Agencias en Colombia del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones pidieron el Día Internacional de los Derechos Humanos, reforzar las medidas de protección de campesinos que lideran programas de reclamación de tierras.
Tanto la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la del representante del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), coincidieron en esa petición durante un foro que deliberó en la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá.
Christian Salazar, de la primera de esas agencias, pidió al Gobierno Colombiano la adopción urgente de "una política y un programa de protección integral" en el proceso de restitución de tierras.
La Oficina de Salazar considera que la protección debe incluir "medidas de seguridad pública, evaluaciones locales de riesgo elaboradas conjuntamente entre organizaciones estatales y no estatales".
Igualmente, debe incluir "un amplio apoyo político, técnico y financiero a las comunidades y a las organizaciones de víctimas y de campesinos que reclaman tierras y acciones penales contundentes contra quienes atenten contra la vida de las víctimas y sus representantes".
La Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió, asimismo, dedicar este año la celebración "a la vida y la restitución de tierras", con el fin de reconocer el importante momento histórico que vive el país en relación con los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.
La voluntad de devolver las tierras a las cientos de miles de personas desposeídas es la iniciativa más audaz y valiente iniciada por el nuevo Gobierno Nacional en materia de derechos humanos.
La Oficina de Salazar insistió "en la necesidad de proteger a las víctimas, a sus organizaciones y a los funcionarios estatales que participan en el proceso de restitución de tierras, teniendo en cuenta los múltiples homicidios, amenazas y acosos contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas".
En el mismo acto, Therese Morel, representante de la ACNUR, consideró que "no puede seguir en riesgo y sin la protección adecuada" la vida de quienes reclaman sus tierras usurpadas en el marco del conflicto armado interno colombiano. "No podemos acostumbrarnos a que la cifra de homicidios relacionados con la reclamación de tierras vaya en aumento", señaló Morel.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, prometió devolver a unas 600.000 familias que fueron despojadas de sus tierras principalmente por paramilitares de la extrema derecha unos dos millones de hectáreas de tierras de aquí al 2.014, cuando concluye su mandato legal de cuatro años.
En los últimos siete años han sido asesinados en Colombia cerca de 45 campesinos que lideraban movimientos de restitución de tierras en distintas regiones y que les habían sido arrebatadas por grupos armados.
El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció el compromiso de su cartera para coordinar el diseño y la implementación de un Plan de Prevención y Protección de personas en las zonas donde se llevará a cabo la restitución de tierras.
El alto funcionario recordó a Rogelio Martínez, Hernando Pérez y Óscar Maussa, los tres últimos campesinos asesinados y que lucharon por la recuperación de sus tierras.
Tanto la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la del representante del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), coincidieron en esa petición durante un foro que deliberó en la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá.
Christian Salazar, de la primera de esas agencias, pidió al Gobierno Colombiano la adopción urgente de "una política y un programa de protección integral" en el proceso de restitución de tierras.
La Oficina de Salazar considera que la protección debe incluir "medidas de seguridad pública, evaluaciones locales de riesgo elaboradas conjuntamente entre organizaciones estatales y no estatales".
Igualmente, debe incluir "un amplio apoyo político, técnico y financiero a las comunidades y a las organizaciones de víctimas y de campesinos que reclaman tierras y acciones penales contundentes contra quienes atenten contra la vida de las víctimas y sus representantes".
La Oficina en Colombia de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió, asimismo, dedicar este año la celebración "a la vida y la restitución de tierras", con el fin de reconocer el importante momento histórico que vive el país en relación con los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.
La voluntad de devolver las tierras a las cientos de miles de personas desposeídas es la iniciativa más audaz y valiente iniciada por el nuevo Gobierno Nacional en materia de derechos humanos.
La Oficina de Salazar insistió "en la necesidad de proteger a las víctimas, a sus organizaciones y a los funcionarios estatales que participan en el proceso de restitución de tierras, teniendo en cuenta los múltiples homicidios, amenazas y acosos contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas".
En el mismo acto, Therese Morel, representante de la ACNUR, consideró que "no puede seguir en riesgo y sin la protección adecuada" la vida de quienes reclaman sus tierras usurpadas en el marco del conflicto armado interno colombiano. "No podemos acostumbrarnos a que la cifra de homicidios relacionados con la reclamación de tierras vaya en aumento", señaló Morel.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, prometió devolver a unas 600.000 familias que fueron despojadas de sus tierras principalmente por paramilitares de la extrema derecha unos dos millones de hectáreas de tierras de aquí al 2.014, cuando concluye su mandato legal de cuatro años.
En los últimos siete años han sido asesinados en Colombia cerca de 45 campesinos que lideraban movimientos de restitución de tierras en distintas regiones y que les habían sido arrebatadas por grupos armados.
El Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, anunció el compromiso de su cartera para coordinar el diseño y la implementación de un Plan de Prevención y Protección de personas en las zonas donde se llevará a cabo la restitución de tierras.
El alto funcionario recordó a Rogelio Martínez, Hernando Pérez y Óscar Maussa, los tres últimos campesinos asesinados y que lucharon por la recuperación de sus tierras.
