8.22.2011

Colombia sedienta de una democracia incluyente, justa y participativa

Un grupo de colombianas y colombianos, provenientes de grupos políticos, movimientos sociales y organizaciones no-gubernamentales de diversos orígenes y creencias, se han reunido para conformar una confluencia por la democracia y contra la guerra, sobre la base de dos ideas centrales: la defensa del Estado social y democrático de derecho y el rechazo contundente a la guerra en todas sus formas y manifestaciones.
Por un lado, los grupos insurgentes en su pretensión de llevar la guerra a las ciudades y de atacar la democracia local, están incurriendo en acciones abiertamente terroristas que constituyen crímenes de lesa humanidad, alejan las posibilidades de la solución negociada al conflicto armado y crean un clima de miedo e intimidación generalizado, propicio a la “mano dura” y al autoritarismo.
Prácticas sistemáticas como el secuestro, la siembra de minas antipersonales y el uso de cilindros y carros-bomba desconocen las más mínimas normas humanitarias y contribuyen a su aislamiento político.
Por su parte, el gobierno pretende desmontar los avances constitucionales de 1991 referentes a los derechos fundamentales, la división de los poderes, la independencia de la justicia y el control constitucional; para lo cual ha presentado varias propuestas legislativas que se traducen en una grave amenaza contra los principios democráticos que rigen nuestro Estado Social de Derecho.
La Confluencia reconoce y acompaña todo esfuerzo e iniciativa encaminada a solucionar el
conflicto armado por la vía del diálogo y la negociación, sin detrimento del monopolio y uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. En tal sentido, se eleva un vehemente llamado a la atención del país y del gobierno nacional para que el proceso de diálogo y negociación con los grupos armados se dirija hacia el desmonte efectivo de la guerra y sus redes de apoyo, como también al esclarecimiento de la verdad sobre las atrocidades cometidas, el grado de corresponsabilidad estatal y a la reparación y justicia para con las víctimas; de esta manera se estaría contribuyendo a la paz duradera. Hasta ahora, este proceso no tiene tal orientación, ni participación social, y parece encaminarse hacia la impunidad.
La población colombiana requiere urgentemente seguridad. Por ello, buen grupo de colombianos se encuentran comprometidos a impulsar una seguridad humana integral, basada en la legitimidad de las instituciones y un orden social justo, construida colectivamente en el más amplio pluralismo, que proteja y beneficie a todos y todas en los ámbitos público y privado.
En igual manera se exhorta a los colombianos porque
uno de los principales problemas de la democracia en Colombia es la precaria participación de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de los mecanismos de participación que contempló la Constitución Política de 1991, lo que se suma a una constante desconfianza en las instituciones, producto en parte del desconocimiento de la labor que éstas realizan. El Congreso de la República es una de las entidades públicas de mayor importancia para el país, puesto que allí se toman decisiones de gran trascendencia para el desarrollo económico, político y social, además de ser el principal órgano de representación de los ciudadanos dentro de un sistema democrático. A pesar de esto, el Congreso es una de las instituciones con menores niveles de credibilidad y confianza entre los ciudadanos debido entre otras circunstancias, a numerosos
escándalos de corrupción y faltas en los que se han visto involucrados algunos de sus miembros.
Dada la importancia de la labor del Congreso, resulta fundamental que las organizaciones de la sociedad civil hagan un seguimiento y monitoreo constante de la actividad legislativa, pero aún más importante, es brindar a los ciudadanos las herramientas necesarias para que conozcan lo que se tramita en el órgano legislativo y así hacer un efectivo control a las decisiones que toman sus representantes.