Durante los últimos años el Cauca ha soportado las barbaridades del conflicto armado que vive el país, con momentos de gran intensidad como el que se ha manifestado en estas dos semanas. Solamente el municipio de Toribío acumula ya cerca de 400 hostigamientos entre guerrilla y Fuerza Pública, y en esta ocasión sus habitantes estuvieron cuatro días bajo fuego constante que dejaron 14 personas heridas, 40 casas afectadas y cerca de mil desplazados. Por esta misma fecha, hace un año, Toribío fue sacudido con similares impactos por un bus bomba.
Para los sectores democráticos y populares del país, es claro que el conflicto armado en el Cauca tiene un trasfondo particular: Los intereses geoeconómicos y geopolíticos que configuran los corredores internacionales que cruzan estos territorios, con límites en el promisorio mercado del Pacífico. Explotación de recursos naturales, comercio legal e ilegal, militarización nacional y extranjera, infraestructura transnacional y una institucionalidad adaptada para tales fines, conforman ese teatro de operaciones viabilizadas por la guerra.
Desde tiempo atrás, los pueblos del Cauca han mandatado la realización de diálogos humanitarios regionales por iniciativa propia con todos los actores armados, han desarrollado acciones concretas para aislar el conflicto armado de la población civil y han conminado a todas las fuerzas militares a retirar sus trincheras de las comunidades indígenas. Precisamente hoy, cuando nuevamente la guerra arrecia en contra de las poblaciones del norte del Cauca, la ACIN y el CRIC han puesto en práctica este último mandato y han iniciado el desmonte de los distintos campamentos que los grupos armados, legales e ilegales, han instalado en sus territorios indígenas y en donde despliegan sus confrontaciones bélicas.
Diferentes escenarios de articulación social y política en los que hemos participado activamente, como el Congreso de los Pueblos, el Encuentro de Paz en Barrancabermeja o el Congreso de Tierras y Territorios, el conjunto de organizaciones sociales allí convocadas hicieron propios los mandatos que las comunidades del Cauca han planteado. Hoy lo ratificamos de manera indeclinable, por lo que legitimamos las iniciativas que actualmente se encuentran desarrollando en defensa de la vida, la tierra y los territorios.
Coincidimos en que la fuerza de los movimientos sociales, ahora vigorizados con los procesos unitarios que se han manifestado especialmente en estos tres años, y con una mayor conciencia de país digno, se constituyen hoy en un actor determinante en la perspectiva de desbrozar un camino cierto de superación del conflicto armado que vive el país. En tal sentido apreciamos altamente la resistencia civil que los pueblos indígenas caucanos asumen con gran valentía, apuntalando una opción social y política hacia la Colombia sin violencia que buscamos todas y todos.
Nos convocamos a desplegar todas las iniciativas posibles que expresen nuestro apoyo a las acciones de los pueblos caucanos, en su ardua lucha para enfrentar la guerra, sus actores, y las multinacionales que se benefician de ella y de las políticas gubernamentales. Llamamos a que las tensiones entre las comunidades de la región sean superadas, especialmente en estos momentos cruciales de defensa del territorio.
