La política de la Revolución Educativa, impulsada desde 2002, ha ocasionado la peor crisis de la Universidad pública en la historia de Colombia. En materia financiera se han recortado paulatinamente sus recursos, forzando a la autofinanciación de cada uno de los establecimientos educativos mediante el incremento de las matrículas, la venta de servicios, obligando a concurrir con su presupuesto al pago del pasivo pensional e incrementando la cobertura sin recursos suficientes para solventarla. Prueba de ello son: el déficit financiero que alcanza la suma de $500.000 millones de pesos y el informe del Contralor General de la República, quien afirmó que, las transferencias del Gobierno a las Universidades públicas llegaban en el 2000 a 1,73 billones de pesos y una década después apenas suman, a precios de 2009, unos 1,6 billones. A esto se suman los recientes pronunciamientos de los 32 rectores que integran el Sistema de Universidades Estatales, SUE. Según ellos, es necesario un aumento mínimo en la base presupuestal del 16.3%, que implica, de una parte la inflación proyectada para el 2010 que es del 4%, y en compensación a la ausencia de financiación estructural que padece la universidad pública, un incremento del 12.3% que corresponde al 3.3% del ajuste del IPC del año 2008 y 9% del incremento a la base presupuestal. Es inconveniente para los intereses de la universidad, que esos recursos sean manejados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN o por el Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX.
Se requiere de inmediato una solución estructural a la crisis presupuestal de la educación superior pública, lo cual requiere un estudio concienzudo sobre su situación real, el Estado es el único responsable de la plena financiación de las Universidades Públicas. Sólo de esa manera se garantiza una educación de alta calidad y de excelencia académica, conforme a las necesidades de progreso y bienestar de la población colombiana, que garantice el acceso de los sectores más pobres y excluidos, y cuyos proyectos de investigación se destinen a solucionar los profundos problemas sociales del país.
Al recorte de presupuesto se suma la degradación de la calidad académica de la universidad pública. Esto obedece al proceso de adecuación del país a los requerimientos de la globalización económica, que ha traído como consecuencia la reducción de la duración de las carreras, la flexibilización curricular, la sobre carga laboral para profesores y trabajadores, la formación e investigación al servicio del mercado y la configuración de los programas en competencias académicas, ciudadanas y laborales. De esta manera se han negado dos pilares de la educación pública: la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Para implementar esta política educativa, se han recortado de manera sistemática y generalizada los derechos y las libertades democráticas. Ante las legítimas exigencias de los estudiantes en defensa de la universidad pública los derechos a la movilización, a la protesta, a la asociación han sido fuertemente reprimidos, la universidad colombiana debe ser un ejemplo en el respeto, en la protección y en el cumplimiento del conjunto de los derechos humanos.
Es imperiosa la necesidad de incrementar la base presupuestal de las Universidades Públicas, esto sólo sería un paso para iniciar el proceso de lograr una educación superior pública plenamente financiada por el Estado.
Se requiere de inmediato una solución estructural a la crisis presupuestal de la educación superior pública, lo cual requiere un estudio concienzudo sobre su situación real, el Estado es el único responsable de la plena financiación de las Universidades Públicas. Sólo de esa manera se garantiza una educación de alta calidad y de excelencia académica, conforme a las necesidades de progreso y bienestar de la población colombiana, que garantice el acceso de los sectores más pobres y excluidos, y cuyos proyectos de investigación se destinen a solucionar los profundos problemas sociales del país.
Al recorte de presupuesto se suma la degradación de la calidad académica de la universidad pública. Esto obedece al proceso de adecuación del país a los requerimientos de la globalización económica, que ha traído como consecuencia la reducción de la duración de las carreras, la flexibilización curricular, la sobre carga laboral para profesores y trabajadores, la formación e investigación al servicio del mercado y la configuración de los programas en competencias académicas, ciudadanas y laborales. De esta manera se han negado dos pilares de la educación pública: la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Para implementar esta política educativa, se han recortado de manera sistemática y generalizada los derechos y las libertades democráticas. Ante las legítimas exigencias de los estudiantes en defensa de la universidad pública los derechos a la movilización, a la protesta, a la asociación han sido fuertemente reprimidos, la universidad colombiana debe ser un ejemplo en el respeto, en la protección y en el cumplimiento del conjunto de los derechos humanos.
Es imperiosa la necesidad de incrementar la base presupuestal de las Universidades Públicas, esto sólo sería un paso para iniciar el proceso de lograr una educación superior pública plenamente financiada por el Estado.
