Sin lugar a dudas, el Sistema de Seguridad Social en Salud colapsó, para el gobierno el problema sigue siendo un asunto financiero; para quienes pensamos que llegó al límite, se trata de un problema de estructura. Son visiones muy diferentes, tanto de las causas de la crisis como de las soluciones, estas diferencias se expresan en las iniciativas legislativas que cursan en el Congreso de la República.
El gobierno, junto con parlamentarios de la Unidad Nacional, presentó una ponencia para el primer debate de los proyectos de ley estatutaria, en cabeza del senador Armando Benedetti. En esta ponencia se entiende la salud únicamente como los servicios de atención de enfermedades. Por esta razón, se asume que este derecho es simplemente un plan de beneficios costo-efectivo que deberá actualizarse cada cierto tiempo. De esta forma, se pretende “descongestionar” la tutela por medio de un mecanismo administrativo apoyado en una junta médica que definirá si lo que se solicita por fuera del plan es necesario y justificable económicamente. Si se aprueba, se acudirá a la demostración de capacidad de las familias para pagar por lo no cubierto. Desde esta visión, no se toca la estructura del modelo actual y, por lo tanto, continuarían las EPS, los dos regímenes (contributivo y subsidiado) y la medicina prepagada, es decir, salud para pobres, medios y ricos, aunque en apariencia tengan el mismo plan. Mientras tanto, se aprobó la ley de cuentas maestras y se aumentó la UPC subsidiada; así que las EPS están contentas con más recursos. Y para completar, el gobierno prepara otro proyecto de ley ordinaria que ajustaría las tuercas del actual sistema, sin obligar a las EPS a que devuelvan los recursos públicos que se apropiaron indebidamente, como lo ordenó la Corte Constitucional a finales de 2012. Todo apunta a más de lo mismo, con total impunidad.
Del otro lado, con base en los proyectos de Ley Estatutaria 105 y 112, los senadores Luis Carlos Avellaneda y Jorge Londoño, presentaron una ponencia que concibe el derecho a la salud en un sentido amplio e integral, como las condiciones de vida saludables, además de la atención de las enfermedades generales y laborales. De allí que la ponencia defina trece componentes del derecho a la salud, que incluyen agua potable, alimentación sana, vivienda y ambiente sanos, trabajo digno, además de la atención según la necesidad. Sólo se pone como límites los bienes y servicios en experimentación, los estrictamente suntuarios o estéticos y los prestados en el exterior cuando se puedan prestar en el país. Esta propuesta define los criterios del nuevo sistema de salud, que deberá ser universal, público, no lucrativo, no segmentado por la capacidad de pago, gratuito al requerir atención y financiado con recursos públicos, fiscales y parafiscales. En este modelo no habría EPS, sino administradoras territoriales de recursos públicos, con predominio de la red pública hospitalaria y complementariedad de los prestadores privados. En este modelo debe haber el máximo de participación social para garantizar que los recursos vayan realmente para la salud y no para el negocio y menos para la corrupción. Se trata, entonces, de otro sistema de seguridad social que garantice realmente el derecho y libere los recursos de la salud de los apetitos de los negociantes de la salud.
Tomar uno u otro camino no es algo que se defina en el despacho del Ministro o entre las paredes del Congreso. Requiere un pacto social y político amplio e incluyente entre todos los sectores sociales, económicos, étnicos y políticos del país. Por esta razón, desde el año anterior se ha venido organizando una gran Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud y Seguridad Social, ANSA, con la participación de organizaciones sociales, académicas y políticas de nivel nacional. Quienes impulsamos esta iniciativa estamos convencidos de que existen bases suficientes para desarrollar un amplio movimiento de transformación del sistema de seguridad social, comenzando por el componente de salud y riesgos laborales.
