riesgo y amenazas a la población, seguido por las Farc.
“Las bandas criminales no están aumentando, sino incrementando su accionar criminal, porque han generado más presencia en otros sectores que antes no se habían registrado en el mapa político del país”, dijo Otálora. “Se han venido enquistando en algunos sectores con amenazas a los defensores de derechos humanos, incluso ya las han extendido contra los educadores”, añadió.
“Antioquia se destaca porque, como se sabe, es uno de los departamentos donde más han tenido desarrollo las bandas criminales y donde se gestaron estos grupos armados ilegales, que son los que producen el mayor número de amenazas contra la población civil”, recalcó.
Los derechos han estado amenazados por conductas delictivas como el uso de minas antipersonal, acciones para generar terror, amenazas de muerte, ataques indiscriminados, ataques contra la infraestructura, confinamientos, desaparición forzada, destrucción de bienes civiles, enfrentamientos, extorsión, homicidios, masacres, reclutamiento forzado y violencia sexual. Pero Otálora llamó especialmente la atención en cuanto a la extorsión, el “boleteo” y el microtráficio, delitos que, según dijo, se han disparado.
Con respecto a este delito, en el Valle del Cauca el mapa de la Defensoría establece que la escisión de “los Rastrojos” y el debilitamiento de sus fuentes de financiación desembocaron en el cobro de extorsiones y las amenazas e intimidaciones contra los sectores económicos, bajo el entendido de que debían “colaborar con la causa”.
“Algunos comerciantes y agricultores del municipio de Trujillo, tanto de la zona urbana como rural, han sido víctimas de esas exigencias y presiones, lo que ha provocado desplazamientos forzados en el presente año, debido al riesgo de sufrir retaliaciones”, asegura la Defensoría.
“De igual manera, se percibe en la población un ambiente de temor ante la ocurrencia de homicidios, por la presencia de auxiliadores y miembros de estas bandas y particularmente por la expansión de la actividad de narcomenudeo”.
La disputa que libran estos grupos armados ilegales por los sectores aledaños al municipio de Trujillo tiene como fin controlar el acceso a la zona del cañón de Las Garrapatas en límites con el Chocó, donde éstos han sido el actor preponderante desde la desmovilización del Bloque Calima de las AUC, y que “los Urabeños” pretenden asumir en el proceso de expansión y fortalecimiento, advierte la Defensoría.
“Las familias de los desaparecidos tienen dificultades para encontrar respuestas acertadas por parte del Estado. No hay investigadores, el sistema es lento, y hay poca preparación de quienes deben asumir las investigaciones, pues muchos casos llevan años y aún se desconoce su paradero, quedando en la impunidad”, afirmó el personero Andrés Santamaría.
