11.21.2011

Las CTA deben ir a revisión laboral

Las muchas comprobadas irregularidades e ilegalidades en que incurre un buen número de CTA, encuentran su caldo de cultivo en las protuberantes fallas en el control y vigilancia por parte del Ministerio de la Protección Social y de la Superintendencia de Economía Solidaria, los dos entes con poder sancionatorio.
Empezando por el ínfimo número de inspectores que hacen control: El Ministerio de la Protección tiene 424 inspectores a nivel nacional, absolutamente insuficiente si tenemos en cuenta que en Colombia hay 19´106.000 trabajadores. Sólo una mínima parte de los inspectores realizan visitas in situ, pues la mayoría cumple funciones de conciliadores o se dedican a resolver consultas. Lo otro es que funcionarios de la Supersolidaria carecen de competencia para proteger derechos laborales o imponer sanciones propias de los inspectores de trabajo, a lo que se agrega la falta de idoneidad en su formación.
Un agravante es que existe poca colaboración entre los inspectores de los dos entes, como lo señaló Jaime Montoya, asesor de la CUT Valle para el caso de las CTA de los corteros de caña: “Se chutan las responsabilidades. El Ministerio dice que la vigilancia de las cooperativas es responsabilidad de la Superintendencia, y ésta dice que es competencia del Ministerio.
Por ejemplo, la Regional Antioquia, a junio de 2010, había aprobado la constitución de 399 CTA, de las cuales 84 han sido visitadas en lo que lleva corrido del año y 12 sancionadas. A 10 de ellas se les sancionó por tener trabajadores en misión. Sin embargo cuando se le preguntó a uno de los inspectores si el Ministerio le comunicaba a la Superintendencia de Economía Solidaria cada vez que se investigaba o se sancionaba una CTA, respondió que no era lo usual notificarle, toda vez que la comunicación con la Supersolidaria no es muy frecuente dado su centralización en Bogotá.
Además, el Min-Protección Social no proporciona una formación adecuada a sus inspectores. Ésta no tiene como finalidad capacitarlos por especialidades dependiendo del ámbito de sus funciones, sino que suelen ser capacitaciones dirigidas a todo el personal y generalmente no son convocadas para mejorar el desempeño en las funciones de los inspectores, sino que son formaciones en materia de salud ocupacional o sobre gestión de calidad.
El escenario para el control y la vigilancia lo complica el hecho de que el propio Estado es uno de los mayores responsables en la proliferación de las CTA, especialmente en el sector salud, en hospitales públicos.
La autonomía, independencia y propiedad común de los bienes, son principios esenciales del cooperativismo de trabajo asociado. La normatividad busca que la explotación de bienes aportados por los asociados implica beneficios y desarrollo para la cooperativa.
Sin embargo, estos principios son letra muerta en la realidad, porque, en su gran mayoría, las CTA son organizaciones sin autonomía, financieramente muy débiles, sin poder de negociación ni capacidad de inversión, y sin poder de autogestión democrática. No son dueñas de nada, excepto de la fuerza de trabajo de sus asociados, que en esencia es lo único que venden.
En la investigación realizada con las CTA de las plantaciones de palma en el Magdalena Medio se lee: “Son los supervisores y mandos medios de las empresas quienes controlan las cooperativas, y en la práctica quienes las dirigen. Intervienen en el nombramiento de sus gerentes y ejercen el poder de veto sobre aquellos que resulten rebeldes o no sean de su complacencia. Además ponen límites al número de asociados. Lo mejor para las empresas es contratar con cooperativas pequeñas (entre 10 y 40 asociados) regadas en toda la cadena de la producción. Es el viejo truco de dividir para reinar, ya que con cooperativas grandes les sería más difícil imponer sus condiciones y potencialmente resultarían más perturbadoras”.
En el sector cañero sucede igual. Según datos de 2007, en Manuelita, donde se había pensado crear 6 CTA, se crearon 20, lo mismo que en Central Castilla. En Incauca hay 8 y en Providencia 10. Y hay CTA de sólo 40 corteros, que resultan fácilmente manipulables por las empresas, aparte de que su administración resulta más costosa.