6.27.2016

56 años de una gran institución al servicio de los colombianos

Transcurría el año 1957 cuando Rodolfo Martínez Tono, se embarcó en el sueño que se convertiría en la que sería la obra de su vida. Ese sueño, recogía, en parte, un anhelo de las clases trabajadores, quienes algunos años antes, a través de las organizaciones sociales constituidas en ese entonces,  como la UTC y la CTC, plantearon la necesidad de que el país contara con un instituto de enseñanza laboral técnica, a estilo SENAI del Brasil.
En una conversación a la orilla del lago Leman, en Suiza, con Francis Blanchard, director de la División de Formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se planteó la posibilidad de crear una organización descentralizada del Estado y con financiación autónoma. El proyecto tomó forma en la mente de Martínez, quien lo expuso ante el entonces Ministro de Trabajo, Raimundo Emiliani Román. 
La iniciativa, defendida en un intenso debate ante el Consejo de Ministros y revisada por un comité asesor, fue aprobada. 
Así, el SENA nació durante el Gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957. 
Sus funciones, definidas en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957, eran brindar formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. 
Así mismo, su fin era proporcionar instrucción técnica al empleado, formación acelerada para los adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje. 
Además, organizar y mantener la enseñanza teórica y práctica relacionada con diferentes oficios; seleccionar los candidatos al aprendizaje; realizar cursos complementarios de preparación, perfeccionamiento y adiestramiento para trabajadores técnicos; y contribuir con el desarrollo de investigaciones relacionadas con la organización científica, entre otras. 
La entidad tripartita, en la cual participarían trabajadores, empleadores y Gobierno, se llamó Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y surgió en el momento indicado. La industria pretendía conquistar nuevos mercados y necesitaba más trabajadores y mejor calificados, métodos modernos y cambios drásticos en la productividad. 
El nombre, SENA, lo escogió Martínez Tono, quien admiraba el río Sena que cruza a París, la ciudad luz, capital de Francia, donde estudió aspectos relacionados con la formación profesional. 
Antes de cumplir 30 años, Rodolfo Martínez, convirtió su tesis de grado, “La Formación Profesional en el Marco de una Política de Empleo”, en el SENA, institución a la cual estuvo vinculado durante 17 años, desde su creación en 1957, hasta el cambio de dirección propuesto por el presidente Alfonso López Michelsen en 1974. 
Estaba convencido de que sin capacitación del talento humano no habría desarrollo. Por eso aprovechó las becas de la O.I.T. para conocer las experiencias en formación profesional acelerada implementadas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y el apoyo de ese organismo con expertos que vinieron a Colombia. 
La institución que Rodolfo Martínez Tono dirigió con “mano dura” y manteniendo a raya la politiquería, ofreció instrucción calificada al talento humano para enfrentar los retos propios de una industria en crecimiento. Por ello, desde el principio, su influencia fue notoria. 
La naciente entidad no sólo formaba técnicos, sino también empresarios y promovía las pequeñas y medianas empresas. 

6.20.2016

Revive el pago por horas extras laboradas

En primer debate fue aprobado por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el proyecto de ley con el que se pretende revivir el pago de horas extras, dominicales y festivos en el país. La iniciativa, de autoría del congresista Oscar de Jesús Hurtado (Partido Liberal), pasará a la plenaria de la corporación, posteriormente haría su tránsito al Senado para así convertirse en ley.
De ser aprobado el proyecto, se volvería a instaurar el recargo que tenían que pagar los empleadores. Asimismo, se establecería nuevamente la jornada de trabajo diurno entre las 6:00 a.m. y 6:00 p.m., y de trabajo nocturno entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. Por su parte, el trabajo en los domingos y festivos se remunerará en proporción a las horas laboradas, con un recargo del cien por ciento sobre el salario ordinario.
De igual forma, el proyecto busca tumbar la reforma dispuesta en la Ley 789 de 2002 que amplió la jornada laboral de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, terminando así con las horas extras, propiciada por el hoy senador Álvaro Uribe durante su presidencia, con el argumento de bajar costos laborales a los empleadores y de esta forma buscar mayor generación de empleo.
El autor del proyecto, Óscar Hurtado, resaltó el respaldo del Gobierno en cabeza de la ministra de Trabajo, Clara López. “Esta es una iniciativa social que beneficia a la clase trabajadora. La ministra Clara López ha contribuido en la jornada que terminó en forma exitosa para avanzar con el trabajo decente”, afirmó el representante liberal en diálogo con RCN Radio.
Precisamente durante el debate, Clara López aseguró que el proyecto fue pensado a favor de la clase trabajadora y la igualdad social, y expresó su concepto favorable a la iniciativa, que además hizo parte de las propuestas de Santos en su campaña de reelección.

6.13.2016

Congreso hunde ley que obligaba volver a tramitar licencia de conducción

La plenaria de la Cámara de Representantes, en medio de profundos discursos políticos y un ambiente con amague de zambra, decidió hundir la conciliación del proyecto de ley que establecía “el régimen sancionatorio del transporte, su infraestructura y sus servicios conexos y complementarios y se establecen otras disposiciones”.
Fueron varios los representantes que advirtieron la existencia de un “mico” incluido a última hora en la aprobación de la iniciativa en el Senado de la República, lo cual los llevó a exhortar a los demás congresistas a hundir el proyecto.
Telesforo Pedraza, Germán Navas Talero, Albeiro Vanegas Osorio, Carlos Eduardo Guevara y Víctor Correa, reclamaron respeto por la corporación toda vez que fue incluido un parágrafo en un artículo que llevaba de nuevo a todos los colombianos a tramitar la licencia de conducción.
La advertencia entonces obligó a profundizar en el debate y se hizo necesaria la intervención del Superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo Ramírez. De inmediato el ambiente de caldeó y por poco se le niega el derecho a intervenir en medio de los gritos de algunos parlamentarios.
Pese a que fueron varias las explicaciones de la conveniencia del proyecto, no fueron válidas las palabras del Superintendente para los representantes a la hora de votar el archivo de la iniciativa.
Por ejemplo, el representante Telesforo Pedraza advirtió que ese punto del proyecto volvía a poner en aprietos a los ciudadanos frente al “calvario” que implica volver a tramitar la licencia de conducción.
El texto que quería ser conciliado y se hundió, pretendía que la modificación de las licencias se realizaría “por una sola vez” (de nuevo) con base en un nuevo estudio que estableciera criterios técnicos realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. De acuerdo a varios congresistas, ese parágrafo abría la puerta de nuevo a que todos los ciudadanos tuvieran que renovar su licencia de conducción. Cuatro billones le hubiera costado al país la aprobación final de esta conciliación.

6.07.2016

La concentración de la tierra, la violencia y el rezago tecnológico, entre los problemas del agro colombiano

No hay que ir hasta una finca para detectar la crisis del sector agropecuario, se ve en las calles de las ciudades e incluso en los pueblos; los problemas del agro vienen en un kilo de plátano, papa o arroz y hasta en el cilantro que se comercializa en los supermercados y en las tiendas de barrio. Cualquier producto de la pequeña agricultura es un espejo de lo que le sucede al campo colombiano.
La crisis tiene un eje central. Cada vez que sale una cosecha, los precios caen y los ingresos de muchos cultivadores, especialmente de los más pequeños, no alcanzan para cubrir los costos de producción. Eso significa que miles de campesinos trabajan a pérdida o apenas para sobrevivir. 
No es posible que un campesino cultivador tenga que esperar un poco más de un año a que una mata de plátano produzca un racimo, para luego venderlo en 1.500 pesos, el problema es que ese mismo racimo cuesta unos 10.000 pesos en las grandes ciudades, o más. 
En conclusión, quien lo cultivó, preparó el suelo, sembró la semilla, hizo las desyerbas, fertilizó y recolectó la cosecha, además de que asumió los riesgos de inundación, vendaval, sequía y enfermedades y plagas, entre otras labores, y esperó más de un año para producirlo y sacarlo al mercado, al final de esta cadena recibió menos de una quinta parte del precio que pagó el consumidor. 
La situación se complica aún más para los productores que no tienen acceso a crédito bancario, bien sea porque no tienen una historia crediticia sin enmiendas o porque no les gusta acudir a la banca debido al exceso de trámites. Muchos prefieren acudir a la financiación dada por los proveedores de insumos y semillas, y soportan la deuda con la cosecha. En estos casos, los financiadores no sólo les venden los fertilizantes y los plaguicidas a precios más altos, sino que las tasas pueden llegar hasta la usura.
De otro lado, el rezago tecnológico del campo es evidente. Por ejemplo, en el caso del arroz, mientras el país produce entre 5,5 y 6 toneladas por hectárea de paddy seco, en Estados Unidos el promedio nacional es de 8,2 toneladas. Y ni qué decir de los costos. Siguiendo el caso del arroz, producir una tonelada cuesta 483 dólares, en tanto que en Estados Unidos apenas llega a 364 dólares.
La asistencia técnica está cada vez más rezagada. En la última década, el país debilitó el modelo de la Unidades Municipales de Asistencia Técnica (Umatas) y pasó a un sistema de contratación de este servicio con la empresa privada. El Ministerio de Agricultura no tiene capacidad para hacer seguimiento a la efectividad de la asistencia que prestan las empresas particulares contratadas por tal fin, y tampoco hay mucha certeza sobre las competencias de los contratistas.
A los anteriores obstáculos se suma el atraso del país en infraestructura. No se trata solamente de la falta de vías para sacar las cosechas, sino de la carencia de centros de secamiento, bodegaje y enfriamiento de productos como la leche o las frutas, para tener un manejo de inventarios que reduzca los picos de oferta y regularice los precios.
A pesar de que la comercialización es una de las mayores dificultades de la actividad agropecuaria en general, la inseguridad generada por los grupos armados al margen de la ley también tiene un impacto altamente negativo. Esto ahuyenta a los inversionistas y frena cualquier desarrollo.
Un factor importante es el de la concentración de la propiedad de la tierra, un tema que ha generado numerosas protestas campesinas, sin que aún se llegue a una solución.