Se sabe que los tiempos de tormenta son también tiempos de relajo y que la incertidumbre del porvenir cambia conductas y perspectivas: lo que no se obtiene hoy puede no obtenerse nunca. Damas recatadas que se vuelven casquivanas, hombres honrados que meten sus manos en el erario. ¿Será que lo que sucede en Colombia en el terreno de las buenas costumbres y el manejo de lo público puede atribuirse a la permanente situación de conflicto en que vivimos? Eso porque el modelo de comportamiento social que se ha impuesto tiene marcados tintes mafiosos: todo vale para conseguir un fin, el dinero es lo único que importa, la justicia se ejerce por propia mano, nadie tiene que dar explicaciones y todo está permitido. Y el modelo de administración de lo público es francamente escandaloso: todo lo que no está prohibido en la ley está permitido, sin la menor consideración por la ética pública, con lo cual se han alcanzado niveles sin precedentes de corrupción y de parcelación del patrimonio público por agentes privados con poder político.
En el caso más notorio e indignante de la actualidad, el del programa Agro Ingreso Seguro, no parece haberse violado ninguna ley de parte de quienes asignaban los recursos y aun así es una utilización absolutamente inmoral de los fondos públicos en la más descarada expresión del desarrollismo económico, que se creía sepultado. Cuando se dice que el 94% de los recursos se entregaron a pequeños y medianos agricultores no se menciona, por ejemplo, que la clasificación de mediano agricultor va hasta cuatro mil millones de pesos de patrimonio. Es la estadística puesta al servicio de la concentración del ingreso.
Es que aún en tiempos de conflicto, cuando no se sabe qué va a pasar mañana y, por tanto, hay que beber hasta el fondo la copa del día, corresponde al propio Gobierno establecer los criterios de la ética pública, con los más estrictos patrones, y para ello hay que restablecer el principio de la responsabilidad política, los funcionarios deben ser responsables de lo que sucede en las dependencias a su cargo, más allá de las responsabilidades penales o administrativas, hay que volver a conjugar el verbo renunciar, y las personas que están en ejercicio de cargos de elección popular con mayor razón, de todas las éticas sociales vulneradas, la que se espera tenga el Congreso Nacional es la que más daño ha sufrido, el remedio no es acudir a una frase hecha como la reconstrucción moral de la República, que suena antipática y represiva, pero sí a la necesidad de sentar unas claras bases éticas del comportamiento de quienes manejan lo público, que está llevado del diablo.
Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, dice que cuando le presentan un proyecto nuevo les pregunta a sus gerentes si creen que la idea puede someterse con éxito al escrutinio público. Es lo que él llama la prueba de los medios de comunicación. Si una idea o proyecto tiene acogida en la comunidad, si ésta no se siente amenazada, no cree que se presenta para satisfacer intereses puramente individuales, entonces tiene su visto bueno. Buffett piensa que puede darse el lujo de perder dinero, porque tiene mucho, pero no el de perder su reputación, no hay una lección más clara para aplicar al mundo político y al manejo de lo público, que debería someterse a esa prueba constantemente, una prueba ácida, que no es otra que la ética pública.
En el caso más notorio e indignante de la actualidad, el del programa Agro Ingreso Seguro, no parece haberse violado ninguna ley de parte de quienes asignaban los recursos y aun así es una utilización absolutamente inmoral de los fondos públicos en la más descarada expresión del desarrollismo económico, que se creía sepultado. Cuando se dice que el 94% de los recursos se entregaron a pequeños y medianos agricultores no se menciona, por ejemplo, que la clasificación de mediano agricultor va hasta cuatro mil millones de pesos de patrimonio. Es la estadística puesta al servicio de la concentración del ingreso.
Es que aún en tiempos de conflicto, cuando no se sabe qué va a pasar mañana y, por tanto, hay que beber hasta el fondo la copa del día, corresponde al propio Gobierno establecer los criterios de la ética pública, con los más estrictos patrones, y para ello hay que restablecer el principio de la responsabilidad política, los funcionarios deben ser responsables de lo que sucede en las dependencias a su cargo, más allá de las responsabilidades penales o administrativas, hay que volver a conjugar el verbo renunciar, y las personas que están en ejercicio de cargos de elección popular con mayor razón, de todas las éticas sociales vulneradas, la que se espera tenga el Congreso Nacional es la que más daño ha sufrido, el remedio no es acudir a una frase hecha como la reconstrucción moral de la República, que suena antipática y represiva, pero sí a la necesidad de sentar unas claras bases éticas del comportamiento de quienes manejan lo público, que está llevado del diablo.
Warren Buffett, el hombre más rico del mundo, dice que cuando le presentan un proyecto nuevo les pregunta a sus gerentes si creen que la idea puede someterse con éxito al escrutinio público. Es lo que él llama la prueba de los medios de comunicación. Si una idea o proyecto tiene acogida en la comunidad, si ésta no se siente amenazada, no cree que se presenta para satisfacer intereses puramente individuales, entonces tiene su visto bueno. Buffett piensa que puede darse el lujo de perder dinero, porque tiene mucho, pero no el de perder su reputación, no hay una lección más clara para aplicar al mundo político y al manejo de lo público, que debería someterse a esa prueba constantemente, una prueba ácida, que no es otra que la ética pública.
