Corrupción administrativa, narcotráfico, mafias, paramilitarismo, guerrilla, miseria e inequidad son los ingredientes de un peligroso coctel que tiene al principal puerto del pacífico en medio de una grave crisis social.
Buenaventura es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca y allí residen cerca de 400 mil habitantes más unos 30 mil de las laderas. Cerca pasan afluentes y ríos que desembocan en el océano y que sirven de asiento para comunidades locales.
La solución no es militarizar la ciudad, es hacer inversión social; a su vez, Luis Felipe Henao, Ministro de Vivienda, reveló que el año pasado se perdieron más de $43 mil millones girados a la ciudad para acueducto y alcantarillado. El funcionario manifiesta que en la ciudad se firman contratos sin licencias ni ejecución, “a Buenaventura se la carcome la corrupción”, comentó al inculpar a Hidropacífico.
Desde la consolidación de Buenaventura como principal puerto de Colombia en el Pacífico hubo un crecimiento demográfico que no fue planeado por las autoridades, las más de 50 muertes, varias de ellas por descuartizamiento, que se han registrado en 2014, son reflejos de una problemática relacionada con el narcotráfico y el paramilitarismo que se instaló a comienzos de siglo. “Quedaron las secuelas y huellas, y hoy mucha gente de la dinámica del crimen aplica esas prácticas como delincuencia común”, aseguró.
Tal vez la práctica más aterradora es la del desmembramiento que se comete en viviendas abandonadas ubicadas en el sector de Bajamar donde se despedazaban, literalmente, las víctimas de las bandas criminales, según ha denunciado la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Omar Rubiano, Comandante regional de Policía, informó que estas casas “de pique”, como se le conocen, serán destruidas.
Producto de esa ola de violencia, los habitantes y comerciantes cerraron sus puertas y adelantaron un plantón multitudinario en la ciudad. Cifras oficiales apuntan que en esa jornada se dejaron de vender unos $600 millones, pero manifestantes indicaron que prefieren eso para llamar la atención y no seguir siendo víctimas de delitos como la extorsión y la inseguridad.
Un comerciante de cárnicos por 30 años, fue víctima de un atentado el 4 de enero y falleció, él se desvivía por la comunidad pero se opuso al pago de la vacuna.
Ya hace 14 años los paramilitares convirtieron en un escenario de violencia sin igual al bello puerto de mar que era Buenaventura. El 11 de mayo de 2000, hombres bajo el mando de Hébert Veloza, alias “H.H,” ingresaron al corregimiento de Sabaletas y asesinaron a 11 campesinos, lo que produjo el desplazamiento de 2.500 personas. Ahora, Colombia se escandaliza con el descubrimiento de unas casas en las que al parecer las bandas criminales, herederas de los “paras”, han descuartizado a decenas de personas, víctimas inocentes de su guerra por apoderarse de este puerto sobre el Pacífico. Pero esto no es nuevo.
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dio a conocer que la entidad bajo su mando “viene advirtiendo sobre la grave problemática de Buenaventura desde hace varios años”. Desde 2008, la Defensoría ha emitido siete alertas tempranas, la última de ellas el pasado 31 de enero. “Lamentablemente ese mismo día fue encontrado el cuerpo de una mujer sin extremidades”, en uno de varios episodios que evidencian la sevicia de estas estructuras.
Desde noviembre de 2012 la Diócesis de Buenaventura le viene advirtiendo al presidente Juan Manuel Santos que “el miedo se ha inoculado en cada célula de la población, sin poder generar formas de sobrevivencia en medio de esta prolongada guerra”, un conflicto que sostienen las organizaciones criminales los Urabeños y La Empresa, una disidencia de los Rastrojos que hizo rancho aparte cuando los hermanos Javier Antonio y Luis Enrique Calle, alias “los Comba”, se entregaron a las autoridades estadounidenses.
