En medio de un proceso de paz que mantiene dividida a la sociedad colombiana, un sistema electoral que no termina de superar sus evidentes deficiencias y unos partidos políticos que no muestran suficiente transparencia ni criterios unificados entre sus propios dirigentes, sigue la campaña política para renovar alcaldías, gobernaciones, concejos municipales y asambleas departamentales, cuyo veredicto lo darán las urnas el 25 de octubre.
Aunque en los círculos políticos el principal pulso está centrado en la representación regional que puedan tener los partidos que integran la unidad nacional del gobierno Santos y la oposición del Centro Democrático que lidera el expresidente Uribe, hay peleas aparte con resonancia nacional.
La justa electoral por ahora planteada en un voto finish de insospechado desenlace; la lucha cerrada en algunos municipio de Colombia, donde lo judicial incide tanto como lo político; o donde hasta los empresarios están tallando fuerte.
A pesar de que el tema del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc es, sin duda, la columna vertebral de la administración central, es paradójico que no sea la materia prima de los debates regionales. En otras palabras, aunque en los discursos oficiales o en los foros académicos se ambiente un posconflicto que se acerca, este no es el asunto prioritario en las discusiones departamentales o municipales. Es más, en las propuestas que se conocen, brilla por su ausencia.
En las zonas de orden público, aunque se respira cierta tranquilidad producto del cese unilateral del fuego recién decretado por las Farc o el desescalamiento progresivo anunciado por el Gobierno, tampoco el centro de la discusión son los acuerdos hasta ahora suscritos en La Habana. Es como si el país regional aplazara hasta la firma del acuerdo final de paz la posibilidad de ir dándole forma a una nueva sociedad reconciliada. Por el contrario, la pelea política está centrada en los dilemas y las disputas de siempre.
Por eso, de antemano se sabe que será de nuevo un debate electoral cruzado por los señalamientos y las acusaciones judiciales, o por las habituales promesas de cerrarle el paso a la corrupción pública. De hecho, organizaciones como la Misión de Observación Electoral, la Fundación Paz y Reconciliación o Transparencia por Colombia, tienen los ojos puestos en el desarrollo de los procesos de elección regional, pues en el fondo saben que sin importar los resultados van a mantenerse las acusaciones y las denuncias judiciales.
Esta evidencia obedece a que en los últimos tiempos, sobre todo en las entidades regionales, se ha advertido tanto la captura del Estado por parte de la ilegalidad, que superarla de un día para otro suena a utopía. En un país donde el narcotráfico, el paramilitarismo o la guerrilla han permeado a las organizaciones políticas, y estas a su vez se han acomodado a sus pretensiones, es una misión histórica recobrar el rumbo. Sin embargo, por lo que se vio en el proceso previo al cierre de las inscripciones de candidatos, esa tarea va a tardar.
La sola entrega de los avales a los candidatos, requisito esencial para participar en los comicios, demostró que a los partidos políticos les quedó grande garantizar candidatos sin tacha. Por el contrario, ninguna de las colectividades en la contienda puede demostrar que pudo hacer a un lado a los candidatos cuestionados. El poder económico, las maquinarias tradicionales o el consabido clientelismo siguen haciendo de las suyas y los partidos políticos aún no encuentran cómo depurar sus listas.
