Colombia entre conflicto, pos-conflicto y el costo

Colombia lleva muchísimos años en guerra y posee una experiencia sin igual en procesos de paz frustrados. Desde las guerras de independencia, pasando por la guerra de los Mil Días y La Violencia, hasta el actual proceso de paz, son muchas las ocasiones en las que en Colombia se ha intentado dar terminación al conflicto y dar paso a una situación de post conflicto en la cual nuevos brotes de violencia aparezcan como innecesarios. La ausencia de una paz duradera debería suscitar un análisis a fondo de los diversos procesos de paz que se han dado en el país, comenzando desde el proceso de construcción de Nación en el siglo XIX hasta los procesos más recientes. El análisis de tal historia permitirá observar las diversas estructuras que han dado lugar no sólo a la aparición de la guerrilla sino de los grupos paramilitares y permitirá observar las carencias institucionales del Estado que han conducido a la aparición de grupos de autodefensa, sean estos de derecha o de izquierda.

No sobra señalar que la capacidad de decisión del Estado en estas materias se ve limitada y por tanto sus decisiones se sujetan a lo que sea aconsejado por Instituciones de Gobierno Internacional (IGI) como el Banco Mundial, el FMI, la ONU, etc. La capacidad de maniobra del gobierno en esta materia es limitada. No podrá haber un proceso de paz sin al menos alguna forma de justicia y de resarcimiento a las víctimas. Pero no es sólo la presión internacional la que impediría una política como la sugerida por algunos sectores en Colombia. El gobierno colombiano tampoco se puede dar el lujo de establecer un precedente en el que las graves violaciones cometidas por las FARC y por el ELN sean perdonadas sin más, pues ello conduciría a una paz precaria y podría ser la fuente de nuevas violencias.

En el inicio del proceso nadie sabía cuánto iba a costar, no se hablaba del posconflicto y la situación económica de bonanza era una realidad muy distinta a la actual. Hoy, con el avance de los diálogos en La Habana y conocidos los tres primeros puntos sobre los cuales se ha llegado a un acuerdo, han surgido muchas preguntas relacionadas con el posconflicto: ¿Cuánto valdrá y cómo se financiará? Y la respuesta que algunos economistas le están dando, después de revisar las cifras, es que las cuentas no dan.

 Sin embargo, aunque es cierto que es difícil calcular ese costo, hay opiniones calificadas que dan luces sobre las realidades que habrá que afrontar. Una de estas es la del ex ministro Juan Camilo Restrepo Salazar, quien habla de una cifra preliminar –sólo para el posconflicto rural– que fluctuaría entre 80 y 100 billones de pesos para los próximos diez años, lapso que se juzga razonable para proyectar el periodo de tiempo del posconflicto.

Según Restrepo, quien conoce muy bien el tema rural negociado en La Habana, el país deberá invertir con recursos públicos algo así como 8 o 10 billones de pesos anuales en la implementación de los 12 planes de carácter rural que se enumeran en el punto número uno del acuerdo. La cifra es tan alta que asusta. No obstante, si se tiene en cuenta que Restrepo ha sido ministro de Hacienda, de Agricultura, es experto en café y es considerado un hombre ponderado y ecuánime, su opinión tiene peso. Su cálculo equivaldría a destinar anualmente, a lo largo de la próxima década, una suma parecida al producido anual del impuesto al patrimonio para este solo propósito.

Un país con múltiples problemas sociales por resolver

Un equipo de la Contraloría General de la República preparó durante varios meses una investigación que reveló un país con 11 millones de indigentes, que ha retrocedido 10 años en concentración de la riqueza.
El 53 por ciento de la tierra está en manos del 1,08 por ciento de los propietarios y hay una grave concentración en el mercado de capitales: las 10 empresas más grandes absorben el 75 por ciento del negocio.
La exclusión social es tal, que hay más de 3,5 millones de niños sin escolaridad, y el analfabetismo llega al 8 por ciento de la población mayor de 15 años.
Más aún, 11 millones de colombianos no perciben ingresos de ninguna índole o viven con menos de un dólar al día, y la indigencia rural bordea casi índices del 40 por ciento. En contraste, desde la década de los noventa, el proceso de concentración de la riqueza y de los ingresos ha crecido desproporcionadamente. El 20 por ciento de los hogares más ricos del país concentra el 52 por ciento de los ingresos totales de la Nación.
La distribución de la riqueza entre los diferentes actores de la sociedad determina la capacidad de los individuos de obtener ingresos. Esto, a su vez, hace posible el acceso a activos, la generación y acumulación de capital, y por ende el crecimiento.
La tarea es hoy más difícil que nunca, pero no puede ocurrir como muchas veces que lo urgente manda a un segundo plano lo importante. Si eso pasa, la bomba social terminará por convertirse en una bola de nieve que arrasa con el país entero.
De la mano de la concentración del ingreso, hay otro indicador que debería encender todas las alarmas: el 59,8 por ciento de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, porcentaje similar al 60 por ciento que había mencionado recientemente el Banco Mundial. Y como al que no quiere caldo se le dan dos tazas, resulta que hoy el 23,4 por ciento está por debajo de la línea de indigencia. Hace 10 años, el indicador era del 20 por ciento.
Del total, 2 millones son desplazados, y de ese volumen, el 47 por ciento son mujeres y niños. En estricto sentido, los indigentes son todos aquellos que residen en hogares cuyos ingresos son tan bajos que, aunque se destinaran totalmente a la compra de alimentos, no alcanzarían para satisfacer las necesidades nutricionales de todos sus miembros.
La alta indigencia quiere decir, entonces, que uno de cada cuatro colombianos no tiene acceso a una canasta mínima de alimentos.
Hoy el Estado le dedica el 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a atender la iniquidad alimentaria. Esto es cerca de 1 billón de pesos, si quisiera que los indigentes pasaran a ser ‘pobres’ (con ingresos cercanos a dos dólares) tendría que girar el 2,0 por ciento, cuatro billones de pesos. Los analistas sugieren que hoy el país está en los niveles de los 80, y que el proceso de concentración se hizo particularmente agudo desde 1.996, por la crisis económica. Desde ese momento, Colombia dejó de mostrar tasas de crecimiento económico cercanas o superiores al 5 por ciento y bajó al 2,04 por ciento.