Que las fiestas de fin de año y año nuevo no dejen huellas por la pólvora

Las luces, los colores y el bullicio que producen los estallidos de la pólvora que iluminan las noches desde el cielo cautivando mágicamente las miradas de chicos y grandes, con una variedad de formas luminosas que cada Navidad son sinónimo de alegría en las familias, se convierten, en sólo unos instantes, en tragedia para otras.

“Llega diciembre con su alegría, mes de parranda y animación”, reza una alegre canción de la época, sin embargo también es la temporada del año en que más se reportan casos de niños quemados con pólvora. Los hospitales y los noticieros reportan cientos de casos donde los niños quemados con pólvora son los protagonistas; está claro que los principales responsables de estos hechos son los padres de familia, quienes permiten que sus hijos jueguen con productos pirotécnicos, no obstante también existe la responsabilidad social y gubernamental que tienen las administraciones públicas como las alcaldías, quienes tienen una completa autonomía para permitir denegar la venta de este tipo de productos en los diferentes municipios.

Para que en el fin de año no se presenten personas lesionadas por el uso de pólvora, la Gobernación del Valle del Cauca expidió el decreto que reglamenta esta actividad y solicita a los Alcaldes tomarlas medidas necesarias, e instaló la Mesa Interinstitucional de prevención de lesionados por pólvora 2012 – 2013, en la que participan el Despacho de la Primera Dama del Valle del Cauca, las Secretarías de Salud y Gobierno, la Alcaldía de Santiago de Cali con las Secretarías de Salud y Gobierno, y entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Procuraduría, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE, la Curia Departamental y se vincula la Policía Nacional.

De igual manera, se convoca a los Alcaldes de los 42municipios del Valle para que adopten las medidas tendientes a la prohibición de la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de pólvora y de elementos pirotécnicos elaborados con fósforo blanco u otras sustancias que produzcan detonación y explosión, por considerarlas de grave amenaza contra la vida.     

Mediante la prevención, la vigilancia  y el control, se busca concientizar especialmente a los padres de familia, para que en estas fiestas decembrinas no quemen pólvora ni permitan que sus hijos adolescentes o mayores lo hagan.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y la Procuraduría, serán las entidades encargadas de imponer las sanciones a los responsables de lesiones por pólvora en menores; sanciones sobre la potestad de los infantes, que aplica el ICBF y sanciones pecuniarias, por parte de la Procuraduría.

Es decir, si los mandatarios locales lo dijeran, podrían evitar las amargas navidades de muchas familias que tienen  que ver cómo los niños quedan marcados de por vida al perder alguna extremidad a causa de la explosión de algún artefacto, sólo bastaría con prohibir el expendio de estos productos para reducir en gran medida el riesgo a que se exponen los infantes con la manipulación.

Hay que mencionar que a nivel departamental, la Secretaría de Salud acogió el llamado del  Ministro de La Protección Social, frente al significativo aumento de personas quemadas por pólvora que reportan las IPS durante las festividades de fin de año, así como por el abuso en el consumo de las bebidas alcohólicas, e invitó a las instituciones y comunidades vallecaucanas para que contribuyan al fortalecimiento de las acciones para la prevención de este tipo de accidentes y mancomunadamente se trabaje para controlar esta problemática.

El clamor y dolor de Patria de los isleños al perder territorio

El 19 de Noviembre, fue un día que cambió nuestra historia. Como Sanandresanos y Providéncianos, quedamos impávidos ante el espanto de una pesadilla de la que no podremos despertar. No podemos creer el horror de un veredicto que nos encerró en nuestro propio mar y que pasó a ser propiedad de otros.

En medio de un mar de debates e interpretaciones en el que algunos juristas colombianos han expresado las razones por las cuales se debe o no acoger el fallo, no deja de causar mucha molestia, las “soluciones” o plan de contingencia sugeridos por el gobierno nacional y que a nuestro modo de ver, simplemente son pañitos de agua tibia para apaciguar los ánimos, el descontento general y la sensación de abandono estatal.

Si hacemos una retrospectiva rápida, las declaraciones del Presidente Santos, respecto a un “nuevo plan”, coinciden con la idea de otro plan que surgió como consecuencia de la declarada apertura económica de 1991, en el cual nuestro paraíso dejó de ser puerto libre, para insertarse en el mercado global y empezar a depender del turismo como principal actividad económica. En ese momento se  dijo a los isleños: “deben asumir la apertura económica y empezar a vivir del turismo, pues el puerto libre, como modelo, se agotó”. Pero… eso no es todo. A raíz de la condición archipielágica que le otorgó la declaratoria de Reserva de Biosfera Seaflower, la difícil situación de sus habitantes y las políticas de acción afirmativa que cobijan a los raizales de las islas, se generaron un sinnúmero de pactos, cartas compromiso y planes, en los cuales se hicieron muchas promesas que poco se han cumplido hasta hoy. Y que aún resta un amplio catálogo de acciones estatales por implantar, como la creación de un centro de convenciones, la extensión del aeropuerto, por ejemplo, son evidencias de ello.

Desafortunadamente, las fórmulas, las promesas y compromisos señalados por presidencia, no reparan la pérdida de más del 60% de nuestro patrimonio natural. Los esfuerzos realizados tanto de autoridades ambientales nacionales y locales, como de la sociedad civil, para evitar que las pretensiones de exploración y explotación petrolera tuvieran efecto, hoy son irrelevantes. Tal y como han señalado algunos titulares de periódicos nacionales, a Nicaragua le acaban de regalar la gallinita de los huevos de oro y ya empezó a ofertar el espacio marítimo ganado. 

Hemos convivido con nuestros problemas, hemos luchado en medio de nuestras posibilidades, hemos resistido incluso las imposiciones de las políticas nacionales que poco han sabido interpretar las particularidades de nuestra región. Y ahora, qué más tendremos que soportar?

El Estado colombiano no puede ignorar el sentimiento y la autodeterminación de un pueblo que hizo su adhesión voluntaria a una patria que poco nos conoce y que hoy, bajo repentinos ataques de dolor y nacionalismo, se pregunta si lo que perdimos en mar territorial fue significativo.

Con el sentimiento de impotencia y tristeza que embarga a los colombianos, nos resistimos a acoger la providencia de una instancia internacional a la cual Colombia en representación de los naturales del Archipiélago, reconoció su competencia. Por eso, con la rabia en el corazón, la invitación es  a todos los paisanos, residentes y extranjeros, a desconocer el fallo de la CIJ y entablar las acciones de protesta y movilización necesarias, para que nuestras voces retumben en la sala de una corte que no quiso escuchar a los sanandresanos y providencianos.

¿Dónde quedaron las tradiciones de Navidad?

En Colombia, el inicio de la celebración de Navidad se hace oficial con la noche de las velitas, que se lleva a cabo el 7 de Diciembre, víspera de la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción de María. En esta fecha, las familias se reunían para encender una gran cantidad de velas o faroles en frente de las casas y, de esta forma, trazar el camino para que la Virgen María bendijera sus hogares.

Durante la noche de las velitas, los espectáculos pirotécnicos creaban una fiesta de colores en el cielo. Además, las calles se llenaban de luces y los alumbrados más famosos de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, creaban una fiesta de colores en la noche, con espectáculos pirotécnicos que atraían visitantes de todas las regiones del país y del mundo.

La Navidad en Colombia era una gran fiesta, tiempo de recogimiento y unión familiar; época especial para expresar cariño, compartir con los amigos y, por supuesto, rezar la Novena de Aguinaldos, congregados alrededor del Pesebre y el Árbol de Navidad; los colombianos rezaban multitudinariamente, cantaban villancicos, disfrutaban la alegría de las fiestas decembrinas y compartían con los más pequeños el mensaje del nacimiento del Niño Dios.

En estos encuentros se ofrecían bocadillos, postres y preparaciones culinarias como natilla y buñuelos y, en ocasiones, se festejaba hasta el amanecer al ritmo de salsa, merengue, cumbia, vallenato y otros ritmos propios de las fiestas colombianas.

En Colombia se celebraban “Los Aguinaldos”, que consisten en juegos que se practican entre el 16 y 24 de Diciembre. Son diversos juegos como “tres pies”, en el cual si uno está de pie y se descuida, viene el oponente y le pone su pie en medio de los pies de uno y a la vez grita “tres pies, mis aguinaldos”; hay que pagar lo que uno haya apostado, generalmente es una suma ínfima, o un dulce, o algo muy sencillo. Hay otros juegos como: “Pajita en boca”, que consiste en que uno debe tener siempre algo en la boca; el “Dar y no Recibir”, que consiste en que el oponente está todo el tiempo tratando de darle a uno algo y si uno lo recibe, el oponente le dice “mis aguinaldos”, y uno tiene que pagar. El “sí y el no” , que consiste en que cuando le pregunten cualquier cosa siempre debe contestar “si” o “no” dependiendo de lo que haya escogido contestar, y hay muchos más.

Son juegos muy simples con los cuales se divertían tanto chicos como grandes.

Pero al paso del tiempo, la mal llamada “Modernidad” de nuestros sucesores, al afán por las cosas, el poco, o mejor, nada de tiempo que los padres de familia dedican a sus hijos durante estas festividades por dedicarlas al placer de las rumbas, el licor, entre otras actividades, el mercado cambiante, ha dado pie a que estas bellas y emotivas tradiciones de fin de año tiendan a quedar en el baúl de los recuerdos, generando la perdida de nuestra identidad, el arraigo.

Es allí donde prima el sentido común de las familias en mantener vigentes estas tradiciones, sin importar que las luces del Pesebre sean modernas, que las del balcón sean las mangueras luminosas; por fortuna en muchos hogares bugueños, a pesar de todos estos cambios, no se ha perdido la voluntad colectiva de reunirnos en familia, de estar felices y hacer felices a los demás. La Navidad sigue siendo esa época mágica donde se recuerda a los seres queridos, se comparte, se agradece a Dios por los bienes recibidos y se le pide por el año próximo a comenzar.

Las chimeneas rodantes, el drama de las ciudades contaminadas

Llegó la hora de poner freno a las chimeneas ambulantes. En todo el mundo se ha desatado una gran cruzada, impulsada por ecólogos que reclaman de sus gobiernos una gestión ambiental para detener la marcha de vehículos altamente contaminantes. La propuesta surgió del Encuentro de Ciudades, celebrado en el Colegio Verde de Villa de Leiva, al cual asistieron delegaciones de Latinoamérica y Europa.

Funcionarios y ecólogos analizaron, por primera vez a alto nivel, el problema de contaminación de las ciudades. Trataron de detectar causas de lo que ocurre en ciudades y municipios de América y Europa, donde el alto grado de polución ha colocado en grave riesgo la salud humana y ha tenido profunda incidencia en fenómenos como el calentamiento de la Tierra.

Los expertos sostienen que la creciente artificialización de la naturaleza, por la acción transformadora del hombre, requiere un urgente replanteo. Ese proceso se palpa más en las ciudades, donde el uso irracional de los recursos, los problemas derivados de la pobreza y las condiciones generales de vida hacen aún más crítica la realidad ambiental.

Las partículas en suspensión que se derivan de las grandes industrias y enrarecen la atmósfera, los residuos sólidos y líquidos que enturbian y contaminan las aguas, no son en las ciudades las principales causas de contaminación: son los automotores.

Estas fuentes móviles de contaminación generalizan el problema ambiental en las ciudades del mundo. Las razones son varias. En primer lugar, el aumento progresivo en el número de vehículos que recorren las calles, el incremento en el consumo de hidrocarburos, la falta de mantenimiento de los carros y la falta de normatividad de los gobiernos frente a este problema.

Salvo lo que viene haciendo Chile, que ha determinado la revisión de vehículos dos veces al año con el fin de contrarrestar la contaminación proveniente de esas fuentes móviles, ningún otro país en el mundo está trabajando en ese sentido.

Incluso en países como Colombia, no hay normas que regulen o sancionen el tránsito de automotores altamente contaminantes. En las grandes ciudades colombianas, es normal ver buses, camiones o automóviles convertidos en auténticas chimeneas que deterioran el medio ambiente.

Los ecólogos, altamente preocupados por la situación, consideraron la posibilidad de concientizar a conductores y propietarios de vehículos. También pidieron la creación de un fondo en las Naciones Unidas, similar al creado recientemente por el Banco Mundial, dirigido a ayudar a las ciudades y municipios más afectados por la contaminación.

De ahí que el municipio debe tenerse como el centro vital de la democracia y al ciudadano como célula básica de la vida social. 

Que la justicia social y la equidad deben ser las directrices de la gestión ambiental municipal. 

Que en el fortalecimiento del poder local y de la responsabilidad ciudadana se apoya la real participación democrática, necesaria para el desarrollo sostenible. 

Que la propuesta de gestión ambiental orientada hacia ese desarrollo se obliga a consultar las necesidades y aspiraciones de la comunidad. 

Que ningún proyecto de futuro puede prescindir del reconocimiento de la sabiduría tradicional ni de la apropiación de los beneficios del saber contemporáneo. 

Que la verdadera cooperación internacional se fundamenta en el diálogo entre iguales, donde el mutuo aprendizaje es la base del desarrollo. 

Las tierras del campesino siempre han sido sometidas por terratenientes

La historia colombiana infortunadamente se ha escrito con sangre y todo por la posesión de la tierra. De vieja data fue usual sacar a plomo y con terror a los minifundistas de la geografía colombiana. En principio se hizo con cargo a la Conquista y su saqueo multimillonario, luego a la Colonia y sus abusos, y para terminar se erigió una república dividida, precisamente por el poder político y económico concentrado en el valor de los terrenos. Confidencial Colombia habló con los campesinos de Córdoba y determinó que si bien el reinado del “Clan Castaño” prácticamente es leyenda, hoy su lugar lo ocupan otros terratenientes armados y sin escrúpulos con quienes es más complejo platicar o concertar. Los paramilitares continúan en esa fértil sabana amenazando, comprando conciencias y ejerciendo presiones sobre los lugareños aun con tierras o en proceso de reclamación. Hoy en pleno siglo 21, Colombia no se construye, no cambia, y por el contrario se hunde según el concepto de muchos en una ambición unilateral en donde el campesino, el que siembra y garantiza la alimentación es expulsado bajo la férula de la amenaza y el pánico. Miles, quizás millones de hombres, mujeres y niños del campo abandonaron y abandonan las actividades agrícolas y pecuarias por el poder gamonal de unos cuantos que violando los derechos humanos, sacan pecho por el poder que da ser el más rico, así esté en ese grupo de los llamados “levantados” . Con decisión, el gobierno trata de zanjar de la mejor manera un problema agudizado por narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo sin dejar de lado la delincuencia común encarnada también en las BACRIM. El Presidente Santos, le apuesta a la restitución de tierras para saldar una deuda social de antaño. Precisamente el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, visitó la ciudad de Montería, para denunciar formalmente el despojo del que fueron víctimas más de mil campesinos en esa región del país y les anunció que aparte de sus tierras, tendrán derecho al desarrollo rural con la puesta en marcha de proyectos productivos. Allí el llamado “Clan de los Castaño” hizo y deshizo. A punta de amenazas y represión sacó de sus casas, de sus tierras y de su terruño a miles de personas. De regreso el análisis se queda en retrospectiva, la guerra de los mil días que comenzó en 1899 y culminó en 1902, cuando el país seguía por el camino de la violencia, el despojo y el desplazamiento. Avanza el tiempo y la condición de país violento se mantiene, ahora con cargo a liberales y conservadores. En los años 50 las guerrillas comandadas por Guadalupe Salcedo, en los llanos orientales asola el campo; no menos impactante fue la situación en el Eje Cafetero, Tolima, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca, en donde los fenómenos de violencia venían acompañados de prácticas execrables y repudiables, tal y como acontece por estas épocas. Pasan las terribles décadas de 80 y 90, llega el nuevo siglo y con él, la gran conclusión, Colombia es un país que se quedó atrapado en el tiempo, viviendo siempre con lo mismo y soportando la reiterada y perversa historia construida sobre pilares de ignominia e indolencia, en donde el pobre tan sólo tiene derecho a un pequeño terreno en préstamo, a callar o a ir antes de lo presupuestado a los sepulcros fértiles del camposanto o a la execrable fosa común, también propiedad de los paramilitares.

En la salud la demanda inducida no existe

En el Sistema Generalde Seguridad Socialen Salud, las actividades, procedimientos e intervenciones de obligatorio cumplimiento reglamentadas por la resolución 412 de 2000, como son: detección temprana, protección específica y atención de enfermedades de interés de salud pública, están absolutamente desamparadas y no precisamente porque las EPS las dejen de contratar con las IPS, sino, porque hábilmente y marrulleramente, las aseguradoras, o sea las EPS, no contratan con las IPS que son los prestadores del servicio de salud, lo básico, la demanda inducida, o sea, las acciones encaminadas  a enseñar e informar a la población afiliada quién presta unos servicios para mantener una buena salud. Esa tarea no contratada le ahorra a la EPS un porcentaje del total de la UPC, supongamos se contratara la demanda inducida por un 2% sería algo así como $2.360 por afiliado por año, que multiplicado por la población no informada y no educada, genera un ahorro operativo importante que queda al final del ejercicio como una utilidad operacional, pues ese 2% es un porcentaje que forma parte de la fórmula de la UPC pero que no se gasta.

El estudio adelantado por el Ingeniero Jaime Aragón, sobre este tema es muy acertado al punto de reflejar la falta de socialización de temas vitales entre la población objeto de la contratación.

Los resultados de este malcriado negocio son funestos porque aplican sobre lo básico, la información y la educación.De qué sirve que se haga una actividad de detección temprana de cáncer de seno en un sitio cualquiera de la ciudad, si la población afiliada no se le ha informado, no se le ha dicho donde, no saben cómo tienen que asistir, no se les ha educado sobre las consecuencias de no hacerse el procedimiento, etc. Todo porque esa es una tarea de la EPS y ella no la hace, pero tampoco la contrata con la IPS; entonces se concluye que demanda inducida, no existe. Por esa razón, todas esas actividades de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad, en su mayoría, extra hospitalarias, parecen lúgubres campos de salud, porque las EPS ni siquiera contratan el perifoneo, ese es el negocio, economizar en difusión de la información y educación, que al final es la misión y cometido esencial de la demanda inducida.

Los servicios de Protección Específica y de Detección temprana no son demandados por los usuarios en forma espontánea y, por lo tanto, las EPS  deben diseñar e implementar estrategias para inducir la demanda a estos servicios, de manera que se garanticen las coberturas necesarias para impactar la salud de la colectividad, su mismo nombre lo indica: Demanda Inducida; por eso hay que decirle al afiliado qué actividades, procedimientos e intervenciones contrató la  EPS  de la cual es usuario, con la IPS que le prestará los servicios, para que el beneficiario los demande, esa es una acción que debe efectuar la EPS, o en su defecto, contratarla para que la ejecute la IPS.Se concluye que aquellas glosas por incumplimiento de metas de detección temprana, protección específica y atención de enfermedades de salud pública, son improcedentes si la EPS no ha realizado, o no ha contratado con la IPS, las acciones de demanda inducida.

Yo sé que este tema lo asimilan con facilidad las personas que  permanentemente trajinan con las incontables e incomprensibles complejidades del Sistema General de Seguridad Socialen Salud, pero para el grueso de la población que son la mayoría de los ciudadanos  y son los que deben conocer las marañas del sistema para hacer un efectivo  control social, les es más dificultoso el concepto; por eso, se entenderá más fácil, si análogamente se concibe así: un empresario necesita cumplir un compromiso de ley y lo hará haciendo un evento; por ejemplo un seminario, y contrata con un operador la ejecución del mismo, a éste sólo asistirá  la gente si el  empresario hace las invitaciones y está pendiente de los detalles de la convocatoria, o en su defecto, el empresario contrata los servicios del operador para que haga las invitaciones, las reparta, consigne la lista de los asistentes, confirme la asistencia, les recuerde telefónicamente etc. Esta acción es la que le garantiza al empresario la tranquilidad de que al evento la gente asista y demanden los servicios que él como oferente brindará, y por ende, cumpla el compromiso de ley, esa es la acción que no contratan las EPS con los prestadores del servicio de salud.La demanda inducida debe hacerla la EPS o pagarle al prestador de la salud, o sea la IPS, para que, al servicio que el hospital presta de detección temprana, protección específica y atención de enfermedades de interés de salud pública, los afiliados le demanden el servicio.

Ley nacional busca frenar el despilfarro de los dineros de la salud por parte de las EPS

Las EPS del país se convertirán en entidades aseguradoras y en adelante no manejarán más recursos del Estado, ni prestarán servicios de salud, según el proyecto de ley que estudia la Comisión Séptima del Senado de la República, cuyo coautor es el vocero del Partido Liberal Edisson Delgado Ruiz.

El congresista explicó que en adelante los únicos facultados para prestar los servicios de salud, serán las IPS, las clínicas y hospitales públicos y privados, de manera que se garantice una atención  eficaz y de calidad a los pacientes que en muchas ocasiones deben afrontar situaciones como el “paseo de la muerte”.

El parlamentario señaló que así está previsto en el proyecto de ley que comienza hacer curso en el Senado de la República, con una audiencia pública en la Comisión Séptima, en la que serán escuchados representantes de la academia y sectores médicos.

“Lo que busca esta iniciativa es hacer una profunda reforma al Sistema de Salud Colombiano. Allí se establece la creación de un Fondo de Salud que debe ser administrado por la Nación en cabeza del Ministerio de Salud directamente. A este fondo deberán llegar todos los recursos que se arbitran para la salud, tanto del régimen contributivo como subsidiado”, explicó el congresista liberal Delgado Ruiz, quien agregó que “allí se administrarán los recursos del Estado, así como los aportes que hacen los trabajadores y los empresarios. Este Fondo de Salud es el que va a tener relación directa con los prestadores de servicios de la salud, llámese IPS, clínicas, hospitales y laboratorios, los que suministran  los medicamentos.”

“En consecuencia, las EPS ya no estarían manejando los recursos de la salud en Colombia, ni tendrán como función prestar ese servicio, sino que se encargarán al aseguramiento, a lograr que todos los colombianos estén asegurados en todo lo que tiene que ver con la salud, y a su vez ejercer el control de la red prestadora de este servicio”, indicó.

Finalmente, explicó que de acuerdo con el proyecto de ley los entes territoriales,  departamentos y municipios, se encargarán de adelantar programas de promoción y prevención en salud a través de sus redes de hospitales o mediante contrato con las entidades prestadoras de salud públicas o privadas. 

El acoso escolar es remediable, no lo acolite… Buga territorio de paz escolar

En Buga la Administración Municipal con el apoyo del Gerente del Hospital Divino Niño, invitan a usted joven estudiante, padre de familia o docente, a informar si está siendo sometido a BULLYING o conoce de algún caso que esté ocurriendo; se cuenta con Psicología, trabajo social y médicos para intervenir. Para realizar la denuncia puede proporcionar la información que se le solicita mediante un formulario, es completamente anónima por lo cual la reserva de su identidad está garantizada. Proporcione la información solicitada y en detalle la situación descrita para poder dar adecuada atención al tema.

El Bulin o Bullying, es básicamente el acoso escolar que sufren estudiantes durante un determinado y constante periodo de tiempo. Este tipo de acoso puede ser psicológico, físico o verbal, y puede darse a cualquier nivel, aunque la edad en la que más se da es entre los 12 a 15 años, no es una regla que pueda ocurrir a niñas y niños más grandes o más pequeños; aunque estudios realizados últimamente demuestran que las mujeres suelen ser las más afectadas por este actual fenómeno social.

El Bullying en realidad puede llegar a ser considerado como un tipo de tortura, ya que el periodo en el que se ejerce es extenso, tanto que podría durar meses; además de que el objetivo principal es la intimidación y el abuso de poder. El daño se puede hacer directamente, que tú seas el acosador (por favor ¡no lo hagas!) o la acosada; o indirecto, cuando ves lo que está pasando pero no haces nada.

Las consecuencias son graves. La persona lastimada, y no exageramos en lo que te estamos diciendo, puede llegar al suicidio o, en otro extremo, a hacerle un grave daño a su acosador con tal de terminar de una vez por todas con la tortura. Si quieres ayudar, acude con una persona que tenga autoridad y en quien confíes, habla sobre el caso y lo más probable es que se llegue a una solución, o al menos a un acuerdo.

Es muy importante que ¡no te quedes callad@! Y si tú, una hermanita menor, prima o alguien conocido están pasando por una situación así, recuerda que ¡no están sol@s! El fin de esta persona es lastimarte, ¡no le des el gusto! No lo escuches, ni le contestes porque sólo estás alimentando su sentimiento de superioridad; háblalo con alguien y si no puedes, escríbelo y entrégaselo a quien más confianza le tengas. Si no se trata de ti y puedes ayudar, de verdad hazlo, no sabes lo mucho que te lo agradecerán, y recuerda que lo más importante es ¡no darse por vencid@!

Son muchos los entes municipales que están tomando medidas en torno a esta problemática.

¿Qué entendemos por Paz?

Esta parecería una pregunta con respuesta obvia. Todos tendríamos una definición de PAZ.  Pero, ¿hay suficiente claridad de lo que realmente es?

La palabra PAZ, tiene al menos dos grandes perspectivas y formas de ser entendida: Una, La Paz como Valor y la otra, la Paz como Derecho.

La Paz implica trabajar por una vida en armonía, respeto, tolerancia, comprensión.  En otras palabras, requiere el fortalecimiento de los Valores.

La Paz implica la aceptación y el respeto de unas normas, leyes, búsqueda de Justicia.  Por tanto, requiere el fortalecimiento de los Derechos Humanos.

Para el cristianismo, la Paz es una construcción diaria donde cada uno tiene una gran responsabilidad, aunque obviamente los violentos son los principales responsables.  No hay paz completa mientras subsiste el odio, el deseo de venganza, la ausencia de fraternidad, corrupción. No hay paz completa únicamente con el silencio de las armas.  Resulta interesante recordar cuando Jesús habló de paz.  Por ejemplo, en una ocasión dijo: «Os dejo la paz, mi paz os doy; no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde.» (Juan 14). Por tanto, no serán ni las Farc, ni el gobierno de Chávez o Piedad Córdoba. La verdadera paz la da Jesucristo y para ello debemos aprender a ponerle en primer lugar.

Todos estamos llamados a ser trabajadores por la paz en Colombia y el mundo, y si somos cristianos católicos estamos obligados a ser ejemplo de ella. Estaríamos equivocados si pensáramos que en las naciones donde hay abundancia hay paz, porque la abundancia en medio de la pobreza es una expresión de incumplimiento del compromiso con los más necesitados. El papa Juan XXIII dijo: -“Pacem in terris (La paz en la tierra), profunda aspiración de los hombres de todos los tiempos, no se puede establecer ni asegurar sino se guarda íntegramente el orden establecido por Dios.  La Paz ha de estar fundada sobre la verdad, construida con las normas de la justicia, vivificada e integrada por la caridad y realizada, en fin, con la libertad”.

De otro lado, hay quienes consideran que la Paz es ausencia de guerras, mientras suceden infinidad de cosas que degradan al ser humano.  Ejemplo de ello es la «convivencia» que en diversos países se da con pandillas, o el ejercicio del aborto y la eutanasia de manera permanente, el fomento a la drogadicción y la disfunción familiar.  Todo esto también es un factor de violencia interior y de ausencia de Paz.  Muchas tiranías han gobernado en el mundo sin que haya guerras durante largos períodos.  Es esta una manera simple de entender el problema.  Pero, la ausencia de guerras (con acción de armas) ¿es necesariamente Paz? ¿Puede sentirse Paz en ambientes de total decadencia, en medio del vicio? ¿Puede darse en una ausencia total de valores?. Cuando se habla de Justicia Social se expresa una necesidad perentoria y podemos desarrollarla de manera pacífica enarbolando Valores Humanos Universales.

Pero, aunque todas las personas de bien queremos justicia social, ésta es sumamente difícil de alcanzar a corto plazo, por cuanto en Colombia y el mundo las desigualdades sociales tienden a crecer; más aún cuando se avizoran y viven grandes crisis, producidas en parte por el alto nivel de voracidad en que ha caído el capital internacional y el consumismo exacerbado, generando manejos poco éticos que golpean principalmente la población de escasos recursos.  En tales circunstancias, decir que la violencia cesará sólo cuando haya justicia social es aceptar la violencia durante demasiado tiempo, es incluso llegar a ver como válido los argumentos que sostienen el enfrentamiento violento.

El pueblo colombiano ha comprendido las funestas consecuencias que la violencia, bajo cualquier pretexto, desde cualquier tipo de argumentación, tiene en la vida de todos. Durante los últimos años, ha podido comprobar que la paz es posible, que el terrorismo representa una falsa alternativa y por tanto, se está avanzando por camino que podría dejar aislados a los violentos.

Nuevas mordazas a la libertad de prensa en Colombia

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Colombiana denunciará penalmente a la periodista Cecilia Orozco por supuestas injurias en una columna de opinión, una medida considerada "supremamente grave" y un pésimo precedente por medios y defensores de la libertad de prensa.

A través de un comunicado difundido el jueves, la Sala Penal arremetió contra una columna de Orozco publicada el miércoles en el diario nacional El Espectador y otra de la periodista María Jimena Duzán el domingo en la revista Semana.

Ambos textos critican recientes cambios en la forma en que la Corte aborda los procesos judiciales contra parlamentarios acusados de nexos con paramilitares.

Sin embargo, la sala únicamente anunció una "denuncia penal" contra Orozco ante la Fiscalía por "injuria y calumnia".

La columna de Orozco, titulada "Homenaje a un magistrado valiente y decente", reprueba el relevo del magistrado de la corte Iván Velásquez del cargo que coordina las decenas de procesos contra parlamentarios y políticos locales acusados de colaborar con los grupos paramilitares, desmovilizados entre 2003 y 2006.

La periodista considera que el reemplazo obedece a intereses de los políticos implicados y de una "mayoría de los integrantes de la corte actual".

A estos magistrados los tilda de "clientelizados, burocratizados, lagartizados y subordinados al poder del procurador (Alejandro Ordóñez), al que le deben fidelidad y puestos, y al Parlamento, con el que se concertaron para privilegiarse".

En su comunicado, la Sala Penal de la Corte Suprema sostiene que el comentario de Orozco es "sesgado" y argumenta que el relevo de Velásquez respondió a la habitual rotación de los ocupantes de este tipo de cargos.

"Son gratuitos, ofensivos, injuriosos, calumniosos e irrespetuosos, los epítetos utilizados por la señora Orozco en su columna", afirmó la Sala.

Los directores de los medios que publicaron los dos artículos de opinión reprocharon de inmediato la demanda.

"Me parece un despropósito que una alta corte no respete una opinión solamente porque le es contraria", dijo a la AFP Fidel Cano, director de El Espectador.

Orozco también publica entrevistas periódicas en este diario y es autora del libro "¿Y ahora qué?: el futuro de la guerra y la paz en Colombia" (2002).

En 2010, fue galardonada con el premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de artículo de opinión por una columna que alertaba de ataques externos contra la independencia de la Corte Suprema.

La denuncia "me parece una actitud indigna de la corte", afirmó Alejandro Santos, director de Semana, en la emisora privada Caracol Radio.

Para Andrés Morales, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), la denuncia es "supremamente grave" porque la máxima institución que "tiene que velar por los derechos está agrediendo uno de los máximos pilares de la democracia, que es opinar libremente".

"La columna (de Orozco) es una opinión, una manifestación subjetiva de unos hechos, y en una sociedad democrática como la colombiana eso se debe respetar. Y quien tiene que garantizar eso es quien está denunciando en este momento", lamentó Morales en declaraciones a la AFP.

El director ejecutivo de la Flip, la principal organización de defensa de la libertad de expresión en Colombia, alertó también que se trata de un "gravísimo precedente", ya que "legitima que otros funcionarios públicos se sientan en capacidad de denunciar a otros periodistas".

"En una democracia, los funcionarios públicos y especialmente los de mayor rango, están expuestos al escrutinio y a la crítica", recalcó.

Morales señaló que la injuria y la calumnia son delitos penales autónomos en Colombia que no conllevan penas de prisión pero sí sanciones económicas.

Se debe pagar cargo fijo en el servicio de energía residencial?

Una persona que en su predio no consuma un solo kilovatio de energía, por cualquier motivo, se vería obligada a pagar un cargo fijo mensualmente, que le llegaría en el recibo de la luz.

Eso, en plata blanca, significa que todos los usuarios de energía eléctrica estarían obligados a pagar una suma de dinero mensual, así en el predio en el que dispone de este servicio público nadie la utilice.

Hoy, si un usuario no consume luz, eso se refleja en el recibo con tarifa de cero pesos, ya que los cobros se hacen según el uso efectivo que se le dé al servicio.

Esta situación la denunció el senador Carlos Baena, presidente del Movimiento Mira, quien advirtió que la intención de cobrar un cargo fijo en el recibo de la luz la está impulsando la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), en una resolución que espera expedir en los próximos días.

“El Gobierno y la Creg están listos para cobrar cargo fijo en la energía, lo que significa que hasta hoy los colombianos hemos pagado energía eléctrica por consumo, que es lo justo, pero ahora, así no se consuma nada, les van a cobrar a los usuarios un dinero fijo en la factura”, precisó Baena.

Según el congresista, el valor del kilovatio de energía lo componen varios aspectos, uno de los cuales es el cargo fijo de comercialización. No obstante, este se cobra solo si se hay consumo real. Lo que cambiaría, según él, es que al usuario se le facturaría mensualmente, así no haga uso del servicio.

“El Gobierno tiene facultades para cobrar el cargo fijo, pero necesita modificar la fórmula para hacerlo y ya la están alterando”, aseguró el líder del Mira.

Sin embargo, la Creg ha querido consultar a la gente si está o no de acuerdo con esta medida, para lo que habilitó su página web, pero el plazo para recibir sus opiniones venció este domingo.

“El presidente Juan Manuel Santos dijo que su lucha es contra la pobreza, pero esto golpea durísimo el bolsillo de la gente de todos los estratos. Por ejemplo, a un estrato uno le van a cobrar más o menos unos 5.000 pesos fijos al mes, a un estrato dos, unos 7.000 y a un estrato, seis unos 25.000, consuma o no consuma”, advirtió Baena.

No obstante, con este nuevo cobro, la preocupación de varios usuarios es la de que otras empresas de servicios públicos decidan implementarlo y se vean obligados a sacar más dinero de su bolsillo para cumplir con esta obligación.

Las agremiaciones de usuarios de servicios públicos rechazaron la intención del Gobierno de implementar el cobro de un cargo fijo en la factura de energía.

La primera en oponerse fue la Unión Nacional de Usuarios, que calificó la medida como una “injusticia”.

El vicepresidente de la agremiación, Rafael Espinel, afirmó que de cobrarse este importe, el dinero “iría exclusivamente a las ganancias de las empresas” que prestan el servicio.

Espinel agregó que el costo base de comercialización que se piensa establecer depende exclusivamente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Y explicó que si “el estrato uno consume 93 kilovatios en promedio mensual -a 365 pesos la unidad-, es decir una factura de 34.000 pesos, habría que sumar el precio del cargo fijo, lo que significaría que los kilovatios se harían mucho más costosos”.

“Con estos aumentos también se perjudica la industria, ya que esta trasladará el costo a los productos y los llevará a precios que no pueden competir con los de países donde son subsidiados, como Estados Unidos y China”, comentó.

Advirtió que el Gobierno también prepara un nuevo cobro. “Se trata de un 0,4 por ciento por riesgo de cartera, es decir, se pretende que los pleitos que pierde la empresa por no pago, los cubran los usuarios”, concluyó. Por su parte, Mauricio López, director técnico de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), dijo que para las personas que habitan un inmueble el cargo fijo será “imperceptible”, pues se trata de una reconfiguración de los costos. Pero que quienes tienen el espacio vacío tendrán que pagar el valor de lectura, facturación y envío, costo que en la actualidad se transfiere a todos los usuarios.

Nuestros medallistas olímpicos conquistando triunfos para un país de gobernantes inclementes

El ciclista Rigoberto Urán, con medalla de Plata, Óscar Figueroa en levantamiento de Pesas, con medalla de Plata. La judoca Yuri Alvear, con medalla de Bronce. Caterine Ibarguen en salto triple con medalla de Plata, Oscar Muñoz en Taekwondo, con medalla de  Bronce y Jackeline Renteria en Lucha,  con medalla de Bronce, le han entregado al país Andino Seis medallas en los presentes Juegos Olímpicos de Londres, justas que cada cuatro años reúne a los mejores deportistas del mundo.

Urán, quien enlazó una inesperada presea de plata en la ruta nació en 1987 en una familia humilde en Urrao, Antioquia, en la que su padre, también Rigoberto, salía adelante vendiendo boletos de lotería.

Sin embargo, la vida de la familia Urán cambió radicalmente para mal en 2001, cuando el joven Rigoberto tenía tan solo catorce años, su padre fue asesinado por los paramilitares en una calle del pueblo.

Ante su ausencia, el joven ‘Rigo’, como le apodan desde niño, asumió el papel de locomotora del hogar para mantener a su madre Aracelly y a su hermana Martha.

Un año más tarde y gracias a sus dotes para el deporte, entró al Programa Orgullo Paisa, que reclutaba jóvenes para la práctica del deporte, especialmente el ciclismo.

Ahora, la familia Urán, que sigue viviendo en Antioquia, goza de las mieles del triunfo de ‘Rigo’, al que le auguran éxitos no solo para otra cita olímpica.

La historia del segundo metal colombiano no es menos traumática: La familia de Óscar Figueroa, medalla de plata en 62 kilogramos de halterofilia en Londres, tuvo que desplazarse de su hogar acosado por la violencia.

Para salvar sus vidas, la familia Figueroa tuvo que abandonar el municipio de Zaragoza, también en Antioquia, porque así se lo exigieron los grupos armados, un drama que afecta a cientos de miles de personas en Colombia.

Buscando mejores horizontes y con lo poco que pudieron llevar, los Figueroa se instalaron en Cartago, en el Valle del Cauca.

Su fuerte nunca fueron los estudios pero los deportes le abrieron las puertas a otros campos en donde ha brillado con luz propia.

Después de cumplir el tiempo requerido como soldado se dedicó por completo a las pesas, en donde ha sido quinto en los Olímpicos de Atenas 2004, medalla de plata en el Mundial de Santo Domingo (2006) y oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara (México 2011).

Otra medalla para Colombia fue la de Bronce, pertenece a la judoca Yuri Alvear; a ella no la ha perseguido la violencia, pero sí la pobreza, de la que ha logrado separarse a punta de constancia, disciplina y ganas de salir adelante con su familia.

Su trayectoria ha sido difícil, el judo cuenta con escaso apoyo gubernamental en Colombia y a Alvear le tocó organizar fiestas, rifas y bingos para reunir fondos y poder viajar a competencias internacionales.

Los padres de Alvear, una lavandera y un trabajador de la construcción la han arropado y ayudado en sus viajes.

En 2009 se proclamó campeona mundial en Rotterdam (Holanda), séptima en los Juegos Olímpicos de 2008 en Pekín y tercera en el Mundial de este año, en Varsovia (Polonia).

Tras conquistar el bronce en Londres, el alcalde de Jamundí, la población del Valle del Cauca donde reside con su familia en un humilde hogar anunció que se le entregará una casa y la declararán Hija Ilustre del municipio.

Esta es la historia de sufrimiento y superación de los medallistas de Colombia, uno de los países latinoamericanos con más desigualdad entre ricos y pobres y azotado por un conflicto armado que afecta a millones de sus ciudadanos. 

Las regalías deben tener un verdadero impacto positivo en las comunidades.

El sector privado y varias entidades de cooperación internacional unen esfuerzos para lograr que la inversión que hacen los municipios y departamentos con los recursos provenientes de las regalías, tengan un verdadero impacto en las comunidades. 

Así quedó demostrado en el Foro Internacional sobre buenas prácticas en los procesos de fortalecimiento institucional de las entidades receptoras de regalías, organizado por la Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional y la Fundación Ford. 

Entre las entidades internacionales participantes estuvieron la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el Programa de Administración de Regalías de USAID; y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).  Se concluyó que la clave es el fortalecimiento institucional de las autoridades locales para que éstas hagan una inversión eficiente y transparente de las regalías que las empresas mineras aportan al país.  Para que este apoyo internacional funcione, se requiere primero que todo contar con la voluntad de las autoridades locales, la conexión entre los planes de desarrollo territorial, los planes  y los procesos de contratación y el control social de las comunidades involucradas.  Esta es la receta para ayudar a las instituciones territoriales (departamentos y municipios) a invertir con impacto social estos recursos que aportan las empresas por regalías y que en 2011 alcanzaron los $ 9,7 billones de pesos.  Duval Zambrano, Oficial de Operaciones de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, detectó inseguridad institucional, problemas de orden público, ineficiencia, corrupción, planes de desarrollo sin metas específicas, procesos de contratación ineficientes y poco transparentes, falta de presencia de la sociedad civil y de control social.  Dicha entidad inició con Ecopetrol y Planeación Nacional un programa piloto en 5 municipios: Acacias, Aipe, Purificación, Maní y Yopal y luego lo amplió a otros 10 municipios. 

Hoy se trabaja en 19 municipios en las tres fases del proyecto, se asesoran inversiones por $ 100 mil millones de pesos que benefician a más de 1 millón de personas en los 19 municipios.

Lo bueno de este proceso de regalías, no está solamente en depositar las fuertes sumas de dineros producto de las regalías a las arcas de los municipios favorecidos, el tema está en el seguimiento que el Estado como tal, con todos sus entes de control realicen en cada uno de los pesos que se utilicen en las obras sociales y de desarrollo como lo contempla el tema de las regalías, porque si bien es cierto, existen municipios en Colombia donde llegan altas sumas de dinero por este concepto, y sus habitantes se encuentran en la total miseria, la salud es ajena para ellos, al igual que la educación, en palabras reales, no han saboreado el desarrollo por más que se les entregan los recursos necesarios a los gobernantes de turno y todo por la famosa “Corrupción administrativa” que tiene a Colombia en la completa sombra de la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.

Es la hora que desde el Alto Gobierno se imprente una responsabilidad legal en cada una de las dependencias de investigación del Estado y se erradique de una vez por todas este negativo flagelo de la corrupción que deja huellas imborrables en cada familia colombiana, conminándolos a buscar el sustento para sus familias bajo la oscuridad de lo ilícito y después es el mismo gobierno quien les pone en tela de juicio, acusándoles de lo que se pudo evitar a tiempo, pero por la falta de identidad en los gobernantes, no se permite que la población vulnerada en Colombia cuente con mejor calidad de vida como se evidencia en El Chocó, Buenaventura, la Costa Caribe, Pacífica, los Llanos Orientales y en muchos municipios de este hermoso paisaje natural y de muchas riquezas.

Señores Congresistas, ustedes que Legislan tomen atenta nota en depurar el Congreso porque desde allí nace la corrupción que hoy tiene a Colombia a puertas del debilitamiento social y apura el paso al caos económico que ya se pone de manifiesto.

La internet, el gran avance y el peligro de no ser bien manejado por los niños

Los peligros en Internet aumentan conforme crece la exposición de los menores a la Red sin una adecuada supervisión por parte de los adultos, como sucede durante el verano. Por otro lado, esa falta de supervisión puede además provocar que los niños hagan usos inadecuados o poco responsables de la Red. El verano es un momento ideal para cambiar las reglas del juego.

Para los especialistas, la clave del éxito está en el diálogo. Los menores deben saber que pueden confiar en los padres en todo momento, y que van a tener su apoyo. Muchos menores no les cuentan a sus padres los problemas que tienen en Internet por temor a irritarles.

El ordenador debe estar situado en una sala pública como el salón, o una habitación de uso común, aunque eso no va a garantizar que el menor acceda a Internet a través de los ordenadores de los amigos, o los de un cibercafé o biblioteca. Por otro lado, los padres muchas veces olvidan que el teléfono móvil es una vía de acceso a Internet cada vez más habitual, y que los riesgos que se corren con el teléfono móvil son similares a los de un ordenador conectado a la red. Por eso es conveniente revisar habitualmente la factura telefónica y la actividad de la cuenta de los menores, y además establecer un lugar común, por ejemplo una mesita auxiliar en el salón, donde se recarguen juntos los teléfonos de padres e hijos. Que en ningún caso se los lleven a solas a la habitación por las noches.

No se trata de prohibir Internet. Esta medida sólo trasladaría el problema a otros ordenadores. Es mejor explicar a los hijos por qué no deben acceder a determinadas páginas, y qué peligros les acechan si desarrollan determinadas conductas que ellos creen inocuas, por ejemplo, proporcionar información personal en las redes sociales. Hay que dejarles claro de forma razonada que si ponen muchas fotos de la casa, escriben su dirección, y dicen que se van de vacaciones, hay muchas posibilidades de que al volver no queden ni las bisagras de las puertas.

Por suerte, en esta lucha contra los peligros que amenazan a los menores en Internet, los adultos tienen a la tecnología de su parte. Todos los ordenadores domésticos deberían tener instalado un antivirus y un cortafuegos, porque sólo así se evita que el ordenador sea pasto de redes de ordenadores zombies que usarán la máquina para cometer todo tipo de delitos.

Se les puede explicar a los menores que no conviene que visiten ciertas páginas, pero además el acceso a esas páginas se puede bloquear desde el control de contenidos de navegador o desde un programa de control parental.

De igual manera, es posible establecer un horario de uso. Los programas de control parental permiten fijar la franja horaria en la que puede navegar el niño. Para ello cada hijo deberá tener una cuenta de acceso de usuario con privilegios limitados, ¡JAMÁS COMO ADMINISTRADOR!

Gran parte de los archivos que circulan en las redes de intercambio P2P están contaminados, incluyen programas espía, troyanos, virus y, en muchos casos, el contenido real no tiene nada que ver con el título.

Muchos padres ni siquiera saben que, aunque sus hijos dediquen poco tiempo a navegar por Internet, luego dejan el ordenador encendido descargando contenidos, mientras que los padres permanecen totalmente ajenos al contenido que se descargan. Recordemos los “extintos” videoclubs, en ellos encontrábamos distintas secciones y temáticas, en internet pasa igual, podemos disfrutar de los mejores contenidos de animación infantil pero también de las temáticas más duras y atroces de las que jamás podríamos imaginar.

El Cauca, territorio prospero que se despoja a las comunidades indígenas

Durante los últimos años el Cauca ha soportado las barbaridades del conflicto armado que vive el país, con momentos de gran intensidad como el que se ha manifestado en estas dos semanas. Solamente el municipio de Toribío acumula ya cerca de 400 hostigamientos entre guerrilla y Fuerza Pública, y en esta ocasión sus habitantes estuvieron cuatro días bajo fuego constante que dejaron 14 personas heridas, 40 casas afectadas y cerca de mil desplazados. Por esta misma fecha, hace un año, Toribío fue sacudido con similares impactos por un bus bomba.

Para los sectores democráticos y populares del país, es claro que el conflicto armado en el Cauca tiene un trasfondo particular: Los intereses geoeconómicos y geopolíticos que configuran los corredores internacionales que cruzan estos territorios, con límites en el promisorio mercado del Pacífico. Explotación de recursos naturales, comercio legal e ilegal, militarización nacional y extranjera, infraestructura transnacional y una institucionalidad adaptada para tales fines, conforman ese teatro de operaciones viabilizadas por la guerra.

Desde tiempo atrás, los pueblos del Cauca han mandatado la realización de diálogos humanitarios regionales por iniciativa propia con todos los actores armados, han desarrollado acciones concretas para aislar el conflicto armado de la población civil y han conminado a todas las fuerzas militares a retirar sus trincheras de las comunidades indígenas. Precisamente hoy, cuando nuevamente la guerra arrecia en contra de las poblaciones del norte del Cauca, la ACIN y el CRIC han puesto en práctica este último mandato y han iniciado el desmonte de los distintos campamentos que los grupos armados, legales e ilegales, han instalado en sus territorios indígenas y en donde despliegan sus confrontaciones bélicas.

Diferentes escenarios de articulación social y política en los que hemos participado activamente, como el Congreso de los Pueblos, el Encuentro de Paz en Barrancabermeja o el Congreso de Tierras y Territorios, el conjunto de organizaciones sociales allí convocadas hicieron propios los mandatos que las comunidades del Cauca han planteado. Hoy lo ratificamos de manera indeclinable, por lo que legitimamos las iniciativas que actualmente se encuentran desarrollando en defensa de la vida, la tierra y los territorios.

Coincidimos en que la fuerza de los movimientos sociales, ahora vigorizados con los procesos unitarios que se han manifestado especialmente en estos tres años, y con una mayor conciencia de país digno, se constituyen hoy en un actor determinante en la perspectiva de desbrozar un camino cierto de superación del conflicto armado que vive el país. En tal sentido apreciamos altamente la resistencia civil que los pueblos indígenas caucanos asumen con gran valentía, apuntalando una opción social y política hacia la Colombia sin violencia que buscamos todas y todos.

Nos convocamos a desplegar todas las iniciativas posibles que expresen nuestro apoyo a las acciones de los pueblos caucanos, en su ardua lucha para enfrentar la guerra, sus actores, y las multinacionales que se benefician de ella y de las políticas gubernamentales. Llamamos a que las tensiones entre las comunidades de la región sean superadas, especialmente en estos momentos cruciales de defensa del territorio. 

Las arandelas del Congreso quienes buscaban ser favorecidos por la reforma a la justicia

El Ministro de Hacienda puso a ganar un millón de pesos diarios a los hombres que manejan la jugosa contratación del Congreso.

Quienes conocen los intríngulis del Senado y la Cámara de Representantes, no titubean en afirmar que tanto Emilio Otero Dajud como Jesús Alfonso Rodríguez son los verdaderos hombres del poder en el Congreso de Colombia. Ambos son secretarios generales. El primero del Senado y el segundo de la Cámara.

De Otero se sabe que nació en Sahagún (Córdoba) y llegó al Senado de Colombia por recomendación del congresista cordobés Jorge Elías Nader, del partido Liberal, hace 30 años. Lleva diez años como Secretario General y se ha reelegido seis veces de manera continua. El 20 de julio Otero podría lograrlo por séptima vez. Por sus manos pasa el millonario presupuesto del Senado destinado a la contratación.

Tiene un ingreso mensual de $21.695.315, en el que está incluido el salario, prima de antigüedad, prima técnica y una prima de gestión, más varias bonificaciones. Al sumar las siguientes cifras el total es de $359.742.570 al año. -Salario básico: $10.247.298

Prima de gestión: $1.200.719. Prima técnica: $5.123.649. Prima de antigüedad: $5.123.649. A estos se suman otros incentivos anuales: Prima de junio a diciembre: $40.989.192. Bonificación de dirección: $20.494.596. Bonificación de Navidad: $20.494.596. Bonifación por servicios: $7.173.108

Estos ajustes, con prebendas incluidas, se concretaron, en pleno debate dela reforma de la justicia por el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, en el decreto 0854 del 25 de abril, y con aplicación retroactiva al 1 de enero del 2012.

Con la reforma a la Justicia Otero aspiraba a que su cargo tuviera rango constitucional, con fuero para ser investigado por la Corte Suprema de Justicia, al igual que los senadores. Así quedaba blindado frente a las investigaciones disciplinarias y penales.

El Secretario de la Cámara es el norte santandereano Jesús Alfonso Rodríguez, quien tiene orígenes conservadores. Está vinculado a la institución desde hace 17 años, pero en 2000 se desempeñó como subsecretario general y hace cuatro es Secretario General,  su salario es de 15 millones de pesos al mes, incluyendo una prima de gestión. Con la reforma también quedaba entre los cubiertos por las investigaciones penales.

Una reforma que supuestamente tenía el propósito de fortalecer a la justicia y de combatir la ineficiencia y la impunidad, va a terminar sirviendo a los intereses de sectores políticos y parlamentarios que quieren a toda costa evitar ser investigados y sancionados. Figuras como la pérdida de investidura, que en el pasado reciente afectó a varias decenas de congresistas por diferentes delitos, se van a debilitar de tal manera que va a ser casi imposible que el Consejo de Estado la aplique en el futuro. De otra parte, se circunscriben los hechos por los cuales podrán ser investigados, a aquellos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Y como si fuera poco, la reforma contiene un artículo que elimina el conflicto de interés para participar en el debate y votación de proyectos que desarrollen la reforma en curso, con lo cual estarían legislando en beneficio propio. Es decir, contribuyendo a que el traje les quede a la medida.

El matoneo, responsabilidad de la sociedad colombiana

Colombia es uno de los países del mundo que presenta los más altos niveles de ‘matoneo’, intimidación escolar o ‘bullying’. Se trata de un problema que siempre ha existido y que sólo ahora, por lo menos en el país, comienza a prender las alarmas en hogares y colegios. Las denuncias de las últimas semanas sobre diversos casos, han encendido la hoguera.
El problema se está haciendo cada vez más evidente porque desde los mismos colegios, y en ocasiones en los hogares, se están trabajando métodos que permiten detectarlo, prevenirlo y tratarlo con mayor facilidad.
“El bullying no ha aumentado, lo que pasa es que ahora hay instrumentos muy claros para medirlo. Siempre ha existido la agresión, pero ha cambiado la manera en que nos estamos acercando a ella y estamos entendiendo la importancia de mantener las relaciones positivas”.
El problema va más allá del eco que puedan generar los casos particulares que se han conocido por estos días en los medios de comunicación. Un reciente estudio de la Universidad de los Andes indica que en Colombia 1 de cada 5 estudiantes han sido víctimas del llamado ‘bullying’.
Con estas cifras, es importante resaltar que el ‘matoneo escolar’ no se queda en la agresión constante de un estudiante ‘dominante’ sobre otro ‘dominado’, sino que genera secuelas en los implicados y en quienes están cerca.
Enrique Chaux, especialista e investigador de la Universidad de los Andes, explica que aunque no es común que la intimidación escolar lleve a extremos fatales como el suicidio, ésta problemática sí deriva de manera frecuente en desórdenes graves como depresión, ansiedad, inseguridad, actos de venganza violenta, bajo rendimiento académico y deserción escolar de las víctimas.
Agrega el académico que la problemática del ‘matoneo’ en las aulas no sólo afecta a la víctima del abuso, sino también al agresor, quien corre el riesgo de desarrollar aún más sus actitudes violentas e incluso una trayectoria criminal.
Se trata de un asunto que afecta también al entorno académico y familiar de sus protagonistas (víctimas y victimarios) por lo cual la primera estrategia para detener ese tipo de violencia, es el trabajo conjunto con ese círculo cercano.
“El bullying es una dinámica de grupo y solo se logra mejorar si se trabaja en grupo. Los cambios más profundos ocurren cuando los que están alrededor reconocen que eso no está bien y deciden frenarlo”.
El ‘matoneo’ entre niñas es silencioso, si bien es preocupante el hecho de que un niño ataque constantemente a otro, puede ser incluso más delicado cuando esta agresión se presenta entre niñas, pues las características especiales del género hacen que la intimidación sea más sutil y por lo tanto más difícil de detectar y de tratar.
La gente piensa que las niñas no se agreden, lo que pasa es que entre niños es más visible y más físico. Los ataques se dan de manera distinta en cada género y en las niñas esa agresión es sobretodo relacional, es decir, a través del chisme, hablando a las espaldas de la compañera que es víctima del abuso, excluyéndola del grupo de amigas.
Con niñas este problema ocurre de manera encubierta y muchas veces los adultos no notamos lo que está ocurriendo. Ellas lo hacen de manera soterrada y es muy difícil identificarlo. Entre niñas la agresión puede ser igual de dolorosa que la agresión física entre niños”.
Son muchas las razones por las cuales se presenta el Bullying entre las niñas y que muchos casos inician con los celos o la envidia que puede sentir la una hacia la otra.
Gladis Hernández es una docente que lleva 30 años ejerciendo su profesión y atendiendo de manera independiente problemas de convivencia escolar. Cuenta esta profesora que es muy común ver en su consultorio problemas de matoneo entre niñas en los que la víctima es precisamente objeto de celos y por lo tanto de burlas, exclusión y ataques por parte de sus compañeras.
“Los casos más comunes de ‘matoneo’ en grupos de niñas tienen que ver con que una de ellas sea más atractiva físicamente, lo cual la convierte en blanco de las agresiones. También se da que las amigas de la agresora se meten en el juego, con ofensas verbales, apodos o miradas. A ellas les da miedo agredir físicamente por el miedo a ser expulsadas o que se evidencie vandalismo”.

Ventajas y desventajas del TLC con Estados Unidos

Hablemos un poco del TLC con Estados Unidos que acaba de aprobar el Congreso norteamericano. 

Estados Unidos es el mercado más grande del mundo en bienes y servicios. Con más de trescientos ocho millones de habitantes y un ingreso per cápita anual de US$ 47.400 dólares, genera grandes oportunidades en el comercio y mejora el desempeño de la economía nacional.

Es claro que disminuye los costos relacionados con exportaciones e importaciones, por la eliminación de aranceles.  Las exportaciones a Estados Unidos representan cerca del 40 % del total, lo que se tradujo en US$ 9 millones por aranceles de ingreso a Estados Unidos en el 2010.  Esta cifra habría podido elevarse a unos US$ 125 millones con la expiración del Atpdea.

El TLC permite la presencia de nuevos productos y servicios a un menor precio y una mayor calidad, lo que provocará un gran ahorro en los hogares y una capacidad de consumo.  Por otro lado, atrae la inversión extranjera, haciendo que el país tenga un grado más alto de confianza a nivel internacional, y además incentiva la entrada de nuevas tecnologías, que lleva a una mayor productividad y competitividad comercial. De esta forma, el TLC es la oportunidad para que Colombia logre aumentos sustanciales de su competitividad, que le permitan una mejor inserción en la economía globalizada y sacar mayor provecho del acceso preferencial permanente que brindan; con el TLC no hay ganadores ni perdedores, sino una variedad de oportunidades. 

La verdad es que solo aquellos que puedan aprovechar esas oportunidades serán los que realmente ganen, mientras los que no innoven y no sean competitivos quedarán fuera del juego. 

La llamada guerra de las tortillas en México, en el 2007, es un buen ejemplo: Al firmarse el TLC entre Estados Unidos y México, el precio de la tortilla tuvo un alza de más del 50%, como consecuencia de lo siguiente: 

1) el acaparamiento y la especulación del maíz blanco, por parte de los grandes monopolios agroindustriales.

2) el incremento en insumos básicos para la producción, traslado e industrialización del grano, como diesel, electricidad y gasolina. 

3) la subida del precio del maíz en el mercado mundial, como resultado de su uso en la producción de etanol. En respuesta, el Gobierno mexicano pactó con los productores mexicanos y los minoristas poner un límite al precio de las tortillas y de la harina de maíz. A pesar de los subsidios que el Gobierno otorgó, los usuarios industriales de maíz importado de Estados Unidos compraron cada vez más baratas las variedades mexicanas utilizadas para las tortillas, lo que llevó a un aumento en los precios. 

Ese fenómeno es el que debería tener en cuenta Colombia, cuando analice cómo enfrentar una posible escasez interna de ciertos productos, por el atractivo de exportarlos... y cómo afrontar eventuales inundaciones de ciertos productos, como el arroz y la leche, temas bien apasionantes para meditar.

Rajoy aseguró que cree que Colombia y España pueden ser aliados para enfrentar las dificultades

En su discurso en la Universidad Sergio Arboleda, donde recibió el título de Doctor Honoris Causa, el líder español destacó el papel de Colombia en el continente y destacó que se trata de un país que, "al igual que España nunca ha olvidado el sueño de libertad".

En una ceremonia llena de elegancia y tradición al estilo medieval, el rector del Claustro, Rodrigo Noguera le otorgó a Rajoy el título de doctor en Derecho, que el mandatario agradeció de especial manera.

Luego de resaltar la importancia que este galardón representa para su vida (es el primero de este tipo), Rajoy exaltó las condiciones de Colombia.

"En buena medida los éxitos de Colombia radican en la cadena de confianza, que eslabón a eslabón ha ido construyendo un país mejor. El éxito de la lucha contra la violencia, las reformas económicas y el compromiso para hacer una realidad social más justa son buenos ejemplos".

Pero dijo que a eso hay que agregarle "transparencia, rigor y autoridad en el gobierno de lo público", lo que a su juicio conducirá a una "receta de éxito infalible".

Reconoció el aporte al crecimiento de la economía española de cerca de 300 mil colombianos, lo mismo que su cuota de sacrificio ahora que se tienen que enfrentar las dificultades.

"Vengo a una nación consciente de sí mismo, un país unido con un gran presente de éxito y un gran futuro", añadió.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos agradeció el "apoyo" de España en la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea; el cual, según dijo, espera que entre en vigencia a finales de este año.

"En Colombia hay reglas de juego estables. Aquí no expropiamos, presidente Rajoy", le dijo Santos al líder español, en alusión a algunos problemas de empresas españolas en Argentina.

El Jefe de Estado colombiano también resaltó que el año pasado la inversión extranjera en Colombia aumentó en 59 por ciento y las exportaciones en 43 por ciento.

Expresó, además, el deseo de Colombia de "poner un granito de arena para que España vuelva al sendero del crecimiento".

El jefe del Gobierno español, a su turno, destacó que "Colombia ofrece grandes oportunidades de negocios" para los empresarios españoles.

"(Queremos) que las empresas colombianas consideren a España como la puerta de entrada al mercado de la Unión Europea", afirmó Rajoy.

El jefe del gobierno español resaltó que los sectores de infraestructura, tecnologías de la información y energía son las áreas en las que trabajarían ambos países.

En tal sentido, Santos resaltó la importancia de la idea de interconectar energéticamente a los países del hemisferio, la cual fue uno de los ejes temáticos de la pasada Cumbre de las Américas, en Cartagena.

El desplazamiento un problema de pobreza, amén del gobierno nacional y la clase politica

En Colombia, el desplazamiento es un fenómeno asociado a la guerra de baja intensidad que se libra en todo el país. Ha sido un evento central en la organización territorial.

El desplazamiento no ha sido un fenómeno de expulsión en un periodo corto de tiempo; por el contrario, ha sido un fenómeno recurrente y continuo. En general, es un acto repetitivo y cuasi permanente en la organización de la población colombiana. 

El desplazamiento de la población es el resultado de prácticas de control sobre el territorio y depende del interés de los diversos grupos por mantener el control de áreas militares y de recursos tales como: el agua, la tierra, el oro, el petróleo y áreas de cultivos de uso ilícito, entre otros. Sin embargo, el desplazamiento no es un hecho obligatorio de las operaciones militares ni obedece únicamente a los actores armados. Detrás de este fenómeno hay intereses económicos y políticos de grandes ganaderos, narcotraficantes, capitalistas nacionales y transnacionales. En algunas áreas, el desplazamiento es un fenómeno silencioso, diario, cotidiano, realizado por un miembro de la familia o por familias completas, es un proceso de ida y vuelta, de sucesivas expulsiones, cortos retornos y estabilizaciones temporales, que dura años, dependiendo de los actores armados y el poder que ejerzan sobre el territorio.

La mayoría de las familias en situación de desplazamiento viven por debajo de la línea de pobreza y su promedio mensual de ingresos es la tercera parte de un salario mínimo legal, por lo cual, casi todas las familias tienen tres o cuatro necesidades básicas insatisfechas.

El fenómeno del desplazamiento forzado como consecuencia del conflicto armado ubica a Colombia como el país con la mayor crisis humanitaria en América Latina. Esta situación compromete al conjunto de estamentos de la sociedad en la búsqueda de soluciones, particularmente a la universidad colombiana, en cuyos propósitos se encuentra brindar respuestas a las problemáticas sociales.  El despojo y la apropiación ilegal vienen después, pasados varios años de los hechos del desplazamiento, cuando sin duda los promotores del desplazamiento sienten seguro dar el paso hacia la legalización de la tierra “abandonada”. Esta legalización se realiza apoyándose en diversas modalidades, como resiembra de cultivos, agroindustrias, compra a menor precio, intimidación, establecimiento de cooperativas y empresas comunitarias, presentación de documentos ilegales, o ejerciendo la nueva presión, que según las leyes solo requiere de 5 años, algunas veces se utiliza la influencia política lograda a través del copamiento del aparato estatal, por parte de los grupos ilegales.  

También se practican  formas más violentas como las amenazas a los titulares del derecho real, el asesinato, la amenaza a los familiares etc.

Todo esto ocurre mientras el desplazado sin orientación efectiva, y ante la urgencia de resolver las necesidades básicas, se olvida o no encuentra mecanismos eficaces para proteger sus bienes y posteriormente ejerce el derecho al retorno, restitución y reparación integral. Así, Se puede afirmar con  claridad que lo que media entre la usurpación de bienes por el desplazamiento y el despojo ilegal de ellos  para beneficiar a los promotores de este hecho criminal, son múltiples crímenes que se encuentran impunes.

Cuando ocurre un evento traumático, el sistema nervioso central pierde la capacidad de controlar los efectos de desorganización que produce la experiencia y provoca un estado de desequilibrio. Se identificaron sucesos o condiciones que provocan reacciones físicas o psicológicas en una persona que ha sufrido dicho trauma como estrés, ansiedad, temor, depresión, pérdida de autoestima, paranoia, proceso de culpabilizar o culpabilizarse, deseo de venganza, asumir rol de víctima, empeoramiento de las condiciones de vida, desarraigo cultural, ruptura de redes sociales y afectivas, cambio en los roles de las familias, entre otras.

La mujer colombiana en busca de posición política

En el Archivo Nacional de Identificación, ANI, aparecen registradas más mujeres que hombres, 17.467.301 mujeres aparecen inscritas frente a 16.729.642 hombres. De ellas, 15.154.670 tienen cédula de ciudadanía vigente.

Las mujeres votan en Colombia desde 1957. Hoy tienen derecho a hacerlo 16.152.078, que hacen parte del censo electoral.

Los nombres más comunes de mujer en Colombia son María, Luz y Ana. En cuanto a los nombres femeninos que están de moda, en 2011 los padres colombianos escogieron para sus hijas nombres como Mariana, Valentina e Isabella.

El año pasado 323.556 niñas obtuvieron la tarjeta de identidad por primera vez, mientras que 311.656 niños realizaron el trámite para obtener este documento de identificación.

En 2011 un total de 431.827 niñas fueron inscritas en los registros civiles de nacimiento un poco menos que los 449.535 niños registrados.

De acuerdo con el censo electoral con corte a 7 de marzo, el potencial electoral de mujeres habilitadas para votar en Colombia es de 16.152.078 frente a 14.950.260 hombres.

Bogotá registra el mayor potencial electoral femenino del país con 2.649.554 mujeres, seguido de departamentos como Antioquia con 2.102.761, Valle con 1.657.906, Atlántico con 845.224 y Cundinamarca con 803.153 mujeres.

Los departamentos en los que se presenta menor potencial electoral femenino son: Vaupés con 8.045 inscritas, Guainía 9.299, Amazonas con 18.727, Vichada con 18.067 y Guaviare con 21.657 mujeres.

Las mujeres en el país empezaron a ejercer el derecho al voto hace 55 años. El Acto Legislativo No. 3 de 25 de agosto de 1954 le otorgó a la mujer el derecho de sufragar y con base en esta norma 1.835.255 mujeres ejercieron su derecho al voto el 1 de diciembre de 1957, en el Plebiscito Nacional acordado por la Junta Militar de Gobierno a petición de los dos partidos tradicionales del país, en donde aprobó que “las mujeres tendrían los mismos derechos políticos que los varones”. En el año 1958 las mujeres colombianas pudieron ser elegidas por cuerpos colegiados de representación política y el promedio general de participación política de las mujeres entre 1958 y 1974 fue de 6.79%.

La participación de las mujeres en la contienda electoral del pasado mes de octubre registró un aumento significativo en comparación con las elecciones de 2007. Mientras que en esa ocasión se inscribieron 16.972 mujeres para participar en los comicios, el año pasado lo hicieron 36.137 aspirantes a Gobernadoras, Diputadas, Alcaldesas, Concejalas y Ediles. El incremento se explica por la Reforma Política que obligó a los partidos y movimientos políticos a incluir una cuota de género de mínimo el 30% en sus listas a cuerpos colegiados.

De las 36.137 candidatas fueron escogidas por los colombianos 107 Alcaldesas, 60 Diputadas, 3 Gobernadoras, 1.442 Concejalas y 847 Ediles en todo el territorio nacional. De los 102 senadores elegidos en marzo de 2010 un total de 16 son mujeres y de los 166 Representantes a la Cámara elegidos 22 fueron mujeres. Hasta la fecha ninguna mujer ha ejercido la Presidencia de la República en Colombia.

Robo de identidad para fraudes afecta a cuatro millones de personas

La Dian denunció que con el RUT están usando el nombre de los inscritos al sistema para crear empresas ficticias, realizar compras falsas y todo tipo de irregularidades. Las sanciones podrían ser hasta de 20 años de cárcel. El Gobierno busca poner en cintura a las fundaciones que se usan para evadir impuestos. 

En el RUT hay registradas siete millones de personas, pero de éstos la mitad se están prestando para cometer fraudes, según lo denunció la Dian. El aspecto más grave es que las personas nunca se enteran de estos movimientos y de cómo están usando sus nombres para cometer delitos, quedan con registros de ingresos millonarios que no recibieron y en las que están involucradas con organizaciones criminales. 

La Directora de Fiscalización, Claudia Rincón, aseguró que han detectado que a la gente le están pagando $50.000 por usar su registro en el RUT, “La gente no tiene la conciencia de que inscribirse al Sistema Tributario de la Dian, entregar el RUT a otra persona significa que su identidad será usada para generar costos y gastos para una empresa que va a cometer ilícitos. 

En Bucaramanga se detectó el caso de unos estudiantes que por entregar el registro, los delincuentes realizaron todas las exportaciones ficticias de oro y ellos son los que tienen que pagar las consecuencias y sanciones penales, que podrían ir hasta 20 años de cárcel. 

En Barranquilla han detectado casos de una vendedora ambulante y de un señor que vende minutos, que tiene procesos judiciales por haber “vendido” su identidad por $20.000. 

A futuro se espera que en Colombia exista un sistema que permita contrastar todos los ingresos de la gente con sus gastos. Cuando estuvo en auge DMG la Dian detectó que más de 500.000 personas se registraron en el RUT, por lo que es posible que se haya usado el nombre de esos afiliados para cometer irregularidades. 

Las fundaciones se registran para actividades sin ánimo de lucro, pero se han detectado algunas que tienen actividades comerciales. “Estamos trabajando con las fundaciones más importantes del país que actúan bajo toda la legalidad pero hay muchas personas que tienen registradas fundaciones que se prestan para otras actividades. Una de las casas más bonitas de Bogotá de $7.000 millones hace parte de una fundación de las Islas Vírgenes, como no tiene actividad en Colombia no es sujeto a pagar impuesto a la renta y por ende no paga patrimonio, que sería de $420 millones”, explicó Juan Ricardo Ortega. 

Para reducir esta situación se está estudiando un cambio para que los nombres de los dueños de estas fundaciones sean públicos, porque hoy en día por reserva tributaria hay una especie de “protección” a los tramposos. 

Uno de los problemas es la enorme facilidad para registrar fundaciones, mientras que en Estados Unidos los trámites son complejos porque se debe demostrar específicamente cómo se van a realizar los gastos, los recursos de la Junta Directiva y la idoneidad de sus miembros y su plan de inversiones de los próximos años. “Se está trabajando en una reforma que permita diferenciar los buenos de los malos. 

Los padres tenemos una responsabilidad que es un regalo

Quiero comenzar este artículo recordando la tranquilidad que me proporcionó escuchar, hace ya algunos años, las palabras de un antiguo profesor. Decía, en el contexto de una conferencia dirigida a los padres del colegio donde estudiaba, que ya en la época antigua de romanos y griegos, la sociedad se planteaba con preocupación qué hacer con unos jóvenes que estaban perdiendo los valores y que vivían en tiempos de decadencia. Así pues, nos quería transmitir que muchas de las inquietudes que en la actualidad preocupan a las familias no son nuevas y que son intrínsecas, de alguna manera, al ser humano. El motivo es sencillo, me di cuenta de que mis ilusiones de principiante no iban a enfrentarse con dificultades que no hubieran sido superadas por muchos iniciados como yo a lo largo de la Historia.

 Ahora, con el paso de los años, recuerdo también una conversación con el mismo profesor que antes mencionaba. Charlábamos sobre algunos problemas surgidos con algún alumno y en un momento determinado él me comentó: “la educación es cuestión de sentido común”. Y yo quise añadir el tópico ese de, “el sentido común no es el más común de los sentidos”. Desde entonces, he considerado que un buen objetivo en mi tarea como padre podría ser intentar extender todo lo posible ese sentido común. En cualquier caso, cuando se habla con familias de muy diverso tipo y condición, uno se da cuenta de que todas coinciden bastante en qué es lo que quieren proporcionar a sus hijos. Es raro encontrar a alguien que no quiera que sean buenas personas, que sean felices, que tengan salud y bienestar, la propia educación es la gran batalla, a poco que reflexionemos sobre cómo podemos lograr hacer realidad en nuestros hijos muchos de esos deseos, nos damos cuenta de que, poco a poco, vamos renunciando a aspectos tal vez superficiales para quedarnos con lo que realmente nos parece importante, proporcionar una buena educación es el mejor legado que podemos ofrecer a nuestros descendientes. Y si vamos poco más allá, percibimos, casi intuitivamente, que lo que consideramos una buena educación se sustenta en la transmisión de unos valores que nos permitan crecer humana, espiritual, personal y socialmente. Nos damos cuenta también, de que esos valores que anhelamos son el objeto de muchas de nuestras batallas personales en aras de nuestro propio crecimiento interior. Si echamos mano del sentido común, habremos de coincidir en que la educación de nuestros hijos tiene mucho que ver con nuestra propia educación, pero no sólo remitiéndonos a la recibida en nuestra niñez y juventud, si no con la educación, como proceso siempre inacabado, de la que cada uno de nosotros somos responsables. Un ejemplo puede ayudarme a expresar mejor lo que quiero decir: para lograr mejores profesionales es evidente que el reciclaje continuo y la autoformación son irrenunciables. Sin embargo, a veces, parece que nuestra formación para ejercer como padres estuviera ya completa desde el momento de serlo. Nada más alejado de la realidad, porque el nacimiento de un bebé sitúa a sus padres en el comienzo de una nueva etapa para la que nunca estamos suficientemente preparados. No lo estaban los romanos, no lo estaban los griegos, no lo estamos nosotros ni lo estarán las generaciones venideras. El valor de ser responsables, ser padres nos exige la responsabilidad de ser cada vez mejores personas y en nuestras manos está poner todos los medios posibles para lograrlo, sabiendo que nuestros errores deberán convertirse en oportunidades de mejorar y de mostrar a nuestros hijos el valor del esfuerzo y la bondad del propio proceso imperfecto de enriquecimiento personal. Transmitir valores no es sólo proporcionar teorías sino procurar poner en práctica virtudes que nuestros hijos perciban como deseables porque, en definitiva, tener o no tener no es lo importante, y sí lo es ser de una manera u otra. A medida que los hijos crezcan deberemos transmitirles también la idea de que, desde su libertad, son ellos los que decidirán, con su forma de pensar y actuar, el tipo de personas que quieren ser y que serán. Los padres tenemos una responsabilidad que es un regalo y, en la sociedad en la que nos desenvolvemos, es un regalo que podemos compartir. Lo podemos compartir, en primer lugar, con quien hemos querido formar nuestra familia. En segundo lugar, lo podemos compartir con los centros educativos que escogemos para nuestros hijos. Por eso, podemos y debemos también reclamar y estar abiertos a que los profesionales de la enseñanza colaboren en nuestra propia formación para educar a nuestros hijos. Por último, igualmente lo podemos compartir con el conjunto de la sociedad. Pero nunca hay que olvidar que el regalo es para los padres y, sobre todo, que es un regalo de sus propios hijos. ¿Descuidaríamos un regalo que viene de ellos?.

Evitar la deserción escolar es asunto de todos, no solo de los gobernantes

La deserción escolar es un fenómeno complejo que deriva de múltiples causas. Algunas veces se piensa que estos problemas se van a resolver si hay una adecuada política de gobierno; sin embargo, se requiere la convergencia de muchos actores, como los jóvenes, familias, escuelas y autoridades locales, para desarrollar acciones concretas y enfrentar el problema de la deserción.

La deserción del sistema educativo no sólo perjudica a los escolares y a sus familias, sino también a todo el país, porque se restringen las posibilidades de desarrollo social y las que están en directa relación con el capital humano. Es clara la relación entre el nivel educativo y las oportunidades de progreso de las personas. Así, dejar la escuela para acceder a empleos informales, que suelen tener jornadas excesivas y precarias condiciones laborales, perpetúa el círculo de la pobreza.

Son varias las causas que explican la inasistencia a la escuela. Las más comunes se ubican en las restricciones de demanda. Un alto porcentaje de los jóvenes en el decil de ingresos más bajo (más pobres) no asiste a la escuela.  Esa inasistencia se explica por la falta de recursos, la necesidad de trabajar, falta de tiempo o falta de interés, y la falta de cupos originada, en parte, por el flujo de estudiantes del sector privado al público debido a la crisis económica de finales de la última década.  En el decil más alto las causas de inasistencia pueden relacionarse con fenómenos como la falta de interés o motivación, así como por la incidencia de otros problemas de índole sociocultural y de salud como el alcoholismo y la drogadicción.

De lo anterior, se observa que entre las principales causas de deserción están los factores económicos, el desempeño escolar, factores socioculturales, así como los factores endógenos al sistema escolar.  A esto se le suman los problemas relacionados con la asequibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad, derivados de la institucionalidad del mismo.

La asequibilidad se refiere a la disponibilidad de cupos e infraestructura física y docente suficientes.  La aceptabilidad se relaciona con aspectos como la garantía de calidad o por lo menos algunos topes mínimos de desarrollo de las capacidades básicas, con el fin de que la educación trascienda de la simple obtención de un certificado a la adquisición de saberes y habilidades para la realización humana.

La adaptabilidad se relaciona con la permanencia de los niños en el sistema educativo, de tal forma que éste se adapte a las necesidades del niño y no al contrario.  Sin embargo, en

Colombia los esquemas de prestación de este servicio son rígidos.

Por su parte, la accesibilidad está referida a la eliminación de cualquier tipo de discriminación y a la promoción del acceso al sistema por parte de niños de grupos vulnerables.  Adicionalmente, debe garantizarse el acceso en términos de distancia, es decir, que el tiempo de desplazamiento no influya sobre la decisión del estudiante de asistir o no a la escuela.  Por último, debe incluir, más allá de la gratuidad en la prestación del servicio educativo, la dotación de material didáctico y la financiación del costo de oportunidad de los niños que dejan de participar en la generación de ingresos de los hogares.

En varios estudios realizados recientemente se reafirma que esta problemática no sólo tiene implicaciones en el nivel de ingresos, sino que también se asocia a dinámicas de exclusión y desintegración social, como el desempleo, la falta de participación, el desplazamiento forzado, la drogadicción e incluso las conductas delictivas.

En este orden de ideas, los factores asociados a la deserción escolar se pueden agrupar en tres grandes categorías. La primera contiene las variables relacionadas con la institucionalidad en la prestación del servicio educativo.  La segunda involucra las variables relacionadas con factores pedagógicos y propios de la docencia y la tercera se relaciona con el entorno socioeconómico y de salud de los estudiantes.

Los niños en Colombia en el ojo del huracán del maltrato y la indolencia

Las cifras que manejan las autoridades sobre la violencia contra los niños y niñas del país resultan alarmantes.  Tan sólo entre enero y agosto del año 2011, cerca de 520 menores de edad fueron  asesinados. Trece de ellos eran menores de un año.

El oscuro panorama de delitos contra la niñez en Colombia comprende, anualmente 850 casos de maltrato severo y 200 casos de violación, de los cuales se denuncia menos del 20 por ciento. 

En el 2007, el Instituto Nacional de Medicina Legal practicó 20 mil dictámenes de violencia sexual. De estos actos, 17 mil fueron cometidos contra menores de edad, la mayoría niños y niñas menores de 14 años.

Con la prisión perpetua que busca legalizar el referendo impulsado por varios sectores políticos del país, el maltrato extremo sería elevado a tentativa de homicidio.

También la Procuraduría General calcula que 25 mil niños y niñas en Colombia, sobre todo entre 8 y 12 años, son explotados sexualmente.

Detrás de cada cifra se esconde una historia de dolor: Estos son algunos de los casos de violencia que se han registrado contra los niños en Colombia: 2008: El 9 de enero en Titiribí - Antioquia, una mujer de 29 años le disparó a sus tres hijos de 3, 7 y 8 años porque su esposo la abandonó.  Las dos niñas mayores murieron y el niño de tres años quedó en estado crítico. 

2008: El 18 de enero en la Hormiga - Putumayo, el frente 48 de las FARC asesinó a dos niños de 12 y 14 años porque sus madres se opusieron a su reclutamiento.  2008: El 24 de enero en el departamento del Cesar, una niña indígena de 9 meses murió al parecer por maltrato de sus padres.  La niña ingresó al hospital con gastroenteritis y deshidratación, tenía golpes y arañazos en el cuerpo.  Los padres dijeron que la niña se cayó de la cama, pero el personal del hospital que atendió el caso afirmó que tenía señales de agresión física.  2007: El 22 diciembre en Santander se conoció que una niña de 4 años fue degollada por su padre en complicidad de dos hombres desmovilizados de las Autodefensas.  El asesino admitió que mató a su hija para no pagarle a la madre la cuota alimentaria.  2007: El 27 de diciembre en Cúcuta un bebé de 11 meses fue asesinado por sus padres, ahogándolo en la alberca de la casa.  Era un castigo que le propinaban frecuentemente al niño porque lloraba.  2005: El 12 de septiembre en Bogotá la madre de un bebé de 12 meses asesinó a su hijo, ahogándolo en una quebrada.  Dijo que lo mató por falta de pañales y leche.  La mujer en anteriores declaraciones, había informado que el niño había sido secuestrado, posteriormente, confesó que ella misma lo había asesinado.