Colombia enfrenta graves procesos de degradación de suelos y tierras, deterioro de los ecosistemas naturales y una aguda tendencia a la escasez del recurso hídrico.
Todo indica que hay un grave proceso de deterioro de la cobertura vegetal. En promedio, 101.000 hectáreas anuales de bosques desaparecieron en Colombia entre 1994 y 2001.
Así mismo, se llama la atención sobre la situación de la Amazonía, el Pacífico y una parte de la región Andina, donde la cobertura de bosques pasó de 56 millones 280 mil hectáreas en 1994, a 55 millones 612 mil hectáreas en 2001, para una disminución de 667.285 hectáreas.
Respecto al futuro de los recursos ambientales, se realizó la proyecció0n sobre la pérdida de cobertura boscosa, el Ideam informó que Colombia ha aumentado estas zonas en 381.212 hectáreas, pasando de 34 millones 367.566 hectáreas en 1994 a 34 millones 748.778 hectáreas en 2001, lo cual, de todas formas, se ha producido en detrimento de la cobertura boscosa.
Igualmente, el estudio demuestra que el país pierde cerca de 10 metros por año de glaciares. Hoy, por ejemplo, han desaparecido entre otras zonas, glaciares de los nevados del Quindío y Puracé.
Sobre los ecosistemas marinos y costeros, los manglares de las costas Caribe, Pacífico y territorio insular de Colombia, se encuentran en estado crítico.
El agua tiende a escasear, especialmente en los municipios y las cabeceras de las regiones Andina y Caribe, en estas zonas la oferta hídrica está sufriendo fuertes presiones de la actividad humana, concentrada en los departamentos del centro del país hasta el Caribe.
Pero eso no es todo. De acuerdo con el estudio, para que Colombia mantenga la seguridad alimentaria, los cultivos demandan volúmenes adicionales de agua estimados en cerca de cuatro mil millones de metros cúbicos, principalmente en el centro del país.
Para el futuro próximo, es decir, entre dos y cinco años, se puede observar que habrá zonas con incrementos y disminuciones de sus niveles de humedad. En las regiones en que se esperan tendencias al descenso como la Pacífica, Amazonía y parte del Caribe, es posible que desmejoren las condiciones de disponibilidad de agua.
El gobierno se queda corto, no sólo porque es ineficiente su acción directa en términos de prevención y atención de estos desastres, sino también porque existen incoherencias y contradicciones en cuanto a sus discursos. Por un lado, se dirige a alentar una necesaria relación amigable y de respeto con el medio ambiente, pero, por otro, sus acciones se han enfocado en fortalecer y poner en marcha las locomotoras del desarrollo, dispuestas desde los Planes de Desarrollo Nacional, como el caso propuesto por el gobierno del presidente Santos, cuyos impactos en territorios que deberían ser protegidos, son desastrosos, pero lucrativos para las multinacionales que se encuentran detrás de estas actividades mineras.
Son visibles estas contradicciones, a la que se suman por ejemplo, incongruencias con los datos de los supuestos aportes y/o apoyos en términos de dineros girados, subsidios, a familias afectadas, e incluso apoyo a los propios municipios. Anuncios y anuncios de dineros a los que nunca se les hace ningún tipo de control. No se sabe si efectivamente esos recursos se concretan. No se sabe nada de ese control y seguimiento. Por tanto, se debe exigir una gobernabilidad climática.
Como el problema es mayúsculo, los presupuestos nacionales tenderán a concentrarse en estos aspectos, pero como son procesos de largo plazo, los controles administrativos casi que son imprecisos e imposibles. De esto ya se ha venido observando en Colombia.
Se teje así una relación que parece invisible: crisis ambiental, gobierno y corrupción, de la que muchos grupos de poder se benefician. Como siempre, es la población más pobre y marginal la que resulta afectada y haciendo peticiones y no exigencias al gobierno nacional, como si se tratara de un favor y no de un derecho, cuando debe ser el Gobierno en representación del Estado quien ponga en marcha todos los dispositivos y equipamientos para atender, favorecer y defender a los ciudadanos que se encuentran dispersos a lo largo y ancho del territorio nacional afectados por las crisis socioambientales.
