7.03.2012

Las arandelas del Congreso quienes buscaban ser favorecidos por la reforma a la justicia


El Ministro de Hacienda puso a ganar un millón de pesos diarios a los hombres que manejan la jugosa contratación del Congreso.
Quienes conocen los intríngulis del Senado y la Cámara de Representantes, no titubean en afirmar que tanto Emilio Otero Dajud como Jesús Alfonso Rodríguez son los verdaderos hombres del poder en el Congreso de Colombia. Ambos son secretarios generales. El primero del Senado y el segundo de la Cámara.
De Otero se sabe que nació en Sahagún (Córdoba) y llegó al Senado de Colombia por recomendación del congresista cordobés Jorge Elías Nader, del partido Liberal, hace 30 años. Lleva diez años como Secretario General y se ha reelegido seis veces de manera continua. El 20 de julio Otero podría lograrlo por séptima vez. Por sus manos pasa el millonario presupuesto del Senado destinado a la contratación.
Tiene un ingreso mensual de $21.695.315, en el que está incluido el salario, prima de antigüedad, prima técnica y una prima de gestión, más varias bonificaciones. Al sumar las siguientes cifras el total es de $359.742.570 al año. -Salario básico: $10.247.298
Prima de gestión: $1.200.719. Prima técnica: $5.123.649. Prima de antigüedad: $5.123.649. A estos se suman otros incentivos anuales: Prima de junio a diciembre: $40.989.192. Bonificación de dirección: $20.494.596. Bonificación de Navidad: $20.494.596. Bonifación por servicios: $7.173.108
Estos ajustes, con prebendas incluidas, se concretaron, en pleno debate dela reforma de la justicia por el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en el decreto 0854 del 25 de abril, y con aplicación retroactiva al 1 de enero del 2012.
Con la reforma a la Justicia Otero aspiraba a que su cargo tuviera rango constitucional, con fuero para ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, al igual que los senadores. Así quedaba blindado frente a las investigaciones disciplinarias y penales.
El Secretario de la Cámara es el norte santandereano Jesús Alfonso Rodríguez, quien tiene orígenes conservadores. Está vinculado a la institución desde hace 17 años, pero en 2000 se desempeñó como subsecretario general y hace cuatro es Secretario General,  su salario es de 15 millones de pesos al mes, incluyendo una prima de gestión. Con la reforma también quedaba entre los cubiertos por las investigaciones penales.
Una reforma que supuestamente tenía el propósito de fortalecer a la justicia y de combatir la ineficiencia y la impunidad, va a terminar sirviendo a los intereses de sectores políticos y parlamentarios que quieren a toda costa evitar ser investigados y sancionados. Figuras como la pérdida de investidura, que en el pasado reciente afectó a varias decenas de congresistas por diferentes delitos, se van a debilitar de tal manera que va a ser casi imposible que el Consejo de Estado la aplique en el futuro. De otra parte, se circunscriben los hechos por los cuales podrán ser investigados, a aquellos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y como si fuera poco, la reforma contiene un artículo que elimina el conflicto de interés para participar en el debate y votación de proyectos que desarrollen la reforma en curso, con lo cual estarían legislando en beneficio propio. Es decir, contribuyendo a que el traje les quede a la medida.