La democracia representativa, expresada fundamentalmente en el voto para elegir unos representantes que deben "interpretar" la voluntad de un pueblo, es lo que se conoce como modelo clásico liberal. Es la manifestación más clara de la soberanía de los partidos políticos, los que en Colombia no han aprovechado el inmenso poder de este sistema de gobierno. Por el contrario, abusaron del sistema y se corrompieron hasta los niveles que hoy conocemos. La democracia participativa es otro modelo. Su pretensión, superar la simple representación directa de la soberanía partidista y construir un nuevo Estado, fundamentado en la Participación Ciudadana como fundamento de la democracia directa. Fue a través de la Constitución del 91 que se crearon algunos mecanismos para la participación. Se buscaba una democracia diferente, en la que ser ciudadano signifique, más que votar cada cuatro años, más que "estar enterado" de lo que pasa en el país, ser el protagonista directo en la construcción de la nueva sociedad que reclama la nación.
Esos fueron los presupuestos de los constituyentes y las razones para confeccionar la carta política de 1991.
El nuevo modelo pretendía mayor igualdad, mejor sentido de la solidaridad, ampliar el espacio democrático, más libertad, superar la marginalidad, la exclusión, la pobreza y la injusticia. Y para lograrlo se pactó un mayor compromiso moral de los colombianos a través de la participación democrática. El nuevo escenario de la democracia participativa le da un nuevo sentido ético a la política, a la aplicación de la justicia, al bienestar social y económico. Por eso, garantizar la paz a través de comprometer a cada uno de los ciudadanos con un destino público cobra un nuevo significado. De ahí que se proclama un nuevo Estado: el Estado Social de Derecho, cuya misión es dar plenas garantías jurídicas a todos los colombianos, ampliando el espacio público para el debate, el aprendizaje y la concertación en la solución de los grandes conflictos que afligen a la sociedad colombiana.
El gran propósito del Estado Social de Derecho es el garantizar los derechos económicos de los colombianos y sobre todo los derechos de los más pobres. Pero han transcurrido más de diez años de vigencia de la carta Constitucional y aún no se ven los frutos, porque el ajuste neoliberal y la inserción forzosa de nuestra economía a la globalización han obrado sólo como agentes perversos que han reducido sus posibilidades a simples espejismos de buenas intenciones jurídicas. Flagelos como los altos niveles de corrupción han aumentado considerablemente. El mundo nos tilda de ser una narcodemocracia. Ha crecido la desigualdad y la pobreza. El país está inmerso en su peor encrucijada. Y enfrentar los grandes males como la guerrilla, el paramilitarismo, la corrupción, la injusticia, la delincuencia común, el atraso tecnológico, la pobreza, el desempleo, los bajos niveles de la cobertura en la educación pública, la escasa producción agroindustrial, requiere de grandes compromisos políticos, económicos y morales. Lo que hace pensar en la necesidad de cambiar de rumbo en las políticas económicas, sociales y en las prácticas morales. El país debe asumir una actitud crítica frente a una globalización injusta y, sobre todo, un mayor compromiso con los sectores empobrecidos. Es urgente superar la guerra interna que desangra económicamente al país. Porque cada que muere un colombiano víctima de la violencia armada, muere un potencial trabajador. Cada que se secuestra un empresario, a manos de los alzados en armas, se afecta la economía. Pero también es cierto que cada que se despide a un trabajador por culpa de las políticas neoliberales, se contribuye a empobrecer al país. Colombia requiere de una nueva ética política, con carácter civilista, desde la acción dialógica, fundada en la razón, que logre los mínimos posibles en la ampliación de la participación democrática. Es preciso que la participación ciudadana deje de ser un simple enunciado jurídico y se convierta en una acción permanente, ligada a la formación del nuevo ciudadano constructor de un nuevo país, solidario con los más pobres, pluralista, que renuncie a toda pretensión unanimista y amiguismos, cuyo imperativo ético sea el esfuerzo, la solidaridad y la responsabilidad. una Colombia distinta en donde los valores éticos y morales, orienten el obrar del ciudadano hacia el logro de grandes propósitos, de prosperidad, productividad y la plena satisfacción de necesidades básicas. Son 44 millones de habitantes, quienes reclaman una sociedad más pluralista, más democrática y más progresista.
Esos fueron los presupuestos de los constituyentes y las razones para confeccionar la carta política de 1991.
El nuevo modelo pretendía mayor igualdad, mejor sentido de la solidaridad, ampliar el espacio democrático, más libertad, superar la marginalidad, la exclusión, la pobreza y la injusticia. Y para lograrlo se pactó un mayor compromiso moral de los colombianos a través de la participación democrática. El nuevo escenario de la democracia participativa le da un nuevo sentido ético a la política, a la aplicación de la justicia, al bienestar social y económico. Por eso, garantizar la paz a través de comprometer a cada uno de los ciudadanos con un destino público cobra un nuevo significado. De ahí que se proclama un nuevo Estado: el Estado Social de Derecho, cuya misión es dar plenas garantías jurídicas a todos los colombianos, ampliando el espacio público para el debate, el aprendizaje y la concertación en la solución de los grandes conflictos que afligen a la sociedad colombiana.
El gran propósito del Estado Social de Derecho es el garantizar los derechos económicos de los colombianos y sobre todo los derechos de los más pobres. Pero han transcurrido más de diez años de vigencia de la carta Constitucional y aún no se ven los frutos, porque el ajuste neoliberal y la inserción forzosa de nuestra economía a la globalización han obrado sólo como agentes perversos que han reducido sus posibilidades a simples espejismos de buenas intenciones jurídicas. Flagelos como los altos niveles de corrupción han aumentado considerablemente. El mundo nos tilda de ser una narcodemocracia. Ha crecido la desigualdad y la pobreza. El país está inmerso en su peor encrucijada. Y enfrentar los grandes males como la guerrilla, el paramilitarismo, la corrupción, la injusticia, la delincuencia común, el atraso tecnológico, la pobreza, el desempleo, los bajos niveles de la cobertura en la educación pública, la escasa producción agroindustrial, requiere de grandes compromisos políticos, económicos y morales. Lo que hace pensar en la necesidad de cambiar de rumbo en las políticas económicas, sociales y en las prácticas morales. El país debe asumir una actitud crítica frente a una globalización injusta y, sobre todo, un mayor compromiso con los sectores empobrecidos. Es urgente superar la guerra interna que desangra económicamente al país. Porque cada que muere un colombiano víctima de la violencia armada, muere un potencial trabajador. Cada que se secuestra un empresario, a manos de los alzados en armas, se afecta la economía. Pero también es cierto que cada que se despide a un trabajador por culpa de las políticas neoliberales, se contribuye a empobrecer al país. Colombia requiere de una nueva ética política, con carácter civilista, desde la acción dialógica, fundada en la razón, que logre los mínimos posibles en la ampliación de la participación democrática. Es preciso que la participación ciudadana deje de ser un simple enunciado jurídico y se convierta en una acción permanente, ligada a la formación del nuevo ciudadano constructor de un nuevo país, solidario con los más pobres, pluralista, que renuncie a toda pretensión unanimista y amiguismos, cuyo imperativo ético sea el esfuerzo, la solidaridad y la responsabilidad. una Colombia distinta en donde los valores éticos y morales, orienten el obrar del ciudadano hacia el logro de grandes propósitos, de prosperidad, productividad y la plena satisfacción de necesidades básicas. Son 44 millones de habitantes, quienes reclaman una sociedad más pluralista, más democrática y más progresista.
