11.12.2013

Medio ambiente, ciudadanía, economía y tenencia, ganarían si se firma la paz en Colombia

Las negociaciones de paz que adelanta el Gobierno colombiano con las Farc en Cuba, han generado múltiples análisis y reacciones. No sin razón, la gran mayoría de las discusiones ha girado en torno a los costos jurídicos y políticos que tendrá que pagar el país en el corto plazo.
Otra parte muy importante de las discusiones se ha enfocado en la necesidad de que las Farc reconozcan que han sido unos de los principales victimarios en la historia reciente del país, que han estado directamente vinculadas en actividades de narcotráfico y que, en este proceso, han despojado a muchas familias de sus tierras.
Con este reconocimiento debería venir un proceso de reparación a las víctimas, que incluya la restitución de las tierras despojadas a muchos campesinos y un compromiso firme de abandonar las armas y el narcotráfico.
Si Colombia llegara a obtener la paz, en los primeros 10 años se recuperarían más de 2 millones de hectáreas de bosques, así lo afirmó Daniel Quintero, del colectivo piensa verde.
Afirma en igual manera que la minería ilegal y el narcotráfico que son las principales actividades de la guerrilla se acabarían y regresaría a manos de Colombia dos millones de hectáreas de bosques.
Dichas actividades ilícitas han acabado con más de seis millones de hectáreas de bosques, por lo que se hace necesario pactar con las Farc un cese al daño del medio ambiente.
En tal sentido indicó que si se lograra la paz en Colombia, en 10 años se recuperarían más de 2 millones de hectáreas de bosques, un área similar a la del departamento de Córdoba.
El experto en temas de conflicto armado y bienestar ambiental, propuso que los guerrilleros desmovilizados campesinos sean contratados por el Estado como guardabosques con condiciones salariales a cuidar esas tierras que ya conocen.
Colombia es el séptimo país del mundo en biodiversidad y no podemos perder ese patrimonio por cuenta de las actividades ilegales de los grupos armados, ese punto debe ser fundamental en la mesa de diálogos en Cuba.
Por más que los analistas no logren ponerse de acuerdo en si el mejor camino para las negociaciones entre el Gobierno y las Farc es suspender, cancelar o seguir adelante con los diálogos mientras avanzan las elecciones del 2014, de lo que nadie duda es que el proceso de paz será el hilo conductor en esta campaña.
Tal como ocurrió en las presidenciales del 2002, cuando el entonces candidato Álvaro Uribe Vélez interpretó la desesperanza de los colombianos tras el desgastante proceso de paz del Caguán y se impuso con la promesa de buscar una salida militar, creen los analistas que el país enfrenta una disyuntiva similar.
Pero los costos y los compromisos no serán solo para las Farc. El Gobierno y el resto de los colombianos también tendremos que asumir unos costos y unos compromisos que deberán cumplirse si queremos una paz sostenible en el tiempo. Una forma (no la única) que resulta útil para analizar y socializar el proceso de paz es como un proyecto de inversión a largo plazo, que tiene unos costos de corto plazo, unas inversiones necesarias de mediano plazo y unos retornos de largo plazo.
Creo que muchos sectores se tranquilizarían si el Gobierno tuviera un rol pedagógico mucho más activo, no para filtrar los detalles de las discusiones en La Habana, sino para explicarle a la ciudadanía qué beneficios jurídicos y políticos se están negociando y cuáles son los límites de esta negociación.
Lo que pasa en esta partida es que en las cartas que tiene el Presidente en sus manos está el futuro del país. Nadie pretende que el Presidente nos muestre todas sus cartas, pero sí que nos delimite los riesgos que está dispuesto a tomar para ganar la partida.