La doctora Lina Moreno de Uribe, primera gestora social de la Nación, en su reciente visita a Sincelejo para apoyar a la Fundación Vida Diferente, Cerevidi, expresó unos conceptos que ponen el dedo en la llaga sobre la problemática que están viviendo los discapacitados actualmente en Colombia. Dijo ella: "Los discapacitados son seres humanos con dignidad y con derechos que debemos empezar a reconocerles", y "el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, la empresa privada y la sociedad civil deben trabajar de la mano por la población discapacitada".
En cuanto al primer concepto, es una realidad que todavía en nuestro país no se mira a los discapacitados como seres humanos con derechos sino como seres de menor valía a los que hay que atenderlos con una política asistencialista, paternalista (darles sillas de ruedas, mercaditos, organizarles teletones, etc.). Para cambiar esta mentalidad hay que legislar reconociéndoles los derechos a los discapacitados.
Actualmente hace tránsito por el Congreso de la República el proyecto de ley de protección a las personas con epilepsia en Colombia. Entre las razones de ser de esta iniciativa, están: "la epilepsia es una enfermedad prevalente que crea invalidez en forma grave del ser humano y el 30% de los que la padecen tienen dificultades en su aprendizaje y en su adaptación biopsicosocial. Son despedidos de su trabajo o no aceptados por causa de su epilepsia. Lo mismo sucede en las escuelas y aún en las entidades de salud". Se pide en esta ley que "las personas con epilepsia deben tener derecho a una protección integral del Estado, a saber: derecho a su educación, a su rehabilitación, a su bienestar y a gozar de un entorno familiar estable y también en muchos casos a una pensión por invalidez y al servicio de medicina especializada con suministro de todo lo que se requiere para su diagnóstico y tratamiento". En cuanto al segundo concepto de la Primera Dama es una necesidad urgente que el Gobierno Nacional y el de los departamentos y municipios motiven a la empresa privada a aunar esfuerzos en favor de los discapacitados pues la mayoría de lo que existe hoy son esfuerzos individuales de la sociedad civil, organizados como fundaciones sin ánimo de lucro. Según el DANE, el 8% de la población colombiana sufre de algún grado de incapacidad, por eso es necesario legislar a favor de esta población. El Congreso de la República tiene hoy la oportunidad de expedir leyes y el Gobierno Nacional de hacerlas realidad para cambiar el estado de olvido en que ha malvivido esta población.
Somos partícipes del cambio ocurrido en los últimos años de la perspectiva sobre la discapacidad, entra a ser parte de la historia esa concepción de personas con discapacidad dignas de lástima y de la asistencia paternalista del Estado, este enfoque basado en la indefensión y la compasión resulta actualmente a la luz de los Derechos Humanos inaplicable, es más, estamos avanzando desde el individuo como centro de rehabilitación hacia la disposición de la sociedad de adaptarse a todas las capacidades de sus integrantes, lo que implica una transformación de muchos paradigmas.
Somos consientes que nuestra sociedad a menudo favorece la exclusión y la discriminación hacia las personas con discapacidad, a diario se crean y refuerzan barreras ambientales y de actitud que les impiden ser parte activa de la sociedad. Convivir y tolerar estas manifestaciones sociales y políticas resulta inaceptable en una sociedad basada en el respeto de los principios fundamentales a la dignidad humana y a la libertad individual, de solidaridad e integración social.
En cuanto al primer concepto, es una realidad que todavía en nuestro país no se mira a los discapacitados como seres humanos con derechos sino como seres de menor valía a los que hay que atenderlos con una política asistencialista, paternalista (darles sillas de ruedas, mercaditos, organizarles teletones, etc.). Para cambiar esta mentalidad hay que legislar reconociéndoles los derechos a los discapacitados.
Actualmente hace tránsito por el Congreso de la República el proyecto de ley de protección a las personas con epilepsia en Colombia. Entre las razones de ser de esta iniciativa, están: "la epilepsia es una enfermedad prevalente que crea invalidez en forma grave del ser humano y el 30% de los que la padecen tienen dificultades en su aprendizaje y en su adaptación biopsicosocial. Son despedidos de su trabajo o no aceptados por causa de su epilepsia. Lo mismo sucede en las escuelas y aún en las entidades de salud". Se pide en esta ley que "las personas con epilepsia deben tener derecho a una protección integral del Estado, a saber: derecho a su educación, a su rehabilitación, a su bienestar y a gozar de un entorno familiar estable y también en muchos casos a una pensión por invalidez y al servicio de medicina especializada con suministro de todo lo que se requiere para su diagnóstico y tratamiento". En cuanto al segundo concepto de la Primera Dama es una necesidad urgente que el Gobierno Nacional y el de los departamentos y municipios motiven a la empresa privada a aunar esfuerzos en favor de los discapacitados pues la mayoría de lo que existe hoy son esfuerzos individuales de la sociedad civil, organizados como fundaciones sin ánimo de lucro. Según el DANE, el 8% de la población colombiana sufre de algún grado de incapacidad, por eso es necesario legislar a favor de esta población. El Congreso de la República tiene hoy la oportunidad de expedir leyes y el Gobierno Nacional de hacerlas realidad para cambiar el estado de olvido en que ha malvivido esta población.
Somos partícipes del cambio ocurrido en los últimos años de la perspectiva sobre la discapacidad, entra a ser parte de la historia esa concepción de personas con discapacidad dignas de lástima y de la asistencia paternalista del Estado, este enfoque basado en la indefensión y la compasión resulta actualmente a la luz de los Derechos Humanos inaplicable, es más, estamos avanzando desde el individuo como centro de rehabilitación hacia la disposición de la sociedad de adaptarse a todas las capacidades de sus integrantes, lo que implica una transformación de muchos paradigmas.
Somos consientes que nuestra sociedad a menudo favorece la exclusión y la discriminación hacia las personas con discapacidad, a diario se crean y refuerzan barreras ambientales y de actitud que les impiden ser parte activa de la sociedad. Convivir y tolerar estas manifestaciones sociales y políticas resulta inaceptable en una sociedad basada en el respeto de los principios fundamentales a la dignidad humana y a la libertad individual, de solidaridad e integración social.
