Un nuevo llamado hizo el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, a la ciudadanía para que no ponga sus recursos en manos de falsas empresas y firmas no autorizadas para captar dinero, ya que se trata de nuevas pirámides que buscan estafar al público.
El funcionario informó que en desarrollo de tareas de control que desarrollan junto a la Superintendencia Financiera se han intervenido 250 captadoras en los dos últimos años.
Reyes destacó que tras la estafa cometida por David Murcia, cerebro de DMG, se han devuelto recursos a 200.000 personas. Pero muchas otras no los recibirán.
La Supersociedades, a partir del 2008, junto a la Superintendencia Financiera, adelanta a diario una “cacería” a este tipo de entidades que captan recursos de manera ilegal.
La Superintendencia tiene unas facultades muy especiales a partir del Decreto 4334 del 2008 que se expidió a raíz de la crisis que provocó DMG. En realidad, toda persona que capte dineros del público en forma ilegal, a través de operaciones de intermediación financiera sin la autorización expresa de la Superfinanciera, está sujeta a sanciones y a un proceso de intervención por parte de las autoridades y a un plan para la devolución obligatoria de los recursos. Primero se pagan las deudas a las víctimas y luego se satisfacen los otros pasivos.
Toda persona que promueva este tipo de captaciones ilegales y los mismos ciudadanos que empiezan a conseguir clientes para que aporten recursos, naturalmente también se hacen responsables por este tipo de delitos, de los cuales se corre denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
Sin embargo, estas situaciones a veces son difíciles de detectar porque aparecen espontáneamente en cualquier esquina del país, utilizando medios electrónicos y páginas de internet. No se debe creer en milagros económicos ni en rendimientos exorbitantes e intereses ilusorios sin hacer nada. Detrás de estas ilusiones siempre viene un fraude.
En los dos últimos años van 250 personas y entidades sorprendidas en este tipo de prácticas ilegales. Todas han sido intervenidas por captaciones ilegales de recursos, ya que se trata de operaciones y mecanismos defraudatorios. Y se han corrido las respectivas denuncias a la Fiscalía.
Si se demuestra que hay fraude o abuso, la Superintendencia ordena la liquidación de la empresa y puede imponer sanciones a sus administradores, que van desde multas hasta la remoción de los mismos y la inhabilidad para ejercer el comercio.
Por eso en este mes será presentado un proyecto de ley al Congreso que arrecia sustancialmente la capacidad sancionatoria de la Superintendencia, que es muy limitada, para elevar las multas hasta en 2.000 salarios mínimos legales a personas naturales y hasta en 100.000 salarios si se trata de personas jurídicas, con lo cual se llegaría sanciones cercanas a los $65.000 millones. “Queremos aplicar estas sanciones como un mecanismo disuasivo en casos de gran impacto sobre el conglomerado económico”.
De hecho, muchas veces la formalidad facilita el fraude, pues a veces hay individuos que tienen muchas escrituras públicas, revisores fiscales, administradores, juntas directivas, y pueden así mostrar una apariencia de legalidad sólida.
Ese tipo de infraestructura da más sensación de credibilidad, que quien se constituye sólo con un documento electrónico.
La simplicidad en la creación de compañías y firmas comerciales no es necesariamente un factor para la comisión de fraudes.
El fraude siempre existe, y no lo hay solamente en las sociedades, sino en los contratos de préstamos y de contraventa, cuando el comprador no paga el precio o el vendedor no entrega el bien prometido.
Existen igualmente fraudes cuando el arrendatario no se quiere ir del inmueble y no paga tampoco el canon mensual.
