Un equipo de la Contraloría General de la República preparó durante varios meses una investigación que reveló un país con 11 millones de indigentes, que ha retrocedido 10 años en concentración de la riqueza.
El 53 por ciento de la tierra está en manos del 1,08 por ciento de los propietarios y hay una grave concentración en el mercado de capitales: las 10 empresas más grandes absorben el 75 por ciento del negocio.
La exclusión social es tal, que hay más de 3,5 millones de niños sin escolaridad, y el analfabetismo llega al 8 por ciento de la población mayor de 15 años.
Más aún, 11 millones de colombianos no perciben ingresos de ninguna índole o viven con menos de un dólar al día, y la indigencia rural bordea casi índices del 40 por ciento. En contraste, desde la década de los noventa, el proceso de concentración de la riqueza y de los ingresos ha crecido desproporcionadamente. El 20 por ciento de los hogares más ricos del país concentra el 52 por ciento de los ingresos totales de la Nación.
La distribución de la riqueza entre los diferentes actores de la sociedad determina la capacidad de los individuos de obtener ingresos. Esto, a su vez, hace posible el acceso a activos, la generación y acumulación de capital, y por ende el crecimiento.
La tarea es hoy más difícil que nunca, pero no puede ocurrir como muchas veces que lo urgente manda a un segundo plano lo importante. Si eso pasa, la bomba social terminará por convertirse en una bola de nieve que arrasa con el país entero.
De la mano de la concentración del ingreso, hay otro indicador que debería encender todas las alarmas: el 59,8 por ciento de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, porcentaje similar al 60 por ciento que había mencionado recientemente el Banco Mundial. Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, resulta que hoy el 23,4 por ciento está por debajo de la línea de indigencia. Hace 10 años, el indicador era del 20 por ciento.
Del total, 2 millones son desplazados, y de ese volumen, el 47 por ciento son mujeres y niños. En estricto sentido, los indigentes son todos aquellos que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que, aunque se destinaran totalmente a la compra de alimentos, no alcanzarían para satisfacer las necesidades nutricionales de todos sus miembros.
La alta indigencia quiere decir, entonces, que uno de cada cuatro colombianos no tiene acceso a una canasta mínima de alimentos.
Hoy el Estado le dedica el 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a atender la iniquidad alimentaria. Esto es cerca de 1 billón de pesos, si quisiera que los indigentes pasaran a ser ‘pobres’ (con ingresos cercanos a dos dólares) tendría que girar el 2,0 por ciento, cuatro billones de pesos. Los analistas sugieren que hoy el país está en los niveles de los 80, y que el proceso de concentración se hizo particularmente agudo desde 1.996, por la crisis económica. Desde ese momento, Colombia dejó de mostrar tasas de crecimiento económico cercanas o superiores al 5 por ciento y bajó al 2,04 por ciento.
El 53 por ciento de la tierra está en manos del 1,08 por ciento de los propietarios y hay una grave concentración en el mercado de capitales: las 10 empresas más grandes absorben el 75 por ciento del negocio.
La exclusión social es tal, que hay más de 3,5 millones de niños sin escolaridad, y el analfabetismo llega al 8 por ciento de la población mayor de 15 años.
Más aún, 11 millones de colombianos no perciben ingresos de ninguna índole o viven con menos de un dólar al día, y la indigencia rural bordea casi índices del 40 por ciento. En contraste, desde la década de los noventa, el proceso de concentración de la riqueza y de los ingresos ha crecido desproporcionadamente. El 20 por ciento de los hogares más ricos del país concentra el 52 por ciento de los ingresos totales de la Nación.
La distribución de la riqueza entre los diferentes actores de la sociedad determina la capacidad de los individuos de obtener ingresos. Esto, a su vez, hace posible el acceso a activos, la generación y acumulación de capital, y por ende el crecimiento.
La tarea es hoy más difícil que nunca, pero no puede ocurrir como muchas veces que lo urgente manda a un segundo plano lo importante. Si eso pasa, la bomba social terminará por convertirse en una bola de nieve que arrasa con el país entero.
De la mano de la concentración del ingreso, hay otro indicador que debería encender todas las alarmas: el 59,8 por ciento de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, porcentaje similar al 60 por ciento que había mencionado recientemente el Banco Mundial. Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, resulta que hoy el 23,4 por ciento está por debajo de la línea de indigencia. Hace 10 años, el indicador era del 20 por ciento.
Del total, 2 millones son desplazados, y de ese volumen, el 47 por ciento son mujeres y niños. En estricto sentido, los indigentes son todos aquellos que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que, aunque se destinaran totalmente a la compra de alimentos, no alcanzarían para satisfacer las necesidades nutricionales de todos sus miembros.
La alta indigencia quiere decir, entonces, que uno de cada cuatro colombianos no tiene acceso a una canasta mínima de alimentos.
Hoy el Estado le dedica el 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a atender la iniquidad alimentaria. Esto es cerca de 1 billón de pesos, si quisiera que los indigentes pasaran a ser ‘pobres’ (con ingresos cercanos a dos dólares) tendría que girar el 2,0 por ciento, cuatro billones de pesos. Los analistas sugieren que hoy el país está en los niveles de los 80, y que el proceso de concentración se hizo particularmente agudo desde 1.996, por la crisis económica. Desde ese momento, Colombia dejó de mostrar tasas de crecimiento económico cercanas o superiores al 5 por ciento y bajó al 2,04 por ciento.
