La prioridad del gasto social no es nueva, su expresión más consensual se encuentra en la Constitución de 1991. Dentro del marco del Estado Social de Derecho, se definen los derechos fundamentales de la salud, la educación, la vivienda digna y el trabajo, y en el caso de los dos primeros se fijan los medios para materializarlos, en el capítulo de Hacienda Pública se afirma hasta la saciedad que la prioridad presupuestal es la atención de las necesidades básicas. Lo
grave es que los propósitos no se logran, al mismo tiempo, se presenta el retroceso social más acentuado en la historia del país, el índice de Gini pasó de .45 a .60 y la pobreza de 53% a 60%, el país lleva más de diez años con tasas de desempleo y subempleo entre 45% y 50%. Mal podría decirse que el resultado se debe al gasto social o que éste es inútil.
La explicación es, más bien, que los posibles efectos del gasto social se vieron compensados por el modelo económico del Consenso de Washington. La liberación financiera y las privatizaciones, el tipo de cambio flexible y el desmonte de la tributación directa crearon un marco monopólico y de
privilegios en que una pequeña cúpula obtiene enormes ganancias a expensas de las grandes mayorías, por lo demás, la apertura configuró un perfil de desarrollo que favorece la especulación y el consumo suntuario, al tiempo que castiga el salario, el consumo masivo y el empleo, en el último reporte de las cuentas nacionales se encuentra que la industria y la agricultura contribuyen menos al producto Nacional que el sector financiero. La otra explicación reside en que la entrega de la administración de los servicios básicos al lucro individual redujo su capacidad para llegar a los sectores pobres. Los gastos de salud aumentan más que las hospitalizaciones y las citas médicas, y los de educación más que la cobertura y la calidad. La duplicación de las cotizaciones de la seguridad social coincidió con una reducción de la cobertura. Los subsidios a la vivienda de interés social no han logrado levantar al sector, que mantiene los mismos niveles de actividad de hace cinco años, lo más lamentable es que el derecho al trabajo se incumplió en forma estruendosa. A pesar de que el desempleo alcanzó los niveles más altos de la historia, no se hizo el menor esfuerzo para aminorarlo. Mientras que se han comprometido cuantiosos recursos de emisión para cubrir las pérdidas del sector financiero y sostener el tipo de cambio, no se ha destinado un solo peso para crear un puesto de trabajo, en este contexto, el primer paso para construir una sociedad equitativa es reducir la concentración del capital, regular los mercados claves y acentuar la tributación directa. Adicionalmente, se requiere una organización financiera, una estructura cambiaria y una política industrial que le den prioridad a la ampliación de la demanda, el salario real y el empleo dentro del marco de la estabilidad cambiaria, en lo que se refiere a la política social, habría que retornar la administración de la salud, la educación y la seguridad social al Estado.
grave es que los propósitos no se logran, al mismo tiempo, se presenta el retroceso social más acentuado en la historia del país, el índice de Gini pasó de .45 a .60 y la pobreza de 53% a 60%, el país lleva más de diez años con tasas de desempleo y subempleo entre 45% y 50%. Mal podría decirse que el resultado se debe al gasto social o que éste es inútil.
La explicación es, más bien, que los posibles efectos del gasto social se vieron compensados por el modelo económico del Consenso de Washington. La liberación financiera y las privatizaciones, el tipo de cambio flexible y el desmonte de la tributación directa crearon un marco monopólico y de
privilegios en que una pequeña cúpula obtiene enormes ganancias a expensas de las grandes mayorías, por lo demás, la apertura configuró un perfil de desarrollo que favorece la especulación y el consumo suntuario, al tiempo que castiga el salario, el consumo masivo y el empleo, en el último reporte de las cuentas nacionales se encuentra que la industria y la agricultura contribuyen menos al producto Nacional que el sector financiero. La otra explicación reside en que la entrega de la administración de los servicios básicos al lucro individual redujo su capacidad para llegar a los sectores pobres. Los gastos de salud aumentan más que las hospitalizaciones y las citas médicas, y los de educación más que la cobertura y la calidad. La duplicación de las cotizaciones de la seguridad social coincidió con una reducción de la cobertura. Los subsidios a la vivienda de interés social no han logrado levantar al sector, que mantiene los mismos niveles de actividad de hace cinco años, lo más lamentable es que el derecho al trabajo se incumplió en forma estruendosa. A pesar de que el desempleo alcanzó los niveles más altos de la historia, no se hizo el menor esfuerzo para aminorarlo. Mientras que se han comprometido cuantiosos recursos de emisión para cubrir las pérdidas del sector financiero y sostener el tipo de cambio, no se ha destinado un solo peso para crear un puesto de trabajo, en este contexto, el primer paso para construir una sociedad equitativa es reducir la concentración del capital, regular los mercados claves y acentuar la tributación directa. Adicionalmente, se requiere una organización financiera, una estructura cambiaria y una política industrial que le den prioridad a la ampliación de la demanda, el salario real y el empleo dentro del marco de la estabilidad cambiaria, en lo que se refiere a la política social, habría que retornar la administración de la salud, la educación y la seguridad social al Estado.
