Es un círculo vicioso. La falta de oportunidades desintegra hogares. Los menores que hacen parte de familias disfuncionales son vulnerables y se ven inmersos en hechos delictivos, pero el sistema penal los devuelve a ellas una y otra vez hasta que cumplen los 14 años y pueden ser sujetos de sanciones.
Entonces son remitidos a un centro de atención especializada, donde muchas veces el contacto con ese ambiente familiar dañino continúa y en lugar de concretarse la resocialización que plantea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, van avanzando en la escala de delitos hasta terminar como responsables de homicidios, secuestros y extorsiones.
Cuando esto sucede y un menor resulta involucrado en delito, se inicia de nuevo del debate de nunca acabar: ¿endurecer las penas a los menores infractores y reducir la edad de imputabilidad o insistir en una legislación que busque la readaptación de los muchachos mirándolos como víctimas y no como victimarios.
La ley de Infancia y Adolescencia contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se aplica actualmente en 25 distritos judiciales en el país.
Con el código pasó lo mismo que con la Constitución del 91: es un dechado de buenas intenciones, pensado para un país con un alto desarrollo social y recursos económicos suficientes para financiar programas de reintegración para los menores infractores y para impulsar programas preventivos.
Se parte del presupuesto de que la familia es un ente resocializador pero en estos casos no es así. Es una idea romántica que no se ajusta en nada al esquema de la sociedad colombiana.
Entonces es necesario trabajar en dos tiempos: bajar la edad de imputabilidad y comenzar programas preventivos con los niños más pequeños que viven en comunidades vulnerables, afianzando un sistema de valores que en sus hogares prácticamente no existe.
Y es que el Código de Infancia y Adolescencia establece que los menores de 14 años que hayan cometido un delito no deben ser juzgados ni declarados responsable penalmente.
Esto parte de un concepto errado de los legisladores que no consideran que los niños y adolescentes tengan un desarrollo físico y emocional diferente a los de otras generaciones.
Los adolescentes actuales son capaces de elaborar un plan criminal y ejecutarlo, mostrando una deficiente escala de valores inculcada en la familia.
Para quienes han trabajado en el sistema de defensa de menores, la discusión debe centrarse en un tema de oportunidades no en el tema de la sanción.
Son jóvenes que crecen en un medio hostil, en el que tener un arma es sinónimo de poder y respeto. En el que ser el malo del barrio garantiza la supervivencia.
Ahí vuelve a empezar el círculo: ¿el menor infractor es conciente del daño que hace? Claro que sí. Entonces, si el menor creció en un medio en el que no se respeta la vida, ¿se apuesta al cambio de ambiente o a la sanción?
Delitos como el porte de armas y estupefacientes, el hurto y el homicidio son los que con más frecuencia cometen los menores. En muchos casos son utilizados por adultos que aprovechan que a cierta edad son inimputables, que se le miden a todo sin importarles las consecuencias y que cobran poco.
El Ex -presidente Álvaro Uribe recordó que las oficinas de cobro que operan en Cali y Medellín utilizan a menores de edad. Por eso, consideró recomendable endurecer los castigos contra los adultos que utilizan a los menores para estas actividades.
En Cali, operan cerca de ocho oficinas de cobro que los contratan y les pagan en promedio unos $100.000 por un homicidio.
En Cartagena la situación también es crítica. La Policía estima que unos 15.000 muchachos están inmersos en bandas. Además, buena parte de los robos y homicidios por contrato son cometidos por adolescentes. Lo más grave es que se estima que el 35 por ciento de los sicarios son menores. La alternativa para sacar a estos muchachos del ambiente violento en que crecen es mejorar su ambiente familiar. Por eso en Dosquebradas (Risaralda), una de las poblaciones que ha tenido problemas con menores infractores, la Alcaldía y el ICBF, crearon la Unidad de Atención Integral Familiar.
Esta trabaja en dos aspectos: atiende problemáticas referentes a derechos vulnerados y capacita a los padres para que inculquen valores en sus hijos.
Entonces son remitidos a un centro de atención especializada, donde muchas veces el contacto con ese ambiente familiar dañino continúa y en lugar de concretarse la resocialización que plantea el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, van avanzando en la escala de delitos hasta terminar como responsables de homicidios, secuestros y extorsiones.
Cuando esto sucede y un menor resulta involucrado en delito, se inicia de nuevo del debate de nunca acabar: ¿endurecer las penas a los menores infractores y reducir la edad de imputabilidad o insistir en una legislación que busque la readaptación de los muchachos mirándolos como víctimas y no como victimarios.
La ley de Infancia y Adolescencia contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes que se aplica actualmente en 25 distritos judiciales en el país.
Con el código pasó lo mismo que con la Constitución del 91: es un dechado de buenas intenciones, pensado para un país con un alto desarrollo social y recursos económicos suficientes para financiar programas de reintegración para los menores infractores y para impulsar programas preventivos.
Se parte del presupuesto de que la familia es un ente resocializador pero en estos casos no es así. Es una idea romántica que no se ajusta en nada al esquema de la sociedad colombiana.
Entonces es necesario trabajar en dos tiempos: bajar la edad de imputabilidad y comenzar programas preventivos con los niños más pequeños que viven en comunidades vulnerables, afianzando un sistema de valores que en sus hogares prácticamente no existe.
Y es que el Código de Infancia y Adolescencia establece que los menores de 14 años que hayan cometido un delito no deben ser juzgados ni declarados responsable penalmente.
Esto parte de un concepto errado de los legisladores que no consideran que los niños y adolescentes tengan un desarrollo físico y emocional diferente a los de otras generaciones.
Los adolescentes actuales son capaces de elaborar un plan criminal y ejecutarlo, mostrando una deficiente escala de valores inculcada en la familia.
Para quienes han trabajado en el sistema de defensa de menores, la discusión debe centrarse en un tema de oportunidades no en el tema de la sanción.
Son jóvenes que crecen en un medio hostil, en el que tener un arma es sinónimo de poder y respeto. En el que ser el malo del barrio garantiza la supervivencia.
Ahí vuelve a empezar el círculo: ¿el menor infractor es conciente del daño que hace? Claro que sí. Entonces, si el menor creció en un medio en el que no se respeta la vida, ¿se apuesta al cambio de ambiente o a la sanción?
Delitos como el porte de armas y estupefacientes, el hurto y el homicidio son los que con más frecuencia cometen los menores. En muchos casos son utilizados por adultos que aprovechan que a cierta edad son inimputables, que se le miden a todo sin importarles las consecuencias y que cobran poco.
El Ex -presidente Álvaro Uribe recordó que las oficinas de cobro que operan en Cali y Medellín utilizan a menores de edad. Por eso, consideró recomendable endurecer los castigos contra los adultos que utilizan a los menores para estas actividades.
En Cali, operan cerca de ocho oficinas de cobro que los contratan y les pagan en promedio unos $100.000 por un homicidio.
En Cartagena la situación también es crítica. La Policía estima que unos 15.000 muchachos están inmersos en bandas. Además, buena parte de los robos y homicidios por contrato son cometidos por adolescentes. Lo más grave es que se estima que el 35 por ciento de los sicarios son menores. La alternativa para sacar a estos muchachos del ambiente violento en que crecen es mejorar su ambiente familiar. Por eso en Dosquebradas (Risaralda), una de las poblaciones que ha tenido problemas con menores infractores, la Alcaldía y el ICBF, crearon la Unidad de Atención Integral Familiar.
Esta trabaja en dos aspectos: atiende problemáticas referentes a derechos vulnerados y capacita a los padres para que inculquen valores en sus hijos.
