Los estudios sobre la violencia contra las mujeres en Colombia se han enfocado en la caracterización de las víctimas y en la identificación de las consecuencias de los episodios violentos, con el fin de propiciar la denuncia para que la violencia haga tránsito al ámbito de lo público y el Estado dé respuesta a este fenómeno. Dicha respuesta se ha especializado en la producción de un amplio marco normativo para la tipificación y penalización del delito, y en la construcción de rutas de atención para el restablecimiento de los derechos de las víctimas.
En ese sentido, un nuevo esfuerzo por entender el fenómeno de la violencia contra las mujeres debe considerar la caracterización de víctimas, agresores y de las diversas manifestaciones y consecuencias de la violencia, así como la descripción de los diferentes ámbitos en los que se produce y reproduce. De igual manera, debe tener en cuenta las inequidades entre los géneros y la ausencia de derechos o las barreras para su ejercicio, especialmente de los derechos sexuales y derechos reproductivos.
A pesar de que Colombia ratificó a fines de 1995 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, en la primera ley de violencia (294 de 1996), sólo se adoptó el tipo penal para la violencia intrafamiliar; es decir, no se reconocieron otras formas de violencia en ámbitos diferentes.
La violencia sicológica contra la mujer constituye un serio problema, no sólo por sus consecuencias sobre la salud de la víctima, sino por los costos que tiene para la sociedad. Más allá de las evidencias visibles que el maltrato físico deja, el maltrato sicológico constituye una forma de abuso más sutil y difícil de percibir, pero no por eso menos traumático para las mujeres que lo padecen.
En resumen, en Colombia las investigaciones se concentran en la violencia física, y, en otros casos, en muestras no representativas de Colombia, dejando de lado el análisis de la violencia sicológica contra la mujer.
La violencia contra la mujer es un problema social y complejo; por lo tanto, requiere para su solución, de la acción intersectorial, conjunta y coordinada tanto del Estado como de la sociedad civil. En este sentido, desde las instituciones del sector Salud, Educativo, Judicial y Policial se deben asumir medidas encaminadas a la prevención, identificación, atención, sanción y erradicación de la violencia. Las políticas públicas deben ir acompañadas de una asignación específica de recursos en los presupuestos del Gobierno central y local para enfrentar el problema. Asimismo, los organismos de cooperación internacional deberán apoyar iniciativas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar, y dotar de recursos a las organizaciones no gubernamentales que trabajan por esta causa, brindando apoyo y atención a las mujeres víctimas de violencia.
Es pertinente e indispensable la creación de espacios que fomenten el debate nacional en torno a la problemática y sus causas, además del desarrollo de campañas de sensibilización, locales y nacionales, y la difusión de los derechos de la mujer. Asimismo, es fundamental la orientación sobre servicios y recursos a las mujeres afectadas, que buscan apoyo y respuestas ante su situación de vulnerabilidad como víctimas de violencia.
De acuerdo con la revisión de literatura, el modelo teórico y la aplicación empírica, mayores niveles de educación generan, a través de diferentes mecanismos, una mayor independencia económica, lo cual probablemente tiene un efecto positivo en la reducción de la violencia contra la mujer. Los programas de ayuda del Estado a la mujer víctima de abuso, y la existencia de leyes más flexibles que faciliten el divorcio, permiten a las mujeres enviar una clara señal a los hombres de que la violencia en su contra no será tolerada.
