La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura parece empeñada en mejorar su imagen, menoscabada por cuenta de la controversia por un supuesto carrusel de pensiones al interior de esta entidad y por los señalamientos que llevaron a la salida, el año pasado, del magistrado Henry Villarraga, por cuenta de supuestos ofrecimientos al coronel (r) Robinson González del Río, investigado por su presunta participación en varios falsos positivos en Caldas. Una cruzada en momentos en los que precisamente se discute sobre la posibilidad de eliminar la Sala Disciplinaria en virtud de una posible reforma a la justicia o, incluso, por cuenta de una reforma al Estado.
En virtud de esta campaña, esa entidad acaba de emitir un fallo en el que les hace un fuerte llamado de atención a los abogados tramposos. En su sentencia, el alto tribunal sostiene que “en este orden de ideas está fuera de discusión que los abogados que hacen de la trampa y el fraude instrumentos de acción profesional, deben ser sancionados sin vacilaciones cuando sean sorprendidos propiciando maniobras que tengan como fin la verdad en los procesos para engañar a los jueces y con ellos la justicia”.
Y recuerda que el “abogado, en especial, cumple una función social consistente en colaborar con las actividades que realizan una recta y cumplida justicia” y que por ello “todos aquellos que de alguna manera tienen que ver con las funciones propias de la administración de justicia, en especial los que ofician como abogados litigantes y jueces, deben ser individuos de sanas convicciones éticas que entiendan cabalmente cuales son los fines primordiales de la justicia”.
En el fallo, del magistrado ponente Angelino Lizcano, se indica con vehemencia que “pocas actividades tienen en la sociedad tanta trascendencia como la que reviste la tarea de administrar justicia, siendo factor de estabilidad social y de decantación de principios morales de la mayor significación” como una exhortación a que los abogados no incurran en trampas ni artimañas similares.
Así lo hace, precisamente, en un fallo en el que excluyó de la profesión a una abogada, Ingrid Lorena del Rosario Valdelamar Fonseca, que estafó a un hombre con la promesa de que le iba a ayudar a comprar un carro. El hombre alcanzó a entregarle unos $11 millones hasta que descubrió la estafa. Posteriormente, la abogada devolvió parte del dinero; no obstante, el daño ya estaba hecho. La mujer fue sancionada el 16 de septiembre de 2013 por el Consejo Seccional de la Judicatura.
Esa entidad sostuvo, entre otras, que la conducta de la abogada “fue dolosa por cuanto los abogados (as) debían de tener una conducta cristalina, diáfana o clara frente a sus responsabilidades y deberes, y por lo tanto, en el caso bajo estudio lo único que se encontraba era como se tramó todo un engaño e intervino en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos, los del quejoso, para hacerse a una suma de dinero sin tener realmente ningún vehículo para entregar ni por remate o comodato como quedó visto”.
El caso llegó al Consejo Superior donde el fallo del Seccional fue confirmado. Para este alto tribunal fue evidente que Valdelamar Fonseca, efectivamente, “procedió en forma desleal con su poderdante y su actuación denota una maniobra fraudulenta desplegada en contubernio con la Aixa Valdelamar, quien para el quejoso Jaime Valdés Gómez, se presentó como hermana de la togada”.
Y aprovechó la oportunidad para recordarles a los abogados que es su deber “el colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia, en todas sus relaciones profesionales; es más, les impone la obligación de actuar con extrema honestidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas como profesionales, pues son los abogados, como máximos defensores de la justicia y del ordenamiento jurídico, los llamados a llevar como estandarte de suprema máxima de su conducta, la honestidad; pues sólo con ella fortalece la credibilidad que ha depositado en él de manera general la sociedad”. Un llamado pertinente para esta patria de abogados, como la describió Simón Bolívar y lo reiteran los casi 270 mil profesionales del derecho que hay en Colombia, algunos de ellos, no obstante, no tan derechos.
