Como consecuencia de la entrada en vigencia de los diferentes tratados de libre comercio – TLC-, entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, una ley impide a los campesinos almacenar semillas y permite solo la compra de semillas “certificadas”.
A lo largo de los años, Colombia ha evidenciado las diferentes manifestaciones de origen campesino y agrario por las nefastas consecuencias que ha traído consigo la entrada en vigor de los diferentes tratados de libre comercio, TLC, principalmente con el gobierno de Estados Unidos, donde se privilegia la incursión de grandes comercializadoras de alimentos y semillas genéticamente modificadas, OGM, pasando por encima de los intereses de los pequeños agricultores.
Las manifestaciones se han presentado en diferentes puntos del territorio colombiano, por grandes conglomerados de sectores importantes como los cafeteros y los arroceros, sumándose otros sectores como el del transporte, evidenciando que este es un grave problema que no solamente afecta a los campesinos, sino que afecta a toda una sociedad, lo que expresa una situación generalizada de desigualdad social y total riesgo a la salud pública.
En ese orden de idas, el foco fundamental de las protestas de los campesinos es la Resolución 970 del 10 de marzo/2010, del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, esta ilógica resolución prohíbe a los campesinos almacenar las semillas criollas nativas de sus propias cosechas para siembras futuras, permitiendo únicamente la compra de semillas “Certificadas”, un recurso legal en el que se favorece sólo a las empresas multinacionales como: Monsanto, Dupont y Syngenta, las más importantes en el mercado de los alimentos de Pesticidas y Transgénicos OGM a nivel mundial, y que manejan más presupuesto que todos los países de Latinoamérica y el Caribe juntos.
Para los campesinos colombianos, obviamente esta medida atenta contra una de las prácticas más ancestrales de su agricultura, sumado a eso, se generan graves daños al campo, el medio ambiente y aún a la salud humana que conlleva el cultivo, distribución y consumo de alimentos altamente contaminados por Pesticidas y/o genéticamente modificados. Lo que es más alarmante, es que esa Ley increíblemente establece sanciones económicas y de cárcel para los productores rurales que almacenen sus propias semillas.
En ese sentido, podemos evidenciar como la situación Agraria de nuestro país va en gradual decaimiento, gracias a las equivocadas políticas aperturistas Neoliberales que prevalecen y priorizan los intereses de grandes monopolios de multinacionales del agro y grandes empresarios intermediarios, sin importar la seguridad y ante todo la soberanía alimentaria y nutricional de todos los colombianos. Esperamos que con los nuevos acuerdos agrícolas entre el Gobierno y las FARC en el Post-conflicto, este exabrupto quede derogado, pues no se concibe desde ningún punto de vista razonable.
